Para algunos de los astronautas de la NASA, el regreso a la Tierra fue más difícil que llegar a la Luna. Tras su aventura espacial, hubo quienes tardaron en adaptarse a la vida de siempre, y otros directamente perdieron la chaveta. Edwin Aldrin, el segundo hombre en pisar la superficie lunar, se hizo alcohólico, maltrató a su mujer y terminó vendiendo coches en Beverly Hills. Edgar Mitchell escribió que la NASA ocultaba las visitas de marcianos a la Tierra, y a James Irwin, el conductor del primer automóvil que rodó por la Luna, le dio por organizar viajes a un monte de Turquía en busca del Arca de Noé. Los cincuenta años que se cumplen estos días de una gesta tan importante han desembaulado el recuerdo de aquella fascinación colectiva y las historias de sus artífices.

Cuando lleguen las próximas elecciones, PP y Ciudadanos correrán la misma suerte que los cosmonautas caídos en desgracia. Nunca más serán lo que fueron, por lo que sus electorados, menos bamboleantes, no los reconocerán y probablemente los castigarán en las urnas. La última encuesta de Sigma Dos para ‘La Verdad’, publicada el domingo pasado y cuyo trabajo de campo se realizó los días 9 y 10 de julio, en plena negociación para la formación de gobierno en Murcia, arroja un dato concluyente en esta dirección: el 28,8% de los votantes de Ciudadanos en la Región ya están arrepentidos de su respaldo a la candidatura que encabezaba Isabel Franco. Por algo será.

También cabe dentro de lo posible que ambos partidos pierdan la cabeza por completo al término de esta aventura coalicionista en la que andan embarcados, como les pasó a algunos de los tripulantes de las misiones Apolo. Unos y otros han estado en un tris de olvidarse de su identidad para congraciarse con Vox, cuyos cuatro diputados eran necesarios, por activa o por pasiva, para investir a Fernando López Miras presidente de la Comunidad Autónoma y sentar a Isabel Franco en la vicepresidencia regional. Las deserciones en el partido de Albert Rivera por su giro a la derecha y su cordón sanitario al PSOE son conocidas, tanto por estos pagos (especialmente dolorosas en Lorca) como en el ámbito nacional, donde la última fuga lleva la firma de Francesc de Carreras, uno de los ideólogos de la formación naranja. La disidencia es menos ruidosa en el PP. De momento. No puede terminar bien la andadura de un partido que con Rajoy era centrista, con Pablo Casado se hizo derechista, tras su derrota en las legislativas de abril reculó de nuevo hacia la moderación y ahora, para mantenerse en pie conservando las autonomías de Murcia y Madrid y el Ayuntamiento de la capital, se escora más aún a la derecha y se echa en brazos de Vox. Hasta este último viraje, los populares representaban una opción desideologizada, como tantas otras, pero instalada en la centralidad política y social. Muchos de sus votantes, afiliados y no afiliados, se consideran sinceramente progresistas en la defensa de derechos que no quieren ver revertidos, de los que el aborto es solo un ejemplo y la cobertura sanitaria universal -inmigrantes irregulares, incluidos-, otro. Estas y otras características hacían del PP un partido liberal y moderno, merecedor del respeto social. Tal vez haya militantes que hoy se preguntan, de buena fe, si vale la pena cambiar el alma por la púrpura, la esencia por la moqueta y el interés de la Región por el empeño partidario.

Es verdad que, para el común de los murcianos, lo que cuenta es que tendremos gobierno. Al final -muy al final-, PP y Cs han aceptado la última propuesta programática de Vox, que rebaja sus demandas iniciales notablemente, porque tampoco la organización de Santiago Abascal es granítica y ha sucumbido tanto a las presiones sociales como a las discrepancias internas en su grupo parlamentario, desde donde se trasladó días pasados a Madrid una cierta desazón por el ritmo cansino de la negociación. No tenía sentido que, dos meses después de los comicios, se mantuviera bloqueada la investidura de López Miras por la doble exigencia de prevenir el «adoctrinamiento político» en las aulas y revisar la ley regional de LGTBI, cuando el principal problema educativo de Murcia es, según el diagnóstico de general aceptación, la tasa de fracaso escolar, que nada tiene que ver con las charlas de orientación sexual ni con la inmersión lingüística que el nacionalismo utiliza para manipular a los críos en Cataluña desde la más tierna infancia. En cuanto a la ley LGTBI, puede que naciera viciada, pues su tramitación como proposición no de ley (impulsada por el PP, bajo el mando de Pedro Antonio Sánchez) la libró de ser dictaminada por el Consejo Jurídico y alguna tacha podría encontrársele si especialistas en Derecho la revisaran. Pero su vigencia tampoco representa un problema social ni su promulgación fue contestada, salvo por grupos minoritarios. Al contrario, significa un avance social del que mucha gente está orgullosa, y una herramienta útil contra la discriminación de las personas encuadradas en estos colectivos.

Ninguna necesidad tenían PP y Ciudadanos de plegarse a las exigencias de Vox, ni de suscribir, como hacen al validar el documento del partido radical, que los 20.000 profesores no universitarios de la Región deben considerarse sospechosos de «adoctrinamiento político en las aulas». Dan por bueno también que se denomine «violencia intrafamiliar» a la violencia machista, que en España se ha cobrado ya más de mil víctimas -lo que significa mil asesinos- desde que se registran los casos. PP y Ciudadanos se comprometen también, de la mano de Vox, a ceder a la presión vecinal y buscar otro lugar fuera de la pedanía murciana de Santa Cruz para acoger a los menores inmigrantes no acompañados (‘menas’).

