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El sudoku de Blanco

La historia se repite. Vuelve el ‘sudoku presupuestario’ de Pedro Solbes, como lo tildó el ex vicepresidente hace cuatro años, pero ahora a la mesa del ministro de Fomento, José Blanco. Entonces también estábamos en un septiembre previo a unas elecciones autonómicas y se dirimía la distribución de las inversiones del Estado en las comunidades para los Presupuestos de 2008. Todo un rompecabezas que encendió el debate político y la disputa territorial. Irónico e inteligente, Solbes hablaba de ‘sudoku’ porque Zapatero le encomendó un puzzle con una pieza inamovible que lo condicionaba todo. Fue pactada por el presidente y Artur Mas en aquella reunión celebrada un sábado de enero de 2006 en La Moncloa, donde se fraguó el acuerdo político del Estatut. Esa pieza es la disposición adicional tercera del Estatut que convertía a Cataluña en la única comunidad con inversiones estatales garantizadas durante los próximos siete años (2007-2013), vinculándolas a su contribución al PIB nacional. El Gobierno de Manuel Chaves tomó nota y tiempo después alcanzó un acuerdo estatutario con Zapatero que blindaba un porcentaje de la inversión estatal en virtud del peso poblacional de Andalucía. Abierto el melón de las reformas estatutarias, Aragón siguió la misma senda. Con esas cláusulas de inversión, ineludibles porque los estatutos devinieron en leyes orgánicas, Cataluña y Andalucía eran las ganadoras de antemano del ‘sudoku’ de Solbes. Cuatro años después, agobiado por los sondeos electorales, el presidente Griñán se reunió este lunes con Zapatero para recordarle que Andalucía, en virtud de su estatuto, tiene derecho al 17,8% de la inversión. De esa forma arrancó 125 millones de los 700 millones recuperados para infraestructuras y anunció, 72 horas antes de que el ministro de Fomento lo explicitase en el Parlamento, que su comunidad era la más beneficiada de ese rescate. Como se comprobaría el jueves, las otras dos mejor paradas del ‘sudoku’ de Blanco han sido Cataluña y Aragón. Blanco rechazó que hubiera favorecido a comunidades cuyo gobiernos puede perder el PSOE, pero éstas ya partían de nuevo con ventaja por los acuerdos políticos que Zapatero cerró a lo largo de 2006 con Mas y Chaves. La última palabra no está dicha porque Elena Salgado precisó que los 700 millones, y por tanto la lista definitiva de obras, están supeditados a la negociación de los Presupuestos de 2011. Las perspectivas para la Región de Murcia, que recibió la pedrea de dos tramos de la autovía del Altiplano, no son halagüeñas en este inminente proceso de elaboración de las cuentas públicas. Ahí estarán esos blindajes estatutarios que hipotecan la política de inversiones estatales y perjudican a territorios históricamente marginados por su bajo peso poblacional (y electoral) como Murcia, donde se necesitan modernas infraestructuras de transporte tanto como el agua.

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