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La encrucijada financiera de Valcárcel

No será ni el déficit estructural de infraestructuras, ni el de recursos hídricos, la reivindicación más urgente y conflictiva del Gobierno de Valcárcel frente al Ejecutivo de Rajoy. Será otro déficit endémico, el de la financiación autonómica de la Región de Murcia, la ‘patata caliente’ que puede disparar la fricción entre un Gobierno regional asfixiado por la atonía de la actividad económica y un Ejecutivo nacional condenado a cumplir con el compromiso de estabilidad financiera impuesto por Merkel en la UE.
Diez comunidades, con Baleares a la cabeza, cosecharon superávit en el tercer trimestre, pero otras, como Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, suspendieron en septiembre. Aunque mejora progresivamente sus cifras tras reducir 200 millones en el presupuesto de 2011, la Región de Murcia casi triplicó en septiembre el tope de déficit fijado para este año. Como a Cospedal, a Valcárcel no le queda más opción que incrementar el ‘tijeretazo’ (400 millones en el presupuesto para 2012) porque solo hay dos caminos posibles a recorrer en paralelo: bajar gasto público y subir los ingresos. Cuando es insuficiente el dinero que entra en las arcas por la vía de la financiación autonómica y de los impuestos (IRPF, IVA, gasolina…), de la encrucijada solo se sale con más recortes y buscando financiación en los mercados con el consiguiente riesgo de engrosar la deuda. No hay un plan B, salvo subir tasas y sobre todo impuestos. Lo primero se ha hecho (un 2,5% de media), lo segundo no se hará.
Baleares exhibe las mejores cifras de saneamiento en el tercer trimestre, pero no fue por la dimensión de su ‘tijeretazo’ (262 millones), sino porque su economía es más dinámica y sus ingresos crecieron un 48%. El problema de la Región es que su actividad económica, salvo el sector exportador, carece de pulso. Los ingresos se despeñan cuesta abajo y, para colmo de males, el margen de recorte es muy estrecho porque, a diferencia de otras comunidades, la Región dedica el 76% de su gasto a Sanidad, Dependencia y Educación. Cualquier ‘tijeretazo’ sensible en esas partidas implicaría una merma de la prestación o tocar las retribuciones de los funcionarios, dos hipótesis descartadas. Además de la crisis y el gasto expansivo en Sanidad y Educación, por el aumento de la población y la subida salarial de 2008 al personal del SMS, la Región se enfrenta a un modelo de financiación autonómica que le perjudica frente a otros territorios, agravado por la indisponibilidad de los 225 millones del Fondo de Competitividad que no transfirió la Administración central. Un informe presentado el lunes por la Fundación BBVA bajo el título ‘Las diferencias regionales del sector público español’ pone el dedo en la llaga. Solo la Comunidad Valenciana tiene una mayor absorción de recursos autonómicos para Educación y Sanidad que la Región de Murcia. Y en recursos reconocidos por el sistema de financiación autonómica, tanto en euros ‘per capita’ como en euros por población ajustada, la Región aparece en puestos por la cola, exclusivamente superada en posiciones negativas por Canarias. A la luz de este informe parece que Valcárcel tiene razón cuando dice que con un modelo de financiación más justo con la Región no tendría obstáculos para el cumplimiento del objetivo de déficit. Lo malo es que es más factible que llegue antes la recuperación económica, si acierta Rajoy con sus medidas, que un posible cambio del modelo de financiación, que implica un consenso entre todas las comunidades autónomas, algo complejo aunque no imposible con el actual mapa monocolor del PP.
A la espera de esa reactivación económica asistiremos pues a más recortes de gasto público. Como el conjunto de la sociedad española, la murciana lo tiene asumido. Sin embargo, el Ejecutivo de Valcárcel se juega su credibilidad si acomete esta tarea con una rebaja generalizada de todas las partidas sin eliminar primero, y de cuajo, lo superfluo o sustituible por la iniciativa privada, que algo queda. Por ejemplo, no tiene sentido, ni siquiera desde el punto de vista de la opinión pública, que los consejeros se desplacen en dos monovolúmenes mientras que un exconsejero fiscaliza el trabajo de sus antiguos compañeros con un presupuesto de casi 600.000 euros. Tan importante como la cuantía del recorte es el lugar donde se mete el bisturí cuando se está preocupado por la percepción de la acción de gobierno en momentos difíciles y propicios para nuevas protestas sociales. Lo que alarma no es el recorte en sí, que es necesario, sino la perspectiva de que los pocos ingresos sirvan para pagar intereses de deuda y no a unos proveedores que ya no aguantan más.

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