Con la torrencial tormenta de presuntas corruptelas que barrió España esta semana (Rato, Acebes, Pujol e hijos, el caso de los ERE de Griñán y Chaves, la investigación del juez Ruz sobre los supuestos pagos en B del PP…), era poco menos que imposible que Cospedal no hiciera referencia ayer a la corrupción en la convención intermunicipal del PP. «Estamos tan escandalizados» como la sociedad española de las «malas prácticas» del pasado, aseveró la secretaria general, que a la vez tuvo palabras de apoyo al alcalde Cámara, imputado por un presunto delito de prevaricación y a quien el juez investiga su patrimonio para esclarecer si cabe añadir una acusación por cohecho. Cospedal pidió «diferenciar unos casos de otros», pero sin fijar ningún criterio, y recordó que el Gobierno impulsa medidas de regeneración, obviando la tibieza del PP a la hora de exigir responsabilidades políticas a los suyos. Habrá que colegir que en la decisión de celebrar la intermunicipal en Murcia subyace un reconocimiento a la tarea del conjunto de regidores municipales de la Región. Los alcaldes han soportado la parte más cruda de la crisis porque están más próximos a los ciudadanos y han debido completar un difícil saneamiento de sus cuentas. En muchos casos a través de una aseada gestión de las arcas municipales, pero en todos con un férreo control de los gastos desde Madrid y en la gran mayoría con abrasadoras subidas de impuestos a los ciudadanos, que vieron, en mayor o menor medida según los municipios, deteriorarse la prestación de servicios por la renegociación a la baja de las contratas y la escasez de fondos para inversión pública. Ayer, en una intervención con más enjundia y concreción que la de Cospedal, Montoro prometió liquidez para los ayuntamientos. Hoy Mariano Rajoy cierra la convención. Ante la posibilidad de que todo quede en un cierre de filas mientras se hace la ola al jefe, ‘La Verdad’ pulsó la opinión de la plural sociedad civil para que el presidente del Gobierno no se vuelva a Madrid sin saber qué le piden los murcianos en estos momentos. Las demandas de ciudadanos y colectivos son diversas, aunque hay destacadas coincidencias. El déficit de infraestructuras y de financiación, la corrupción y el problema de las fotovoltaicas son preocupaciones recurrentes. Por encima de todas sobresale el agua, que vuelve al primer plano tras la irrupción de otro periodo de sequía. El Gobierno blindó jurídicamente el trasvase Tajo-Segura y logró poner fin a la guerra territorial, pero no ha resuelto el déficit hidrológico de la cuenca y desde Agricultura se avanza que no habrá PHN en esta legislatura, como se prometió. Rajoy debe escuchar este clamor y propiciar una solución urgente y definitiva para el puntero sector agroalimentario, hoy claramente amenazado. Sea bienvenido el presidente del Gobierno, pero, por favor, tome nota de que en este crucial asunto no cabe ponerse de perfil, mirar al cielo y esperar a que llueva.