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Una terna para la Cámara

Miguel López (Grúas París), Patricio Valverde (Estrella de Levante) y Javier Yelo (Huertas) componen la triple apuesta de Albarracín para la Cámara de Comercio. Y a Cobacho le han ofrecido suceder a Luján en el Consejo Económico y Social.

Y a hay una terna de la que saldrá, con toda probabilidad, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Murcia y, por ende, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de la Región. Miguel López Abad (Grúas París), Patricio Valverde (Estrella de Levante) y Javier Yelo Huertas (Grupo Huertas Automoción) son –por este orden– los tres candidatos de José María Albarracín, el presidente de la patronal Croem, para suceder al frente del órgano cameral a Pedro García Balibrea. La Croem aporta 12 de los 46 vocales del Pleno de la Cámara, por lo que corresponde a la confederación empresarial tomar la iniciativa y patrocinar a los candidatos de su preferencia, con los que Albarracín está hablando y cerrando flecos este mismo fin de semana. A la vista de la composición del plenario de la Cámara, donde todo parece una balsa de aceite, un integrante de la terna en cuestión será refrendado como presidente de las cámaras –si nada se tuerce antes– el próximo 10 de abril, cuando se constituya el nuevo y muy renovado Pleno de la corporación. Aun en el caso de que ningún otro aspirante ajeno a este trío se presentara a la elección, la ley estipula que el presidente del órgano cameral deberá someterse a la votación en las urnas por parte del plenario, y también que el dirigente electo elegirá ese mismo día, casi sobre la marcha, a los integrantes del Comité Ejecutivo.

Albarracín quiere más mujeres

Caras nuevas en la patronal

Los cambios en la Cámara de Comercio no serán los únicos en el tejido socioeconómico. También están a punto de producirse en la Croem, donde Albarracín recabó y obtuvo la semana pasada la unanimidad de su Junta Directiva para presentarse a su segundo mandato en la cúpula, que será el último posible, debido a una reforma de los estatutos que él mismo impulsó. De hecho, prevé no finiquitarlo. A la asamblea electoral que lo aclamará, a finales de abril o en la primera semana de mayo, el industrial del pimentón llevará una lista de 25 miembros para el Comité Ejecutivo, en la que habrá más mujeres y más juventud que ahora. Estarán en ella Manoli Marín (Mujeres Empresarias), Ana Belén Martínez (Mercadona), Carlos Recio (tesorero), Miriam Fuertes (hija de Tomás Fuertes), José María Tortosa (Empresa Familiar) y Vicente Valcárcel (El Corte Inglés), amén de los tres vicepresidentes natos, que son los responsables de la patronal en Cartagena y Lorca y el de la federación que más aporta económicamente a la caja común (la del Metal).

El barco de los empresarios navega empopado, tras sobreponerse a un temporal que lo dejó astillado pero no lo hundió. Con la economía regional creciendo por encima del 3%, los viejos conflictos entre asociaciones y federaciones ya olvidados, enjugada la deuda financiera de dos millones que Albarracín se encontró al llegar, y el liderazgo de su timonel fuera de toda duda, la patronal prepara los fastos de su 40 aniversario. La Moncloa ha confirmado la presencia de Mariano Rajoy en la asamblea electoral, y la CEOE, la gran patronal española, estudia elevar al ámbito nacional la celebración del Día del Empresario, ‘made in Murcia’, que este año empezará a conmemorarse cada 2 de octubre en la Región. Será laborable.

El exrector tiene una oferta

Cobacho medita sobre la presidencia del Consejo Económico y Social

Es muy probable que el exrector y catedrático de Derecho José Antonio Cobacho ocupe la presidencia del Consejo Económico y Social (CES), que José Luján dejó vacante para ganar las elecciones al rectorado de la UMU. Mañana se confirmará. O no. El CES tiene la buena costumbre de adoptar sus decisiones por unanimidad, como hace siempre con la aprobación de los dictámenes, pero –a fecha de hoy– Cobacho es la persona de consenso. Se lo está pensando, porque le cuesta abandonar el Consejo Jurídico y por lógica debería hacerlo. Será este lunes cuando acepte o decline su nominación, que goza del visto bueno del propio Luján, de los empresarios y, se supone, también de los sindicatos (un tercio de los votos) y del Gobierno regional, al que corresponde formalizar la propuesta. Bastaría con el visto bueno de dos tercios de los 21 vocales del Consejo, pero Cobacho, que está por el ‘sí’, no aceptará si echara números y detectara resistencias.

