Francisco Gil Eguino, ex gerente de Limusa, al ser detenido.

Resulta un hecho probado la escasa originalidad de muchos de nuestros cargos públicos a la hora de enriquecerse ilícitamente. Durante muchos años, todo se ha reducido a pedir comisiones a cambio de la adjudicación -amañada- de contratos, aprovecharse de la información privilegiada que poseen para favorecer a familiares o amigos, montar sociedades con contratistas locales para llevarse por otro lado -de forma aparentemente legal- una parte de lo mucho que ellos les dan a ganar a esos socios... Pero tampoco se les puede juzgar por su escasa imaginación, pues lo cierto es que el negocio les ha funcionado muy bien a lo largo de décadas y aún hoy les sigue yendo de maravilla, salvo por los pocos casos que acaban llegando al juzgado. No habría razón, pues, para cambiar lo que bien funciona.

De ahí que me hayan sorprendido ahora las revelaciones que van surgiendo sobre la llamada trama Limusa de Lorca. Al margen de que la amplia relación de presuntos mangantes me despierta el mismo desprecio que el resto de supuestos corruptos que pueblan nuestra saqueada geografía regional, debo confesar que al menos estos lorquinos han logrado sorprenderme con la introducción de algunas novedades en el tedioso arte del choriceo. "Sólo por eso -me he dicho-, se merecen que les dedique unas líneas en mi prestigioso blog, jeje, y que me empiece a sacudir de una vez esta cansera sin límites que se ha apoderado de mi alma y de mi cuerpo. Estoy seguro de que ellos, a su vez, me lo agradecerán).

Para empezar, lo que en apariencia estaban haciendo es utilizar la empresa pública de limpieza (la citada Limusa), como si fuera un banco. Su gerente, Francisco Gil Eguino, habría montado toda una trama de sociedades junto a un grupillo de socios privilegiados (el notario Sebastián Fernández Rabal, el ex concejal socialista Miguel Miras, el dentista Urbano Alejo y el corredor de seguros Ángel Trinidad Martínez), y habría estado utilizando los fondos de Limusa para financiar los proyectos particulares que él y sus socios impulsaban a través de sociedades como Cabo Cope Naturaleza S.L. o Inversiones Umbe S.L. De esta forma no sólo tendrían garantizada la financiación, sino además a un 0% de interés. Un chollo. Después, los beneficios se repartían equitativamente y en negro (hasta tres millones de euros habrían sido ocultado al fisco). Doble chollo.

Todo esto explica que los delitos que están siendo investigados sean los de malversación de fondos públicos y contra la Hacienda Pública.

Hasta ahí, perfecto. Pero hay una segunda parte de esta investigación, bastante más chabacana, que es la que se centra en determinar si también hubo malversación de los fondos de la empresa pública con fines más gratificantes. En concreto, si la trama habría justificado de forma ilícita algunos gastos que no se habrían producido -por ejemplo, inexistentes comidas de empresa- con el aparente fin de disponer de un dinero que luego gastaban en fiestas. Son esas juergas, su cantidad, cualidad y la identidad de sus participantes, las que apuntan a que el futuro levantamiento del secreto del sumario puede acabar por depararnos un espectáculo bastante bochornoso y lamentable.

Lo mejor del asunto es que Limusa llevaba años, en apariencia, funcionando como el cortijo o la finca particular de una serie de señores, sin que nadie hubiera puesto el grito en el cielo y, mucho menos, hubiera dado la alerta en los juzgados o en la Fiscalía. Y eso que los tejemanejes de Gil Eguino y sus socios parece que eran vox populi en la Ciudad del Sol.

El asunto se ha descubierto, como tantas otras veces, por una denuncia surgida de la propia empresa. Bastó con que uno de los trabajadores de Limusa, Jacinto P., empezara a ser represaliado por el ahora ex director para que comenzara a copiar material informático sensible, lo pusiera en determinadas manos e hiciera saltar la trama por los aires.

