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Joaquín García Cruz

Menuda política

¿Vuelve el Defensor del Pueblo?

Aún no se ha ido del todo, no lo hará hasta que la Asamblea Regional certifique su defunción durante el debate de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, y la institución del Defensor del Pueblo ya tiene quien le echa de menos. Los tres grupos parlamentarios han salido inmediatamente a su rescate. PP, PSOE e IU han hablado en los pasillos del Parlamento, y se han puesto de acuerdo en que, si bien es verdad que con la que está cayendo no se puede mantener en pie al Defensor, por la imposibilidad de pagar lo que cuesta (300.000 euros tenía consignados para 2013, casi seis veces menos de lo que empezó costando), tampoco estaría bien echarle un candado al buzón en el que los ciudadanos depositan sus reclamaciones ante  atropellos, torpezas y negligencias de la Administración.
Los tres portavoces en la Asamblea, Juan Carlos Ruiz (PP), Begoña García Retegui (PSOE) y José Antonio Pujante (Grupo Mixto) analizaron el martes qué hacer para conseguir que se reabra la ventanilla de quejas que el Gobierno de Valcárcel había clausurado apenas unos días antes, cuando en su sesión ordinaria de la semana pasada suprimió el Defensor del Pueblo y levantó acta pública de su decisión. Trasladar al Ejecutivo el parecer unánime de los tres grupos era un encargo delicado, que requería de sigilo y mano izquierda, con el fin de que no pareciera que los diputados del PP pretendían enmendarle la plana a ‘su’ propio Gobierno, jaleados por la oposición. Porque a nadie escapa que, aunque tenía su razón de ser en la penuria presupuestaria imperante, quitarse de en medio al Defensor del Pueblo era también, como todas las que adopta cualquier gobierno, una decisión política.
A Juan Carlos Ruiz le tocó el papel de cartero, y ayer mismo llevó a cabo el mandato de los grupos con la discreción que le caracteriza. Habló con el consejero de Economía y Hacienda, y expresó a Juan Bernal el sentir unánime de los tres grupos representados en la Asamblea. Resultado: inicialmente, ninguno. El Defensor pasará a mejor vida –al menos, transitoriamente–, según estaba previsto. Por consiguiente, cuando la Cámara autonómica debata la Ley de Acompañamiento, el PP no rechistará, aunque muy probablemente PSOE y Grupo Mixto (Izquierda Unida) clamarán contra su desaparición. Sin embargo, todos se pondrán después manos a la obra en un intento, no de reinstaurar la institución, pero sí de reabrir el buzón de las quejas. Dinero para tal menester no hay, desde luego. Ni un euro, como Juan Bernal advirtió ayer a Juan Carlos Ruiz. Estudiarán fórmulas para establecer algún canal de quejas, ya se verá cuáles. De momento se han barajado algunas como mantener activa la web del fenecido Defensor del Pueblo, tramitar las reclamaciones desde la Asamblea Regional hasta el ‘ombusdman’ nacional, reforzar las oficinas de atención al ciudadano disponibles en las consejerías, y otras.
El Gobierno (al menos, su consejero de Economía) participa de esta iniciativa de los grupos parlamentarios, siempre que no se interprete como una maniobra de marcha atrás, y está de acuerdo en que alguna rendija deberá abrirse para encauzar el desahogo y la indignación de tanta gente que se siente injustamente tratada por sus  gobernantes.
¿Qué pasará entonces con José Pablo Ruiz Abellán? En los cuatro años que ha encarnado al Defensor del Pueblo, ha sabido granjearse, pese a su indisimulado talante conservador, la simpatía de la izquierda. El mismo día que el Consejo de Gobierno proclamaba el cierre de la institución, el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, apuntaba a «otros motivos» –que no precisó– más allá de la razón económica. Los socialistas piensan que Ruiz Abellán ha ejercido dignamente su papel, que no se ha plegado a las presiones del PP y tampoco se ha achantado en la formulación de amonestaciones al Ejecutivo de Valcárcel. Lo respetan, en definitiva. Además, Ruiz Abellán está dispuesto a ejercer el cargo sin cobrar, y el PSOE se presta por su parte  a prescindir sin contrapartidas de Raimundo Benzal (el Adjunto al Defensor, de adscripción socialista), en una conjunción de buenas intenciones encaminadas a reimplantar la figura del Defensor, cuya supresión el PSOE interpreta en clave de mordaza con la que silenciar las críticas al Gobierno ante una época que viene cargada de mucha tensión social.
Para los socialistas, antes que al Defensor del Pueblo habría que borrar del mapa el Instituto de Crédito y Finanzas, el Instituto de la Vivienda, el Instituto del Agua, el Instituto Mediterráneo de Hidrotecnia, la Agencia Regional de la Energía y otros satélites de la Administración autonómica que a fecha de hoy no han sucumbido aún al tijeretazo nuestro de cada día. Los populares, naturalmente, no llegan tan lejos. Ni mucho menos. Pero sí coinciden con la oposición en que deberán reinventarse entre todos  algún ente que se asemeje al Defensor, no sea que involuntariamente contribuyan a dar pábulo a la teoría de la mordaza.

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