Un mal precedente en el Puerto

López Miras se toma con calma la remodelación del Gobierno

Parece que el jefe del Gobierno regional mantendrá en ascuas a sus nueve consejeros hasta después de las Fiestas de Primavera. No es habitual que un presidente anuncie una crisis de gobierno (y Miras ha confirmado que la hará) pero la posponga varias semanas. Eso mata de los nervios a cualquiera, y puede desmotivar a quienes están en el Ejecutivo y se sienten en el disparadero, ya sea con razón o arrastrados por la rumorología. López Miras, sin embargo, ha comunicado en su entorno que será tras las vacaciones cuando quite y ponga. Pero Miras empieza a resultar imprevisible, así que apenas se filtra nada al respecto. En el reciente congreso del PP, demostró el disimulo que imprime a sus decisiones, ocultando hasta ultimísima hora la composición del Comité Ejecutivo del partido, incluso a los propios interesados. Con este precedente, anticipar en qué términos remodelará el Gobierno regional resulta un ejercicio de pura elucubración. Hay solo señales, y no son seguras. Por ejemplo, que mantendrá a Juan Hernández, el consejero de Empleo, Universidades y Empresa, del que se sabe –eso sí se sabe– que empresarios con mando en plaza han pedido al presidente que siga dentro, al igual que le han sugerido que agrupe en una sola cartera Empresa, Empleo y Medio Ambiente (competencias ahora desperdigadas), que Educación absorba Universidades y que Fomento se despegue de Presidencia. Nadie sabe por dónde tirará el presidente, y menos aún a quiénes destronará. Quizá esto último –los nombres del baile– importe menos. Nos fijaremos más en ver si aplica un criterio de meritocracia y elige para su gobierno a los mejores danzantes del salón o, por el contrario, ajusta cuentas de partido y coloca a correligionarios sin el perfil idóneo solo para recompensarlos o bien para desagraviarlos, como ha hecho con el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, en un gesto –quizá la primera pifia de su mandato– que no se compadece con ‘el nuevo PP’ que quiere liderar. Es posible, por qué no, que Joaquín Segado se convierta en el mejor presidente en la historia del Puerto de Cartagena (el cuarto de España por volumen de mercancías), pero en su currículo no consta otra ocupación que la política ni más merecimiento que el de ser el presidente local del partido.

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López Miras se la juega

Todo está atado y bien atado en el PP, pero el presidente se enfrenta desde hoy al reto de hacer de ‘su’ congreso un proceso purificador o reducirlo a un remedio democrático

Con Franco también se votaba. De las tripas del Régimen salían de vez en cuando hornadas de concejales y procuradores a Cortes en representación del sindicato vertical y de los cabeza de familia y las mujeres casadas (las solteras no contaban), para prestar a la Dictadura la apariencia de un parlamentarismo homologable. Aunque eran una farsa, muchos españoles de buena fe creían en la bondad de aquellas elecciones, cuyos resultados no dejaban un resquicio a la sorpresa porque todo estaba tan atado y bien atado como en el congreso regional del PP que hoy se dispone a legitimar, en presencia de Mariano Rajoy y posiblemente por aclamación, el liderazgo, la presidencia del partido y la candidatura autonómica de Fernando López Miras.

Los populares tienen en su mano hacer del congreso un acontecimiento histórico para el PP, conforme al mantra que sus dirigentes repiten machaconamente desde que Miras lo convocó por sorpresa y aventuró que sería «una fiesta democrática». Pero corren a la vez el riesgo de reducirlo a un paripé que atufe. De momento, los prolegómenos no podrían resultar más desalentadores. La primera vuelta, que dejó en la estacada a un militante iluso de Torre Pacheco, Antonio Garre, y convirtió oficialmente a Miras en candidato único, ha puesto frente al espejo a un partido incapaz de movilizar a sus afiliados, que no han mostrado el menor entusiasmo por participar de una decisión tan importante como la de elegir a su jefe. De los 37.445 supuestos militantes, se registraron para poder votar en la primera vuelta 1.430, de los que únicamente 1.174 votaron al final; 1.067 de ellos apoyaron a Miras y 92 a Antonio Garre, según un escrutinio oficial que, para colmo, ni siquiera cuadra en los sumandos porque olvida los votos nulos y en blanco. La dirección del partido intenta justificar tamaña desidia en el hecho cierto de que los afiliados del PP no están acostumbrados a votar y muy pocos se encontraban al corriente de las cuotas, explicaciones que dicen poco y mal de una organización que lleva más de veinte años engrasada. Además, el partido ha ocultado deliberadamente, pese a la insistencia de los medios de comunicación, los resultados de las votaciones en cada uno de los municipios, lo cual resulta de una opacidad más propia de una república bananera que de una formación política moderna. Se ha podido averiguar, pero a la rebatiña, que López Miras barrió a su adversario en Murcia, Cartagena y Lorca, y que perdió en Torre Pacheco, y también que en seis de los 45 municipios no se llegó a votar porque no había ningún afiliado al corriente en el pago de las cuotas. ¡Ninguno! Al parecer, ni siquiera los presidentes locales del partido, sus alcaldes y los concejales cumplían con la obligación de abonar la cuota, y tampoco aprovecharon el plazo extraordinario del que disponían para ponerse al día en los recibos. Y no hablamos de aldeas aisladas en el quinto pino, sino de municipios populosos como Mula, Librilla, Ceutí, Albudeite, Villanueva y Lorquí, que reúnen alrededor de 1.500 afiliados y que no estarán representados hoy en el congreso con los 26 compromisarios que se les había reservado. Cuesta imaginar, a la vista del desinterés manifiesto de las bases, que los 36.000 afiliados que no se molestaron en inscribirse para ratificar o bien rechazar a su líder, vayan a construir con sus aportaciones «el nuevo PP» al que con tanta ilusión fueron llamados por López Miras al grito de «un afiliado, un voto».

