La Verdad

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Alcohol y menores
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Alberto Aguirre de Cárcer | 08-01-2017 | 06:59

El número de ingresos de menores en los servicios de Urgencias hospitalarias por consumo de alcohol crece en la Región desde 2013, contabilizándose más de medio millar de casos hasta 2015. Sería muy sorprendente que esa inquietante escalada de intoxicaciones etílicas entre menores se hubiera detenido en 2016, cuyas estadísticas oficiales aún están pendientes de cierre. La detección de un número creciente de casos de borracheras que acaban con adolescentes en las Urgencias puede explicarse parcialmente por una mayor intervención de las administraciones públicas, pero no cabe ninguna duda de que subyace un fenómeno muy preocupante que ni mucho menos es exclusivo de la Región de Murcia. La prueba son los datos oficiales que maneja el Ministerio de Sanidad, cuya nueva titular se ha comprometido a elaborar una nueva ley sobre el consumo del alcohol, con la vista puesta en la población adolescente. El hecho de que la edad media de inicio en el consumo se haya situado por debajo de los 14 años en la Región da probada idea del grave problema que debe atajar la nueva normativa. La facilidad con que los más jóvenes tienen acceso al alcohol, pese a la actual prohibición, y la falta de una conciencia crítica sobre sus efectos demuestra que esta amenaza para la salud pública debe abordarse en múltiples frentes, desde la escuela y la familia a la intervención policial para castigar a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas a menores. Resulta estremecedor comprobar cómo la preocupación de muchos ayuntamientos reside fundamentalmente en acotar las zonas de botelleo para evitar que las concentraciones de jóvenes, entre ellos muchos menores, causen molestias a los vecinos. Puede que el error de partida sea no considerar que este es un problema que exige una fuerte implicación social por parte de todos. No solo de las administraciones públicas. Debería existir, por tanto, la mayor voluntad de acuerdo entre las fuerzas políticas para lograr una norma realmente eficaz y cuyo principal objetivo, por encima del resto de consideraciones, sea la protección de los menores.

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