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Manuel Buitrago

EL BLOG DE BUITRAGO

Entrampados hasta las cejas, y otras cosas

El Ministerio niega a la Comunidad un modelo de financiación al tiempo que le obliga a seguir endeudándose


MURCIA. Digamos que la Comunidad Autónoma, junto con otras regiones con infarto financiero, fue rescatada hará dos años con el primer salvavidas que lanzó el Gobierno central a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El Ministerio de Hacienda intubó las arcas autonómicas para darles respiración asistida. Desde entonces estamos intervenidos con una inyección de casi 3.500 millones de euros del FLA y del Plan de Pagos a Proveedores (PPP), que representa el 55% del total de la deuda viva de la Comunidad (uniprovincial); una púa que ya ha escalado hasta la friolera de 6.252 millones de euros. Oceánico.
El auxilio del Estado no es inocente porque hay que devolver ese dinero con intereses en un plazo de diez años, con dos de carencia que ya han empezado a vencer. El hecho de reducir los intereses del FLA al 1% (con lo que Murcia se ahorrará 71 millones en dos años) no oculta la mayor: son préstamos que se adeudan pero que, en justicia, deberían llegar a fondo perdido para compensar el quebranto que sufre la Región con un sistema de financiación autonómica manifiestamente injusto, y que se traduce en una pérdida de 250 millones anuales. En lugar de revisar este modelo que ya ha caducado oficialmente, los gobiernos de Rajoy y de Garre prefieren seguir utilizando el FLA y del PPP. Es decir, a la Región de Murcia no se le concede lo que le corresponde en derecho ?una financiación equitativa y justa para cubrir la sanidad, la educación y la dependencia?, sino que se le obliga a seguir endeudándose, contrayendo nuevos préstamos con el Estado.
Sostienen Rajoy, Montoro (y asumen Alberto Garre y Martínez Asensio) que no hay más fondos para repartir, cuando lo cierto es que existen dos elementos políticos de peso para no revisar el sistema de financiación: la deriva del problema catalán, que solo puede apaciguarse con más dinero, y las elecciones autonómicas de 2015, en las que el PP quiere evitar un guirigay territorial. Al final, la Región de Murcia es la que paga los platos rotos. El déficit y la deuda son las consecuencias de un grave problema estructural de financiación que solo se puede resolver con un nuevo modelo de reparto de fondos: aquí no hay ingresos que aguanten la arquitectura de la Comunidad Autónoma, a menos que sea a golpe de más deuda, hipotecando a las generaciones futuras. Lo surrealista y censurable es que el Gobierno regional ?cual alegre muchachada? ?vende? la ayuda del ministro Cristóbal Montoro como algo bueno, cuando en realidad nos obliga a entramparnos todavía más.

El PP busca la ‘línea roja’ para los casos judiciales
La dimisión llega con la condena judicial. Es el listón que se ha marcado provisionalmente el PP regional para actuar en los casos de presunta corrupción, y otros supuestos, que investiga la justicia. Lo hizo semanas atrás con los alcaldes de Torre Pacheco y Pliego, pero aún no existen unas directrices claras del partido a nivel nacional, habida cuenta del escenario que se plantea en cada comunidad autónoma. La cuestión fue abordada con desigual entusiasmo en el seminario que convocó Valcárcel en San Javier, donde fueron citados militantes menores de 40 años.
Las excepciones fueron Alberto Garre, Miguel Ángel Cámara, Martínez-Pujalte y otros dirigentes encargados de la organización del cónclave. Algunos participantes quisieron saber a qué atenerse con los asuntos en curso judicial; una regla clara para marcar la línea roja. Valcárcel dijo en junio que los imputados no deben dimitir; Alberto Garre fue más allá y, días atrás, exteriorizó su mar de dudas poniendo el listón en el momento en el que hubiera una condena definitiva. Lo repitió en la reunión, que abandonó pronto para asistir a un acto religioso. La Administración central, por su parte -léase el secretario de Estado Antonio Beteta- considera que la imputación no es suficiente para cesar al señalado (en este caso, Joaquín Bascuñana). Circulan otras teorías que mueven a la reflexión y que orbitan más en clave interna y electoral; como que dimitan los imputados que sean cargos de libre designación, pero no electos. Es decir, que dejen el puesto quienes no sean alcaldes ni diputados.
Con semejantes pareceres, la respuesta, se dijo en la reunión de San Javier, está en la cúpula nacional del PP y en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el ministro Ruiz Gallardón, que puede colocar esa línea roja en los altos cargos procesados que estén siendo juzgados o que tengan fecha de inicio de juicio oral. Sobre esta base, los imputados podrían ir incluso en las listas electorales. Gallardón, además, quiere quitarle hierro a la figura del imputado. El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva Regional del PP abordarán la cuestión el mes que viene. (Cuando toca). Las listas electorales estarán en el último trimestre, aunque alguna candidatura podría retrasarse a enero.

Tres añadidos.

1) Teóricamente, Beteta descalificó la tesis de Garre en el asunto del delegado del Gobierno. El secretario de Estado le dio un espaldarazo a Bascuñana cuando visitó Murcia, mientras que el presidente de la Comunidad insinuó días antes que el gobernador civil imputado debía marcharse.

2) Garre está incómodo con  los casos judiciales que afectan a cargos del PP. Duda, varía de criterio y no sabe con qué carta quedarse.

3) El PP trata de rebajar la relevancia que se le da a la figura del imputado.

Ojo a la ‘faena’ de Aena con el cambio de aeropuertos
El Gobierno regional está con la mosca detrás de la oreja y no sabe a qué atenerse con las pobres cifras del tráfico de pasajeros en el aeropuerto de San Javier, que siguen cayendo mientras que se disparan en Alicante. Ambos aeropuertos comparten zona de influencia y mercado. Técnicos y políticos metidos en el asunto advirtieron de que hay que ir con pies de plomo a la hora de negociar el cierre programado de San Javier, no vaya a ser que con el ‘cambio de muebles’ Aena aproveche la jugada para transferir a Alicante todo cuanto pueda de las compañías y del pasaje del aeropuerto murciano. Si eso se produjera, el aeródromo de Corvera saldría perjudicado. Tiene a su favor, en teoría, unas tarifas aeroportuarias más baratas que serían más atractivas para las líneas aéreas.

¿Cómo se explica que en el mejor año turístico que vive España -en cifras de entrada de visitantes- el aeropuerto murciano siga perdiendo pasajeros, mientras que en el de Alicante se bate el récord histórico? Además, es el que menos vuelos de bajo coste recibe, según los datos del Ministerio de Industria y Turismo. En Aena pueden estar pensando: ‘Si nos obligan a clausurar la actividad comercial en San Javier, en favor de una empresa privada, ¿para qué vamos a potenciar este aeropuerto? ¿Les vamos a regalar el millón de pasajeros anuales? Para eso nos los llevamos a Alicante.

La cartera de asuntos (de siempre) para septiembre
El Consejo de Gobierno volverá a reunirse el día 29 para mover la agenda de los asuntos (de siempre). Tiene a la vuelta de la esquina el plan de reequilibrio que aún debe aprobar el Consejo de Política Fiscal. El día 9 se verá las caras por partida doble con el Ministerio de Fomento para negociar el cierre programado del aeropuerto de San Javier; así como las fases para el soterramiento del AVE en Murcia (cuyas obras no arrancan) También le caerá el ‘chaparrón’ de la sequía, los trasvases y los bancos de agua. El nuevo Plan Hidrológico Nacional, ni mentarlo con las elecciones autonómicas a la vista. Y menos si el agua pasa por Cataluña.

 

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