La detención de Francisco Marqués, adelantada ayer por la edición digital de 'La Verdad', marca un antes y un después en la investigación -tan prolija- de supuestos casos de corrupción urbanística en la Región. El salto cualitativo es muy importante. Trascendental. Por vez primera las sospechas de corrupción penetran en el seno del Gobierno regional, sin que sirvan los argumentos esgrimidos esta misma mañana por el presidente Ramón Luis Valcárcel, que ha recordado que Marqués ya no forma parte del Ejecutivo autonómico y que se ha apresurado además a desligar las responsabilidades personales -las de Marqués, se entiende- con las del Gobierno murciano como institución. "Yo nunca he puesto la mano en el fuego por nadie", ha afirmado Valcárcel, en un intento de desligarse -"a mí que me registren"- de cualquier vinculación con quien durante más de una década fue uno de sus más destacados consejeros.

Al margen de que sea o no una política acertada la de abandonar ahora a su suerte a Marqués -una sola frase de éste, aun formulada por despecho, podría poner en una difícil situación a cualquiera de sus antiguos compañeros de viaje-, lo cierto es que los supuestos delitos que se le atribuyen los habría cometido durante su etapa como miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. En este sentido no se puede hablar de meras responsabilidades personales, pues si bien es cierto que las responsabilidades penales no son transferibles a nadie más allá del propio imputado, no ocurre así con las responsabilidades políticas.

En este sentido, Valcárcel no puede palparse las ropas. Si Marqués delinquió, y conviene recordar que de momento eso sólo son presunciones, lo hizo como consejero del Gobierno murciano. Si atentó contra la legislación medioambiental, si prevaricó y si incurrió en cohecho, lo hizo como consejero del Ejecutivo regional. El antiguo veterinario Francisco Marqués, o el flamante director general de Hefame, nunca habría podido ser imputado por tales delitos de no haber desempeñado altas responsabilidades en la Administración regional. En ello estriba la gran diferencia respecto a todos los casos de supuesta corrupción investigados hasta el momento: ya no son sólo alcaldes y funcionarios de un segundo escalón. Y la propia conmoción social que ha causado la detención de Marqués lo demuestra.

Al margen de todo ello, dos breves consideraciones. Una: tengo para mí que si Marqués ha incurrido alguna vez en cohecho, cosa que habrá de probarse, las posibilidades de que ello haya ocurrido con motivo de la tramitación del expediente sobre la Zerrichera son muy inferiores a las de otros asuntos, muchos otros, que han podido pasar por sus manos como consejero de Sanidad o de Industria y Medio Ambiente.

Y dos: si alguien tiene la esperanza de que vaya a cantar y a lanzar basura hacia arriba, que se vaya quitando la idea de la cabeza. Marqués es un duro y, aunque durante muchos meses se haya ido lanzando desde su entorno la especie -por no decir amenaza- de que no se iba a comer el marrón él solito, va a aguantar entero el primer envite. No olvidemos que ha dispuesto de al menos seis meses para preparar exhaustivamente su defensa -desde que el pasado agosto publiqué que se le habían intervenido los teléfonos y que su patrimonio estaba siendo investigado- y tendrá la lección bien aprendida para enfrentarse a los interrogatorios de los especialistas de la UDEV-BLA. Su primero y gran reto es tratar de salir indemne, o al menos medianamente entero, de este brete. Y sólo más adelante, mucho más adelante, si se ve irremisiblemente perdido, podría llegar a tener la tentación de poner en marcha el ventilador. Y, sinceramente, creo que no lo encendería ni en tal tesitura.

Los alcaldes de Murcia son ya muy mayores como para soñar con el coco, pero no deben de ser muchos quienes estén libres de haber tenido alguna pesadilla con el UCO. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han puesto ya patas arriba cuatro ayuntamientos de la Región (Torre Pacheco, Totana, Fuente Álamo y, ahora, Librilla), con el resultado de tres munícipes (Daniel García Madrid, José Martínez Andreo y José Martínez García) que, unos con más razones que otras, quizá, han conocido ya en carne propia, y no leyendo 'Papillón', cómo se le derrumba a uno el cielo sobre la cabeza cuando escucha cerrarse tras de sí el cangrejo de la trena.

Existe además el converncimiento, en ámbitos habitualmente bien informados, de que lo que sabemos hasta ahora de la denominada 'Operación Biblioteca' no es sino la punta del iceberg y se afirma que los UCO, que se desplazan desde Madrid para estas intervenciones, han venido esta vez para quedarse, tienen reservado hotel para unos cuantos días y no van a tardar mucho antes de sorprendernos con otro esclavejío, dicho sea en panocho.

