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La ‘solución murciana’ de Cifuentes

La presidenta madrileña no está imputada. No aún. Al margen de esto, su caso es políticamente calcado al de PAS, porque Ciudadanos así lo ha querido, y es seguro que correrá la misma suerte

La literatura y la historia están repletas de apelaciones a la épica de la resistencia. Camilo José Cela mandó tallar en el frontispicio de su casa de Iria Flavia la leyenda ‘El que resiste, gana’, la misma enseñanza vital que le ofreció en 1987 a Felipe de Borbón en su discurso de aceptación del Premio Príncipe de Asturias: «En España -y os lo digo, Alteza, porque sois joven y español-, el que resiste, gana». Pero esta vocación, que tan patriota parece, de aguantar siempre hasta el final deviene empecinamiento enfermizo cuando un gobernante la traslada al terreno político para no apearse del machito. Aunque Mariano Rajoy encarna un ejemplo inmejorable de supervivencia frente a cualquier adversidad, nadie duda ya de que Cristina Cifuentes pende de un hilo finísimo que está a punto de romperse. La suya es una figura cadavérica desde que Ciudadanos exigió al PP que adoptara la ‘solución murciana’ para salir de la crisis, la misma vía por la que Fernando López Miras entró a reemplazar a Pedro Antonio Sánchez, hace justamente un año: algo así como ‘quítalo, y designa a otro, o lo quito yo y pierdes también el Gobierno’. La expresión ‘solución murciana’ que han puesto a volar estos días Albert Rivera y José Manuel Villegas para comparar la crisis de Madrid con la de Murcia está en realidad forzada y hasta sacada de contexto en su parte sustantiva, toda vez que aquí se impulsó debido a que PAS estaba imputado por el Tribunal Superior de Justicia, por cuatro supuestos delictivos en el ‘caso Auditorio’, al igual que sucedió después con la senadora Pilar Barreiro, investigada en ‘Púnica’ por el Tribunal Supremo. Ambos debían cesar en aplicación del punto 1.1 del pacto de investidura suscrito entre el PP y Ciudadanos y por eso su partido los dejó caer. Cristina Cifuentes, sin embargo, no está imputada. No aún. Pero Ciudadanos la ha colocado también en la diana por la gravedad de las sospechas que se ciernen sobre ella en relación a documentos falseados y porque mintió en sede parlamentaria.

Al margen de esta diferencia, que no es baladí y a la que la presidenta madrileña todavía se aferra («yo no he incumplido el pacto de investidura»), el ‘caso Cifuentes’ reproduce casi a la perfección el ‘caso PAS’. El proceso resulta idéntico. Ciudadanos aprieta y el PP empieza respaldando a su dirigente en cuestión, convencido de que Rivera no querrá acompañar a PSOE y Podemos en una moción de censura, pero al final se echa a temblar y termina abandonándolo a su suerte para mantener el poder.

La resistencia tiene un límite, como se verá pronto en Madrid. Al PP de Murcia le costó 45 días de agonía, una crisis institucional de gran calado (la más grave de los últimos 25 años en la Región) y un daño reputacional difícil de restañar. La batalla de Murcia fue un campo de pruebas para Ciudadanos del que la formación naranja se siente hoy orgullosa, y de ahí su invocación en los medios nacionales a la ‘solución murciana’ a raíz de que estallara la crisis de Cifuentes. También la dirección nacional del PP debió de aprender algo del sufrimiento que le deparó PAS, a la vista del entusiasmo decreciente con el que empieza a defender a la dirigente madrileña. En Murcia, los populares se equivocaron de cabo a rabo. Sostuvieron a PAS hasta lo indecible, con campañas ridículas de admiración personal en las redes sociales, quizá embaucados por su propio líder. Una y otra vez repetían que los de Rivera habían pactado en secreto un gobierno tripartito con PSOE y Podemos, y que había que evitarlo a toda costa porque eso constituía «un peligro para la Región», pero, en sus conversaciones privadas con Miguel Sánchez, el jefe y portavoz parlamentario de Ciudadanos, lo que PAS planteaba a su interlocutor era otra cosa: «Sé que no te atreverás a apoyar una moción de censura y a darle la Comunidad Autónoma al PSOE. Me amenazas en público, pero no te atreverás a hacerlo». Así, pero con expresiones de cariz tabernario (según recuerda hoy Miguel Sánchez) se defendía el expresidente ante su particular ‘cobrador del frac’ en las reuniones que ambos mantuvieron para gestionar la crisis. A una de ellas, la que Miguel Sánchez preparó en torno a unas migas con tropezones en un bar de su pueblo (El Moral), acudió PAS con un acompañante inesperado: Fernando López Miras, a la sazón vicesecretario general de Organización del PP y diputado regional. Su presencia allí, y su designación posterior como presidente por el propio PAS (sin que el partido tuviera siquiera la ocasión de pronunciarse), viene a constatar que Pedro Antonio Sánchez manejaba ya un ‘plan B’, contra lo que el PP reiteraba públicamente.