Al final, por muy listos que fueran, los miembros de la presunta trama olvidaron una premisa básica: vigila tu casa; el mayor enemigo siempre está dentro.

PD: Iba a dedicar un comentario a analizar las razones por las que el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, se crispa tanto cuando le mientan a su ex consejero Francisco Marqués. Pero he considerado finalmente que el asunto tampoco da mucho de sí. Está bastante claro, a mi modo de ver. De un lado, no puede apoyar públicamente a quien ha confesado en sede judicial que, cuanto menos, ocultó a Hacienda operaciones por unos 550.000 euros. De otro, no puede arremeter ni abandonar a su suerte a quien ya le mandó un claro aviso en su declaración y a quien, aunque sea sin razones, puede ponerlo en un difícil brete con sólo pronunciar una frase. Eso, por no hablar de lo que debe suponer ver detenido y esposado a quien fue uno de tus hombres clave de tu equipo durante largos años. En fin, que a mí, en el lugar de Valcárcel, tampoco me haría gracia que me preguntaran por el asunto. Por eso he renunciado a escribir sobre el asunto. Saludos.

Hoy finaliza el juicio contra el magistrado Fernando Ferrín Calamita. No es habitual ver a un juez sentado en el banquillo. Justiciero ajusticiado. Alguacil alguacilado. No me es agradable ver a alguien en esa situación, aunque me reconforta observar que nadie, ni siquiera un juez, está completamente blindado frente al Estado de Derecho.

Tampoco albergo dudas sobre lo que cada una de las partes en el proceso -fiscal, acusación particular y defensa- va a aducir en sus informes: los dos primeros, que el magistrado murciano retrasó maliciosamente la adopción de una niña por parte de una mujer lesbiana, y ello en virtud simplemente de la condición sexual de la solicitante; el tercero, que actuó de esa forma en defensa del bien de la menor, ya que el juez quería asegurarse de que la niña no iba a sufrir daño alguno -psicológico, imagino- por tener una familia constituída por dos mujeres, en lugar de una 'normal', como la calificaba el acusado, compuesta por un hombre y una mujer.

Lo que más me sorprende del asunto es que existe coincidencia, en lo fundamental, en los argumentos de las acusaciones y de la defensa: el proceso de adopción se retrasó mucho más allá de lo que era normal. No me cabe duda de que si el juez Ferrín Calamita hubiera podido presentar ante la Sala algún expediente de adopción por parte de una pareja heterosexual con una duración similar -dos años de trámites-, sin duda lo hubiese hecho. Es evidente que no ha sido capaz de hallar tal precedente.

No deja de ser una opinión estrictamente personal ésta que aquí expongo, pero considero que en el argumento de su propia defensa lleva el magistrado el reconocimiento del supuesto delito que se le imputa: en apariencia, dilató y retrasó este expediente de adopción mucho más allá de lo habitual en estos casos, y ello simplemente por que la solicitante era lesbiana. Actuó, pues, de forma diferente en virtud la condición sexual de la mujer. Trató, en suma, de manera distinta, a alguien a quien la ley otorga el mismo trato que al resto de los ciudadanos.

Afirma el magistrado que actuó de esa forma teniendo en cuenta única y exclusivamente el interés de la menor. Pero resulta lógico deducir que no se habría planteado tal cosa si, como la ley reconoce, hubiera considerado que una mujer lesbiana es tan válida para cuidar a una niña como lo es una mujer heterosexual. Habría que deducir pues que la única prevención al respecto habría venido de su conciencia, y no del texto legal que debía regir sus actos.

Hablando ya en términos generales, reconozco a cualquier persona, y por supuesto a los jueces -¡faltaba más!-, el soberano derecho a pensar como le venga en gana. Ahora bien, aspiro como ciudadano a que nadie -ni un altísimo magistrado ni un empleado de hamburguesería- se deje arrastrar por sus propias ideas a la hora de desempeñar su trabajo, consista éste en dictar sentencias o en servirme una McPollo. Deseo y exijo que lo hagan bien y, por supuesto, con unos mínimos de calidad.

