Una de las escenas más hilarantes de ‘La vida de Brian’, la célebre comedia de Monty Python, tiene lugar al pie del cadalso cuando los romanos huyen despavoridos al ver aproximarse a la carrera a trece miembros del autodenominado ‘Frente del Pueblo Judaico’. Para desesperación de Brian, resultaron ser miembros de un escuadrón suicida que, al grito de «así aprenderán esos romanos», se apuñalaron en el corazón para dar un escarmiento a los invasores. En el terreno de la política regional sucedió algo parecido hace pocos años cuando el entonces portavoz de UPyD en Caravaca, el hoy líder regional de Ciudadanos Miguel Sánchez, anunció que renunciaría a su acta de concejal si en diez días no dimitía el alcalde Domingo Aranda, recién imputado por el caso ‘Roblecillo’. El primer edil no dimitió y Miguel Sánchez se inmoló: «Me voy más que en un gesto de generosidad, en un gesto de dignidad». Como en ‘La vida de Brian’, ese ‘suicidio’ político tuvo su punto teatral porque Sánchez resucitó al cabo de un mes en Ciudadanos, aunque las escrituras no apócrifas oficializan que se cayó del caballo, como Pablo de Tarso, cuando en ese ínterin vio la luz en un mitin de Albert Rivera. De lo que no hay duda es de que Miguel Sánchez es un político que cumple su palabra y se esfuerza por estar a la altura del éxito sobrevenido de un partido formado con una precipitada leva de disidentes de uno y otro lado para hacer frente al ‘imperio’ popular, unidos todos bajo la bandera de la regeneración democrática. Ciudadanos sabe que se juega hoy el ser o no ser en la Región, si lo firmado en el pacto de investidura de Pedro Antonio Sánchez no se lleva a término por el cauce que sea, ahora que empiezan a mostrar también fortalezas con su trabajo en las instituciones regionales. Por eso Albert Rivera no apunta otra solución que la dimisión del presidente regional desde que fue citado a declarar el 6 de marzo como investigado, antes imputado, por el ‘caso Auditorio’. En su estrategia de defensa de PAS, el Gobierno de Rajoy y Génova han hecho todo lo posible en estos días para debilitar el empuje de Ciudadanos mostrando sus ambigüedades: el apoyo al alcalde socialista de Granada (investigado por varios delitos), su apuesta por fijar en una ley la línea roja para las dimisiones por corrupción en la apertura de juicio oral, la obviedad compartida de que no es lo mismo meter la pata que meter la mano… Finalmente, los líderes nacionales de C’s y PP pactaron una tregua que expira el día 6 si PAS no ofrece el próximo jueves a Miguel Sánchez un candidato alternativo del PP para la presidencia. Y es que unos y otros saben que una moción de censura implica un acuerdo con Podemos y posiblemente la elección de un presidente del PSOE, lo que no entenderían los votantes de la formación naranja. A estas alturas, el asunto huele a muerto, pero está por ver quién actuará como escuadrón suicida por mor de un pacto de investidura que entraña riesgos para ambas partes en función de cómo acabe la historia. Como medida disuasoria, Pedro Antonio Sánchez ya ha hecho saber, por vía indirecta, que como está convencido de que el caso será archivado rápidamente, podría ser él quien convocara elecciones anticipadas después, con previsible resultado arrollador.

Es obvio que el peor pronóstico de partida es para PAS, pese a que ha logrado interiorizar en el Gobierno de Rajoy y en Génova, ambos todavía afectados por lo sucedido con Rita Barberá, que este caso se archivará como los anteriores. Lo ha conseguido sobre la base de una clara convicción en su inocencia pero también de un relato trufado de fantasías sobre el número de querellas penales recibidas (en realidad ha tenido dos en Murcia y solo una impulsada por el fiscal), de juegos florales de naturaleza semántica sobre los presuntos delitos investigados (que son contra la Administración pública y catalogados de corrupción por el CGPJ) y una interpretación jurídica de un pacto de investidura que está muy claro. Nada de eso se dirimirá en el TSJ porque forma parte del ámbito de la política y no tendrá ningún peso, ni a favor ni en contra, en la verdad judicial que terminará por emerger. Pese a que ha generado un colosal problema añadido al Gobierno con su indiscreción sobre el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, PAS sigue teniendo hoy el respaldo de Madrid porque confían en su inocencia, valoran su acción de gobierno, creen que representa el futuro del partido y el propio presidente ha dejado en evidencia, con esos más de 5.000 avales, que su liderazgo regional es incuestionable. Por tanto, entienden que tiene el derecho a defenderse ante el TSJ, más aún si asegura por activa y por pasiva que quedará demostrado que los «errores administrativos» en la tramitación del Auditorio no son ilícitos penales.

Los problemas internos vendrán si después de su declaración la instrucción se alarga durante muchos días o algunas semanas, lo que es muy probable. Y no lo digo porque ponga en cuestión su inocencia, sino porque sería impensable desde el punto de vista procesal que se produjera un hipotético sobreseimiento nada más terminar de declarar o que tanto el fiscal y las acusaciones particulares no lo recurrieran, entonces o en días posteriores, para que se pronunciara la Sala de lo Civil y lo Penal compuesta por tres magistrados. El instructor del caso, Pérez Templado, ha demostrado ser un magistrado que no marea las causas, pero se tomará sus tiempos, que son distintos a los de la política, para dar todas las garantías procesales y porque su resolución será mirada con lupa, cualquiera que sean sus conclusiones.

El pacto de investidura que firmaron voluntariamente PP y Ciudadanos fue un acuerdo político que hoy nos afecta a todos, tanto a quienes consideran que la imputación indiciaria de un delito debe llevar aparejada la dimisión como a quienes creemos que debe ser en el momento previo a la apertura de juicio oral. Lo menos que cabe exigirles a los partidos es que actúen con responsabilidad, sin menoscabar la presunción de inocencia de nadie ni someter a la ciudadanía a relatos y debates carentes de veracidad. Esta crisis de descrédito nacional e inestabilidad política debe cerrarse cuanto antes sin perder de vista el interés general y sin renunciar a despejar toda duda sobre la actuación ajustada a la legalidad de quien representa institucionalmente a todos los murcianos. Lo contrario sería suicida para todos.