Demasiadas concesiones. No en número, pero sí en importancia. Y lo peor, una vez más, está por venir, porque PP y Ciudadanos deberán aguantar en coalición los cuatro años de legislatura, acechados de cerca por los cuatro diputados de Vox, que querrán cobrarse su ‘sí’ a la investidura cuando haya que aprobar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, por ejemplo, o decidan impulsar desde la oposición parlamentaria propuestas que volverán a chocar con la esencia supuestamente centrista, liberal y moderna de PP y Ciudadanos. A la vuelta de este viaje al poder, habrá que chequear convenientemente en las urnas a los dos partidos para saber si regresan indemnes a la realidad -la que figura en sus programas, a que vendieron en la campaña- o se han dejado en la aventura la salud mental, como algunos de los astronautas de la NASA. La identidad ya la han perdido. Ya no son lo que eran.

Me llamó favorablemente la atención que los líderes políticos hablaran esta semana de desigualdades sociales y brecha salarial en el debate de investidura. Me sorprendió que lo hicieran porque parecían extraterrestres recién llegados desde otro planeta, asombrados ante lo que veían al bajar de sus naves: ¡Oh, hay pobres y ricos! ¡Oh, las mujeres cobran menos que los hombres! ¡Oh, los sueldos son en esta región los segundos más bajos de España! ¡Oh! El candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma fue sincero en su discurso. «Hay murcianos que trabajan ocho horas diarias y no pueden mantener a su familia, independizarse o encender la calefacción en invierno», dijo Fernando López Miras, quien prometió «un gran pacto por la igualdad social, con medidas concretas y que disponga del dinero público necesario», si obtiene finalmente la confianza de la Cámara. Estaríamos ante un anuncio esperanzador, de no ser porque ya no resulta creíble. Doce años hace que se aprobó la ley de renta básica, que obligaba a la Comunidad Autónoma a elaborar planes para la inclusión social que aún no han visto la luz, con el resultado de que la renta básica es en Murcia la más baja de España. Las reprimendas de la Defensora del Pueblo, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Trabajo Social solo han servido para que la Consejería de Familia responda, bordeando el cinismo, que espera conocer los resultados de un estudio sobre pobreza para elaborar el plan de Inclusión Social pendiente desde 2007.

Murcia fue la tercera región de España donde más creció la tasa de pobreza o exclusión social entre 2008 y 2017, según Gestha, el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda, que mete en este saco a todos los españoles (6,3 millones, el 34,4% de los asalariados) que percibían en 2017 un sueldo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Frente a la reducción de la pobreza en La Rioja, Castilla y León,Asturias, Galicia y Ceuta, la exclusión social avanzó en Navarra,Melilla y Murcia.

El salario medio enEspaña alcanzó su máximo histórico en el cuarto trimestre de 2018, al situarse en 1.657 euros mensuales brutos, pero el de Murcia fue –es– el segundo más bajo del país, con 1.433 euros.

Esta es, vista por el flanco de los desfavorecidos, la situación de una comunidad –la nuestra– en la que los cinco partidos de la Asamblea Regional se muestran incapaces de permitir la formación de un gobierno que combata esta injusticia, enredados como están –y va para dos meses ya– en el ‘y tú más’, que salpimentan con expresiones soeces como ‘acojonado’, ‘lamerle el culo’ o ‘qué nivel, Maribel’, todo ello escupido –porque son escupitajos– a las redes sociales. Pero ninguna dificultad han tenido en algunos ayuntamientos para pactar una subida de los sueldos de los concejales. O para liberar a más ediles de los que había. O para nombrar a más asesores de los que ya eran. O para ‘actualizar’ sus retribuciones. O para ‘equiparar’ a los de abajo con los de arriba. Da igual cómo lo llamen y en qué porcentaje lo hagan. El hecho cierto es que dedican recursos públicos a su economía personal, o al reforzamiento de los grupos políticos, en vez de destinarlos a paliar la pobreza y a achicar la discriminación salarial. Podría replicarse que lo suyo es el chocolate del loro, insuficiente para encarar un problema tan grave como el de la exclusión social, pero, entonces, ¿por qué no tienen al menos la decencia de dejar sus sueldos como están, o de renunciar a comisiones de 500 euros por asistir a un Pleno? No hay colores en esto. Kichi (Podemos, sector anticapitalista), el alcalde de Cádiz –una de las provincias más deprimidas de España– estrena la legislatura con más asesores (once en su equipo de gobierno), incremento de la asignación a los grupos municipales y aumento generalizado de los sueldos.

Los trabajadores murcianos cobran el segundo salario más bajo de España, y la Región es la tercera donde más crece la tasa de pobreza. Ese es el contexto

Varios alcaldes de la Región, en su mayoría socialistas, se han apuntado también a la mejoría retributiva. La de Santomera propone pasar de 35.000 euros brutos al año a 45.000, elevar la soldada a los dos concejales con jornada completa y «compensar» (sic) con 200 euros a todos los ediles por asistir a los plenos.

En Villanueva, el regidor cobrará 2.310 euros, frente a los 1.520 de la legislatura anterior (una subida del 52%), y los dos ediles con dedicación parcial cobrarán el 104% más que antes.