(Estimados lectores: Me paso el día pidiéndoles disculpas por la escasa atención que puede parecer que les dedico. Lo cierto es que, en unas ocasiones por pitos y en otras por flautas, suelo ir siempre desbordado de trabajo y, aunque no dejo de leer ningún comentario que me hacen ni de reflexionar sobre lo que plantean, no siempre puedo responder a los muchos que sin duda lo merecen debido a la falta de tiempo. Nuevas disculpas y permitidme que os siga animando a leerme y a comentar mis trabajos. Un fuerte abrazo a todos y otro más fuerte a los incondicionales de este blog).

Los alcaldes de Murcia son ya muy mayores como para soñar con el coco, pero no deben de ser muchos quienes estén libres de haber tenido alguna pesadilla con el UCO. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han puesto ya patas arriba cuatro ayuntamientos de la Región (Torre Pacheco, Totana, Fuente Álamo y, ahora, Librilla), con el resultado de tres munícipes (Daniel García Madrid, José Martínez Andreo y José Martínez García) que, unos con más razones que otras, quizá, han conocido ya en carne propia, y no leyendo 'Papillón', cómo se le derrumba a uno el cielo sobre la cabeza cuando escucha cerrarse tras de sí el cangrejo de la trena.

Existe además el converncimiento, en ámbitos habitualmente bien informados, de que lo que sabemos hasta ahora de la denominada 'Operación Biblioteca' no es sino la punta del iceberg y se afirma que los UCO, que se desplazan desde Madrid para estas intervenciones, han venido esta vez para quedarse, tienen reservado hotel para unos cuantos días y no van a tardar mucho antes de sorprendernos con otro esclavejío, dicho sea en panocho.

Escribo esto cuando uno de estos alcaldes, José Martínez García, el de Librilla, está todavía tras las rejas. No sé cuánto tiempo permanecerá en situación de prisión preventiva (espero que el menor posible, pues no soy demasiado partidario de tal medida, salvo que se trate de hechos gravísimos), pero tengo la sensación de que podía haberme tomado unos días antes de escribir este comentario y bien podría haber seguido diciendo lo mismo: que el primer edil sigue encalomado.

Habrá quien sostenga, como siempre ocurre, que esto es una caza de brujas contra los cargos públicos del PP, orquestada por el malo malísimo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal, que ya se sabe que además de rojo lleva cuernos y arrastra una larga cola que parece dotada de vida propia. En fin..., ya decía mi abuela que no hay mayor ciego que quien no quiere ver y que quien no se consuela es porque no quiere. Con tales argumentos seguirán justificando algunos el hecho de que alcaldes como José Martínez Andreo, imputado en media docena larga de delitos, entre ellos el tan denostado cohecho, sigan empuñando la vara de mando del Consistorio con el respaldo del PP. Otro tanto pasará, y si no al tiempo, con el primer edil de Librilla.

Como por fortuna creo no sufrir interferencias en las entendederas por culpa de consignas de partido, y como disfruto igualmente desvelando las tropelías de los presuntos corruptos de uno y otro signo (ahí están las hemerotecas y los comentarios de este mismo blog, para quien lo ponga en duda, que siempre habrá quien lo haga), me recreo en analizar detalles que me resultan bastante reveladores a la hora de hacerme una composición de lugar sobre cualquier asunto.

En el caso del alcalde de Librilla, por ejemplo, no deja de llamarme la atención que pocas horas después de que los UCO entrasen en el Ayuntamiento que todavía preside y detuvieran a un funcionario local, a otro de la Administración regional en excedencia y a un empresario, el bueno de José Martínez, el de noblote y rudo aspecto, se dedicase junto a sus hijos a telefonear y a visitar los despachos de los más reputados abogados penalistas de la Región y de fuera de ella, y que incluso comprometiera ya los servicios del bufete González Franco (el mismo, por cierto, que lleva la defensa del totanero Martínez Andreo), y que la misma mañana de su detención estuviese ya en Murcia una letrada de ese despacho, en apariencia desplazada 'ex profeso' desde Barcelona, para asistirle.

