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Una tensión que se transparenta

El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) trae al recuerdo la historia del rey desnudo, de Andersen, que es un cuento de hadas. El organismo que preside José Molina se cobija en una ley de 2014, la de Transparencia y Participación Ciudadana, rezuma en sus fundamentos el mejor espíritu posible, como «órgano independiente de control en materia de transparencia», posee funcionarios y presupuesto, y de vez en cuando reúne a sus 18 integrantes, que llevan allí las voces del Gobierno regional, los cuatro partidos representados en la Asamblea (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), las dos universidades públicas (UMU y UPCT), el Consejo Jurídico de la Región, la Federación de Municipios, los consumidores, la patronal Croem y los sindicatos UGT y CC OO. Pero, contra lo que estos ropajes pudieran hacer creer, el Consejo de la Transparencia está en realidad tan desnudo como el rey del cuento, y la parálisis que lo atenaza empieza a resultar llamativa.

La última sesión que el Consejo mantuvo, el martes pasado, constituye un buen ejemplo de su inoperancia. Después de dos horas, no se pasó del primer punto en un orden del día que recogía media docena de acuerdos y propuestas de resolución, y la reunión quedó marcada por la tensión reinante, la decepción de algunos de los participantes y los reproches que se cruzaron-y no solo ellos- José Molina y Enrique Ujaldón, el secretario general de la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz, que se estrenaba como consejero en representación del Gobierno regional y que sacó a pasear su mejor vis política. Miguel Sánchez, el portavoz de Ciudadanos, llegó a lamentar en su intervención -antes de anticipar su próxima renuncia- que el Consejo «está más politizado que la propia Asamblea Regional», y explicó que su dimisión responde a motivos personales (quiere más tiempo para el hijo que espera). Aunque Ciudadanos no abandona el Consejo, pues dejará paso a otro representante de la formación naranja, Miguel Sánchez anunció que propondrá a los grupos parlamentarios que los políticos salgan del Consejo de la Transparencia.

Eran ya las tres de la tarde y el representante de CC OO, José Luis Sánchez Fagúndez, se empeñaba aún, sin éxito, en defender una ponencia así de farragosamente titulada: ‘Criterios de la comisión interdepartamental para la transparencia en la Región de Murcia sobre publicidad activa de las medidas contenidas en la ley de Transparencia regional en materia de recursos humanos que afectan a datos de carácter personal’. ¿Se puede ser más opaco en el enunciado? No. En román paladino: señores, ¿publicamos en internet todos los sueldos de la Comunidad Autónoma, funcionarios y médicos incluidos, o seguimos mareando la perdiz? Dos horas estuvo el Consejo dándole vueltas a la matraca, sin avanzar un solo palmo. Se oyeron palabras gruesas. Molina reiteró su conocida creencia de que el Gobierno realiza una labor obstruccionista en el Consejo, y Ujaldón se encargó de situar la línea roja de la transparencia en las limitaciones impuestas por otras leyes que protegen la privacidad.

Ante el cariz que tomaba la sesión, Molina y Ujaldón se reunieron ayer en el despacho del primero para negociar por separado un acuerdo de mínimos que ambos pudieran trasladar la próxima semana a una nueva sesión del Consejo. No está claro que lo hayan conseguido, aunque se aprecia un acercamiento. La propuesta de Molina consiste en que la Comunidad airee, con nombres y apellidos, los sueldos de todos los cargos de libre designación, incluida la pléyade de asesores del Gobierno, y que del resto de los funcionarios se publique también cuánto cobra cada cual, pero con un indicativo que proteja sus identidades personales. A Ujaldón no le parece mal, aunque exige que una comisión mixta, compuesta por técnicos del propio Consejo de la Transparencia y de la Administración regional, garantice -antes de seguir hablando- que esta fórmula no vulnera derechos individuales. El Gobierno no quiere que le tire de las orejas la Agencia de Protección de Datos, y el presidente del Consejo, si bien se muestra prudente en sus manifestaciones, no oculta su escepticismo sobre la verdadera voluntad del Gobierno en materia de transparencia. El uno piensa que se avanza muy deprisa, y el otro, que se va muy despacio.

Aunque informes legalistas hay ya de sobra (en un sentido y en el contrario), el nuevo dictamen que salga de la comisión mixta de técnicos podría ayudar a que las deliberaciones del Consejo avancen y permitir, en última instancia, que se publique la nómina completa de la Comunidad Autónoma, asesores y médicos incluidos. Está por ver. De momento, el Consejo de la Transparencia sigue, al menos en este asunto, atrapado en la casilla de la que salió.

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Papeles mojados

Si Trump llegó a asegurar en la campaña electoral que Obama no era americano, y muchos de sus compatriotas le creyeron y además lo votaron, ¿por qué no iba a declarar Pedro Antonio Sánchez (PAS) ante el juez que no conocía al arquitecto del auditorio de Puerto Lumbreras? Dos años antes de convocarse el -preceptivo- concurso de ideas, ya Sánchez se hizo con Martín Lejarraga fotos que aún siguen colgadas en la Red, y ambos anunciaron públicamente que Lejarraga diseñaría el auditorio, lo que no impidió que el presidente perdiera el otro día la memoria en sede judicial. Estaba en su derecho, el mismo que asiste a cualquier imputado, de faltar a la verdad para protegerse. Pero a los ojos de la opinión pública queda claro que PAS conocía a su arquitecto, que le encargó la obra, que la adjudicación contravino el procedimiento administrativo, y que, si no sufre amnesia (esperemos que no), el presidente hizo uso de su derecho a protegerse de preguntas incómodas que pudieran perjudicarle.

