Ellos despilfarran, nosotros lo pagamos.

 

 

“El dinero público no es de nadie”  dijo hace unos años la inefable ministra de Zapatero, Carmen Calvo, y aunque parezca mentira semejante estupidez parece que es compartida, aunque nunca lo admitirían, por una buena parte de la clase política española, a la luz de los resultados y la forma en que lo manejan. El despilfarro del dinero público, del dinero de todos, estos últimos años ha sido evidente y generalizado, a pesar de que el exministro Sebastián sólo lo admitiese como una excepción en algunos casos de los Planes E. La realidad es muy distinta a lo que la clase política está dispuesta admitir y la responsabilidad en estos despilfarros está muy repartida entre todos los colores de las formaciones políticas, aunque algunos son más responsables que otros por la sencilla razón de que han tenido la oportunidad de manejar más y mayores presupuestos públicos.

 

Hace tan sólo dos días Antena 3 emitió un programa en el que se daba cuenta de algunos de los despilfarros en obras públicas más escandalosos de estos últimos años: aeropuertos cerrados, aeropuertos con 9 pasajeros al día, autopistas sin vehículos, trenes ruinosos, estaciones para el AVE sin usar o completamente infrautilizadas, gigantescos complejos culturales inacabados y ruinosos y un largo etcétera de obras públicas sin sentido. En los últimos diez años, nuestros gobernantes han dilapidado más de 15.000 millones de euros en este tipo de obras que carecen de rentabilidad económica y social y que constituyen un pesado lastre pues al coste de su construcción hay ahora que sumar los gastos de mantenimiento. Un pozo sin fondo al que las arcas públicas deben seguir suministrando millones de euros para que dichas obras se mantengan en pie, aunque nadie las utilice.

 

Los famosos Planes E no sirvieron al objetivo principal para el que fueron diseñados: reactivar la economía y crear empleo. Su puesta en marcha significó para muchas corporaciones locales la oportunidad de dotarse de infraestructuras necesarias pero que, ahora, en tiempos de crisis, hay que mantener lo que supone un incremento de los gastos corrientes de dichas corporaciones precisamente cuando los ingresos corrientes han caído en picado. El error de aquellos Planes fue rápidamente imitado por muchas Comunidades Autónomas. Nada menos que 5.000 millones de euros destinó la Junta de Andalucía a su particular Plan E y 2.500 millones de euros destinó la Generalitat Valenciana al suyo, el Plan Confianza. Ahora recogemos lo sembrado: muchas obras del Plan Confianza están paralizadas por la sencilla razón de que la Generalitat Valenciana no paga a los promotores de las obras aprobadas. Y no son pocas las empresas las que están en situación de quiebra por culpa de los impagos de las administraciones públicas.

 

Da la sensación de que como “el dinero no es de nadie” se ha venido gastando sin el cuidado y la responsabilidad que cualquier persona normal pone cuando se trata de su propio dinero. ¿Se han hecho estudios de viabilidad para todas estas inversiones? ¿O se decide construir, por ejemplo, un aeropuerto sin los estudios económicos que avalen y justifiquen la inversión? ¿No deberíamos conocer el nombre de la empresa o de los técnicos que informaron favorablemente para la construcción de un aeropuerto en Huesca que cuenta con sólo 9 pasajeros al día? Y si se decidió en su día acometer estas millonarias inversiones sin los pertinentes estudios de viabilidad ¿no deberían incurrir en algún tipo de responsabilidad los políticos que adoptaron tales decisiones? Habrá quien sostenga que esa responsabilidad se determina en las urnas. Pero no, no basta. Además de la responsabilidad política hay una responsabilidad económica que debería ser depurada.

 

No conviene olvidar que el montante de estas inversiones ruinosas es muy superior, sin sumar el coste de su mantenimiento actual, a los recortes que el Gobierno de la Nació se vio obligado a adoptar el pasado 31 de diciembre. La clase política nos sube los impuestos porque ha despilfarrado, así de sencillo. Sin estos despilfarros no sería necesario ni subir los impuestos, ni congelar salarios a los funcionarios, ni recortar en educación, sanidad, defensa, … Y, hablando de recortes, llama la atención que haya dirigentes políticos que prefieran recortar en la sanidad de sus ciudadanos antes que suprimir seudo embajadas en el extranjero o antes de eliminar canales de TV ruinosos. Pero eso es harina de otro costal que habrá que analizar en otra ocasión.

 

Santiago de Munck Loyola

 

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