No sé si, como se dice en la huerta, 'Pepico El Mecánico' sabía que la tenía hecha y se estaba preparando para lo que habría de llegar. Pero lo que es indudable es que soñaba con los UCO. Pesadillas tenía. Y al final, mira tú por dónde, vinieron y lo encerraron.

Nunca, ni en mis más calenturientos y egocéntricos sueños, me había imaginado en tal tesitura. Cierto es que no me tengo en baja estima ni me considero un periodista mediocre. Cierto que llevo ya unos cuantos años en este negocio. Y cierto –a la vista está– que no voy pidiendo perdón al mundo por existir, ni por escribir lo que escribo, ni por ejercer la profesión como la ejerzo. Trato de hacerlo lo mejor posible y con la mayor honestidad, pero hasta ahí. Sea esto mucho, o sea poco.

Pero, héte aquí que ayer me telefonea un compañero desde Totana y me cuenta que el alcalde de la localidad, José Martínez Andreo, que había sido citado nuevamente para prestar declaración como imputado en el 'caso Tótem', me había dedicado casi íntegramente sus palabras ante una veintena de periodistas. «Bueno –le respondo–, no será exactamente así... Se habrá referido a la noticia que hoy he publicado acerca de la decisión del TSJ de mantenerlo imputado por cohecho, o habrá hablado de la prensa en general, o habrá citado a 'La Verdad'... Pero no me habrá citado por mi nombre, imagino». «¡Cómo que no!», insiste el colega, «ya verás la grabación... ¡Si se pasa todo el tiempo hablando de ti!».

Paso más tarde por Canal 6, pido a mis compañeros que me muestren las imágenes de su comparecencia y la de su abogado... ¡y no salgo de mi asombro! Que si se están enterando de lo que hay en el sumario a través de las noticias que ofrece Ricardo Fernández, que si aquí el único que tiene toda la información del asunto es Ricardo Fernández, que si todas las filtraciones del sumario van a parar a Ricardo Fernández, que si preguntadle a Ricardo Fernandez que es el que lo sabe todo, que si Ricardo Fernández tiene las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia antes que las propias partes del proceso, que si Ricardo Fernández ha estado publicando las diligencias cuando todavía estaban declaradas secretas, que si se hacen coincidir las comparecencias del alcalde en el juzgado con las noticias que publica Ricardo Fernández....

«¡Firgensanta!», exclamo para mi interior, «esta publicidad no la pago ni con el salario de un año». ¡Imagínense!: según la particular visión del asunto que tienen el munícipe y su letrado, el todopoderoso periodista Ricardo Fernández se dedica en su quehacer diario, básicamente, a poner de acuerdo a los intregrantes de la Fiscalía de Murcia; a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los jueces instructores de la Región, y a coordinar sus habituales e interesadas filtraciones del sumario, de sus informes y resoluciones, con el único objetivo de someter a todo tipo de humillaciones ese ser inocente, puro y libre de toda sospecha que es el alcalde Martínez Andreo. Un político sin tacha que es víctima, según sus propias palabras y las de su abogado, de «una operación política judicializada», «de un culebrón mediático y un esperpento político», «del primer caso conocido en que se hacen coincidir las citas a declarar con las noticias en prensa», «de una citación judicial sin otro motivo que el de permitir que me hagan una foto»...

