Siempre que sobreviene una crisis se desploma la confianza ciudadana en los políticos. Cuanto más profunda es la recesión, mayor es el desafecto. Lo inusual ahora es que la desconfianza se ha instalado también entre los propios políticos que deben sacarnos del atolladero. Rajoy se debate entre pedir ya el rescate o esperar a ver si baja la prima de riesgo hasta los cien puntos. Esta segunda opción sería la deseable, pero no acaba de cuajar. El presidente duda. No se fía de que la UE, el BCE y el FMI cambien las condiciones de ese macropréstamo una vez hecha la petición. Algunos motivos tiene después de ver cómo Europa remolonea con la aplicación de los acuerdos del Consejo Europeo de junio. En la acera de enfrente, desde nos miran quienes nos prestan financiación, también sobran motivos para dudar de España. Veamos por ejemplo lo ocurrido con el déficit público. A finales del pasado año, el Gobierno socialista declaró que había alcanzado el 6% del PIB en 2011. Luego llegó Rajoy a La Moncloa y reveló que la cifra real era del 8%. Tres meses después, el nuevo ejecutivo popular corrige y revisa al alza sus cálculos (8,5%). Lo comunica a la UE y cuando el tema parecía zanjado hete aquí que dos comunidades del PP (Madrid y Valencia) reconocen en los meses siguiente que su déficit fue mayor del declarado en 2011. Finalmente esta semana, la Oficina Estadística de la UE (Eurostat) nos sacó los colores al revisar el déficit y situarlo en el 9,4%. Ni habíamos contabilizado las ayuda estatales a las cajas Catalunya Caixa, Novagalicia y Unnim ni tampoco las numerosas facturas impagadas del Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos. Entre la cifra que declarábamos a finales del pasado año y la real hay un agujero de 35.000 millones de euros que, con un sufrimiento sin precedentes para la ciudadanía, empieza a achicarse a base de subidas de impuestos y recortes de gasto. Pero si está siendo duro cumplir con el compromiso de déficit, peor será el año próximo porque el listón estará más alto. Y si a la postre España recurre al rescate habrá que afrontar posibles condiciones que van desde una reforma de las pensiones a otra vuelta de tuerca a la reforma laboral y un reordenamiento competencial de las tres administraciones. «Tenemos que hacer más con menos», repiten los gobernantes a la vista de sus famélicos Presupuestos de 2013. Como bien sabemos eso significa que pagaremos más y recibiremos menos. Aún así, eso es pecata minuta comparado con el drama de los desahucios, la miseria y el paro, que rompió su techo este último trimestre. Una de cada cuatro personas (casi una de tres en la Región) está desempleada en España, convertida en una fábrica de producir parados. Gestionar esta recesión, agitada desde Cataluña y País Vasco con sus órdagos separatistas, será complicado para una clase política, fragmentada e impotente, a quien la ciudadanía le ha dado la espalda. Para recompener esa brecha, todos los actores políticos y sociales están obligados a un plus de responsabilidad para que la discrepancia no prenda un polvorín. A ello no contribuye en absoluto ni la desligitimación de quienes legítimamente protestan ni la intimidación hasta la coacción a quienes democráticamente gobiernan. Ojo al termómetro. España no es Grecia, pero el clima social de ambas cada vez se parece más.