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Bochorno

Me congratula que los mandatos de los presidentes autonómicos vayan a limitarse a ocho años y que esté en proyecto un Estatuto del Cargo Público que sancione a los gestores derrochadores. Ambas iniciativas son una demanda mayoritaria de la ciudadanía y teóricamente representan un punto de ruptura con un pasado reciente donde la querencia ha sido perpetuarse ‘ad calendas graecas’ en las mieles del poder y donde en lugar de reprobarse a quien guardaba facturas en los cajones, gastaba a mansalva o presupuestaba lo que no tenía a veces incluso se le premiaba con alguna canonjía si demostraba fidelidad perruna al mando supremo (regional o municipal). Como quiera que esto último dependía del criterio discrecional aplicado desde las alturas, el destino final de los altos cargos era dispar, pero era muy raro que algún destacado militante quedase en la rúe. Para eso vienen al pelo los entes públicos, menguados sensiblemente en número pero no tanto en costes salariales (hay algún cualificado centro público que empieza a parecer un campo de refugiados políticos de alto ‘standing’). Lo dicho, es positivo que la gestión manirrota e ineficiente del dinero público sea sancionada por ley, aunque para ser sincero dudo de que tan bienintencionada iniciativa sea a la postre respetada. Hace tiempo que la existencia de una ley no asegura ni el cumplimiento de su contenido ni su desarrollo. Ahí está la Ley de Renta Básica, sin reglamento en la Región después de ser aprobada hace siete años. Y, además, de qué sirve la agenda de propuestas de regeneración política del Gobierno regional si paralelamente el PP las despoja de credibilidad al pretender reformar, de improviso, la ley electoral regional a solo nueve meses de las autonómicas. Con el único argumento de que es bueno acercar los políticos a sus representados, se baraja ampliar las cinco circunscripciones, de forma que si hubiera otras dos más la uniprovincial Región de Murcia tendría solo una menos que Andalucía, dos más que Castilla-La Mancha y seis más que Madrid. ¿Y por qué no otras cuatro más y así se aumenta todavía más la proximidad con el ciudadano? Porque hay otra motivación de fondo. Con un total de 45 diputados, como ahora, pero con más circunscripciones, las posibilidades de obtener escaño son aún mayores para el PP y serán todavía menores para IU, UPyD o Podemos. Cualquier reforma electoral de última hora que vaya en beneficio propio solo puede ser motivo de repulsa porque perpetuarse en el poder es legítimo en democracia salvo que se usen vías torticeras, ganando el partido a los pequeños adversarios achicándoles las porterías para que no marquen gol. Y todo minutos antes de comenzar la contienda, en contra del criterio de diversas instituciones europeas respecto a las reformas electorales de última hora y sin consenso. Toda la credibilidad que cree ganar el Gobierno regional en transparencia y regeneración la pierde después con estas bochornosas propuestas partidistas.

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