Escribo esto cuando uno de estos alcaldes, José Martínez García, el de Librilla, está todavía tras las rejas. No sé cuánto tiempo permanecerá en situación de prisión preventiva (espero que el menor posible, pues no soy demasiado partidario de tal medida, salvo que se trate de hechos gravísimos), pero tengo la sensación de que podía haberme tomado unos días antes de escribir este comentario y bien podría haber seguido diciendo lo mismo: que el primer edil sigue encalomado.

Habrá quien sostenga, como siempre ocurre, que esto es una caza de brujas contra los cargos públicos del PP, orquestada por el malo malísimo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal, que ya se sabe que además de rojo lleva cuernos y arrastra una larga cola que parece dotada de vida propia. En fin..., ya decía mi abuela que no hay mayor ciego que quien no quiere ver y que quien no se consuela es porque no quiere. Con tales argumentos seguirán justificando algunos el hecho de que alcaldes como José Martínez Andreo, imputado en media docena larga de delitos, entre ellos el tan denostado cohecho, sigan empuñando la vara de mando del Consistorio con el respaldo del PP. Otro tanto pasará, y si no al tiempo, con el primer edil de Librilla.

Como por fortuna creo no sufrir interferencias en las entendederas por culpa de consignas de partido, y como disfruto igualmente desvelando las tropelías de los presuntos corruptos de uno y otro signo (ahí están las hemerotecas y los comentarios de este mismo blog, para quien lo ponga en duda, que siempre habrá quien lo haga), me recreo en analizar detalles que me resultan bastante reveladores a la hora de hacerme una composición de lugar sobre cualquier asunto.

En el caso del alcalde de Librilla, por ejemplo, no deja de llamarme la atención que pocas horas después de que los UCO entrasen en el Ayuntamiento que todavía preside y detuvieran a un funcionario local, a otro de la Administración regional en excedencia y a un empresario, el bueno de José Martínez, el de noblote y rudo aspecto, se dedicase junto a sus hijos a telefonear y a visitar los despachos de los más reputados abogados penalistas de la Región y de fuera de ella, y que incluso comprometiera ya los servicios del bufete González Franco (el mismo, por cierto, que lleva la defensa del totanero Martínez Andreo), y que la misma mañana de su detención estuviese ya en Murcia una letrada de ese despacho, en apariencia desplazada 'ex profeso' desde Barcelona, para asistirle.

No sé si, como se dice en la huerta, 'Pepico El Mecánico' sabía que la tenía hecha y se estaba preparando para lo que habría de llegar. Pero lo que es indudable es que soñaba con los UCO. Pesadillas tenía. Y al final, mira tú por dónde, vinieron y lo encerraron.

Nunca, ni en mis más calenturientos y egocéntricos sueños, me había imaginado en tal tesitura. Cierto es que no me tengo en baja estima ni me considero un periodista mediocre. Cierto que llevo ya unos cuantos años en este negocio. Y cierto –a la vista está– que no voy pidiendo perdón al mundo por existir, ni por escribir lo que escribo, ni por ejercer la profesión como la ejerzo. Trato de hacerlo lo mejor posible y con la mayor honestidad, pero hasta ahí. Sea esto mucho, o sea poco.

Pero, héte aquí que ayer me telefonea un compañero desde Totana y me cuenta que el alcalde de la localidad, José Martínez Andreo, que había sido citado nuevamente para prestar declaración como imputado en el 'caso Tótem', me había dedicado casi íntegramente sus palabras ante una veintena de periodistas. «Bueno –le respondo–, no será exactamente así... Se habrá referido a la noticia que hoy he publicado acerca de la decisión del TSJ de mantenerlo imputado por cohecho, o habrá hablado de la prensa en general, o habrá citado a 'La Verdad'... Pero no me habrá citado por mi nombre, imagino». «¡Cómo que no!», insiste el colega, «ya verás la grabación... ¡Si se pasa todo el tiempo hablando de ti!».

Paso más tarde por Canal 6, pido a mis compañeros que me muestren las imágenes de su comparecencia y la de su abogado... ¡y no salgo de mi asombro! Que si se están enterando de lo que hay en el sumario a través de las noticias que ofrece Ricardo Fernández, que si aquí el único que tiene toda la información del asunto es Ricardo Fernández, que si todas las filtraciones del sumario van a parar a Ricardo Fernández, que si preguntadle a Ricardo Fernandez que es el que lo sabe todo, que si Ricardo Fernández tiene las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia antes que las propias partes del proceso, que si Ricardo Fernández ha estado publicando las diligencias cuando todavía estaban declaradas secretas, que si se hacen coincidir las comparecencias del alcalde en el juzgado con las noticias que publica Ricardo Fernández....