El alcalde de Alguazas plantea duplicarse el sueldo, hasta los 30.548 euros, según una denuncia del partido de la oposición UXA que no ha sido desmentida, y subir hasta 100.295 euros los 57.400 que las retribuciones de los políticos costaban al Ayuntamiento. En Torre Pacheco, el alcalde, Antonio León (Partido Independiente), se ha subido el sueldo un 8,9%, y los concejales con delegación de competencias lo han hecho en la friolera de un 40,74%. Los ediles de Fortuna con liberación parcial pasarán de percibir los 16.800 euros de antes a los 22.400 de ahora. Jumilla no escapa a esta compulsiva tendencia: un 5% más cobrarán los concejales con dedicación exclusiva y parcial.

El primer Pleno de la legislatura en Murcia ha servido a PP y Ciudadanos para consensuar que los concejales sin delegación de competencias perciban 34.000 euros anuales (15.000 euros más que ahora), con el fin de «estar acorde con el reparto general» (sic). La lista no es exhaustiva.

Da igual que la subida no siempre sea escandalosa.Da igual que beneficie a solo unos cuantos. Da igual el montante global y su insignificante peso en los presupuestos municipales. Eso da igual. Lo preocupante es la falta de sensibilidad de los munícipes, y de los políticos en general, hacia quienes sufren pobreza, están en riesgo de exclusión social o no pueden encender la calefacción en invierno ni siquiera teniendo la suerte de disfrutar de un empleo de ocho horas. Y, si alcaldes, concejales y diputados regionales consideran que es demagógico contraponer sus incrementos retributivos al salario medio de los murcianos, entonces será verdad que ellos vienen de otro planeta.

La España autonómica tiene más tradición coalicionista de lo que parece. Murcia, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha son las únicas regiones donde ningún partido ha compartido sillones con otro, aunque en Murcia y Madrid los gobiernos del PP han estado vigilados de cerca por Ciudadanos, que en ambos casos era su socio de investidura y ha condicionado sus políticas al punto de derribar a altos cargos populares en aplicación de su doctrina de tolerancia cero con la corrupción (Pedro Antonio Sánchez, Joaquín Bascuñana y Miguel Ángel Cámara se despeñaron por esta vía).

El socialista Patxi López fue lehendakari en 2009 con los votos de su partido y los del PP, una alianza que entonces se antojaba tan inverosímil como el tripartito que PSOE, PP y Cs acaban de formar en Cartagena, y es sabido que las coaliciones de todos los colores constituyen la norma de funcionamiento en la mayoría de los países de Europa, no solo en Alemania. Es lo que ahora toca también aquí -un pacto de gobierno-, dado que ninguno de los candidatos a la presidencia de la Comunidad Autónoma cuenta con los votos necesarios en la Asamblea Regional, que son los 23 de la mayoría absoluta que otorgaría la investidura en primera ronda, o más ‘síes’ que ‘noes’, la mayoría simple que bastaría si hubiera que recurrir a un segundo intento. A partir de mañana asistiremos en la Asamblea a un baile aritmético (y de máscaras) del que debería salir un Ejecutivo que saque a Murcia de la parálisis en que está sumida desde hace meses. Para comprender mejor los discursos y los movimientos que se darán en el hemiciclo, conviene recordar que el PSOE dispone de 17 votos; el PP, de 16; Ciudadanos, de 6; Vox, de 4; y Podemos, de 2, para un total de 45, aunque debería decirse escaños -mejor que votos- considerando ‘tamayazos’, ausencias o incidencias inconfesables, algunas de las cuales conoce también la política regional.

Sobre la mesa hay una sola candidatura, la de Fernando López Miras (PP), que Ciudadanos apoya a cambio de la vicepresidencia para Isabel Franco y de cuatro y media de las diez carteras (cuatro y media porque ambas formaciones han acordado compartir la de Turismo). Los 22 votos que suman PP y Cs hacen posible la proclamación de López Miras únicamente si Vox la apoya en primera ronda (mayoría absoluta, 26 votos) o bien se abstiene en la segunda (22 votos a favor, las 4 abstenciones de Vox y 19 votos en contra de PSOE y Podemos).

A la vista de la variopinta composición del Parlamento, donde hay más líneas rojas que en un parque infantil de tráfico -y ni rastro de la transversalidad prometida por la nueva política-, estos son todos los escenarios que pueden derivarse de las negociaciones, las públicas y las secretas, que los partidos mantienen estos días en Murcia y Madrid:

1) Vox vota a favor de López Miras, que obtiene así la mayoría absoluta. Hipótesis altamente improbable. PP y Ciudadanos no querrán abjurar de la ley LGTBI que sus diputados aprobaron en 2016 -como Vox les exige-, y Vox no se bajará del caballo a la primera de cambio. Si lo hiciera, ¿cómo explicar a sus 60.000 votantes que se olvida de un día para otro del cordón sanitario que impuso frente a homosexuales e inmigrantes sin papeles?

2) Vox se abstiene en la segunda sesión, prevista para el jueves, día 4. Opción posible, siempre que PP, Cs y Vox hallen en el diccionario de la RAE los sinónimos adecuados, y sepan combinarlos con la habilidad de un trilero, para intentar convencernos de que ninguno de los tres partidos sale malparado. Dirían que los tres ceden por el bien de la Región. Pero sería mentira y nadie los creería ya. La realidad es que los predicados de Vox no son compatibles en ningún caso con los de PP y Cs, hoy por hoy. Alguien tendría que admitir su rendición, y de eso sí que no hay precedentes en la política regional.