Desde que la crisis institucional se hizo patente con la investigación a Sánchez en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), valores como la verdad, la honorabilidad de la palabra y el respeto a la ley se están yendo al garete, un poco cada día, y dejando que ocupen su lugar la mendacidad, el ruido dispersador y la laxitud en la observancia de la norma jurídica. Algo de esto apuntaba Zygmunt Bauman al introducir en el debate social su teoría de la modernidad líquida, según la cual la zozobra se apodera del individuo, y de los colectivos, al punto de terminar renegando de los valores que hasta el estallido de la crisis sostenían en pie nuestro modelo de convivencia. La complicidad del electorado estadounidense con Trump, y las veleidades extremistas de un signo y otro que también asoman en Europa, son buenos ejemplos, aunque entreverados hasta el tuétano por la fiebre populista, de esa pérdida consciente de valores que antes creíamos esenciales.

Da la impresión de que Rajoy ha decidido ensayar en el tablero de Murcia sus movimientos en la política nacional. Solo esto explicaría el apoyo firme del PP al enrocamiento de Sánchez a costa de la palabra dada, del compromiso firmado con su socio de investidura y del acatamiento de la ley, que parecen los valores a sacrificar para ganar la partida en juego. Que Sánchez, una vez investigado, se niegue a dimitir y meta en una licuadora el término ‘imputación’, para extraer según su conveniencia y la de sus correligionarios la inexistente figura de la ‘imputación formal’, encuentra su justificación en los incumplimientos del propio Rajoy. Si el presidente del Gobierno quebranta el pacto, también de investidura, que suscribió con Albert Rivera para seguir en La Moncloa, ¿por qué habría de respetar Sánchez el suyo de aquí con Ciudadanos? Lo haría únicamente si se dejara guiar por un sentido elevado del honor y se obligara por la palabra dada, valores estos anteriormente sólidos pero hoy evanescentes al pairo de la modernidad líquida.

Y luego está la ley. El ruido que se oye en torno al ‘caso Auditorio’ no debería hacernos olvidar la ley regional de Transparencia, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional (también con los votos del PP), y cuyo artículo 54 emplaza a los cargos públicos imputados a dimitir; su redacción es tan farragosa y dubitativa que ni siquiera parece vinculante, pero su espíritu y la finalidad con la que se promulgó resultan más claros que el agua cristalina. El ‘terremoto PAS’ amenaza con reducir también a cenizas el Código Penal y hacernos olvidar que no solo debe respetarse la  presunción de inocencia, sino también, y con idéntico entusiasmo, la vigencia de cuantos artículos tipifican como delitos las conductas que se investigan en el ‘caso Auditorio’: prevaricación, malversación, fraude y falsedad. Al margen de lo que resuelva en su día la Sala de lo Civil y lo Penal, que es donde quedará establecida la inocencia o la culpa del presidente, debería convenirse al menos la necesidad de respetar las leyes -todas-, en lugar de fijar la raya roja en el hecho de meter la mano, como viene haciendo el PP en una dialéctica perversa de la que podría colegirse que todo vale mientras no se robe.

Perder la memoria en sede judicial está permitido, pero hacerlo desde el Gobierno, no. Faltar a la palabra dada por escrito merece un reproche democrático, y reinterpretar las leyes a gusto del consumidor, también. Más allá del desenlace judicial y político de esta situación, y por encima incluso de la erosión que sufre la imagen regional y la reputación de las instituciones (circunstancias, todas ellas, importantes pero a la postre pasajeras), haríamos bien en apuntalar los principios que cimentan una sociedad democrática, antes de que se nos caigan los palos del sombrajo. La crisis económica nos deja la enseñanza de cuán difícil resulta recuperar algunas de las conquistas y algunos de los valores que se quedaron por el camino mientras intentábamos remontar la cuesta.

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Señor Lobo

Cuánto agradecería esta región la llegada de un ‘señor Lobo’ como el de ‘Pulp Fiction’, un acreditado especialista en sacar las castañas del fuego. «Soy el señor Lobo, soluciono problemas», dice Harvey Keitel en la película de Tarantino. La reputación de Murcia cotiza otra vez a la baja, empujada por el Mar Menor, la ‘crisis de las lechugas’ y el trajín de los tribunales, que, más allá de sus efectos jurídicos y políticos, causa daños colaterales a la imagen regional. Convendría limpiarla. Pero los dos asaltos a la casa del fiscal Anticorrupción, el perpetrado (también sin botín) en la vivienda del inspector de Hacienda que elabora informes tributarios de gente bajo sospecha, y la injerencia de la Fiscalía General del Estado en la instrucción de la ‘Púnica’ son para temerse lo peor. Quizá los malos se han adelantado en la contratación de un ‘señor Lobo’.