También Rajoy esconde un ‘plan B’ para Madrid -aunque lo niegue-, consciente de que no podrá sostener a Cristina Cifuentes y de que esta caerá, arrastrada por su máster y empujada por Ciudadanos. Una vez más, resulta incomprensible el tancredismo de Rajoy y sorprende que el PP no haya designado ya a otro candidato que le permita conservar el Gobierno de aquella comunidad, antes de que Rivera le imponga finalmente ‘la solución murciana’ o permita incluso que el socialista Ángel Gabilondo ocupe el puesto de Cifuentes. Tal vez los mandatarios populares no aprendieron lo suficiente de aquella interminable crisis en la que les sumió PAS, si bien puede que la explicación de su torpeza sea más sencilla y no responda a la épica española tan del gusto de la literatura, sino a la pura vanidad de las personas. A Esperanza Aguirre se le preguntó el martes pasado, en la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP en Madrid, por una eventual dimisión de Cristina Cifuentes, y Aguirre respondió, con la ironía que le caracteriza y quizá también encantada de las vicisitudes de quien llegó al cargo envuelta en la bandera de la regeneración: «Yo dimití tres veces, pero dimitir es fatal en este país. Lo que se lleva es resistir».

La Asamblea subvenciona al Cemop: las encuestas con intención de voto volverán en junio

Final del apagón demoscópico. La Mesa de la Asamblea Regional ha dado el visto bueno a la financiación de los barómetros del Cemop (Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública), a los que el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez había cortado las alas porque no le gustaron los resultados de su último trabajo, el de 2015, con intención de voto y su correspondiente cocinado. Después de darle muchas vueltas al asunto, los grupos parlamentarios aprobaron el 14 de marzo subvencionar a la Universidad de Murcia con 30.000 euros para la realización por parte del Cemop, este año, de dos estudios barométricos. El primero de ellos verá la luz en junio, a partir del trabajo de campo que los encuestadores realizarán en mayo y en el que se analizará la valoración de los líderes políticos y las expectativas del nuevo partido de Alberto Garre. La segunda entrega llegará en invierno, muy cerca ya de las elecciones municipales, autonómicas y europeas.

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Expertos que no dan la cara

Los técnicos que colaboran con Ciudadanos en la Región no quieren que se desvele su identidad, en una pulsión más de la falta de libertad de expresión que parecía superada y que estos días nos retrotrae al pasado en España