Aunque resulte doloroso admitirlo, el cónclave de hoy será finalmente, en lo esencial, un calco de los dieciséis anteriores, a los que los delegados llegaban siempre con el pescado vendido y la única misión de acatar sin rechistar y vitorear al que mandaba.

Pero ese no es el PP que López Miras quiere. Cuando lanzó la convocatoria del congreso extraordinario, del que solo estaban enterados Mariano Rajoy y José Ballesta (a quien confió su organización), él no solo intentaba sacudirse el sambenito de que era un presidente enchufado al pinganillo de su antecesor, un antojo de Pedro Antonio Sánchez, un interino en el cargo, un hombre de paja, un dirigente sin legitimación democrática. Aspiraba a mucho más. Me consta su propósito sincero de darle la vuelta a la organización, modernizarla, sacarla del ensimismamiento institucional antes de que sus vicios terminen por corroerla, desactivar a la vieja guardia del museo, transmitir a su gente que las primarias no tienen por qué ser un atributo exclusivo de los adversarios ni un capricho de la nueva política, sino una exigencia social inesquivable; y quería también combatir el miedo a una derrota electoral del que ya se han contagiado amplios sectores del PP. López Miras, de cuya fortaleza política dudan muchos aún, dentro y fuera del partido, se proponía hacer tabla rasa, porque, si bien el proceso precongresual se ha visto plagado de despropósitos, contaminado por la injustificable ocultación de los recuentos de los votos, ninguneado por la apatía de los propios afiliados y (debido a todo lo anterior) despojado de antemano de la credibilidad necesaria, lo cierto es que esta de hoy en Murcia será la primera vez que el PP saque las urnas en España. Y lo hará ante los ojos de Mariano Rajoy, que puede optar entre soltar una parrafada pensada para lucirse en el telediario de las tres o, antes al contrario, tomar nota de la iniciativa de López Miras, ponerla en valor y extenderla al resto del territorio nacional como un plato más del menú que está obligado a cocinar si no quiere ser engullido por Ciudadanos en 2019, que es lo que todas las encuestas vaticinan. La grandilocuencia de los términos que López Miras viene usando en sus declaraciones previas (‘regeneración moral’, ‘futuro’, ‘principios y convicciones’…) solo se explica desde su íntimo convencimiento de que está en su mano pasar a la historia, al igual que solo por una férrea determinación de romper con el pasado se pueden entender los rimbombantes enunciados de las seis ponencias que los compromisarios despacharán esta mañana en un santiamén y sin tomar conciencia de sus contenidos (‘proyecto Región 20-30’, ‘millenials’, ‘libertad e igualdad’…). Menos aún se comprendería, de no ser por el afán reformista de López Miras, su propuesta de imponer un Código Ético a los afiliados y los altos cargos de un partido que tantas veces ha asistido connivente, cuando no complaciente, al pisoteo del Código Penal por parte de algunos de sus compañeros.

López Miras se enfrenta desde hoy al reto de sacar al PP regional del sofá en el que sestea, y al desafío de seducir a sus afiliados -con hechos, mejor que con palabras- para que lo acompañen en su viaje regeneracionista, de tal suerte que el congreso que está a punto de convalidar su liderazgo sea, de verdad, el principio de un proceso purificador y no un decepcionante remedo democrático. Ellos verán.

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El rector se va, y todos felices

José Orihuela (que votará a Pedro Lozano) se toma un año sabático para regresar a sus fundamentos matemáticos. La UMU sigue en pie, más o menos como estaba. No ha saltado por los aires, contra lo que algunos temían

