La detención de Francisco Marqués, adelantada ayer por la edición digital de ‘La Verdad’, marca un antes y un después en la investigación -tan prolija- de supuestos casos de corrupción urbanística en la Región. El salto cualitativo es muy importante. Trascendental. Por vez primera las sospechas de corrupción penetran en el seno del Gobierno regional, sin que sirvan los argumentos esgrimidos esta misma mañana por el presidente Ramón Luis Valcárcel, que ha recordado que Marqués ya no forma parte del Ejecutivo autonómico y que se ha apresurado además a desligar las responsabilidades personales -las de Marqués, se entiende- con las del Gobierno murciano como institución. “Yo nunca he puesto la mano en el fuego por nadie”, ha afirmado Valcárcel, en un intento de desligarse -”a mí que me registren”- de cualquier vinculación con quien durante más de una década fue uno de sus más destacados consejeros.
Al margen de que sea o no una política acertada la de abandonar ahora a su suerte a Marqués -una sola frase de éste, aun formulada por despecho, podría poner en una difícil situación a cualquiera de sus antiguos compañeros de viaje-, lo cierto es que los supuestos delitos que se le atribuyen los habría cometido durante su etapa como miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. En este sentido no se puede hablar de meras responsabilidades personales, pues si bien es cierto que las responsabilidades penales no son transferibles a nadie más allá del propio imputado, no ocurre así con las responsabilidades políticas.
En este sentido, Valcárcel no puede palparse las ropas. Si Marqués delinquió, y conviene recordar que de momento eso sólo son presunciones, lo hizo como consejero del Gobierno murciano. Si atentó contra la legislación medioambiental, si prevaricó y si incurrió en cohecho, lo hizo como consejero del Ejecutivo regional. El antiguo veterinario Francisco Marqués, o el flamante director general de Hefame, nunca habría podido ser imputado por tales delitos de no haber desempeñado altas responsabilidades en la Administración regional. En ello estriba la gran diferencia respecto a todos los casos de supuesta corrupción investigados hasta el momento: ya no son sólo alcaldes y funcionarios de un segundo escalón. Y la propia conmoción social que ha causado la detención de Marqués lo demuestra.
Al margen de todo ello, dos breves consideraciones. Una: tengo para mí que si Marqués ha incurrido alguna vez en cohecho, cosa que habrá de probarse, las posibilidades de que ello haya ocurrido con motivo de la tramitación del expediente sobre la Zerrichera son muy inferiores a las de otros asuntos, muchos otros, que han podido pasar por sus manos como consejero de Sanidad o de Industria y Medio Ambiente.
Y dos: si alguien tiene la esperanza de que vaya a cantar y a lanzar basura hacia arriba, que se vaya quitando la idea de la cabeza. Marqués es un duro y, aunque durante muchos meses se haya ido lanzando desde su entorno la especie -por no decir amenaza- de que no se iba a comer el marrón él solito, va a aguantar entero el primer envite. No olvidemos que ha dispuesto de al menos seis meses para preparar exhaustivamente su defensa -desde que el pasado agosto publiqué que se le habían intervenido los teléfonos y que su patrimonio estaba siendo investigado- y tendrá la lección bien aprendida para enfrentarse a los interrogatorios de los especialistas de la UDEV-BLA. Su primero y gran reto es tratar de salir indemne, o al menos medianamente entero, de este brete. Y sólo más adelante, mucho más adelante, si se ve irremisiblemente perdido, podría llegar a tener la tentación de poner en marcha el ventilador. Y, sinceramente, creo que no lo encendería ni en tal tesitura.