De tal manera que mi trabajo, en una mañana cualquiera, ya digo, sería algo como lo que sigue, si atendemos a la particular forma de entender el funcionamiento de la Justicia y de los medios de comunicación que parecen tener Andreo y su abogado. Vamos allá: Suena el teléfono y es un magistrado del TSJ. «Don Julián –o, mejor, Julián, a secas, por la confianza y complicidad que me suponen con el juez–, que me pases ya los autos que has dictado sobre el caso Tótem. Sí, sí, ya sé que aún no están notificados a las partes, pero, mira lo que te digo, que se enteren por el periódico, que así nos reímos más. Pásame ya mismo las resoluciones, porque así las hago coincidir con la comparecencia de Martínez Andreo en el juzgado, que va mañana a declarar. Sí. A declarar. ¿No lo sabías? Si, hombre. Pues hablé con la juez y le dije: Señoría, que como hay pocas noticias ya en estas fechas, pues que he pensado que podría citar a declarar al alcalde de Totana, y así le hacemos unas fotos y tal. Sí, si ya sé que el hombre no ha hecho nada ni hay motivo para que se pase otra vez por el juzgado. Si lo sabré yo, que prácticamente coordino la investigación en la sombra. Pero es que me viene bien en esta época, ya le digo, por dar alguna noticia. Y si además cita a cinco o seis personas más, también en calidad de imputados, se lo agradezco más todavía. Venga, pues nada, muchas gracias y ya vamos hablando. Lo habitual, Julián, ya lo sabes. Por cierto, que con el fiscal ya he quedado para estos días y me va a ir filtrando unas cuantas diligencias, sí, de las secretas, para que vaya sacando noticias este agosto. Lo dicho, Julián, lo de todos los días. Bueno, pues que espero esos papeles y a ver si conseguimos que la defensa del alcalde se entere por la prensa. Un abrazo. Gracias. Sí. Un abrazo».

Esto es, novelado, lo que el alcalde de Totana, arropado por su letrado, señala que está pasando con la investigación sobre el 'caso Tótem'. ¿Que es ridículo? Que cada cual juzgue.

Yo tengo claras dos cosas. Una, que cuando alguien empieza a hablar de conspiraciones político-judiciales-mediáticas es que los argumentos jurídicos se le han agotado mucho tiempo atrás (Si esto es a lo que algunos llaman «defensa técnica», habrá que ver qué se entiende por «defensa barullera»)

Y dos, que a mí me están haciendo una publicidad impagable. Ójala todos los alcaldes españoles imputados en casos de corrupción urbanística se refiriesen a mí en términos tan sumamente elogiosos. Y como es de bien nacidos ser agradecidos, pues que le envío, alcalde, un jamón de jabugo. Cinco Jotas. Un fuerte abrazo.

PD: El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, se había tomado un periodo de reflexión, para decidir si dimitía o no se su cargo, hasta que se pronunciase el TSJ sobre su imputación en un delito de cohecho. El momento elegido no era gratuito, pues estaba convencido de que ese asunto iba a ser sobreseído. Ahora que el TSJ le mantiene la imputación por cohecho, dice que va a dimitir «menos que nunca». O sea, que si me exculpan del delito, no dimito, y si me mantienen la imputación «dimito menos que nunca». Me quito el sombrero. Eso es coherencia, compromiso y respeto a la palabra dada. Otro abrazo.

Ocurrió hace un par de semanas. Rueda de prensa multitudinaria. El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, comparece junto a su abogado, José Ángel González Franco, para ofrecer explicaciones sobre la presunta implicación del primero en el 'caso Tótem'. Nada nuevo bajo el sol. Ambos vuelven a negar la mayor, a denunciar la filtración a la prensa de las diligencias judiciales y cargan contra los medios de comunicación; en concreto, contra 'La Verdad', que es el periódico que ha estado publicando el contenido del sumario. Dicen que todo lo publicado es falso, que es amarillista, tendencioso y no sé cuántos calificativos más. Nada nuevo bajo el sol, ya digo, pues no resulta original eso de matar al mensajero o de disparar contra el pianista.

El discurso no me parece demasiado coherente, me digo, pues no se pueden estar quejando de que se está publicando el sumario de forma íntegra, y a la vez acusar al periódico de estarse inventando las cosas. O publicamos los sumarios o nos inventamos las cosas, pero no ambas cosas a la vez, ¿verdad? Lo que les duele es que hayamos difundido que la juez María Asunción Navarro afirme expresamente que Martínez Andreo quiso apropiarse de la comisión de 3,6 millones de euros que había pactado su antecesor en el cargo, Juan Morales, con una inmobiliaria gallega. Y como no quieren cargar contra la juez, ni contra el fiscal –«su trabajo es muy respetable», afirman–, que son quienes han llegado a esa conclusión, arremeten contra el periodista que lo ha publicado. O sea, servidor. A fin de cuentas, eso les sale gratis.