El ‘peligroso’, ‘atrabiliario’ y ‘podemita’ José Orihuela, ganador de las elecciones de 2014 al rectorado de la UMU, por sorpresa y por solo 32 centésimas de ventaja sobre Juan María Vázquez (que era el favorito y el candidato anhelado por el sistema), concluye su mandato dejando la UMU como estaba, más o menos. No la ha dinamitado desde dentro, contra lo que muchos se temían a la vista de sus discursos incendiarios, ni ha revolucionado finalmente los campus, en parte porque está por nacer el rector (y van ya once, sin contar a los dos comisarios regios) que sea capaz de sacar de sus casillas a una institución anquilosada y endogámica poco dada a las aventuras, y en parte también porque José Orihuela se ha percatado, cuatro años después, de que el universo donde él mejor se mueve está en la pizarra y las tizas de colores, lejos de las ceremonias académicas y de la templanza diplomática necesaria para gobernar la Universidad. A Orihuela le espera un año sabático, en el que dejará la impartición de clases y se pasará el tiempo yendo y viniendo a la Politécnica de Valencia al reencuentro de la topología geométrica de espacios infinitos, el Espacio de Hilbert, los análisis computacionales y otros fundamentos matemáticos que le hacen feliz y cuya comprensión no está al alcance de los mortales. Antes, a mediados de abril, entregará los atributos del rectorado a José Luján o a Pedro Lozano, los dos sobrevivientes de la primera vuelta. Orihuela no votó por ninguno de ellos. Hasta la máquina del café se habría enterado de sus preferencias si hubiera depositado el nombre de cualquiera de los cinco aspirantes iniciales en la mesa de solo un puñado de electores donde le tocaba votar, así que participó únicamente en el proceso de renovación del Claustro. Pero el día 15 votará por Lozano (aunque cree que éste tiene las de perder frente a Luján), porque el decano de Química lleva en la candidatura al gerente de su equipo rectoral. (¡Ay, su equipo, cuántas desafecciones ha sufrido en tan poco tiempo, bien fuera por el autoritarismo de Orihuela, como cuentan quienes lo abandonaron, bien a causa de gestiones deslucidas, según la versión apócrifa del rector!). Luján, además, se proclama delfín y admirador de José Antonio Cobacho, el cordial discrepante (dejémoslo así) de Orihuela desde que éste le sucedió en La Convalecencia. El rector cree que ganará Luján, vistos los resultados del primer envite, pero él votará a Lozano. No siempre apostó a caballo ganador. Hijo de un concejal de la etapa franquista, Orihuela (59 años) se crió en una familia de derechas, fue alumno de los maristas y se dejó seducir en las urnas por la Alianza Popular de Manuel Fraga y después por la UCD de Adolfo Suárez, hasta terminar votando al PSOE. Y ahí sigue.
A su llegada al rectorado, sin embargo, se encendieron tantas alarmas en Murcia –porque se le creía un insurrecto– que fue llamado enseguida a capítulo para tantear sus intenciones. El mismo mes en que dio el campanazo con su victoria frente a Juan María Vázquez (abril de 2014), llegó también a la presidencia de la Comunidad Autónoma Alberto Garre, aún en el PP, que citó a Orihuela en un bar de la plaza Belluga, a la hora de la siesta, para conocerse. Actuaron de emisarios el exrector José Antonio Lozano y Adolfo Fernández, pero aquella primera reunión resultó fallida por la incomparecencia de Garre. Después se llevaron bien. Garre desbloqueó desde la presidencia el plan de financiación de la UMU que permanecía atascado en la Consejería de Educación, de la que era titular Pedro Antonio Sánchez (PAS). Meses más tarde, durante la solemne celebración de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, Orihuela agradeció públicamente la intervención personal de Garre, y lo alabó en su discurso, por lo demás hipercrítico hacia el poder, en su línea habitual. Al término de la ceremonia, PAS se acercó al rector y le dijo, también en su línea: «Que sepas que soy persona que ni olvida ni perdona».
José Orihuela, a quien se recordará por el ruido extramuros, está satisfecho de su gestión de cuatro años, que acaba de plasmar en un voluminoso resumen colgado ya de la web de la UMU. Regresa a sus abstracciones matemáticas, a la pizarra y las tizas de colores, y se va feliz –dice–, especialmente después de que haya salido indemne de una denuncia que tenía un origen genuinamente laboral pero se llevó al terreno penal porque allí era donde más daño se le podía causar. Se va feliz él, y se quedan felices y más tranquilos quienes temían que el inobservante Orihuela pudiera haber volado una institución que está fuertemente cimentada y parece a salvo de extravagancias.

Víspera de la primera huelga feminista
Reunión de mujeres sin carné en el PP

Miércoles pasado, más o menos 24 horas antes de que decenas de miles de mujeres participaran en una de las manifestaciones más exitosas que se recuerdan en Murcia, como colofón a la primera huelga feminista de España. Sede del PP. La consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, reúne a una veintena de mujeres para pedirles consejo y críticas (que también las hubo). La mayoría de ellas no están afiliadas al partido, y muchas jamás habían pisado la sede de González Adalid. Allí estuvieron, además de la propia consejera, la médico y exconsejera de Sanidad Encarna Guillén, y las directoras generales del Gobierno regional Alicia Barquero y Miriam Pérez Albaladejo, Carmen Gil, presidenta de Famdif (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica); la periodista Isabel Franco; Fuensanta Martínez, directora de Comunicación del Colegio Oficial de Farmacéuticos; Silvia Serrano, presidenta de Fremud (Federación Regional de Asociaciones de Diabéticos); dos directivas de la asociación de consumidores Thader;Natalia Cano (Asociación Murciana de Compliance); Yolanda Paredes, presidenta de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos); la farmacéutica Conchita Chamorro; Judith Sarabia, diseñadora y empresaria de estética; la restauradora Mary Orenes; Manoli Marín, presidenta de OMEP (mujeres empresarias) y la abogada Ana Fructuoso, entre otras.
El PP no hizo, que se sepa, comunicado ni declaraciones acerca de esta reunión.

El ditirambo de Rajoy
La hipérbole nunca vista en política

De Rajoy es ya, con todo merecimiento, el ditirambo más exagerado, y vacuo a la vez, que jamás se haya visto en la política española. Lo hizo el pasado día 5 en Badajoz, al referirse a la necesidad de alcanzar con el PSOEun acuerdo sobre financiación autonómica: «Yo puedo asegurarles que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible».  ¿Alguien da más?