«¡Firgensanta!», exclamo para mi interior, «esta publicidad no la pago ni con el salario de un año». ¡Imagínense!: según la particular visión del asunto que tienen el munícipe y su letrado, el todopoderoso periodista Ricardo Fernández se dedica en su quehacer diario, básicamente, a poner de acuerdo a los intregrantes de la Fiscalía de Murcia; a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los jueces instructores de la Región, y a coordinar sus habituales e interesadas filtraciones del sumario, de sus informes y resoluciones, con el único objetivo de someter a todo tipo de humillaciones ese ser inocente, puro y libre de toda sospecha que es el alcalde Martínez Andreo. Un político sin tacha que es víctima, según sus propias palabras y las de su abogado, de «una operación política judicializada», «de un culebrón mediático y un esperpento político», «del primer caso conocido en que se hacen coincidir las citas a declarar con las noticias en prensa», «de una citación judicial sin otro motivo que el de permitir que me hagan una foto»...

De tal manera que mi trabajo, en una mañana cualquiera, ya digo, sería algo como lo que sigue, si atendemos a la particular forma de entender el funcionamiento de la Justicia y de los medios de comunicación que parecen tener Andreo y su abogado. Vamos allá: Suena el teléfono y es un magistrado del TSJ. «Don Julián –o, mejor, Julián, a secas, por la confianza y complicidad que me suponen con el juez–, que me pases ya los autos que has dictado sobre el caso Tótem. Sí, sí, ya sé que aún no están notificados a las partes, pero, mira lo que te digo, que se enteren por el periódico, que así nos reímos más. Pásame ya mismo las resoluciones, porque así las hago coincidir con la comparecencia de Martínez Andreo en el juzgado, que va mañana a declarar. Sí. A declarar. ¿No lo sabías? Si, hombre. Pues hablé con la juez y le dije: Señoría, que como hay pocas noticias ya en estas fechas, pues que he pensado que podría citar a declarar al alcalde de Totana, y así le hacemos unas fotos y tal. Sí, si ya sé que el hombre no ha hecho nada ni hay motivo para que se pase otra vez por el juzgado. Si lo sabré yo, que prácticamente coordino la investigación en la sombra. Pero es que me viene bien en esta época, ya le digo, por dar alguna noticia. Y si además cita a cinco o seis personas más, también en calidad de imputados, se lo agradezco más todavía. Venga, pues nada, muchas gracias y ya vamos hablando. Lo habitual, Julián, ya lo sabes. Por cierto, que con el fiscal ya he quedado para estos días y me va a ir filtrando unas cuantas diligencias, sí, de las secretas, para que vaya sacando noticias este agosto. Lo dicho, Julián, lo de todos los días. Bueno, pues que espero esos papeles y a ver si conseguimos que la defensa del alcalde se entere por la prensa. Un abrazo. Gracias. Sí. Un abrazo».

Esto es, novelado, lo que el alcalde de Totana, arropado por su letrado, señala que está pasando con la investigación sobre el 'caso Tótem'. ¿Que es ridículo? Que cada cual juzgue.

Yo tengo claras dos cosas. Una, que cuando alguien empieza a hablar de conspiraciones político-judiciales-mediáticas es que los argumentos jurídicos se le han agotado mucho tiempo atrás (Si esto es a lo que algunos llaman «defensa técnica», habrá que ver qué se entiende por «defensa barullera»)

Y dos, que a mí me están haciendo una publicidad impagable. Ójala todos los alcaldes españoles imputados en casos de corrupción urbanística se refiriesen a mí en términos tan sumamente elogiosos. Y como es de bien nacidos ser agradecidos, pues que le envío, alcalde, un jamón de jabugo. Cinco Jotas. Un fuerte abrazo.

PD: El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, se había tomado un periodo de reflexión, para decidir si dimitía o no se su cargo, hasta que se pronunciase el TSJ sobre su imputación en un delito de cohecho. El momento elegido no era gratuito, pues estaba convencido de que ese asunto iba a ser sobreseído. Ahora que el TSJ le mantiene la imputación por cohecho, dice que va a dimitir «menos que nunca». O sea, que si me exculpan del delito, no dimito, y si me mantienen la imputación «dimito menos que nunca». Me quito el sombrero. Eso es coherencia, compromiso y respeto a la palabra dada. Otro abrazo.

Juan Antonio Roca parece un hombre extraña y serenamente feliz. Como liberado de un gran peso que le ha atormentado durante años. Con motivo del juicio celebrado en Málaga por el presunto cohecho al juez Francisco Javier de Urquía –a quien el supuesto cerebro de la 'trama Malaya' habría entregado unos 73.000 euros a cambio de su apoyo en algunos asuntos judiciales–, hemos podido ver esta semana a un Juan Antonio Roca casi exultante, pletórico, seguro de sí mismo, retador.