Los expertos fichados por Ciudadanos tienen miedo a salir a la luz y que se les corte la cresta. Atraídos por el ‘cazatalentos’ Miguel López Bachero para desarrollar las propuestas programáticas del partido naranja en la Región, trabajan discretamente desde hace meses aportando sus conocimientos técnicos a la causa de Albert Rivera, pero rehuyen salir del anonimato. Que si son altos funcionarios recelosos de perder canonjías, que si profesionales expuestos a la desacreditación social en una región pequeña… lo cierto es que se muestran renuentes a que Ciudadanos desvele sus identidades, en lo que resulta otro de los síntomas de regresión en el ejercicio de la libertad de expresión que salpican a la sociedad española y que nos retrotraen a momentos preconstitucionales. La retirada por Arco de una obra de Santiago Serra, el secuestro judicial de un libro tras la denuncia de un exalcalde gallego ligado al narcotráfico en el relato, y la condena del rapero Valtonyc por el Tribunal Supremo a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en las letras de sus canciones, reavivan estos días, más allá del inacabable y peliagudo debate sobre los límites de la libertad de expresión, viejos fantasmas que parecían olvidados, como la autocensura, que mucha gente se impone en las redes sociales (cuando no opta directamente por desertar de estas) para evitar el vilipendio público por parte de los patrocinadores de un buenismo de garras punzantes que hoy acobarda tanto o más que la ‘ley mordaza’ o que los atropellos normativos del franquismo. Los términos ‘presos políticos’, ‘presidente en el exilio’, ‘juicio sin garantías’ y otras expresiones derivadas de la declaración unilateral de independencia en el Parlament de Cataluña, y a las que se recurre inicuamente, no caben en la España actual, pero su mera acuñación nos devuelve a la prehistoria política, en la misma medida que lo hacen la prohibición de una inofensiva obra de arte, el secuestro de un libro y el encarcelamiento de un cantante, por provocadores y zafios que todos ellos pudieran parecernos. Es como si el país saliera bruscamente de la modernidad en la que se había encarrilado y regresara al pasado más oscuro, en una metáfora que se ve alimentada también por la reivindicación en la calle de unas pensiones justas y el clamor en favor de una equiparación salarial de hombres y mujeres, derechos ambos que creíamos consolidados, al parecer equivocadamente.

Los políticos seguirán aforados en Murcia, pese al acuerdo de la Asamblea

El mantenimiento de los aforamientos políticos es otra rémora histórica que se resiste a desaparecer. El pacto de investidura con Ciudadanos que sostiene al PP en el poder, en la Región y al frente de España, contiene entre sus numerosos preceptos la eliminación del privilegio que supone para gobernantes y cargos electos el hecho de que no se les pueda juzgar en un tribunal ordinario, como a cualquier mortal, sino que solo puedan ser encausados por salas especiales de los tribunales superiores de Justicia o directamente por el Supremo. Pero esta parte del pacto es de las que no se cumplen. Aunque los partidos dieron en la Asamblea Regional un primer paso en la dirección correcta, la eliminación del fuero, ‘rara avis’ en el resto de Europa, permanece encallada en Madrid, sin que haya la menor expectativa de que la iniciativa supere el trámite necesario en el Congreso, primero, y después en el Senado, donde el PP podría incluso frenarla con su mayoría absoluta, si quisiera. Visto el calendario, es seguro que decaerá al término de esta legislatura, por lo que quedará en papel mojado y sentar en el banquillo a un político, no digamos ya condenarlo, seguirá siendo algo infrecuente en la vida pública, casi una anomalía. El interés por eliminar los aforamientos es más retórico que sincero, y se entiende por qué al escuchar la transcripción del cordial interrogatorio al que Pilar Barreiro fue sometida ante la magistrada del Supremo en cuyas manos está hoy el futuro de la senadora.

‘Apagón sociológico’: presiones y cabos sueltos

La Asamblea se ha pronunciado, por fin, dispuesta a acabar con el ‘apagón sociológico’ en que la Región está sumida desde que el Gobierno de San Esteban cortó el grifo financiero al Cemop (Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública), que hasta 2015 se encargaba de elaborar las encuestas sobre intención de voto. Sin embargo, hay flecos sueltos aún. El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología acaba de enviar una carta a sus colegiados, y al Parlamento, en la que recuerda su condición de «representante exclusivo de los profesionales de la sociología y de la ciencia política», valora positivamente que la Cámara impulse la realización de estudios demoscópicos y -aquí están los flecos- «se solicita a la Asamblea Regional la participación de este colegio oficial en la elaboración y seguimiento de dichos estudios».