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Políticos y políticas

Después de siete días de paro en la construcción, los ladrillos volaban por la Gran Vía de Murcia y las ‘lecheras’ de la Policía Nacional ululaban por las calles adyacentes a la caza de huelguistas y manifestantes, en aquel marzo convulso de 1977. Los derechos de huelga y asociación sindical aún no estaban reconocidos en España, de modo que hubo despidos, arrestos y algún herido. Por increíble que hoy parezca, los miles de obreros que exigían mejores condiciones laborales y desafiaban en la calle al orden establecido tenían delante a una lideresa: la ugetista Mari Carmen Lorente. Su figura nunca fue reconocida suficientemente en el sindicalismo ni en el PSOE, partido al que se afilió también y del que fue concejal en Murcia durante la primera corporación democrática (elecciones de 1979), con José María Aroca de alcalde. Mari Carmen Lorente llevó lejos su lucha personal por la igualdad en los años ochenta, al punto de acabar con la sacrosanta tradición de que las mujeres no pudieran tripular carrozas en el Entierro de la Sardina. Ella lo hizo. Se plantó en la cabeza del desfile y exigió subirse a la carroza que cada año sacaban los concejales. Recuerdo vivamente, porque yo estaba allí, las palabras con que retó a los directivos de la Agrupación Sardinera: «No me dejáis porque soy mujer. ¡Pues también soy concejal, pijo, y esta es la carroza de los concejales!». El Entierro salió tarde, pero salió, y con una mujer por primera vez en lo alto de la carriola repartiendo juguetes a manos llenas: la única mujer protagonista en un festejo reservado históricamente a los hombres. Mari Carmen Lorente no fue la única que desbrozó caminos en la política regional. La doctora y también concejal de Murcia Elvira Ramos abanderó en 1976 el Movimiento Democrático de Mujeres desde su puesto en el Comité Central del PCE, cuando de sexismo no se hablaba en las tribunas ni en los bares pero algunas ya militaban en el feminismo. Marxista hasta el tuétano, Elvira Ramos culpaba de la marginación femenina a «los intereses del capital», y no tanto a la resistencia de una sociedad masculinizante que, ya en 1982, se permitió frivolizar con el atractivo físico de la diputada socialista por Murcia Carmela García Moreno llamándola ‘Miss Congreso’ en las revistas del corazón y en los corrillos de las instituciones, algo afortunadamente impensable hoy. A su manera, la derecha también alumbró pioneras en la vida pública regional, como Josefina Alcayna, delegada de Educación con UCD en la España todavía rancia de 1980, y a quien tocó presidir, rodeada siempre de hombres, la mesa de contratación que adjudicó la construcción de numerosos colegios públicos. O Lourdes Núñez Salinas, concejal en Murcia con Alianza Popular (AP), situada por Juan Ramón Calero en la secretaría general, esto es, como número dos de una formación inequívocamente conservadora. Calero, por cierto, fue quien metió literalmente en la política a Luisa Fernanda Rudi, después alcaldesa de Zaragoza, presidenta de Aragón y presidenta del Congreso.

Queda mucho por recorrer para alcanzar la equiparación de la mujer en el pináculo de las instituciones, pero en Murcia se abrió un buen tramo del camino con la elección de la primera presidenta autonómica de España, la socialista María Antonia Martínez, quien durante su breve mandato en el palacio de San Esteban (1993-95) coincidió con otra mujer en la Delegación del Gobierno, Concepción Sáenz. Ninguna otra región estuvo dirigida entonces por dos mujeres a la vez. Son buenas credenciales para una comunidad pequeña de la que salió la primera mujer en la historia de la Real Academia Española (Carmen Conde, 1979) y que mucho antes, durante la Segunda República, había dejado también en manos de mujeres alcaldías importantes como la de Beniel (Carmen Segura Chaserot, 1933).

¿Y actualmente? Rosa Peñalver preside la Asamblea Regional, lo que la convierte en la segunda autoridad de la plaza. Ella, sin embargo, es la excepción, como lamentó el miércoles durante su emotiva intervención en el congreso MU y MU. Hay otras mujeres en los organigramas de la vida pública, quizá más que nunca, pero no reúnen más poder porque no ejercen desde la cima, si bien las quince alcaldesas que hoy se asoman a las páginas de ‘La Verdad’ constituyen otros tantos islotes, respetadísimos y meritorios, en el archipiélago de la política murciana. Serán dieciséis pronto, cuando Diego Conesa ceda la vara de mando de Alhama a su concejal de Educación, Mariola Guevara, para dedicarse por completo a la secretaría general del PSOE. Dieciséis de cuarenta y cinco es una proporción esperanzadora, aunque lejos aún del horizonte deseable. Pedro Antonio Sánchez (PAS) apuntó más alto que nadie en la batalla por dar visibilidad a las féminas, y lo hizo desde un partido, el PP, que no cree en las listas cremallera (chico-chica-chico-chica) ni se impone la paridad en sus candidaturas y órganos directivos. PAS formó en julio de 2015 el Ejecutivo autónomo con más mujeres de España: seis de nueve consejerías fueron para ellas. Tres años después, en Murcia gobierna el presidente autonómico más joven del país, Fernando López Miras, pero lo hace con la mitad de mujeres -solo tres- de las que se sentaban en el gabinete de su antecesor.

En cuanto a la estructura de los partidos, la derecha no termina de asumir para sus cargos representativos la paridad de género, que para la izquierda constituye, sin embargo, un imperativo categórico. Al Comité Ejecutivo Regional del PP pertenecen 16 mujeres y 36 hombres, en tanto que el Comité Autonómico de Ciudadanos incluye a 5 mujeres y 13 hombres. Al otro lado de la raya, el PSOE está dirigido desde su Comisión Ejecutiva Regional por 17 mujeres y 18 hombres, y Podemos se gobierna con un Consejo Ciudadano Autónomico de 20 mujeres y 19 hombres.