Vestido con un traje de gris de impecable corte y con una media sonrisa en el rostro, Roca se levantó del banquillo, mirió a la cara a los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y soltó la bomba: «Quiero decir, señorías, que estoy parcialmente de acuerdo con la acusación de cohecho. En contra del criterio de mi abogado, admito que yo mismo preparé dos sobres con los 73.000 euros y se los entregué al magistrado De Urquía». El mencionado juez, sentado a su lado, debió de sentir que la tierra se abría bajo sus pies. A Roca, en cambio, su autoinculpación le reportó beneficios inmediatos, pues el fiscal pasó de solicitar tres años de cárcel contra su persona a reclamar uno solo.

En ese mismo juicio, el ex 'jefe malayo' anunció algo que le habrá puesto los vellos enhiestos a más de uno: «A partir de ahora sólo voy a decir la verdad, sea cual sea la responsabilidad que cdaa cual tenga que asumir por ello».

Los hechos apuntan a que no va de farol, porque ayer, con motivo de otro juicio sobre el llamado 'caso Belmonsa', volvió a reconocer su implicación en un delito de tráfico de influencias, que habría cometido en 1997, junto a varios ediles marbellíes, en una operación urbanística con la firma constructora del mismo nombre. A cambio de admitir su culpabilidad se ha visto favorecido por una nueva rebaja de la pena.

Mi única duda, en estos momentos, es si Roca ha tomado la firme determinación de tirar de la manta, caiga quien caiga, o si se trata de una estrategia para lanzar un aviso a navegantes respecto de los muchos procesos que aún tiene pendientes –entre ellos, el 'caso Malaya'–, que son los realmente importantes y en los que se juega muchos años de cárcel. Y es que no hay que descartar que esté tratando de transmitir la idea, hacia determinados ámbitos del poder, de que alguna gente de gran relevancia puede pasarlo realmente mal si no le echa una mano antes.

A mí, lógicamente –y creo que como yo, a la inmensa mayoría de la población–, lo que me gustaría es que se pusiese a cantar por bulerías, fandangos, malagueñas, seguirillas, tarantos, alegrías y mineras, que le diese un repaso completo a los palos del flamenco, y que nos tuviese unos cuantos meses tapándonos la nariz para aguantar los pútridos efluvios de la corrupción cada vez que nos echásemos el periódico a la cara.

Por cierto, que estaría bien que la juez de Instrucción número 2 de San Javier, Eva María Algar, que investiga el 'caso Ninette', citase de nuevo a Roca a su despacho y le preguntase si de verdad está dispuesto a contar todo lo que sabe sobre la trama de corrupción en Los Alcázares y seguro que en alguna localidad más de la comarca.

¡Qué bonito si fuese verdad!

Ocurrió hace un par de semanas. Rueda de prensa multitudinaria. El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, comparece junto a su abogado, José Ángel González Franco, para ofrecer explicaciones sobre la presunta implicación del primero en el 'caso Tótem'. Nada nuevo bajo el sol. Ambos vuelven a negar la mayor, a denunciar la filtración a la prensa de las diligencias judiciales y cargan contra los medios de comunicación; en concreto, contra 'La Verdad', que es el periódico que ha estado publicando el contenido del sumario. Dicen que todo lo publicado es falso, que es amarillista, tendencioso y no sé cuántos calificativos más. Nada nuevo bajo el sol, ya digo, pues no resulta original eso de matar al mensajero o de disparar contra el pianista.

El discurso no me parece demasiado coherente, me digo, pues no se pueden estar quejando de que se está publicando el sumario de forma íntegra, y a la vez acusar al periódico de estarse inventando las cosas. O publicamos los sumarios o nos inventamos las cosas, pero no ambas cosas a la vez, ¿verdad? Lo que les duele es que hayamos difundido que la juez María Asunción Navarro afirme expresamente que Martínez Andreo quiso apropiarse de la comisión de 3,6 millones de euros que había pactado su antecesor en el cargo, Juan Morales, con una inmobiliaria gallega. Y como no quieren cargar contra la juez, ni contra el fiscal –«su trabajo es muy respetable», afirman–, que son quienes han llegado a esa conclusión, arremeten contra el periodista que lo ha publicado. O sea, servidor. A fin de cuentas, eso les sale gratis.

Me viene entonces a la cabeza el letrado José Pardo Geijo, que en vez de acusar a los periodistas de todos sus males y de los de sus clientes, se lanza con todo contra los magistrados y fiscales cuando considera que éstos se están excediendo en sus consideraciones o en sus atribuciones, aunque luego le multen con 24.000 euros.

