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Desenredo administrativo

Han sido numerosas las ocasiones en que, desde las páginas de ‘La Verdad’, se ha instado a los distintos Gobiernos regionales a impulsar medidas de reactivación económica por la vía de la simplificación administrativa. Respaldados por informes regionales, nacionales e internacionales, los sectores productivos venían reclamando poner coto a una burocracia que sentían en propia carne y que espantaba a muchos inversores hacia la Vega Baja alicantina y municipios limítrofes de Albacete y Almería. El decaimiento progresivo de nuestra industria tenía mucho que ver con esa desesperante tramitación administrativa, que se sumaba a una alta fiscalidad. Otros territorios, en España y fuera, han demostrado que se puede avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible, combinando el respeto al medio ambiente con la ausencia de trabas burocráticas y una supervisión estricta a posteriori de las actividades económicas. Si hoy la Región está a la cola en competitividad turística no es solo por su débil sector privado. Influye la falta de infraestructuras de transporte, la histórica carencia de una política turística sin titubeos y bien financiada, y la presencia de no pocos obstáculos burocráticos que hacen de la Región un lugar poco atractivo para emprender negocios turísticos. En su investidura, el presidente Pedro Antonio Sánchez se comprometió a abordar las reformas administrativas necesarias para dinamizar y crear empleo en la industria, el comercio y el turismo. La primera medida fue la rebaja de ciertos impuestos, alguno fundamental para las empresas familiares que son un pilar de nuestro tejido productivo. La segunda se producirá en los próximos días con la aprobación por el Gobierno de un decreto ley de simplificación administrativa, que luego tendrá que ser ratificado en la Asamblea. Como adelantamos hoy, los comercios minoristas tendrán libertad de horarios y podrán abrir dieciséis festivos al año. Se generalizará la declaración responsable del empresario para la apertura de instalaciones industriales y energéticas. También se eliminará el doble registro, tanto industrial como agrario, para la industrias agroalimentarias. Y además se regularizarán miles de alojamientos turísticos alquilados por propietarios de viviendas, que ahora no necesitarán constituirse en empresas para acometer esa actividad.

A expensas de las mejoras que puedan introducirse en su tramitación y de un análisis más detallado cuando esté aprobado, el decreto ley de Pedro Antonio Sánchez va, a mi juicio, en la dirección correcta. El Gobierno regional no podrá equilibrar las cuentas públicas, ni revertir el elevado desempleo, si no trabaja a fondo con medidas de empuje económico que haya consensuado con los agentes sociales. El decreto ley tiene también una lectura política porque viene a plasmar un compromiso programático que fue explicitado en campaña y luego en el discurso de investidura. Sánchez no recibió un cheque en blanco tras su triunfo electoral sino un encargo de gobierno en base a propuestas que tuvieron el mayor de los respaldos en las urnas por deseo expreso de los ciudadanos. Debe su designación de candidato al presidente de su partido, pero ocupa la cúspide del Ejecutivo por la voluntad de una mayoría de los votantes que confiaron en sus promesas. No puede olvidar, por tanto, a quién se debe por encima de todo, con quién ha contraído compromisos y a quién representa hoy. Si ha tenido el acierto de desarrollar estas medidas que están orientadas al interés general, como presidente de todos los murcianos debería actuar en consonancia en otros temas donde también es necesaria la defensa del bien común regional. Esta semana, ‘La Verdad’ desveló que el Tribunal de Cuentas abrió diligencias por posible responsabilidad contable en la desaladora de Escombreras, cuyo riesgo financiero para el erario supera a estas alturas los 500 millones de euros. El Interventor de la Comunidad instó en septiembre a la Consejería de Hacienda a que nombrara un instructor e investigara esos indicios. El Gobierno, sin embargo, remitió el asunto al Tribunal de Cuentas como máximo órgano fiscalizador, una decisión políticamente aceptable si no fuera porque reiteradamente el Ejecutivo no hace lo que le recomienda la Intervención. Ahora, una vez sabido que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han ratificado en ese tribunal varios indicios no prescritos de malversación y responsabilidad contable, tiene difícil explicación que el presidente regional no haya ordenado ya a los Servicios Jurídicos que se personen en la causa, al menos para saber cuál es la amenaza para las arcas regionales. A la postre, de qué sirve ganar credibilidad por un lado si se pierde por otro. El Gobierno parte con la ventaja de que la oposición tampoco se lee un solo papel de la Intervención, aunque no cesa de jugar con fuego. Todo esto es material inflamable para San Esteban porque afecta a miembros del PP que desempeñaron responsabilidades públicas y que se exponen a responder con su patrimonio en caso de juicio y condena. Y cuando uno puede sufrir otro incendio y necesitar ayuda, estas cosas son todavía más complicadas. Pero lo que no cabe es pasar la factura de los platos rotos a la ciudadanía.

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