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Otra victoria de PAS

El Consejo de la Transparencia tomó ayer el camino equivocado, el que lo arrastrará a la futilidad si no remonta su encogimiento de ánimo y se convierte en el guardián de las esencias. Tal es, que sepamos, su razón de ser, de la que ayer desertó, embaucado por la zorrería del PP, que le ganó la partida antes de tirar los dados. Llegó el representante popular a la reunión acusando a José Molina, su presidente, de convertir el Consejo en su cortijo, y llamándole comisario político de PSOE y Podemos. Y se salió con la suya, a juzgar por el resultado de la sesión. Tuvo el Consejo la oportunidad de vivir su minuto de gloria, pero la marró. Más aún: tenía el deber de iluminar a la sociedad, la noble obligación de pronunciarse acerca de si el presidente de la Comunidad Autónoma incurre estos días en fraude de ley, por su interesada interpretación del artículo 54 de la ley regional de Transparencia (el que habla de los imputados por corrupción), o si es la oposición quien hace una lectura espuria de la norma. Que el PP y la oposición discrepen al respecto no aporta sino confusión. Más de lo mismo, mucho ruido. Es el Consejo de la Transparencia quien debería alumbrar en estos casos con una declaración valiente, en el sentido que tocara, y bien invitar a Pedro Antonio Sánchez a dimitir -en aplicación de la ley- o avalar su permanencia en el cargo. Porque el Consejo de la Transparencia, aunque desprovisto de competencias para desalojar al presidente, está, sin embargo, legitimado (¿quién mejor?) para alzar la voz y emplazarlo en público. Pero ayer optó por soltar al aire una filípica sobre «valores esenciales» y sobre «observancia de la ley», que para nada sirve. Ninguna virtualidad tiene una ley -la de la Transparencia- que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional -también con los votos del PP-, si nadie hay que la haga cumplir. Ninguna utilidad tiene el Consejo de la Transparencia, si el Gobierno le niega el pan y la sal, la Asamblea y los ayuntamientos le regatean la fuerza legal que reclama, los partidos se pelean en su interior para tapar la realidad con cortinas de humo, los vocales no abren la boca, quizá para no molestar, y finalmente -cuando más se esperaba un esclarecedor dictamen- se resigna a soltar una perorata de cuatro líneas sobre la ética y el buen gobierno.

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Un calvario por recorrer

El respaldo del PP a Sánchez topará, en los próximos días, con nuevas dificultades

Debió de incomodar a Rajoy que le preguntaran el lunes por la imputación del presidente de Murcia en la rueda de prensa que compartía con François Hollande durante la cumbre hispano-francesa de Málaga. Pero se habría llegado a sonrojar si algún periodista bien informado le hubiera vuelto a interpelar después de que el presidente del Gobierno repitiera, por enésima vez, que Pedro Antonio Sánchez (PAS) «ha tenido 16 archivos en los últimos dos o tres años».

Esta intervención de Rajoy en una reunión internacional sirve para visibilizar hasta qué punto llega ya la ola expansiva del ‘caso PAS’, que en apenas una semana se ha adueñado de la escena política, a escasa distancia de la sentencia del ‘caso Nóos’ y el desafío separatista de Cataluña. Nunca como ahora se habló tanto de Murcia. Es posible que ningún dirigente político de primera fila falte ya por sumarse al coro declarativo en torno a PAS y, desde luego, ningún otro jefe del Gobierno regional recibió antes desde Madrid un apoyo tan ruidoso a su persona como el que el PP y el Gobierno de España brindan estos días a PAS. Pero el martilleo va para largo. Un vistazo al calendario de las próximas semanas deja entrever un viacrucis doloroso, en el que las hojas están señaladas con una muy probable exposición razonada que el juez de la ‘Púnica’ enviará al TSJ (con la consiguiente posibilidad de que se le abra una segunda investigación penal), el ultimátum de una semana marcado ayer por Albert Rivera para que PAS dimita, las inminentes comparecencias en el Senado y el Congreso del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado -para responder de la orden que se transmitió a las dos fiscales del caso para no acusar a PAS en la ‘Púnica’-, la declaración del propio presidente ante el TSJ en calidad de investigado, fijada para el 6 de marzo, y las iniciativas parlamentarias registradas por la oposición, en Madrid y Murcia.

Difícil congreso del PP

La encrucijada que tiene ante sí el PP, mientras sostenga a su hombre fuerte en la Región, no termina ahí. Los populares celebrarán los días 18 y 19 de marzo el congreso regional que debe elevar a Sánchez a la presidencia del partido, en lugar de Ramón Luis Valcárcel, y los tiempos habituales de la Justicia convierten en una entelequia pensar que PAS llegará a esa fecha libre de la imputación por el ‘caso Auditorio’, que acaba de incoarse. No hay tiempo para acelerar un sobreseimiento. Más razonable parece imaginar que para entonces pueda pesar sobre él una segunda investigación, la de ‘Púnica’. ¿Se aceptará desde Madrid que el PP encumbre a la cima del partido en Murcia a un candidato con tan pesada carga?