La rueda de prensa acaba como el rosario de la aurora, lo cual no impide que el periodista que esto suscribe, Martínez Andreo y el letrado González Franco se tomen luego un café e intercambien algunas impresiones. El alcalde jura y perjura que nunca ha tratado de quedarse con esa comisión y afirma que las consideraciones de la juez son totalmente gratuitas. «¿Me asegura –le interpelo– que cuando consiga la trascripción de la conversación suya con Casanova nada en ella va a permitir deducir que estaban haciendo algo ilícito?». «Te lo aseguro. Simplemente, Casanova me estaba informando sobre unos terrenos que pretendía vender», me responde.

Mentiría si dijese que me convenció. Ya me haré con esa conversación, me dije, y entonces sacaré mis propias conclusiones. Y no tardé mucho en conseguir el documento, que fue publicado íntegramente, de nuevo en exclusiva, en 'La Verdad'.

Entre las frases cruzadas por Martínez Andreo y el ex concejal y supuesto compinche suyo Juan Francisco Casanova, destacan las siguientes:

-Casanova: «Las perricas que me dijiste, no te gastes todas las perras, que tenemos que comprar algo bueno».
-Andreo: «Tenemos que hacer cosas».
-Casanova: «Sí, sí sí, sí tenemos que hacer una cosa... Vamos a poner de testaferro a Bartolo».
-Andreo: «Eso, eso... (se ríe)».
-Casanova: «...que es un tío legal, que es de lo más legal que he conocido en mi vida...».
-Andreo: «Sí, ¿no?».
-Casanova: «Hostia, ése da la vida por nosotros».
-Andreo: «Sí».
-Casanova: «Muere».
-Andreo: «Eso está bien, eso está bien».

(...)

-Casanova: He llamado al gallego y he quedao con él pa la semana que viene, pa comer con él.
-Andreo: Vale.
-Casanova: ¿Entiendes o no?
-Andreo: Mmm.
-Casanova: Vamos a hacer una cosa bien hecha.
-Andreo: Ah, tú... ¿pero tú, no?
-Casanova: ¿Eh?
-Andreo: Que tú, tú, tú...
-Casanova: Sí, sí, sí.. Tú tranquilo, tú no. Aquí soy yo, yo sólo, tú nada, ¿me entiendes o no?
-Andreo: Mmm.
-Casanova: Yo luego, a ver si tú me entiendes, yo, como si fuéramos los dos, pero soy yo.
-Andreo: Ya está. Lo que tú mires, hables y ya está. ¿Mmm?

(...) Y así acaba la conversación:

-Casanova: Pero eso sí, a nadie, Pepe, hostia.
-Andreo: No, no, pero si lo tengo claro, si lo tengo claro.
-Casanova: ¿Eh? Esto tú, yo, tú y yo, y punto.
-Andreo: Ya.
-Casanova: Ni a tu mujer, ni yo a la mía.
-Andreo: No te preocupes, no te preocupes.
-Casanova: ¿Me entiendes o no?
-Andreo: Sí, lo tengo claro, si eso lo tengo yo claro.
-Casanova: Exactamente, ahí eso, pa ti y pa mí, y punto.
-Andreo: Venga, ok.

Según Martínez Andreo, así es como hablan dos personas honradas acerca de un negocio perfectamente legal. En fin, que cada cual saque sus propias conclusiones. Yo creo que el asunto no merece muchos más comentarios y ni siquiera voy a insistir en el hecho de que aquí, ni dimite nadie, ni se les fuerza a dimitir. Así nos pinta el pelo y así tiene la Región la imagen que empieza a tener por ahí fuera.

¿Quieren saber qué explicación volverá a dar Martínez Andreo, o sus acólitos, cuando se decida a hacerlo? Ya se lo adelanto. Volverá –volverán– a intentar matar al mensajero.

(Ah, disculpas a todos mis queridos lectores por este largo periodo sin actualizar el blog. He ido saturado. Prometo no dejar pasar tanto tiempo en el futuro sin atenderos. Un fuerte abrazo).

Joder con la mosquita muerta. Todos –Partido Popular incluido– entrando a saco contra el ex alcalde de Totana y actual diputado regional Juan Morales, y con razón teniendo en cuenta los datos que apuntaban a que estaba poniendo el cazo, y ahora que empezamos a conocer parte del contenido del sumario de la 'Operación Tótem' nos enteramos –oh, sorpresa– de que su sucesor en el cargo, el cara-de-pan-bendito José Martínez Andreu, trató supuestamente de quedarse con la comisión de 3,6 millones de euros que el otro había negociado anteriormente por una recalificación de terrenos. «Aquí ahora mando yo, y si hay comisiones en juego, que sean para el menda», habría venido a decir el munícipe, poco más o menos, según las conclusiones de la juez instructora, María Asunción Navarro.

