La Verdad

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Un empujoncito para echar a volar
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Manuel Buitrago | 30-11-2016 | 21:24

El futuro operador del aeropuerto podría pagar un canon mínimo los primeros años, que iría aumentando según el número de pasajeros

 MANUEL BUITRAGO


Precio del contrato, canon para recuperar el préstamo, plazos de explotación, escudos legales contra nuevos recursos de Sacyr, ayudas públicas… Son muchos los mimbres del ¿inminente? concurso para la explotación del aeropuerto de Corvera, el primero de estas características que aborda una comunidad autónoma. No podía ser menos, porque aquí somos los primeros en un montón de “cosas”. Los pliegos se han cerrado y se está preparando la documentación de inicio de la licitación, para lo cual se están incorporando las aportaciones y observaciones económicas, financieras, fiscales, técnicas y jurídicas de los distintos departamentos de la Comunidad Autónoma, informó ayer un portavoz de la Consejería de Pedro Rivera.
Por lo ya aprendido en los cinco años de “movida” aeroportuaria, los contratos de gestión de servicios tienen un plazo de 25 años según la ley cuando se trata de la explotación de ciertas instalaciones. Lo que debe aclarar el pliego es si ese plazo será suficiente para que el futuro operador pueda devolver los 182 millones de euros del préstamo que están pagando las arcas de la Comunidad. Quizás se tenga que renovar el contrato cuando toque por otros 25 años, o arbitrar otro tipo de concesión con un calendario a 30 o 40 años vista.

 
¿Un canon variable en función de los pasajeros?

El objetivo es recuperar el dinero con el plan de negocio, aunque social y políticamente sea un logro ver aviones volando en Corvera. Eso puede relajar la exigencia y premura del reembolso, a menos que el nuevo operador salga rana y pida dinero para reequilibrar la concesión a las primeras de cambio. No parece que el Gobierno regional vaya a poner más millones con la que está cayendo, lo cual nos lleva a la segunda consideración: ¿habrá algún tipo de ayuda pública para darle un empujoncito al concesionario? Más bien no. Sin embargo, es probable que se aplique un canon variable a lo largo del periodo de explotación, una posibilidad que estaba encima de la mesa. Por ejemplo, que sea un “canon cero” o mínimo durante los primeros años, y que vaya aumentando conforme crezca la actividad y el número de pasajeros. Dependerá de las ofertas que hagan las empresas interesadas, y si llegan a pecho descubierto o con paraguas. Cabe suponer que aquellas que necesiten menos empujón tendrá más puntos en la mesa de contratación. Aeromur-Sacyr ganó el contrato en su día porque no quiso ayudas públicas, lo cual le dio más puntuación en el concurso. El resultado sin embargo fue distinto, y forzó a la Comunidad a convertirse en avalista de 182 millones.

 

Sacyr está al acecho: dos contratos distintos
La constructora Sacyr no tardará ni un segundo en recurrir el concurso si entiende que las condiciones favorecen al nuevo operador. Pensará que se le negó una ayuda equis que ahora se concede al competidor, o al menos que cuenta con ventaja. El cortafuegos parece simple si se considera que se trata de dos concursos distintos. El de Aeromur fue de construcción y explotación, y este solo será de explotación de un aeropuerto propiedad de la Comunidad. Las condiciones no pueden ser las mismas. Sacyr recurrió la pérdida del título de gestor aeroportuario, pero eso no desalienta al Ejecutivo de Sánchez para seguir adelante, como tampoco el hecho de que no se haya realizado todavía la liquidación, también recurrida, que lleva colgando la reclamación de daños y perjuicios al erario público. Además, Sacyr puede presentarse al concurso. ¿Se imaginan?

 

Para el año 2018, si no se tuerce el rumbo
Por último, se da por hecho que el Gobierno regional no repetirá la fantástica y onerosa “fórmula” de la desaladora de Escombreras, creando una sociedad pública intermedia para manejar la concesión y velar por su cumplimiento. Si todo va rodado –supongamos–, el Gobierno regional puede autorizar el concurso antes de fin de año. Habrá un largo proceso –publicar en el BORM, el BOE y el Boletín de la UE– que tardaría no menos de un año. Con suerte, a volar en 2018, si hay operador. Y con las elecciones a la vuelta de la esquina.

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