Albert Rivera dejó claro ayer que Ciudadanos va en serio cuando exige al PP un relevo en la presidencia de Murcia. Si no lo hiciera, se dejaría por el camino la bandera de la regeneración, que constituye su principal activo, y perdería la legitimación para exigir el cese del presidente, pues incumpliría su pacto de investidura en la misma medida que lo haría el PP. Aunque la moción de censura con la que amaga Podemos en la Asamblea Regional tiene pocos visos de prosperar, por la complicación que entrañaría ponerse de acuerdo con PSOE y Ciudadanos para consensuar un candidato alternativo, es posible que, llegados a este punto, Rivera quiera cobrarse la cabeza política de PAS a cambio de apoyar al PP en los Presupuestos Generales del Estado. En el mejor de los casos para el presidente de Murcia, ahí estaría la línea roja que llevaría a dimitir a Pedro Antonio Sánchez: en los apoyos parlamentarios que Rajoy necesita para mantener la gobernabilidad de España.

Medias verdades y mentiras

Es precisamente la estabilidad institucional lo que más inquieta hoy -aunque se mantenga mudo- al empresariado de la Región: que el rifirrafe se prolongue mucho más, con el buen nombre de Murcia ligado a la corrupción, a un cambio traumático de gobierno y a términos como crisis e inestabilidad, sus demonios tradicionales. La frustración, ayer mismo, del acuerdo que debía adoptar el Consejo de Administración de Aena para cerrar el aeropuerto de San Javier, paso previo para licitar Corvera, bien podría interpretarse como una primera consecuencia tangible de este enrarecido clima que se respira en Murcia.

La desatinada intervención de Rajoy en Málaga en favor de PAS encarna igualmente la ofuscación por disfrazar la realidad -cuando esta se tuerce- con un mantra que acoge legítimos argumentarios partidistas, medias verdades y también alguna mentira. Los ‘16 archivos’ mencionados por Rajoy para invocar la presunción de inocencia y el acoso judicial de la oposición al presidente de Murcia abarcan -aunque esto no lo dicen los dirigentes del PP- desde una misma causa archivada y recurrida después -pero contada como si fueran dos distintas- hasta cuatro viejas denuncias ante la Junta Electoral (en 2007) y tres recursos contencioso-administrativos.

No es esta la única posverdad que el PP trata de construir. El pacto de investidura firmado con Ciudadanos para sostener a PAS en el Gobierno es muy claro en el compromiso mutuo de «separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». Tan claro que, para posibilitar su investidura, y en aplicación del mismo acuerdo escrito con Ciudadanos que ahora discute, el PP dejó caer a su delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, a su alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y a la alcaldesa de Torre Pacheco, Fina Marín. El intento de redefinir el término ‘imputación política’, como último escudo para PAS, parece también condenado al fracaso. El Consejo General del Poder Judicial tiene dicho que la prevaricación sí es un delito de corrupción política, y la ley regional de Transparencia hace lo propio en su artículo 54, donde estipula que «en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente, por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones». Aunque esta norma tenga efectos jurídicos discutibles, se trata de una ley en vigor, cuyo incumplimiento podría provocar un reproche social -o una denuncia ante los tribunales- del Consejo Regional de la Transparencia.

Las apelaciones constantes a la presunción de inocencia, también en boca de Rajoy, están fuera de lugar. Cualquiera sabe que se trata de un derecho individual que nada tiene que ver con la política y que acompañará a Pedro Antonio Sánchez mientras no recaiga contra él, no ya una imputación -ni dos ni tres-, sino una condena judicial firme, algo que, hoy por hoy, no se atisba en el horizonte.

Es la política, no la Constitución ni los tribunales, lo que aprieta al presidente. La presión agobiante de Ciudadanos, el riesgo de poner en jaque la gobernabilidad de España y de Murcia, la paciencia de Rajoy, y el pacto suscrito de su puño y letra para asegurarse el poder. Y también la palabra que dio, que era la palabra del presidente de todos los murcianos.