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Esto no es América, ¿ok?

La designación como juez vitalicio del Supremo del ultramontano Neil Gorsuch ha sido la última astracanada de Trump. Gorsuch deshace con su presencia en el más alto tribunal de EE UU el empate numérico entre los magistrados conservadores y los progresistas, lo que garantiza al atrabiliario presidente un parapeto frente a cuantos recursos contra sus decretos ejecutivos lleguen al Supremo. Cualquier juez de distrito puede dejar provisionalmente en suspenso las resoluciones de Trump, pero, cuando los recursos subsiguientes deban sustanciarse en la cúspide de la judicatura, allí estará Neil Gorsuch para echarlos abajo. La decisión de vetar la entrada a los ciudadanos de siete países de confesión islámica, y la de levantar un muro en la frontera con México, por citar solo dos de los antojos del presidente, resultan más mediáticas que la designación de un juez amigo, pero son menos trascendentales -y más peligrosas para la higiene democrática- que el aseguramiento de un Tribunal Supremo sumiso.

La anomalía que implica esta politización de la Administración de Justicia se da también en España. Los partidos se reparten magistraturas en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, al que ayer mismo enviaron PP y PSOE desde la Asamblea Regional sus respectivas propuestas para cubrir sendas vacantes (cada una, de su color, claro), y también en los tribunales superiores de Justicia (TSJ) de las comunidades autónomas. La Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Murcia, que ayer metió en graves problemas al presidente de la Comunidad Autónoma, adolece de idéntica tacha. De sus tres integrantes, dos son magistrados de carrera (Miguel Pasqual del Riquelme y Julián Pérez-Templado), pero el tercero, Enrique Quiñonero, es un catedrático promovido al TSJ por la Asamblea Regional, que, como sucede en todos los parlamentos, toma sus acuerdos en función de una mayoría política. Del PP, en este caso. Más allá de las consideraciones meramente jurídicas, la decisión de asumir el ‘caso Auditorio’ o devolverlo al juzgado instructor de Lorca era delicada para los tres componentes de la Sala, perfectamente conocedores de su alcance social. Tampoco a ellos se les escapa que mantener en su auto los indicios delictivos apreciados desde Lorca en la fase de instrucción acarrearía consecuencias políticas para la Región, y no solo para la persona de Pedro Antonio Sánchez. La Sala podía haber archivado la exposición razonada, lo que habría salvado el pellejo -definitivamente- de Sánchez. Podía haberle dado una patada adelante, regalándole en tal caso al presidente lo que este más anhela: tiempo para seguir gobernando. Pero la Sala aceptó quedarse con la patata caliente, en una resolución que a muchos habrá sorprendido. Los jueces del TSJ forman parte de una sociedad pequeña y por tanto influenciable, sujeta a presiones de todo tipo, y parecía natural que la extracción política de alguno de sus integrantes diera que pensar. Eran prejuicios: han firmado la resolución más comprometedora para el presidente, que es también la menos acomodadiza para ellos.

En Estados Unidos, cualquiera acertaría hoy qué pasaría si la suerte de Trump cayera en manos del Supremo y de su amigo Gorsuch. Pero la resolución del ‘caso Auditorio’ viene a demostrar que esto no es América, pese a las imperfecciones del sistema y a la necesidad de cambiarlo. Afortunadamente.

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El PSOE ante su historia

El PSOE-RM se obstina en reencontrarse con su historia, cainita y electoralmente suicida. Una simple andanada radiofónica contra Susana Díaz no parecía -en ningún caso es- razón suficiente para atacar con mortero al secretario general. Está claro que se la tenían guardada. La embestida de los críticos, ayudada por la reacción ultradefensiva de González Tovar, deja al desnudo la carencia de liderazgo de que adolecen los socialistas en la Región. Lo mismo sucede en España desde que Pedro Sánchez se fue al garete en aquel grotesco Comité Federal del que Fernández Vara salió escondido en el maletero de su coche, pero sería terrible, para el PSOE-RM y para la Región, que una costurera lograra suturar al final la herida en Ferraz, y aquí, sin embargo, hubiera que meter otra vez al partido en un quirófano.

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Dejen las pensiones en paz

El copago farmacéutico de los pensionistas debería ser una raya roja, como las recetas de antes, que ningún Gobierno traspasara. Ni crisis ni milongas. A esa provecta edad, las mieses son menos y el gasto en botica, más. Por no hablar de lo que viene. Los veinteañeros y muchos cuarentones de hoy se jubilarán con una pensión miserable, dado que difícilmente podrán reunir el periodo de cotización necesario para disfrutar de un retiro digno. Cierto es que la hucha se agota, porque el mercado laboral está hecho una calamidad, pero sumen ustedes el sueldo que los diputados cesantes cobran por gracia divina, el que perciben muchos políticos inútiles, las fortunas que en la Administración se dilapidan, y lo que algunos roban, y verán que hay más tela donde cortar, antes que tocarle los ‘güevos’ a los pensionistas.

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Jael 03-02-2017 | 09:15 en:
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