La reclamación no obedece solo a la lógica corporativista. El Colegio está presidido por Amparo Albentosa desde que su candidatura ganó las elecciones a la Junta Directiva, también en 2015, después de que uno de los dos codirectores del Cemop, el sociólogo y exconsejero socialista Juan José García Escribano, se retirase de la pugna tras acusar a la Junta cesante, que encabezaba Javier Sierra, de irregularidades y de favorecer en el proceso al equipo de Amparo Albentosa. La consultora de Javier Sierra realiza también estudios demoscópicos y se toma el chocolate de espaldas al Cemop, del que la organización colegial no quiere que se atribuya en exclusiva las encuestas sufragadas por la Asamblea Regional. Los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos saben mejor que nadie cuántas llamadas y visitas han recibido desde un lado y desde el otro en las últimas semanas, antes de tomar la decisión de costear los sondeos electorales, e intuyen -con razón- que aún deberán capear más toros antes de que los encuestadores puedan salir otra vez a la calle.

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Sé fuerte, Pilar, y hazlo tú

El abogado de Pilar Barreiro conmina a la Prensa a pedir perdón a su clienta. ¿Por qué? ¿No será más bien que es la senadora quien debe disculparse, si hasta el propio Rajoy lo hizo cuando estalló ‘Púnica’, el mismo caso en el que ella está imputada?

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¡Viva el coche!

El concejal de Tráfico pidió que se usara menos el coche en Murcia, para rebajar la contaminación. Pero no parece que el tráfico se haya reducido, salvo en el macropuente, porque casi todos nos fuimos (en coche) a contaminar a otros lugares

¿Alguien pensaba que encontraría eco la recomendación del Ayuntamiento de Murcia para dejar el coche en casa y rebajar así la contaminación atmosférica procedente de los atascos de tráfico? El llamamiento, hace dos semanas, del concejal Antonio Navarro llevaba aparejada la orden de que la Policía Local se volcara en prevenir los embotellamientos, y fue publicado al constatarse que la estación de San Basilio que mide la calidad del aire en Murcia había rebasado durante seis días consecutivos los niveles legalmente admisibles de PM10, partículas contaminantes liberadas por las emisiones del tráfico rodado y, en menor medida, por las quemas agrícolas. Aunque no hace al caso hurgar aquí en la polémica, sí conviene recordar que aquello fue «un grave episodio de contaminación, de consecuencias para la salud pública», según el experto de Ecologistas en Acción Pedro Belmonte, mientras que para Juan Madrigal, el director general de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, «los ciudadanos podemos estar tranquilos porque los parámetros del aire que respiramos están controlados». Queda a juicio del lector discernir cuál de estos dos diagnósticos, tan dispares, merece su confianza.

Sea como fuere, el tráfico no se ha reducido en Murcia, salvo durante el macropuente, que lógicamente no cuenta porque casi todos nos fuimos (con el coche) a contaminar a otros lugares. El Ayuntamiento se muestra optimista acerca de la evolución del tráfico y la contaminación en los quince días transcurridos desde su petición a los ciudadanos, pero mi observación personal es que no he visto, en mis cuatro trayectos cotidianos de ida y vuelta al trabajo, más policías locales regulando la circulación para aliviar la congestión de mediodía en Teniente Flomesta o evitar las retenciones en Reino de Murcia y Miguel Indurain, incesantes desde que ambas avenidas se estrangularon para dejar hueco a carriles bici que nadie utiliza porque a ningún sitio conducen. Tampoco me ha parecido apreciar en los días posteriores a la recomendación municipal una mayor ocupación del tranvía y de los autobuses, hechos incontestables de los que no puedo sino colegir que, una vez más, los políticos van por un lado y el personal, por otro. Me he registrado -para que no se diga- en la web municipal que fomenta el uso compartido del coche, pero aún espero -cuatro días después- una respuesta a mi intento de contribuir modestamente a una ciudad más limpia y menos ruidosa. Respecto a los índices de contaminación, mi ceguera es total, por más que he intentado suplir mi desconocimiento de lo que se esconde tras las partículas PM10 con las preguntas pertinentes a quien sí lo sabe y tiene además la obligación (incluso por ley) de explicarlo a la opinión pública, con el fin de que los ciudadanos sepamos si conviene agenciarse una mascarilla o nos enfrentamos a otra exageración de los malvados ecologistas. La página web de la Comunidad Autónoma que contabiliza las incidencias en la calidad del aire (sinqlair.carm.es) no hay quien la entienda sin un máster previo de educación medioambiental, más allá de percibirse frecuentes concentraciones de PM10 en los medidores de San Basilio y Alcantarilla superiores a las que la ley permite, con el añadido de un mensaje tan poco tranquilizador como inescrutable acerca de una ‘intrusión sahariana confirmada’.