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El 'topo' de Torreagüera pasa a la historia


Murcia no ha dado grandes políticos que pasen a la historia de la España contemporánea, pero sí espías legendarios encargados de escribirla. Joaquín Gambín, a quien por los calabozos y las alcantarillas del franquismo se conocía por los alias ‘El Grillo’ y ‘César’, aprovechó la muerte -en extrañas circunstancias- de su tío para simular la suya, esquela y entierro incluidos, y reaparecer en el mundo con una identidad nueva. Estaba ya ‘quemado’, después de que la Policía lo reclutara en la cárcel, lo infiltrara en los movimientos anarquistas de Cataluña y después se le vinculara con el atentado que en febrero de 1978 dejó cuatro muertos en la discoteca de Barcelona ‘Scala’.

A la trayectoria de ‘El Lobo’ en ETA, la infiltración más prolongada de la que se tiene noticia en una banda terrorista, solo se le acerca en los anales de los servicios secretos españoles la peripecia de otro espía murciano, José Luis Espinosa Pardo, el ‘topo de Torreagüera’, que estos días ha muerto en su casa de Murcia, a los 90 años. Vivía ya en la indigencia. Pero deja atrás una historia rica en enigmas, personalidades falsas y secretos de Estado.

Trabajó con los alias ‘Gustavo’, ‘Alberto’ y ‘Ahmed’, fue básicamente un confidente de la Policía, un soplón del ‘supercomisario’ Conesa (el más temible jefe de la Brigada Político-Social), delegado murciano en el congreso de Surennes, secretario regional de UGT -que lo ha borrado de sus archivos-, teniente en el Ejército argelino, y un ‘submarino’ de los servicios secretos en los Grapo, el Frac y la III República.

El Tribunal Supremo lo condenó en 1992 por el asesinato frustrado en Argel de Antonio Cubillo, el líder independentista de Canarias, que -según declaró Espinosa en el juicio- le había ordenado planear el Ministerio del Interior, bajo el mandato de Martín Villa.

Yo le entrevisté alguna vez. Siempre presumía de haber sido más listo que los servicios de inteligencia y que los propios militares. De hecho empezó sus fechorías en la Academia General del Aire, donde fue carpintero y montó -eso contaba- un montón de micrófonos ocultos para grabar las conversaciones de los mandos…. y de los ilustres cadetes y oficiales que por allí pasaban.

-¿Y a quién le interesaban esas grabaciones?, le pregunté.

-¿Me vas a pagar tú lo que estoy negociando con John le Carré?

(Era otra mentira, probablemente, de su intrigante vida. U otra verdad a medias).

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El portavoz y la juez

Tiene mucha imaginación el portavoz del PP en la Asamblea Regional. No me figuro a una juez de Instrucción de Murcia pendiente del calendario para calcular, con la perversa finalidad de infligir un mayor daño a los populares, en qué momento de la campaña electoral notifica un auto del ‘caso Novo Carthago’ que pone a Valcárcel en la picota. Menos arriesgado sería especular con la suerte que el expresidente correría si la instructora decidiera -por estar Valcárcel aforado- enviar la causa al Supremo, de cuyos magistrados sí podemos aventurar que unos son ‘conservadores’ y, los otros, ‘progresistas’, dado que los nombró el Parlamento. Los partidos harían bien en corregir con urgencia el déficit democrático que supone la designación política de los altos tribunales, y dejar que estos otros jueces, los de abajo, hagan su trabajo en paz.

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¿Quién paga?

La comisión municipal encargada de investigar la gestión de la Concejalía de Deportes en el Ayuntamiento de Murcia concluye que el 95% de las subvenciones se dieron a dedo, que los conserjes trabajaban sin contrato y cobraban directamente a los usuarios, y que las arcas consistoriales no recibieron ingresos, como consecuencia directa de tamaña irregularidad. Así funcionó la Concejalía durante los cinco años investigados, en los que su titular repartió cuatro millones de euros, en gran parte sin la necesaria concurrencia pública. Vale. ¿Y ahora qué?¿ Ha terminado ya su trabajo la comisión, o exigirán los partidos en ella representados que el exconcejal, hoy diputado regional, asuma cuando menos su responsabilidad política? ¿Sirven de algo las comisiones de investigación?

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Felicidades, alcalde López

Que Murcia conmemore los 750 años de su constitución como concejo no le parece al alcalde de Cartagena razón suficiente para que la ciudad acoja hoy el acto institucional del Día de la Región. José López saluda la efeméride con otra de sus astracanadas, esta vez grabada en vídeo para mayor gloria de la comedia política, y anuncia que no asistirá a los fastos porque lo que se celebra es «el día de la ciudad de Murcia». A mí no me aguará la fiesta. Mejor que peor, son ya 34 años de autonomía regional, así que, aunque no venga el alcalde López a participar del acontecimiento, desde aquí le envío mi felicitación, que también él es murciano, y le recuerdo que Cartagena es, con diferencia, el municipio que más veces ha albergado el 9J. Al buen callar lo llaman Sancho.

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