Es de suponer que este relato meramente numérico quedará obsoleto pasado un tiempo, cuando ya no resulte necesario reivindicar (porque sea una realidad) la equiparación de hombres y mujeres en la política. Entonces se verá que la igualdad se habrá conseguido no porque digamos ‘miembros y miembras’ y ‘portavoces y portavozas’, y tampoco por una buena colección de eslóganes, sino por el coraje personal y el empuje colectivo de quienes, como Mari Carmen Lorente y tantas otras luchadoras, abrieron caminos que parecían inextricables en aquella Murcia pacata de la transición.

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Quién teme a las encuestas

La Asamblea analiza si paga los sondeos de opinión pública que el Gobierno regional dejó de financiar cuando sus resultados no le gustaron. Desde entonces, estamos a ciegas en asuntos de gran interés social

El primer estudio sobre intención de voto del que se tiene conocimiento fue un fiasco. Lo realizó en 1824 un pequeño periódico local entre los 3.000 habitantes de Harrisburg, la capital de Pensilvania, y predijo erróneamente que Andrew Jackson derrotaría a John Quincy Adams en la lucha por la presidencia de Estados Unidos. Más recientemente, los muestreos demoscópicos fallaron también de forma estrepitosa en Reino Unido (a propósito del ‘Brexit’), en Colombia, que rechazó contra todo pronóstico un tratado de paz con la guerrilla de las FARC, y en Estados Unidos, donde las encuestas atinaron al vaticinar que Hillary Clinton sumaría más votos en términos absolutos que Donald Trump pero no tuvieron en cuenta que la preponderancia de la figura del compromisario en aquel sistema electoral terminaría abriéndole la Casa Blanca al magnate. Los desaciertos en España quedaron al descubierto durante las segundas elecciones legislativas de 2016, en las que Rajoy obtuvo 137 diputados, frente a la horquilla de 116 a 121 que fijaban los sondeos, y Ciudadanos sacó 32 escaños, lejos de los 40 que le asignaban las proyecciones.

En Murcia, la última encuesta sobre estimación de voto fue encargada y pagada por ‘La Verdad’ al Cemop (Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública) en 2015. Salió publicada el 18 de mayo, una semana antes de la cita con las urnas, y auguraba que el PP, encabezado por Pedro Antonio Sánchez, perdería la mayoría absoluta. El estudio erró en la atribución de escaños a los populares, que obtuvieron 22 frente a los 18-20 que se les suponía, y en el cálculo de los que obtendría Ciudadanos (9-11, frente a los 4 que cosechó finalmente). Pero el Cemop acertó en lo sustancial:el PP perdió la mayoría absoluta, que es de 23 diputados, y desde entonces gobierna la Región a trancas y barrancas, apoyado en la muleta de Ciudadanos y ninguneado a menudo por la oposición. El cabreo de una parte de la dirección del PP con el Cemop fue tan mayúsculo que desde lo más alto del partido se acusó a los dos profesores de la Universidad que lo codirigen (Ismael Crespo, catedrático de Ciencia Política, y Juan José García Escribano, profesor de Sociología) de haber ‘cocinado’ torticeramente la encuesta para desmovilizar a su electorado en favor de Ciudadanos, algo que la realidad desmiente por sí sola: la formación de Albert Rivera logró solo 4 de los 45 parlamentarios en liza, por lo que cuesta creer que se viera beneficiada en sus magros resultados por el sondeo del Cemop. Pero el malestar en las alturas del PP, y en algún despacho noble de San Esteban, no quedó en semejante tontería, sino que llegó al extremo de cortarle la financiación al Cemop –que no puedehacer su trabajo sin ayudas públicas–, pese a formar parte del equipo, entonces y ahora, Maribel Sánchez-Mora, a quien el propio Pedro Antonio Sánchez fichó como consejera de Educación y Universidades un mes después de la encuesta. Desde entonces, hace ya tres años, estamos a ciegas en Murcia, y no solo en lo relativo a la intención de voto. Aquel sondeo revelaba también la gran inquietud que la corrupción suscitaba en el electorado y la pobre percepción que se tenía del Gobierno regional, cuya gestión era tildada como ‘mala o muy mala’ por el 41,9% de las personas preguntadas.

Y así, a ciegas, llegaremos a los triples comicios (municipales, autonómicos y europeos) de 2019, si la Asamblea Regional no lo evita antes. Los cuatro grupos parlamentarios analizarán en una próxima reunión de la Junta de Portavoces la petición que Ismael Crespo y García Escribano remitieron días atrás a la presidenta de la Cámara para que esta se encargue de financiar todos los años dos barómetros semestrales de opinión pública, a razón de 15.000 euros, y otros dos estudios más completos, antes y después de cada convocatoria electoral, que elevarían el coste total a 50.000 euros. Al cabo de varios meses jugando a la pelota por las reticencias de los populares, consta por fin la buena disposición de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, pendiente de que la plasmen en un acuerdo parlamentario adoptado por unanimidad, que es la condición impuesta por la presidencia de la Asamblea para embarcarse en el gasto. El Cemop plantea en su propuesta explorar la intención de voto en vísperas electorales, pero también evaluar cada seis meses la situación económica y la política, con una mirada retrospectiva y otra prospectiva a un año vista; preguntar por los problemas que aquejan a los murcianos; conocer y valorar a los líderes políticos; puntuar la gestión del Gobierno regional pero también la de la oposición, y escudriñar la confianza ciudadana en determinadas instituciones.