Cualquiera diría que Murcia es una ciudad tranquila, sin los inconvenientes de las grandes urbes, quizá porque los 439.000 habitantes que la sitúan como la séptima metrópoli más poblada de España viven dispersados en 52 pedanías que se reparten a lo largo y ancho de 885 km2, de tal suerte que configuran una de las capitales con menos densidad de población (500 habitantes/km2). Esta morfología municipal ayuda a que no suframos aquí las aglomeraciones de las grandes ciudades, sus atascos perennes y los episodios de contaminación que obligan a limitar ocasionalmente la velocidad de los coches, la circulación en momentos puntuales y el estacionamiento en el centro para los no residentes. El apiñamiento ha alcanzado en Madrid tal magnitud que el equipo de Manuela Carmena ha ordenado a los peatones (bajo pena de multa) que caminen en sentido único por las aceras de las calles Carmen y Preciados, el cogollo comercial, siempre que la Policía Local considere que la marea humana lo hace intransitable.

Pero esta Murcia de apariencia tranquila, y en la que tanto nos gusta vivir, empieza a reproducir las molestias de las grandes ciudades dentro de los 13 km2 de su casco urbano, ensartado de arterias estrechas y atestadas de autobuses concurrentes, una zona de convivencia difícil con la bicicleta (pese a la llanura y a la bondad climática), con un tranvía que solo te lleva de compras y una estación de autobuses de imposible peor ubicación.

Parece llegado el momento de adoptar decisiones valientes para evitar que Murcia se transmute a medio plazo en un lugar asfixiante, y eso al margen del riesgo que para la salud pública pudieran deparar las dichosas partículas PM10. No hace falta ser un experto para percatarse de que existe mucho margen en este terreno, desde una mejor sincronización de los semáforos hasta la implantación de una red de carriles bici que sea útil, la devolución de su tercera vía a las nuevas rondas de circunvalación, la prolongación del tranvía hacia El Carmen y La Arrixaca, aparcamientos disuasorios bien cuidados a las afueras, subterráneos más baratos para capuzar el vehículo, una conexión más operativa de los autobuses con las pedanías… y más calles peatonales, de las que me confieso muy fan. Aún recuerdo la polvareda que se levantó por la peatonalización de la avenida de la Libertad, ahora un espacio amable y sin tubos de escape que disfrutan vecinos y comerciantes. O la zapatiesta que se armó cuando el Ayuntamiento sacó para siempre los coches de la plaza de Belluga y luego levantó allí el edificio Moneo, cuya modernidad parecía chirriar con la Catedral y desmerecer el barroquismo de la plaza, convertida hoy, sin embargo, en uno de los iconos de Murcia, si no en su imagen más representativa.

Si el Ayuntamiento quiere reducir el tráfico y la contaminación, mejor será que se olvide de la colaboración vecinal, impulse por fin un transporte público atractivo, consiga que moverse en bici deje de ser en Murcia una actividad de riesgo y aplique medidas que resultan inicialmente impopulares pero se consolidan después como positivas. No será necesario poner a los peatones en fila de a uno para caminar por Trapería y Platería, pero algo más de lo que se hace tendrá que hacerse para acabar con los atascos y los malos humos que a ratos recuerdan en Murcia lo peor de las grandes ciudades.

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