Me viene entonces a la cabeza el letrado José Pardo Geijo, que en vez de acusar a los periodistas de todos sus males y de los de sus clientes, se lanza con todo contra los magistrados y fiscales cuando considera que éstos se están excediendo en sus consideraciones o en sus atribuciones, aunque luego le multen con 24.000 euros.

La rueda de prensa acaba como el rosario de la aurora, lo cual no impide que el periodista que esto suscribe, Martínez Andreo y el letrado González Franco se tomen luego un café e intercambien algunas impresiones. El alcalde jura y perjura que nunca ha tratado de quedarse con esa comisión y afirma que las consideraciones de la juez son totalmente gratuitas. «¿Me asegura –le interpelo– que cuando consiga la trascripción de la conversación suya con Casanova nada en ella va a permitir deducir que estaban haciendo algo ilícito?». «Te lo aseguro. Simplemente, Casanova me estaba informando sobre unos terrenos que pretendía vender», me responde.

Mentiría si dijese que me convenció. Ya me haré con esa conversación, me dije, y entonces sacaré mis propias conclusiones. Y no tardé mucho en conseguir el documento, que fue publicado íntegramente, de nuevo en exclusiva, en 'La Verdad'.

Entre las frases cruzadas por Martínez Andreo y el ex concejal y supuesto compinche suyo Juan Francisco Casanova, destacan las siguientes:

-Casanova: «Las perricas que me dijiste, no te gastes todas las perras, que tenemos que comprar algo bueno».
-Andreo: «Tenemos que hacer cosas».
-Casanova: «Sí, sí sí, sí tenemos que hacer una cosa... Vamos a poner de testaferro a Bartolo».
-Andreo: «Eso, eso... (se ríe)».
-Casanova: «...que es un tío legal, que es de lo más legal que he conocido en mi vida...».
-Andreo: «Sí, ¿no?».
-Casanova: «Hostia, ése da la vida por nosotros».
-Andreo: «Sí».
-Casanova: «Muere».
-Andreo: «Eso está bien, eso está bien».

(...)

-Casanova: He llamado al gallego y he quedao con él pa la semana que viene, pa comer con él.
-Andreo: Vale.
-Casanova: ¿Entiendes o no?
-Andreo: Mmm.
-Casanova: Vamos a hacer una cosa bien hecha.
-Andreo: Ah, tú... ¿pero tú, no?
-Casanova: ¿Eh?
-Andreo: Que tú, tú, tú...
-Casanova: Sí, sí, sí.. Tú tranquilo, tú no. Aquí soy yo, yo sólo, tú nada, ¿me entiendes o no?
-Andreo: Mmm.
-Casanova: Yo luego, a ver si tú me entiendes, yo, como si fuéramos los dos, pero soy yo.
-Andreo: Ya está. Lo que tú mires, hables y ya está. ¿Mmm?

(...) Y así acaba la conversación:

-Casanova: Pero eso sí, a nadie, Pepe, hostia.
-Andreo: No, no, pero si lo tengo claro, si lo tengo claro.
-Casanova: ¿Eh? Esto tú, yo, tú y yo, y punto.
-Andreo: Ya.
-Casanova: Ni a tu mujer, ni yo a la mía.
-Andreo: No te preocupes, no te preocupes.
-Casanova: ¿Me entiendes o no?
-Andreo: Sí, lo tengo claro, si eso lo tengo yo claro.
-Casanova: Exactamente, ahí eso, pa ti y pa mí, y punto.
-Andreo: Venga, ok.