Las encuestas han sido incorporadas a la vida pública por las comunidades de Aragón, Baleares, Andalucía, Valencia, Canarias, Castilla y León, Navarra, Galicia y País Vasco, conscientes sus dirigentes de que aportan calidad democrática. También ponen de los nervios a los partidos, que suelen moverse a golpe de sondeos, como se aprecia estos días en la política nacional. Ciudadanos navega con viento de cola, y lo sabe por su triunfo en Cataluña pero también porque lo señalan todas las encuestas, tanto las que confeccionan empresas privadas como las que publica el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Sucede, sin embargo, que ni las unas ni las otras ofrecen información particularizada sobre el estado de ánimo en las distintas regiones, y cuando, de uvas a peras, los investigadores del CIS aterrizan en una autonomía como Murcia para rastrear la intención devoto, preguntan a 400 personas (600, a lo sumo), que son la mitad de las sondeadas por el Cemop en sus barómetros.

Las encuestas permiten a gobiernos y fuerzas opositoras orientar sus políticas, y a veces incluso reconducirlas. Basta recordar el esfuerzo del PP regional por adaptarse a una nueva realidad social con la celebración en marzo de las primeras elecciones primarias que el partido de Rajoy ensayará en España, en forma de un congreso extraordinario que tendrá por objeto reafirmar el liderazgo de Fernando López Miras, a quien su mentor Pedro Antonio Sánchez designó en su momento sin que a los 37.000 afiliados se les diera la oportunidad de legitimarlo. Pero estudios barométricos como los que el Cemop propone encierran otra virtualidad aún más importante para el común de los ciudadanos, porque no se limitan a aventurar cómo las distintas candidaturas se repartirán el voto, sino que reflejan también el sentir de la población respecto de asuntos polémicos que están en boca de todos. Nos permitirían, por ejemplo, saber si la Plataforma pro Soterramiento goza de un apoyo mayoritario en su reivindicación de que el AVEno llegue a Murcia hasta completarse el enterramiento de las vías, cómo delimitar en el Mar Menor el interés de los agricultores y la necesaria protección medioambiental de la laguna, hasta dónde nos parece que organizaciones como Podemos y Ciudadanos han satisfecho las expectativas que alimentaron en 2015, o si las primarias del PP responden a un intento sincero de profundización democrática o más bien a una operación cosmética.

Carecemos de respuestas para estas y otras preguntas, por lo que, mientras no haya encuestas confiables que nos ayuden, seguiremos corriendo el riesgo de que los mensajes interesados de los partidos terminen por engatusarnos o el ruido de las redes sociales nos ensordezca del todo.

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En los ojos de Urralburu

La radicalidad de su discurso le ocasiona miradas torvas y antipatías del lado más conservador, pero lo que peor lleva el secretario general de Podemos es que lo ataquen porque no es murciano

Que una y otra vez le recuerden que no nació en Murcia es lo que peor lleva Óscar Urralburu desde que se alzó con la secretaría general de Podemos, en febrero de 2015. De todos los improperios que el presidente de las cooperativas agrarias, Santiago Martínez, le soltó en la Asamblea Regional el pasado día 1, minutos antes de que la oposición aprobara en bloque las exigentes enmiendas a la ley de medidas urgentes para el Mar Menor, a Urralburu se le clavó, más honda que ninguna otra, la exclamación «¡ni siquiera eres murciano!», que Santiago Martínez repitió después en un corrillo con el presidente López Miras, sin que este se inmutara ante lo que Urralburu considera que fue una manifestación de naturaleza xenófoba.

El dirigente agrario espetó también a Urralburu, cara con cara y el índice levantado, que «estás jugando con la olla de mis hijos», que «cobras un sueldo de la Universidad, a veces dos al mes», y que «tú has dirigido todo esto», para insinuar que, si PSOE y Ciudadanos iban a suscribir las enmiendas -como finalmente sucedió-, lo harían empujados por Podemos, el partido que pretendía «cargarse» el sector agrícola. El vídeo de ‘La Verdad’ con este rifirrafe refleja uno de los momentos más tensos que se han vivido en el interior del Parlamento autónomo, con el líder de Podemos y la diputada María Giménez aguantando estoicamente las andanadas de Santiago Martínez, a quien Urralburu se limitó a contestar que dejara de hacer «teatrillo», pero reconcomido por dentro por el reproche de no ser murciano, que tantas veces ha escuchado en los tres últimos años.

