Conocí a Jaume Matas en 2002. Fue un encuentro breve, pero esclarecedor sobre el futuro inmediato que le esperaba, aunque ni por asomo imaginé que acabaría ocho años después enfrentándose a una imputación por doce delitos y una orden de prisión provisional eludible con una fianza de tres millones de euros. Entonces, el político que impulsó el Plan Hidrológico Nacional se había quedado sin director de comunicación en el Ministerio de Medio Ambiente y buscaba un relevo. Me llamó y acudí a la cita, pero sin ningún interés por el puesto. Lo hice por cortesía y, sobre todo, por curiosidad, ya que el Gobierno de Aznar siempre había elegido para esos fines a periodistas salidos directamente de Génova o inequívocamente próximos al PP, lo que no era mi caso. Me encontré a un político cortés y muy directo. Sabía lo que quería. Nada de comunicación institucional o perfil técnico. En 2002, Matas buscaba presencia mediática. Teóricamente para el Ministerio, pero estaba claro que era en beneficio propio. Ansiaba proyección pública para un objetivo aún inconfesado pero que ya tenía en mente: alcanzar, un año después, la presidencia de Baleares. Ninguno de los dos movió ficha tras el encuentro. Era evidente que él necesitaba un experto en marketing político, no un periodista. Curiosamente, una empresa de comunicación de esas características, Nimbus Publicidad, aparece ahora en el ‘caso Palma Arena’ con un papel estelar en los ejes fundamentales del sumario: el irregular incremento patrimonial del ex presidente balear, el sobrecoste del velódromo de Palma y una supuesta financiación ilegal del PP balear en la campaña de 2007. La lectura del auto de medidas cautelares causa una sensación demoledora. Son 147 páginas de inusitada dureza en las que se acusa a Matas de haber diseñado una estrategia en su beneficio y el de sus allegados, burlándose, como dice el juez instructor, de los «simples mortales». Aunque goza de presunción de inocencia, los indicios de responsabilidad penal parecen tan evidentes que Mariano Rajoy le ha abandonado a su suerte para capear el turbulento efecto que origina la situación procesal del ex dirigente del PP, ahora que los sondeos electorales venían de cara. Es, sin duda, el caso de corrupción más grave al que se han enfrentado los populares, que sufren ya las embestidas del Gobierno de Rodríguez Zapatero. En este asunto especialmente grave, como en otros que afectan al PSOE (ahí está el caso del ex alcalde de Los Alcázares del que informamos hoy), la ciudadanía quiere respuestas contundentes contra quienes presuntamente han metido la mano en la caja. No basta con explicaciones y disculpas. La clase política tiene la obligación de consensuar acuerdos para expulsar a los corruptos de sus filas y de extremar los controles, internos e institucionales, que garanticen la regeneración de la vida política.