3) Vox se mantiene fiel a sus principios y vota contra la investidura de López Miras también en la sesión definitiva, día 4. Opción menos probable. Los de Abascal demostrarían así que no van de farol con sus advertencias, pero se enfrentarían a un problema casero difícil de explicar a sus tropas: la Comunidad estaría comandada por un presidente del PSOE -debido a las intransigencias ideológicas de Vox-, y a otro de peor digestión aún: se verían reducidos a la irrelevancia, condenados a ejercer de oposición frente a un gobierno socialista y sin influir en la gobernanza, ni siquiera indirectamente.

4) Consumado el fracaso del pacto PP-Cs para investir a López Miras, el candidato del PSOE, Diego Conesa, presentaría su candidatura a la presidencia. Ciudadanos ya ha anunciado que lo apoyaría y, de mantener su palabra (algo a poner en duda, a tenor de la trayectoria del partido), Conesa quedaría investido con sus 17 votos y los 6 de Ciudadanos (o sea 23, mayoría absoluta).

Esta sería la salida democráticamente más lógica. Diego Conesa fue el candidato más respaldado por las urnas, en votos y en escaños. Ganó las elecciones. Ahora bien, Ciudadanos tendría que romper los dos pactos que ha firmado estos días con el PP y redactar uno nuevo -de articulado distinto- con el PSOE. Es verdad que casi todo se puede justificar en política, pero, ¿impulsaría ese gobierno de coalición una bajada de impuestos, como Ciudadanos tiene por bandera, o más bien una ‘progresividad fiscal’ (subida impositiva), que es el santo y seña del programa socialista? Ese eventual Ejecutivo autónomo, ¿frenaría los conciertos educativos en Bachillerato y FP, como el PSOE defiende, para invertir más dinero en la educación pública, o montaría barra libre para los conciertos, que es lo que Ciudadanos patrocina?

5) La última opción -menos probable, pero tampoco descartable- nos llevaría a una repetición de las elecciones en octubre, ante la imposibilidad de trenzar un acuerdo que garantice la estabilidad de la Comunidad Autónoma.

Mal panorama. Algunas de las fuerzas llamadas a regir el futuro de la Región se declaran incompatibles entre sí (Ciudadanos y Podemos, PP y PSOE), y otras (PP y Ciudadanos) se verían amenazadas -si compartieran gobierno- por el principio de que ‘semejante disuelve a semejante’, al que Rubalcaba, político y químico, apelaba cuando se le preguntaba por los gobiernos de coalición.

Hace falta un manojo de cualidades -habilidad, cintura, diplomacia, finura, lealtad y mucho nivel político-, que no sobran en la dirigencia regional salida de las urnas, para evitar que cualquiera de los pactos que se ensayan estos días salte por los aires prematuramente y la inestabilidad institucional se convierta en una constante. O se dejan de líneas rojas y demás fruslerías, e hilan fino y generosamente en sus negociaciones, o parecerá, en palabras de Stalin, que intentan ponerle una silla de montar a una vaca, habrá que repetir las elecciones, y la gente, harta de tanta componenda inútil, dictará entonces en la calle la peor de las sentencias: «Es que van a lo suyo».

Dime que no es verdad esto…

Sábado, 15 de junio, día de la constitución de los ayuntamientos. 10.30 de la mañana. Diego Conesa envía a Ana Belén Castejón este whatsapp, con un pantallazo de la web de ‘La Verdad’ en el que se informa de que PSOE, PP y Ciudadanos ultiman un pacto -finalmente suscrito- para evitar que José López (MC) se convierta otra vez en alcalde de Cartagena. El secretario general de los socialistas hace tiempo en su casa de Alhama para asistir a la investidura de su compañera Mariola Guevara. Mientras se ajusta la corbata, sigue en directo, a través de laverdad.es, los plenos más tempraneros de la jornada. No espera sorpresas.