Según Martínez Andreo, así es como hablan dos personas honradas acerca de un negocio perfectamente legal. En fin, que cada cual saque sus propias conclusiones. Yo creo que el asunto no merece muchos más comentarios y ni siquiera voy a insistir en el hecho de que aquí, ni dimite nadie, ni se les fuerza a dimitir. Así nos pinta el pelo y así tiene la Región la imagen que empieza a tener por ahí fuera.

¿Quieren saber qué explicación volverá a dar Martínez Andreo, o sus acólitos, cuando se decida a hacerlo? Ya se lo adelanto. Volverá –volverán– a intentar matar al mensajero.

(Ah, disculpas a todos mis queridos lectores por este largo periodo sin actualizar el blog. He ido saturado. Prometo no dejar pasar tanto tiempo en el futuro sin atenderos. Un fuerte abrazo).

(De la serie: Para reír... si no fuera para llorar)

Un fiscal del norte de Argentina ha acusado a un juez del homicidio de un comerciante, cuyo cuerpo fue hallado atado, golpeado y rociado con combustible en el interior de una camioneta, en el fondo de un barranco, informan fuentes judiciales.

El fiscal Claudio Ana, de la provincia de La Rioja, imputa al juez Walter Sinesio Moreno como presunto autor de "robo y homicidio calificado" del comerciante Jorge Ormeño, acusación en la que también involucra a policías en activo.

Ormeño apareció asesinado el 9 de abril pasado en un paraje situado entre las localidades de Villa Unión y Pagancillo, a unos 1.200 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

La autopsia determinó que el comerciante recibió un golpe en la cabeza.

Moreno, a cargo del caso en primera instancia, ordenó la detención de tres sospechosos, entre ellos una mujer, presunta amante de Ormeño.

Sin embargo, el abogado de la familia advirtió que la noche del homicidio Ormeño se reunió con el juez para cerrar un negocio, lo que motivó entonces una investigación paralela a cargo del fiscal Ana.

El Superior Tribunal de Justicia de La Rioja suspendió por 30 días a Moreno y designó en su lugar al juez Alfredo Ramos, quien pidió el desafuero de su antecesor.

Et voilá! Ya tenemos otra polémica montada. Y menos mal que ésta afecta en exclusiva al PP y no constituye –algo que habría sido mucho peor– otro caso de supuesto agravio, como muchos denuncian, entre el trato judicial que se da a los políticos socialistas y a los populares en esta región.

El alcalde de Totana, José Martínez Andreo, ingresó en prisión, y allí permaneció dos meses, por la Operación Totem. El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, está en la cárcel por la supuesta trama de corrupción descubierta en su localidad y en Fuente Álamo. Sobre ninguno de ellos parece haber indicios, al menos de momento, de que hayan puesto la mano, de que se hayan enriquecido ilícitamente.

El asunto cambia drásticamente por lo que respecta al ex alcalde totanero y diputado del Grupo Mixto (le expulsó el PP), Juan Morales, sobre quien parecen existir más que sobrados indicios de que ha puesto el cazo. Ayer salió libre del TSJ y no entrará en prisión si abona una fianza de 200.000 euros antes del lunes a mediodía, como todo apunta que va a hacer.

¿Cuál es la diferencia entre unos casos y otros? Para empezar, y como ya apuntaba ayer, el juez. Frente a dos jueces de Instrucción, jóvenes, de todavía corta experiencia y quizás por todo ello más impulsivos, un magistrado del TSJ, Julián Pérez Templado, que, pese a su condición de progresista, o quizás por ella, y también por su larga experiencia y por su especial templanza, es poco amigo de la prisión preventiva.

Cualquier otro magistrado, teniendo en cuenta que Morales tiene supuestos intereses y propiedades en Brasil, e incluso una novia 'brasileira', habría tirado por la calle de enmedio, habría decidido que existe un alto riesgo de fuga y le habría mandado a Sangonera por una buena temporada. Justo lo que el propio diputado y tanbién su abogado, José María Caballero, consideraban que iba a ocurrir si se ponía en manos de la juez María Asunción Navarro, y por ello el principal motivo de que el parlamentario no renunciase a su fuero especial y pidiese declarar en el TSJ. Parece que no tomó una decisión equivocada, a juzgar por el resultado.