Hoy, pocas horas después de que 'La Verdad' haya ofrecido esta información exclusiva, Martínez Andreo se ha apresurado a negar todos esos datos –lo sorprendente habría sido lo contrario– y a invocar el principio de presunción de inocencia para justificar que, con tales cargos sobre su espalda –una amplia ristra de presuntos delitos, entre los que pasaría ya a figurar el cohecho–, siga sin plantearse renunciar a su cargo. De tal modo que haya afirmado que no asumirá responsabilidad política alguna hasta que exista sentencia.

El problema de Martínez Andreo es que confunde, o pretende confundir, los principios. Las responsabilidades políticas debe asumirlas el cargo público ANTES de que haya sentencia, cuando el cúmulo de indicios delictivos y la gravedad de las sospechas sea ya de suficiente envergadura –y en este caso, en mi opinión, se rebasa con mucho el mínimo exigible– como para que aferrarse al cargo provoque, cuanto menos, vergüenza ajena. De la propia, visto lo visto, mejor no hablamos.

Afirmar, como hace el alcalde, que no se deben asumir responsabilidades políticas hasta que hayaa sentencia –seguro que se refiere a sentencia firme, o del Constitucional, o mejor, del Tribunal de Estrasburgo, y así todavía ampliamos aún más el plazo– supone pervertir el debate. Porque él sabe mejor que nadie, o debería saberlo, que cuando exista condena ya no será necesario que dimita, porque habrán sido los propios jueces los que le habrán forzado a marcharse. Y es que las condenas contra funcionarios públicos, por hechos cometidos en el desempeño de su responsabilidad, llevan aparejada una pena de inhabilitación.

En fin, el caso es que, visto lo visto, Martínez Andreo no se va a marchar de buena gana y le ha pasado la patata caliente a su partido, el PP, que hoy por hoy no sabe por dónde salir. No olvidemos que esta formación tuvo una reacción tremendamente contudente contra Juan Morales, a quien expulsó del partido y del Grupo Parlamentario Popular antes de haber sido formalmente imputado, de haber prestado siquiera declaración y de haber tenido que pagar una fianza de 200.000 euros para eludir la cárcel. Y ello –y en este caso es loable la postura que entonces adoptó el PP– porque existía la sospecha de que estaba enriqueciéndose desde su cargo.

Pero, claro está, aquella decisión debería obligar ahora al PP a actuar de forma similar con Martínez Andreo, una vez que el sumario judicial apunta a que el actual alcalde hizo, o intentó hacer, cosas bastante más repudiables que quitarle alguna multa a un amigo. Cualquier otra posición le va a resultar bastante difícil de explicar y justificar.

En esto de la Justicia empieza a resultar todo tan subjetivo que no sería exagerado afirmar que los ciudadanos estamos vendidos, sobre todo en lo que se refiere a los jueces de instrucción: depende de a quién de ellos le llegue la causa para acabar o no en prisión preventiva.

Lo hablaba el otro día al referirme al encarcelamiento del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, y a la previsible puesta en libertad del ex alcalde totanero Juan Morales, que finalmente acabó eludiendo la prisión con el pago de una fianza de 200.000 euros. Y ello pese a que, a priori, los hechos de los que se acusa al segundo resultan a todas luces más graves y generadores de una mayor alarma y reproche sociales: entre otros muchos cargos, existen bastantes indicios que apuntan a que Morales ponía supuestamente el cazo, que es lo más grave que imputársele puede a un cargo público.

¿Diferencias entre uno y otro asunto? Bastantes, lógicamente. ¿Alguna diferencia esencial para explicar el auto de prisión incondicional para uno, y con fianza para el otro? El perfil del juez instructor, como ya apunté en su día y como parece que los hechos acabaron confirmando.

Pero no es mi intención reabrir nuevas polémicas sobre el encarcelamiento de García Madrid, aunque algunos no tardarán en lanzárseme de nuevo a la yugular por no exigir la lapidación de García Madrid en la plaza del pueblo. (Como ya voy viendo por dónde van los tiros, y empiezo a desentrañar cómo funcionan o disfuncionan algunos cerebros, a quien vaya a acusarme de estarle salvando la cara al munícipe sólo le diré que repase los artículos publicados conjuntamente por quien suscribe y por Manuel Buitrago en los primeros días del pasado febrero y que desvelaban íntegramente el contenido y las conversaciones telefónicas de García Madrid y Facundo Armero recogidas en el sumario).

En fin... Respecto a este caso, este lunes dirá la Audiencia Provincial si hay o no argumentos suficientes para que esté en prisión. Y como tengo gran confianza en el criterio de los magistrados que componen esa Sección Quinta con sede en Cartagena, pues estoy seguro de que cualquiera que sea su decisión estará bien motivada.