-Dime que no es verdad esto…

Ana Belén Castejón tardó un siglo en responderle. Lo hizo al día siguiente, fríamente, con otro whatsapp en el que le decía que debían hablar. Demasiado tarde. La crisis ya se había desatado y era pasto de telediarios nacionales. Cartagena y la pequeña población valenciana de Sueca eran los únicos lugares en los que el PSOE había votado con el PP, para disgusto de la Ejecutiva federal, que estaba ocupada en los pactos de gobernabilidad del Estado pero tuvo que tirar de teléfono porque tampoco daba crédito a lo sucedido en Cartagena. La segunda ciudad de la Región (215.000 habitantes, seis agrupaciones socialistas, un resistente semillero cantonalista) nunca se le dio bien al PSOE, ni siquiera cuando gobernaba el Ayuntamiento. Juan Martínez Simón, Juan Luis Martínez y, ahora, Ana Belén Castejón se las han tenido tiesas con la dirección regional, por una razón u otra.
Fecunda correspondencia telefónica de Conesa con Hervías
Esta vez, el conflicto se veía venir, en parte por la personalidad levantisca de Ana Belén Castejón (que, de hecho, había solicitado, sin éxito, permiso para matrimoniarse con el PP), pero a Conesa le estalló en la cara. La Ejecutiva regional reaccionó enfurecida al pacto de Castejón y sus cinco ediles con Noelia Arroyo (PP) -ambas se turnarán en la alcaldía- y Manuel Padín (Ciudadanos). El secretario de Organización, Jordi Arce, abogó en público por la expulsión inmediata de Castejón y de sus concejales rebeldes. El alcalde de Calasparra, José Vélez, sin duda el más deslenguado de los halcones que protegen a Diego Conesa (llamó ‘la faraona’ a Susana Díaz cuando la andaluza disputaba el liderazgo a Pedro Sánchez), se echaron en tromba sobre Castejón, y el propio Conesa, de modales suaves, la llamó «excompañera» en una emisora de radio. Otro notable del partido, Emilio Ivars, salió, sin embargo, en defensa del tripartito recién alumbrado en Cartagena. Era la evidencia de una fractura interna, toda vez que Ivars pertenece al sector ‘tovarista’, encabezado por María González Veracruz, que perdió las primarias ante Diego Conesa en 2017. Pero de más interés resultó el debate de ética política que el suceso originó extramuros de la organización socialista acerca del fin y la justificación de los medios, pues el pacto de Castejón con PP y Ciudadanos cortaba el paso de la alcaldía al candidato José López, el populista de «verdades como puños, y, si hace falta, a la cara». Aquello se hacía por Cartagena. Todo por Cartagena, se hartó de explicar la alcaldesa electa. Pero, de otra parte, la insurrección creaba un precedente que el PSRM-PSOE no podía tolerar: era un acto claro de desobediencia a la Ejecutiva y, para mayor escarnio, dejaba en mal lugar la política de pactos en los ayuntamientos de la Región que el secretario general había trenzado personalmente con Fran Hervías, el número tres nacional de Ciudadanos.
Las sorprendentes alianzas de Lorca y Fortuna
Está claro que Hervías vino a por atún y a ver al Duque cuando se dejó ver en la Asamblea Regional cuatro días antes de constituirse los ayuntamientos y todos creímos que había viajado a Cartagena para comerse un caldero. No. Hervías se intercambió el número de teléfono con Diego Conesa y hasta el mismo sábado de los plenos entabló una fecunda conversación vía WhatsApp con el líder socialista. Cartagena, lógicamente, era la pieza más codiciada -y la más delicada- de la partida. Diego Conesa ofreció a Ciudadanos darle la alcaldía para que arbitrara la legislatura, con el beneplácito también del PP, e impedir así que la cogiera José López y de paso evitar que cayera en manos de Noelia Arroyo. Fue un intento a la desesperada, que Conesa replicó en Murcia (donde Mario Gómez habría suplantado a José Ballesta), para exprimir cualquier posibilidad de que Ciudadanos apoyara a cambio su investidura como presidente de la Comunidad Autónoma. A Hervías le pareció bien la propuesta, al menos en su vertiente municipal, a juzgar por la respuesta que devolvió a Conesa el jueves, 13: «Garaulet y Valle, OK». Pero luego volvió al punto de partida: «El PP no apoya». Noelia Arroyo había jugado sus cartas, parece que mejor que nadie: o pacto de gobierno ‘antipopulista’ -el que la hará alcaldesa en 2021-, o todos a la oposición y José López a la alcaldía.
La Ejecutiva regional manejaba una estrategia muy distinta a la puesta en marcha ‘in extremis’ por Castejón. Consistía en dejar que gobernara José López, en la seguridad de que sus excentricidades lo harían acreedor en pocos meses de una moción de censura, que -entonces, sí- el PSOE podría suscribir con PP y Cs por el bien de Cartagena y sin convertir a López en una víctima de pactos que el ala enrabietada del MC pudiera tachar de contra natura. La dirección socialista sostiene, además, que la estabilidad institucional no queda garantizada en Cartagena con una alianza cuyos firmantes tendrán muy difícil llevar a la práctica la gobernabilidad diaria del Ayuntamiento.
No era solo la indisciplina que suponía promover el tripartito. Ana Belén Castejón echó también por tierra los compromisos que Diego Conesa había guisado con Fran Hervías. De esa olla saltó la sorpresa de Lorca, donde Ciudadanos votó al candidato socialista para derrotar al PP -la lista más votada-, y salió también el insólito apoyo de los siete concejales del PSOE a la única edil de Ciudadanos en Fortuna, para que esta se hiciera con la vara de mando en un feudo tradicional del PP. Diego Conesa se tiene por un hombre de palabra, y por un dialogante incansable, así que lo de Cartagena le hizo sentirse un interlocutor desleal ante Hervías al tiempo que frágil a los ojos de su Ejecutiva, que el martes pidió por unanimidad sangre, sin perdón posible para los rebeldes de Cartagena, en la reunión de Murcia donde se aprobó la apertura de un expediente que (todos lo saben, también Castejón) se ralentizará en Madrid y tendrá el desenlace que quiera dársele.
Cuando Conesa vio que su liderazgo estaba en riesgo, cogió el toro por los cuernos. Convocó en la Asamblea Regional a los seis concejales insurrectos de Cartagena, horas antes de que se reuniera la Ejecutiva regional. «Esto no es un juego de niños», les advirtió. Y, en lugar de un expediente de expulsión inmediata, que era el desenlace previsto, les ofreció una salida más magnánima: la suspensión cautelar de militancia. Les permitió mantener el nombre y la representación del PSOE en el Ayuntamiento, pero les hizo saber que el partido será dirigido en Cartagena por la gestora, y que cualquier decisión que deban adoptar como concejales, por insignificante que sea, deberán consensuarla con la gestora, antes que con sus socios de gobierno. Les recordó que él había sacado en Cartagena, como candidato a la Comunidad Autónoma, 3.500 votos más que los obtenidos por Ana Belén Castejón y, al despedirse, pidió a esta -mejor dicho, le ordenó- que en 2021, cuando entregue la alcaldía al PP, devuelva también su acta de concejal al partido y se vaya a casa. Era el precio del indulto.
No consta que hubiera respuesta de Castejón.