¿Qué otra diferencia existe entre unos y otros? Pues el hecho, tampoco despreciable, de que Martínez Andreo y García Madrid continúan siendo alcaldes pese a que ambos están acusados de haber cometido diversos delitos desde su despacho municipal. En cambio, Morales, que también habría delinquido en su etapa de munícipe, ya no ejerce tal responsabilidad y es imposible así, como se le imputa a los otros dos, que pudiese reiterar en la comisión de delitos desde esa responsabilidad municipal.

Según esta teoría, el hecho de que ni Martínez Andreo ni García Madrid hayan dimitido es lo que ha llevado al fiscal y, luego, al propio instructor, a poner el acento en que existe el riesgo de que sigan delinquiendo desde el mismo despacho en que supuestamente ya lo hicieron. Como ocurre con todo en esta vida, llegar o no a esa conclusión depende de la cabeza con que se piense el asunto. Pero no deja de ser un argumento que han puesto en bandeja a ambos jueces.

Por desgracia, la sociedad parece tan dividida en estas cuestiones, y sus posiciones tan establecidas de antemano, que cualquiera que sean los argumentos que unos y otros presenten, lo único cierto es que la bronca sigue estando asegurada. Y si no, aguarden a los comentarios que vayan llegando.

Vestido con traje gris oscuro, camisa blanca, corbata azul con rayas claras y con una forzada sonrisa dibujada en el rostro, el ex alcalde de totana y diputado regional Juan Morales llegaba esta mañana al Palacio de Justicia de Murcia y, acompañado por su abogado, tomaba un ascensor que le llevaba hasta la quinta planta y hasta el despacho donde el magistrado del TSJ Julián Pérez Templado, y el fiscal jefe, Manuel López Bernal, ya le estaban esperando.

Han tenido que pasar casi tres meses para que el ex munícipe totanero haya dado cuenta ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de los cargos de cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos que se le imputan dentro de la denominada 'Operación Totem'. En concreto, Morales es sospechoso de haber pedido una comisión de tres millones de euros (500 millones de pesetas) al empresario gallego Manuel Núñez Arias, propietario del Grupo Nuaria, a cambio de recalificar 2,2 millones de metros cuadrados de terreno rústico en Totana para construir en ellos 5.040 viviendas.

Que Morales llevase cara de circunstancias es fácilmente comprensible si se tienen en cuenta los precedentes de su sucesor en la Alcaldía, José Martínez Andreo, que pasó más de dos meses en prisión por esta misma causa, y el más reciente del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, ahora de 'cliente VIP' en la prisión de Sangonera por decisión del juzgado de San Javier.

Lo de García Madrid y lo de Martínez Andreo parece casi de broma comparado con lo que se le imputa a Juan Morales, entre otras cosas porque respecto de los dos primeros no parece que existan de momento indicios de que han podido 'poner el cazo', que es como se le llama al cohecho en román paladino y que es lo que más indigna y alarma causa en el sufrido ciudadano.

Peor pinta el asunto además si se tiene en cuenta que el ex alcalde de Totana tiene intereses en Brasil, e incluso novia brasileña, y que eso podría apuntar a que el riesgo de fuga es particularmente elevado en su caso.

A favor de Morales está, sin embargo, que la decisión se encuentra en manos de un magistrado como Julián Pérez Templado, con muchas tablas, muy progresista y poco amigo de entrada de la prisión preventiva, y que el imputado lleva ya varios meses con la espada de Damocles sobre la cabeza y, que se conozca, no ha hecho intento alguno de evadirse. Claro está que no será hasta hoy cuando sepa realmente de qué se le acusa y qué pruebas se han reunido en su contra; algo que podría hacerle reconsiderar su postura de colaboración con la Justicia.

Con estas cartas sobre la mesa, ¿dormirá en prisión Juan Morales?

Si me obligan a apostar, mi respuesta es positiva.

Hagan juego, señores.