Quienes presenciaron aquello aseguran que el portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, se alejó sabiamente del foco, y se sabe que Lucas Jiménez, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, a quien las enmiendas de la oposición hacen la misma gracia (ninguna) que al presidente de las cooperativas agrarias, telefoneó al día siguiente a Óscar Urralburu para desmarcarse de Santiago Martínez. El secretario general de Podemos, docente de Secundaria en excedencia y profesor asociado en la Universidad de Murcia hasta que se liberó para dedicarse por completo a la política, mantiene fijado aún en su cuenta de Twitter el vídeo, por su contenido didáctico e ilustrativo de las malas artes. Después no ha vuelto a verse con el representante de las cooperativas, ni a pronunciarse públicamente al respecto de lo sucedido en la Asamblea, pero en privado cuenta que Santiago Martínez figura en el Registro Mercantil como administrador en varias empresas distribuidoras de nitratos y como apoderado en otras, una maldad sembrada ya en las redes sociales.

El líder de Podemos asegura que el propio presidente de la Comunidad Autónoma, de formas siempre blandas, le ha comentado en alguna ocasión que «tú no entiendes bien lo que pasa porque no eres de aquí». Sin acritud, pero dejándosela caer. Óscar Urralburu (Pamplona, 1971) vive en Murcia desde hace 25 años, tiene dos hijos nacidos en Murcia, en Murcia se doctoró en Bellas Artes y en Murcia se lanzó a la vida pública dirigiendo el sindicato asambleario Sterm, que en los años noventa agitaba con éxito las aulas contra las políticas educativas del PP. A la vista de su personal ‘curriculum vitae’, Urralburu no entiende cómo se le puede denegar su murcianía y por qué se le intenta desacreditar reprochándosele su origen navarro, salvo que sea, como parece, con la finalidad de desautorizar subrepticiamente su predicado político, por lo demás bien conocido: izquierdista del todo, de verbo mordaz, instalado en la radicalidad, provocador de biempensantes y engarzado en un partido de discurso frecuentemente agrio al que un 20% de los españoles mantienen su intención de votar, según la última encuesta del CIS, pero al que una buena parte del 80% restante ve como una amenaza para la democracia.

Cabría pensar que incluso en el terreno personal debe de ser incómoda la empresa de capitanear Podemos en una región que desde 1995 vota al PP mayoritariamente (y hasta 2015, con apoyos superiores al 60%) y en la que Podemos no se cansa de denunciar la existencia de ‘lobbies’ que supuestamente maniatan a los gobiernos de turno. Sorpresa. La pelotera con Santiago Martínez es el único episodio avinagrado de cierta intensidad que Óscar Urralburu ha sufrido en su relación con la patronal, los sindicatos, las otras fuerzas políticas -incluido el PP- y los numerosos colectivos e instituciones que discrepan abiertamente de Podemos y rechazan sus posiciones, pero sin llegar más lejos ni recurrir al oprobio personal en lo que podría llamarse una cordial disidencia. Uno de los cargos públicos más importantes del PP en la Región -y su familia- viven desde hace meses con protección policial porque los Cuerpos de Seguridad entienden que podrían ser presa fácil de algún desalmado, no viene al caso por qué. Urralburu no se ha visto ni por asomo en una coyuntura semejante, y de ahí que no salga de su asombro por el encaramiento que hubo de aguantar el día de las enmiendas a la ley del Mar Menor. Otra cosa es lo que sucede en los pueblos, donde Podemos se queja de que algunos alcaldes les niegan locales, de actitudes belicosas individuales en absoluto generalizables, y de poco más…, con una grave salvedad: al secretario general del partido en una localidad pequeña le envenenaron los perros en su casa de campo y le dejaron un aviso: «Tú serás el siguiente». Dimitió, asustado.

Urralburu tiene, por tanto, razones sobradas para proclamar el carácter tolerante y hospitalario de una región en la que observa conductas caciquiles aisladas y residuos de un feudalismo minador del progreso, pero a la vez una región en la que -asegura- se les escucha con respeto, a él y a su gente, pese al radicalismo de sus postulados y a la visión que de Murcia proyectan, nada complaciente con el poder establecido y en la que Podemos señala una peligrosa dualización social derivada de un reparto desigual de las rentas, inferiores a mil euros para el 53% de la población activa; un Instituto de Crédito y Finanzas poco útil para el reflotamiento de empresas en apuros; un Instituto de Fomento que identifica con un mercado persa en el que las ayudas «van siempre a las mismas manos», en lugar de impulsar una movilización social de la economía; una Administración endeudada hasta las cejas; una agricultura obligada a teñirse de verde «por su propio bien, porque no se trata de un capricho de ‘hippies’ o ecologistas, sino de una exigencia de Europa»; una economía sumergida que alcanza al 25% del PIB (unos 10.000 millones de euros) y explica -en opinión de Urralburu- que vuelvan a comprarse «tantos cochazos»; una legión de buenos investigadores sin los recursos necesarios para sacar adelante sus proyectos; y un Gobierno que se niega a habilitar la Oficina Antifraude que esta misma semana ha vuelto a reclamar Podemos en la Asamblea y ha caído otra vez en saco roto por falta de aliados parlamentarios.

Esta es, más o menos, la Murcia vista con los ojos de Urralburu. Una visión radical, para muchos apocalíptica, que le reporta miradas torvas y antipatías del lado más conservador, aunque nada tan doloroso personalmente para él como que lo ataquen por no ser murciano.

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