Los grupos de WhatsApp que utilizan los socialistas se llenaron el sábado de emoticonos con formas de aplausos y pulgares arriba. Había que celebrar con alborozo la elección de Ana Belén Castejón como alcaldesa de Cartagena y la de Diego José Mateos en Lorca, ambas inesperadas. Pero los grupos enmudecieron en apenas unos minutos, el tiempo que tardaron en propagarse el comunicado de la Ejecutiva Regional que desautorizaba a Castejón, el mensaje de Jordi Arce deseando la pronta expulsión de los rebeldes de Cartagena y el de Diego Conesa llamando ‘excompañera’ a Castejón, así como el pantallazo que reflejaba la expulsión de la alcaldesa -por parte de Jordi Arce- del grupo de secretarios generales. Fue todo un visto y no visto, una reacción que resultó abrupta e irreflexiva (cuando en realidad estaba preparada), un rebote desusado en una organización más dada al debate que al puñetazo en la mesa, aun en sus momentos cainitas. Aquella mañana, circuló mucha testosterona -demasiada- por el aparato de mando del partido que integran Jordi Arce, José Vélez y Alfonso Martínez Baños.

Muchos socialistas no se reconocían en la rebeldía de Castejón y sus concejales, pero tampoco en las formas empleadas para su represión, así que la alegría por haber recuperado la alcaldía de Lorca y conservado la de Cartagena quedó enturbiada en un rato a causa del nerviosismo de una Ejecutiva novata e impetuosa. Después de hablar con muchos compañeros (esa es su consigna personal, hablar hasta aburrirse), Diego Conesa se reunió ayer con los rebeldes de Cartagena y pactó con ellos la dimisión de Castejón como secretaria general, a cambio de una sanción menos cruenta. Conesa ha visto cómo esta crisis ponía a prueba su capacidad de liderazgo, pero al menos ha podido sujetar a los caballos antes de que se le desbocaran.

Las elecciones no han surtido esta vez el efecto purificador que se les supone. Es como si la fiesta de la democracia se hubiera visto aguada por unos resultados que a nadie contentan. Todo el mundo está cabreado. O perplejo. Por donde más supura la llaga es por el PSOE, porque la suya es una victoria pírrica, histórica después de 24 años pero insuficiente para gobernar en la Comunidad Autónoma, y ganar para seguir en la oposición es lo mismo que morir en la orilla. Pero, no conforme con su infortunio, el PSOE –¡ay, el PSOE!– se metió ayer en otra de sus históricas crisis orgánicas, que parecían olvidadas con la llegada de Diego Conesa y el bálsamo del 26-M. La rebeldía de su grupo municipal en Cartagena para retener la alcaldía de Ana Belén Castejón, el expediente abierto desde Murcia, la constitución por la Comisión Ejecutiva Regional de una gestora, y las discrepancias internas con este procedimiento sancionador –ya expresadas incluso desde dentro del aparato, y ventiladas en las redes sociales– auguran lo peor para los socialistas, el regreso de sus demonios y la inutilidad del triunfo, al tiempo que arrojan una duda existencialista: ¿era preferible que Castejón y su gente entregaran la alcaldía a José López, antes que dejarse querer por el PP? ¿Debería el PSOE taparse la nariz ante el populismo de Vox, pero no ante el populista José López? ¿Resulta más ético aceptar el apoyo de un concejal imputado para quitarle al PP la alcaldía de Mazarrón? ¿Dónde ponemos finalmente las rayas, en aras de la coherencia?

Nadie parece feliz. Al PP, que no oculta la amargura de su primera derrota en un cuarto de siglo, le inquieta verse en la tesitura de cohabitar con Ciudadanos en un Ejecutivo regional en el que las rencillas dificultarán llegar al final de la legislatura en buena armonía con un socio cuyo objetivo último consiste en arrebatarle a los populares la hegemonía del centro derecha. Volarán puñales por las alcobas.

Qué decir de Podemos, afligido por un batacazo que lo baja definitivamente al suelo al dejarse en el cielo cuatro de sus seis diputados regionales, o de Vox, que pregona su irritación por considerársele un apestado pese sus 60.000 votos y a la condición de aliado necesario en la Comunidad Autónoma y en unos cuantos ayuntamientos.

Ciudadanos merece su propio rincón en este paisaje del malestar. Que su papel de bisagra lo lleve a tocar pelo, y a decidir quién manda en la Región, no esconde el hecho de que perdió votos el 26-M, si bien ganó poder gracias a la nueva ley electoral. Pero donde mejor se palpa el malhumor es entre los votantes que apoyaron al partido de Rivera porque confiaban en su propósito de regenerar la vida pública enviando al PP a la oposición y ahora ven cómo sus representantes electos dan oxígeno a los populares. Lo contrario de lo que dijeron en la campaña y lo contrario también del mandato emanado de las urnas. Me apunto al bando de quienes piensan que Ciudadanos se ha disparado en el pie con su política de pactos, por su ansiedad en las negociaciones municipalistas de ayer –descarada en el caso de Murcia–, por sus bandazos, por su inconsistencia ideológica, por la insinceridad exhibida al negar su maridaje de conveniencia con Vox.

