La Verdad

img
La hora de la justicia
img
Alberto Aguirre de Cárcer | 05-02-2017 | 19:24

El insoslayable debate público sobre la investigación al presidente Pedro Antonio Sánchez no puede menoscabar su presunción de inocencia ni erosionar la confianza en la independencia del ministerio fiscal y de la judicatura

La justicia es representada históricamente con una estatua de una mujer con los ojos tapados o cerrados porque debe impartirse con imparcialidad y porque el cumplimiento de la ley es obligado para todos, cualquiera que sea su condición. En los tribunales se investigan hechos, no personas. El pasado jueves, los tres magistrados que componen la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ apreciaron que en la exposición razonada remitida por la juez de Lorca se consignan hechos que pudieran ser delictivos e indicios o principios de prueba de que en ellos participó el que entonces era alcalde de Puerto Lumbreras, el presidente Pedro Antonio Sánchez. Asumida la causa del ‘caso Auditorio’, el juez Pérez-Templado determinará en el proceso de instrucción si se consolidan evidencias sólidas de que Sánchez, en la adjudicación, tramitación y recepción del auditorio, incurrió en la comisión de cuatro presuntos delitos que, en algunos casos, están penados con prisión y catalogados por el CGPJ y la ley de transparencia como de corrupción política.

En ningún caso se dirime en el TSJ una causa general sobre la honestidad de Pedro Antonio Sánchez. Allí no se dilucida la eficacia y honradez de su gestión como alcalde o si es un buen o mal presidente, si ha sido sometido a una persecución política por el PSOE en los tribunales o si el PP infla el número de denuncias dirigidas con él y el desenlace de éstas. Si debe dimitir en caso de ser llamado a declarar en virtud del artículo 54 de la ley regional de transparencia o si está obligado o no a cumplir las promesas públicas y compromisos con otros partidos que haya podido realizar en relación a este asunto. En el TSJ no se sustanciará si una imputación formal se produce cuando un investigado es encausado y se le señala el camino del banquillo. Todo eso forma parte del debate público, que es legítimo, insoslayable y relevante cuando el investigado es el presidente elegido democráticamente por todos los murcianos, a quienes representa institucionalmente y con quienes se comprometió, en primer lugar, a cumplir y hacer cumplir la ley. La ciudadanía no está obligada a ponerse una venda o a mirar para otro lado. Especialmente quienes tienen responsabilidades públicas. Los partidarios y adversarios de Sánchez están en su derecho de anticipar que todo quedará en nada o en reclamar que debería ya renunciar a la presidencia, pero unos y otros tienen la responsabilidad de dejar trabajar a la justicia y respetar sus resoluciones. Por un lado, sin menoscabar la presunción de inocencia, un derecho fundamental que asiste al presidente como al resto de los ciudadanos hasta el momento de una hipotética sentencia. Y por otro, sin erosionar la confianza en la independencia de instituciones que son claves para nuestra calidad democrática, como el ministerio fiscal y la judicatura. Aquello que criticamos en Cataluña cuando lo practican los separatistas no puede parecernos admisible aquí. Depende de cómo actúen unos y otros, el perjuicio general puede ser aún más profundo.

Solo un necio o un irresponsable puede concluir que la investigación judicial por cuatro presuntos delitos al presidente de la Comunidad, cualquiera que fuese su color político, comporta beneficios para el interés general de la Región, que de partida sufre un serio revés reputacional y entra en una fase de grave incertidumbre política. Dicho eso, en el plano democrático existe un valor superior que está en juego en este asunto judicial: velar por el cumplimiento de la ley y la salvaguarda del estado de derecho, que no puede quedar en entredicho, ni en este ni en ningún otro caso.

La sociedad murciana no puede permanecer durante mucho tiempo en esta situación. El fiscal, la juez de Lorca y tres magistrados del TSJ, «en una valoración muy provisional», han apreciado indicios de delito que deben ser esclarecidos sin dilación en un proceso que debe reunir las plenas garantías previstas en la ley de enjuiciamiento criminal para todas las partes personadas. Anticipar el desenlace de esta investigación judicial es, en mi opinión, temerario. Supondría asumir que toda la investigación está ya instruida cuando aún no ha declarado el principal investigado. El horizonte no parece alentador para Sánchez, ahora que tres magistrados han asumido el relato indiciario de la juez de Lorca, pero también es cierto que es a partir de este momento cuando se determinará, oído al principal señalado, si el peso de las evidencias en todos los supuestos delictivos es suficiente para encausarlo y llevarlo a juicio.

En el plano político tiene a su favor que no existen obstáculos para que todo el proceso en el TSJ sea rápido y que cuenta con el respaldo regional y nacional de su partido. En contra, que tiene a la vuelta de la esquina la amenaza de otra investigación por la ‘operación Púnica’ en vísperas del congreso nacional del PP y de la negociación política de los Presupuestos Generales del Estado. Y ya se vio con el caso de Rita Barberá que cualquier obstáculo, por apreciado y respetado que sea en sus filas, es despejado si Rajoy detecta que pone en peligro la gobernabilidad del país. Respetando todas las opiniones, nuestro punto de vista no ha variado en los últimos años sobre la continuidad de los políticos electos en sus cargos. La apertura de juicio oral, cuando ya la única salida es el banquillo de los acusados, parece el momento más oportuno, salvo que el delito sea flagrante y cause una generalizada alarma social o produzca un destrozo irreparable al interés general. Las responsabilidades políticas tienen líneas rojas difusas, basadas en criterios de valoración subjetivos, que generalmente incumplen la mayoría de los partidos políticos porque para eso recurren a la doble vara de medir. De una vez por todas deberían dejar claras sus posiciones, cumplir sus compromisos y respetar lo que aprueban en sus códigos éticos y leyes.

Los grandes políticos son aquellos que se mantienen democráticamente en el poder por su buen hacer refrendado en las urnas y que saben marcharse cuando su permanencia causa un indiscutible deterioro en la confianza en las instituciones. Estoy convencido de que Pedro Antonio Sánchez, al que deseo la mejor de las suertes en el plano personal, sabrá si en algún momento se alcanza ese punto y de que actuará en consecuencia. Si no lo hiciera, la sociedad civil se lo reclamará. Llegado ese supuesto, este periódico cumpliría con su obligación y se lo haría saber.

Los comentarios están cerrados.

Otros Blogs de Autor