El asunto de la subjetividad de la Justicia me lo planteaba respeto de nuestro 'ilustre' cartagenero Juan Antonio Roca, a quien el juez instructor del 'caso Malaya', Óscar Pérez, dejó libre con una fianza de un millón de euros, al considerar que no existía un gran riesgo de que pudiera intentar escaparse, y a quien el instructor del 'caso Saqueo', Pablo Rafael Ruz, acaba de encarcelar por estimar que el riesgo de que Roca trate de eludir la acción de la Justicia es tremendamente elevado. Tres millones de euros le ha fijado como fianza; una cantidad que, si tenemos en cuenta lo que en apariencia le costó reunir un millón de euros, le va a mantener bastante tiempo a la sombra. Nueve días le ha durado la fiesta al hombre.

Con resoluciones tan contradictorias como las mencionadas, y al margen de qué juez lleve la razón –en este caso, yo me inclino por el segundo– no me extraña que la confianza del ciudadano en la Justicia se acabe resintiendo.

La detención de un empresario de Alcantarilla, Juan Antonio A.M., por su supuesta implicación en la trama de corrupción 'Totem' desmantelada en Totana, nos ha otorgado unas claves muy importantes sobre la forma en la que el ex alcalde popular de esta localidad, y actual diputado del Grupo Mixto de la Asamblea, Juan Morales, habría cometido los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos que se le imputan.

Era de esperar que un hombre de su experiencia y formación no fuese reclamando directamente el dinero a los empresarios que querían hacer negocio en su ciudad y que, como tantos otros, utilizase presuntamente la figura de testaferros, de personas interpuestas de su entera confianza, para haberse lucrado ilícitamente, como sospecha el fiscal.

La cosa era así. El citado empresario de Alcantarilla había montado una sociedad, denominada 'Deitania Trading S.L.', de la que es socio único. Esta firma se dedicaba, según consta además en su primer objeto social, a «la intermediación, mediante comisión, en el sector inmobiliario». Esto es, se ofrecería a empresarios del ladrillo, promotores y constructores, a mediar ante el Ayuntamiento de Totana para sacar adelante algunos proyectos urbanísticos, como recalificaciones y otros asuntos de similar índole. A cambio de sus gestiones, Juan Antonio A.M. habría cobrado suculentas comisiones, que en algún caso habrían alcanzado el medio millón de euros.

Si se confirman las sospechas de los investigadores, que han recabado además gran cantidad de pruebas en ese sentido, Juan Antonio A.M. no sólo no habría tenido dificultad alguna para convencer a Juan Morales de que sacase adelante los proyectos, sino que entre ambos existía una supuesta comunión de intereses, cuyo fin último era que ambos se lucrasen. Así, el citado empresario de Alcantarilla y hombre de toda confianza de Morales le presentaba a éste los proyectos de otros empresarios y, cuando los planes salían definitivamente adelante, cobraba su cuantiosa tarifa.

Ya sólo quedaba el último paso: repartir los beneficios con el alcalde y supuesto mentor, con quien habría firmado un contrato privado que le obligaba a ir a medias en el botín. Y de tal forma se cerraba el círculo y todo quedaba en casa.

Juan Antonio A.M. presta hoy declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Morales debe estar cruzando los dedos. No en vano, quien hasta ayer era su principal aliado hoy puede convertirse, a poco que declare, en su mayor enemigo.

Et voilá! Ya tenemos otra polémica montada. Y menos mal que ésta afecta en exclusiva al PP y no constituye –algo que habría sido mucho peor– otro caso de supuesto agravio, como muchos denuncian, entre el trato judicial que se da a los políticos socialistas y a los populares en esta región.

El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, ingresó en prisión, y allí permaneció dos meses, por la Operación Totem. El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, está en la cárcel por la supuesta trama de corrupción descubierta en su localidad y en Fuente Álamo. Sobre ninguno de ellos parece haber indicios, al menos de momento, de que hayan puesto la mano, de que se hayan enriquecido ilícitamente.

El asunto cambia drásticamente por lo que respecta al ex alcalde totanero y diputado del Grupo Mixto (le expulsó el PP), Juan Morales, sobre quien parecen existir más que sobrados indicios de que ha puesto el cazo. Ayer salió libre del TSJ y no entrará en prisión si abona una fianza de 200.000 euros antes del lunes a mediodía, como todo apunta que va a hacer.