Muchos de los acontecimientos a los que asistimos estos días traen a la memoria la banalización de la política que Vargas Llosa retrata en ‘La civilización del espectáculo’, un ensayo en el que advierte de que la propensión natural a la diversión se ha adueñado peligrosamente de la actividad institucional y del debate público, al punto de frivolizarlos. Suceden algunas cosas que causan perplejidad y otras que rozan el terreno de friquilandia. Fernando López Miras, sin ir más lejos, está a punto de acceder por segunda vez a la presidencia de la Comunidad Autónoma después de haber perdido las únicas elecciones a las que se ha presentado, lo que supone una rareza democrática. De traca fue también que un mandamás nacional de Ciudadanos, Fran Hervías, se enseñoreara de la Asamblea Regional, que no es suya, sino de los murcianos, y ordenara a su partido lo que debía hacer, o que el bueno de Alberto Castillo –nobleza obliga– se manifestara abrumado por su designación para presidir el Parlamento autónomo, como si cargo tan importante (la segunda autoridad de la Región) le hubiera tocado en una rifa. Hay mucho cabreo, y también mucha perplejidad, y no es para menos.

Tarde o temprano, Ciudadanos tendrá que refundarse. El partido de Albert Rivera, que primero fue socialdemócrata y luego liberal, deberá dejar atrás el tacticismo que caracteriza su serpenteante andadura y echar raíces sobre un sustrato ideológico que permita al menos identificarlo. No ahora. A Ciudadanos ahora le toca vivir su minuto de gloria, gobernar, ayudar a formar gobiernos o tumbarlos, apoyar al PP en una comunidad y, llegado el caso, apalancar al PSOE en otra. Ciudadanos ha demostrado que es incluso capaz de votar a una presidenta socialista y derrocarla antes de que la legislatura acabe, como hizo en Andalucía, sin que los oídos le chirríen. Es capaz de cualquier cosa, incluso de abrazar la doctrina de Groucho Marx: «Si no le gustan mis principios, tengo otros».

Esta ambigüedad exhibe también en Murcia, dejándose cortejar por PP y PSOE para guardar las formas, pero tejiendo ya una alianza con el PP que dejaría en la oposición otros cuatro años al PSOE (la lista más votada), y convertiría en papel mojado las promesas del partido naranja durante la campaña, en la que sus candidatos fiaron la regeneración de la vida pública a que el PP saliera del Gobierno. La arenga de Inés Arrimadas en la plaza de Belluga acompañará siempre a Ciudadanos si, como parece que sucederá, alcanza al final un pacto de gobernabilidad con los populares: «24 años del PP en Murcia son muchos. ¿Os imagináis 28 años gobernando los mismos en Murcia?».

Pero la gente de Albert Rivera tiene derecho a casarse con quien quiera y a desdecirse de lo proclamado en los mítines; es el derecho del que igualmente abusan todos. Las promesas electorales tienen más de ilusionismo que de compromiso, y así será mientras su incumplimiento no se vea penalizado con mecanismos como la revocación. Los electores sabrán a qué atenerse cuando Ciudadanos comparezca otra vez en las urnas, pero sus seis diputados en la Asamblea Regional le otorgan la llave para decidir quién se sienta en San Esteban, y están legitimados para imponerlo. La semana pasada apunté en esta página mi preferencia en casos así: que gobierne la lista más votada cuando nadie pueda concitar una mayoría absoluta que garantice una cierta estabilidad, y que los pactos puntuales hagan el resto hasta el término del mandato. Es lo que la ley marca para los ayuntamientos y también lo que podría establecerse para la Asamblea Regional si los partidos tuvieran la voluntad de acometer la correspondiente reforma de la normativa electoral. Me parece asimismo que esta fórmula responde mejor a la voluntad popular, pues nadie vota pensando en que su papeleta sume con las recibidas por otras candidaturas. Nadie vota pensando en coaliciones, sino en que gobierne la opción a la que otorga personalmente su confianza.

La aritmética parlamentaria, sin embargo, hace que corresponda a Ciudadanos resolver cómo deshacer el virtual empate entre PSOE (17 escaños) y PP (16 escaños y 800 votos menos). Y deberíamos permitírselo. La izquierda se ha quedado con la miel en los labios, pero el partido terminó el 26 de mayo por la noche, y no hay segunda vuelta. La constitución del Pacto por la Regeneración, y el manifiesto dirigido a Albert Rivera en el que se insta al líder naranja a que no pacte con el PP (es decir, a que lo haga con el PSOE) se parece mucho a un escrache político. El manifiesto podría ser suscrito por una gran mayoría de los murcianos, en lo que alude a la necesidad de renovar las instituciones e incluso por lo que concierne al rechazo de los casos de corrupción que han salpicado a los gobiernos del PP. La mejor constatación del presumible respaldo social al contenido del manifiesto es que el PP perdió las elecciones a manos del PSOE, aunque por poco. El argumento de que el centro y la derecha sumaron más que el centro y la izquierda sirve al PP para explicar su derrota, y resulta útil para tertulias radiofónicas y análisis de politólogos, pero es una falacia electoral, por lo dicho antes de que no se vota pensando en espacios sociológicos ni en eventuales coaliciones. El PSOE fue la lista más votada y eso sugiere que los electores preferían que gobernaran los socialistas.

Ahora bien, mientras no se cambien las leyes, ni se penalicen los incumplimientos electorales, deberíamos dejar a Ciudadanos que decida libremente, sin ruidosas manifestaciones ante su puerta, a quién vende su alma.