¿Cuál es la diferencia entre unos casos y otros? Para empezar, y como ya apuntaba ayer, el juez. Frente a dos jueces de Instrucción, jóvenes, de todavía corta experiencia y quizás por todo ello más impulsivos, un magistrado del TSJ, Julián Pérez Templado, que, pese a su condición de progresista, o quizás por ella, y también por su larga experiencia y por su especial templanza, es poco amigo de la prisión preventiva.

Cualquier otro magistrado, teniendo en cuenta que Morales tiene supuestos intereses y propiedades en Brasil, e incluso una novia 'brasileira', habría tirado por la calle de enmedio, habría decidido que existe un alto riesgo de fuga y le habría mandado a Sangonera por una buena temporada. Justo lo que el propio diputado y tanbién su abogado, José María Caballero, consideraban que iba a ocurrir si se ponía en manos de la juez María Asunción Navarro, y por ello el principal motivo de que el parlamentario no renunciase a su fuero especial y pidiese declarar en el TSJ. Parece que no tomó una decisión equivocada, a juzgar por el resultado.

¿Qué otra diferencia existe entre unos y otros? Pues el hecho, tampoco despreciable, de que Martínez Andreo y García Madrid continúan siendo alcaldes pese a que ambos están acusados de haber cometido diversos delitos desde su despacho municipal. En cambio, Morales, que también habría delinquido en su etapa de munícipe, ya no ejerce tal responsabilidad y es imposible así, como se le imputa a los otros dos, que pudiese reiterar en la comisión de delitos desde esa responsabilidad municipal.

Según esta teoría, el hecho de que ni Martínez Andreo ni García Madrid hayan dimitido es lo que ha llevado al fiscal y, luego, al propio instructor, a poner el acento en que existe el riesgo de que sigan delinquiendo desde el mismo despacho en que supuestamente ya lo hicieron. Como ocurre con todo en esta vida, llegar o no a esa conclusión depende de la cabeza con que se piense el asunto. Pero no deja de ser un argumento que han puesto en bandeja a ambos jueces.

Por desgracia, la sociedad parece tan dividida en estas cuestiones, y sus posiciones tan establecidas de antemano, que cualquiera que sean los argumentos que unos y otros presenten, lo único cierto es que la bronca sigue estando asegurada. Y si no, aguarden a los comentarios que vayan llegando.

Vestido con traje gris oscuro, camisa blanca, corbata azul con rayas claras y con una forzada sonrisa dibujada en el rostro, el ex alcalde de totana y diputado regional Juan Morales llegaba esta mañana al Palacio de Justicia de Murcia y, acompañado por su abogado, tomaba un ascensor que le llevaba hasta la quinta planta y hasta el despacho donde el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado, y el fiscal jefe, Manuel López Bernal, ya le estaban esperando.

Han tenido que pasar casi tres meses para que el ex munícipe totanero haya dado cuenta ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de los cargos de cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos que se le imputan dentro de la denominada 'Operación Totem'. En concreto, Morales es sospechoso de haber pedido una comisión de tres millones de euros (500 millones de pesetas) al empresario gallego Manuel Núñez Arias, propietario del Grupo Nuaria, a cambio de recalificar 2,2 millones de metros cuadrados de terreno rústico en Totana para construir en ellos 5.040 viviendas.

Que Morales llevase cara de circunstancias es fácilmente comprensible si se tienen en cuenta los precedentes de su sucesor en la Alcaldía, José Martínez Andreo, que pasó más de dos meses en prisión por esta misma causa, y el más reciente del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, ahora de 'cliente VIP' en la prisión de Sangonera por decisión del juzgado de San Javier.

Lo de García Madrid y lo de Martínez Andreo parece casi de broma comparado con lo que se le imputa a Juan Morales, entre otras cosas porque respecto de los dos primeros no parece que existan de momento indicios de que han podido 'poner el cazo', que es como se le llama al cohecho en román paladino y que es lo que más indigna y alarma causa en el sufrido ciudadano.

Peor pinta el asunto además si se tiene en cuenta que el ex alcalde de Totana tiene intereses en Brasil, e incluso novia brasileña, y que eso podría apuntar a que el riesgo de fuga es particularmente elevado en su caso.

A favor de Morales está, sin embargo, que la decisión se encuentra en manos de un magistrado como Julián Pérez Templado, con muchas tablas, muy progresista y poco amigo de entrada de la prisión preventiva, y que el imputado lleva ya varios meses con la espada de Damocles sobre la cabeza y, que se conozca, no ha hecho intento alguno de evadirse. Claro está que no será hasta hoy cuando sepa realmente de qué se le acusa y qué pruebas se han reunido en su contra; algo que podría hacerle reconsiderar su postura de colaboración con la Justicia.

Con estas cartas sobre la mesa, ¿dormirá en prisión Juan Morales?

Si me obligan a apostar, mi respuesta es positiva.

Hagan juego, señores.