Antonio Garrigues Walker casi lo clavó en el Foro Nueva Murcia: «Ahora, uno sabe quién ha ganado las elecciones 30 días después de que se celebren». Más o menos, ese es el tiempo que toca esperar, en Murcia y en otros lugares, para despejar todas las incógnitas que el 26-M dejó abiertas y alguna que aún colea del 28-A. El 15 de junio deberán constituirse los ayuntamientos, que forman parte inseparable del trueque en el que los partidos se intercambiarán las instituciones al modo que mejor les convenga. Los alcaldes serán investidos ese mismo día, unos con la mayoría absoluta de los concejales electos (para lo que los pactos serán necesarios en una gran parte de las corporaciones) y otros -quienes no reúnan el apoyo de la mitad más uno de los ediles- porque fueron los candidatos más votados en las urnas. De una forma u otra, la elección es legalmente inaplazable, salvo impugnaciones. De ahí la certidumbre de que todos los cromos se habrán intercambiado en torno al día 15.

Podremos aguantar. Quienes asistimos el domingo al trepidante escrutinio de las autonómicas, en el que PP y PSOE se disputaron alternativamente y por decenas de votos el escaño número 17 (el que a la postre dio la victoria a los socialistas), y vibramos con aquel recuento sin que el corazón nos estallara, podremos aguardar un par de semanas más antes de saber si el Gobierno regional queda en manos de la derecha, que lo ha ostentado en los últimos 24 años, o en poder de la izquierda, que lo sostuvo desde los primeros comicios autonómicos (1983) hasta la llegada de Valcárcel en 1995.

Entre tanto, todo serán conjeturas y declaraciones zigzagueantes, necesariamente vacías por la provisionalidad del momento pero también por la subordinación de los partidos a sus direcciones nacionales, que serán las que impongan desde Madrid los acuerdos que deban adoptarse en cada rincón con un mapa de España desplegado sobre la mesa. No debería ser así, tratándose de unos comicios locales y autonómicos, pero así es, y parece que esto no incomoda a los electores de Murcia, que despacharon con el 2% de los votos al partido de Alberto Garre, la única opción regionalista que había en liza. Esta reflexión -en absoluto derivada de melancolías regionalistas, de las que no participo- me lleva a otra de más calado que se relaciona directamente con lo que está en juego: ¿quién debería gobernar en la Comunidad Autónoma, dados los apretados resultados del 26-M y las variables de pactos posibles? Mi impresión personal, por aventurar alguna hipótesis, apunta a que lo harán PP y Ciudadanos, con la anuencia de Vox. Es solo una intuición carente de fundamento, si bien algún indicio se vislumbra en esa dirección. La carta que Diego Conesa envió el miércoles a Isabel Franco emplazándola a abrir la negociación incluye un punto que podría convertirse en un escollo para el acuerdo, porque propone impulsar «una fiscalidad progresiva acorde con nuestros principios constitucionales», expresión esta que -aunque muy cuidada en sus términos- podría aludir implícitamente a una subida de impuestos, la peor bicha imaginable para el partido de Rivera, junto con el independentismo; tanto es así que Isabel Franco había declarado ese mismo día en la cadena SER que para ella es más importante (de cara a eventuales pactos) bajar los impuestos que aceptar la aplicación del artículo 155 en Cataluña. O Diego Conesa no oyó la radio el miércoles o introdujo su ‘fiscalidad progresiva’ en el documento porque ya presumía la dificultad del emparejamiento.

Otra pista que señala el mismo camino está en la etiqueta ‘sanchista’ de Conesa. Aunque todo lo dicho por unos y otros pierde valor al día siguiente, conviene recordar que Villegas exigió a los barones socialistas dispuestos a pactar con Ciudadanos que renegaran de Sánchez, y no veo yo a Conesa apostatando por un plato de lentejas. Del otro lado, Inés Arrimadas enardeció a los suyos en el mitin de Murcia con una pregunta en forma de advertencia: «¿Os imagináis 28 años gobernando los mismos en Murcia?» Lo dicho: todo aquello, y cuanto nos queda por escuchar, será papel mojado al final. La política es el espacio de la vida donde menos axiomas hay. Todo es cambiable, intercambiable y negociable.

Lo cierto es que la del PSOE fue la lista más votada el 26-M. Por menos de 500 votos, pero fue la lista que más apoyos recibió, y eso convierte a Diego Conesa en el vencedor de las elecciones, como deportivamente reconoció al instante Fernando López Miras, y por tanto en el candidato obligado a intentar la formación de gobierno, misión difícil en la que solo podría tener éxito coaligándose con Ciudadanos.

Pero, salga lo que salga de este mercadeo, su resultado no responderá al veredicto popular. Las urnas instaron al PSOE a gobernar en San Esteban, al PP a hacerlo en Murcia, al MC en Cartagena, y así hasta completar una orla de presidentes y alcaldes -nos guste o no- que se parecerá poco a la que dibujen las comisiones negociadoras. Las urnas exhortaron también al PSOE a gobernar en minoría, para pagar por su pírrico triunfo, y a trenzar pactos con una oposición que a su vez debería ayudar en la gobernabilidad de las instituciones, lejos de socavarlas para sacar tajada.

Quizá la norma que rige para los ayuntamientos (mayoría absoluta o lista más votada) sería la solución ante semejante galimatías. Tres veces la propuso en la Asamblea Regional el PP, y tres veces la rechazó el PSOE, arrepentido ahora, supongo, de haberse opuesto a una reforma que habría sentado ya a su candidato en San Esteban, sin necesidad de ir al mercado.