La Verdad

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‘Pourparlers’ a la naranja
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Alberto Aguirre de Cárcer | 16-04-2017 | 06:14

La posición de Ciudadanos en la negociación para la investidura de Fernando López Miras no se va a relajar si, como es muy posible, se conoce en los próximos días el contenido del sumario judicial de la desaladora de Escombreras

Cuatro días sin el chirrión de los políticos, que diría Azorín, no dan para mucho aunque la desconexión vacacional ha caído como maná del cielo para aguantar lo que nos queda de esta crisis institucional. Habrá quien desearía que este paradisiaco compás de espera, con un gobierno en funciones, se prolongara un poco más. Técnicamente, esto es un puro marasmo, pero hay que reconocer que la suspensión temporal de la vida política ha tenido esta vez un acusado efecto balsámico después de las convulsas semanas vividas. La tregua, en cualquier caso, acaba ya. A partir de esta semana, PP y Ciudadanos reanudan sus contactos para acordar la investidura del cuarto presidente popular de la Comunidad en los últimos cuatro años, que se dice pronto. Populares y naranjas andan de ‘pourparlers’ por segunda vez, ahora con nuevas condiciones y una desconfianza mutua elevada al cubo. Los de Albert Rivera ya han planteado que su respaldo solo llegará si el PP apoya la supresión de los aforamientos de los diputados regionales en una votación previa a la investidura. C’s quiere acabar con una figura jurídica que tenía su sentido en la Transición para proteger nuestra joven democracia, tal y como preveía la Constitución, pero que luego se extendió a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los distintos estatutos de autonomía a jueces, fiscales y diputados autonómicos. Hoy, ni la función histórica de los aforamientos ni su rol como barrera para evitar la instrumentación política de la Justicia justifica que en nuestro país haya más de dos mil políticos que no pueden ser investigados y juzgados por los mismos tribunales ordinarios que el resto de los ciudadanos. Ni en Alemania ni en Reino Unido hay aforamientos para los cargos públicos. En Portugal e Italia solo existe para el presidente de la República, mientras que en Francia se reserva para el presidente de la República, el primer ministro y su Gobierno. Si lo que se pretendía en España era que los altos cargos no pudieran ser destruidos por sus adversarios, o evitar que los tribunales ordinarios fueran objeto de presiones políticas, la hipertrofia de los aforamientos ha traído otros vicios ocultos. Para empezar, se dejó al margen a los cargos más vulnerables a las denuncias de origen político (los alcaldes) y en muchos casos el aforamiento dejó de ser una garantía para el ejercicio de la política en libertad para convertirse en una suerte de privilegiado blindaje utilizado por muchos dirigentes que, en paralelo, intervenían de forma directa o indirecta en la elección de los magistrados de los tribunales de mayor rango que podrían investigarlos. Si la igualdad ante la ley sigue siendo un objetivo democrático prioritario, habrá que buscar otras fórmulas que garanticen el derecho a una tutela judicial efectiva de quienes se dediquen al servicio público desde el ámbito de la política y que al mismo tiempo no den cobertura a aquellos que solo buscan impunidad. Es verdad que sería deseable que la supresión de los aforamientos fuera un acuerdo de implantación nacional. Tarde o temprano acabará llegando, por lo que el PP regional no debería hacer un mundo de este asunto. A nadie se le escapa que esa medida dejaría al expresidente Pedro Antonio Sánchez en manos del juez Velasco y de la juez de Lorca, aunque la supresión de los aforamientos solo es posible a través de la reforma del Estatuto, que tiene una tramitación lo suficientemente larga, en la Asamblea como en el Parlamento nacional, como para no tener incidencia en la suerte judicial del líder de los populares murcianos. El TSJ de Murcia habría resuelto sobre los casos ‘Auditorio’ y ‘Púnica’ mucho antes.
Más complicada es la contrapartida que exige el PP: limitar el ejercicio de la acusación popular a partidos políticos, sindicatos y asociaciones. Fundamentalmente, porque exige una modificación de la Constitución. Visto lo ocurrido con Manos Limpias, que hizo de la acusación popular todo un presunto negocio chantajista en colaboración con Ausbanc, es como para pensarlo. ¿Pero qué suerte habría corrido el ‘caso de las tarjetas black’ de no haber sido por el impulso judicial de UPyD? Acotar jurídicamente la acusación popular de la manera más adecuada, para evitar una utilización partidista en la que se busque la destrucción del oponente, es una idea a considerar, siempre que no limite el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los procesos penales y que se aborde en el ámbito de una reflexión pausada y consensuada de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Más ahora que la instrucción de las causas penales se quiere depositar en manos de los fiscales, que gozan de autonomía pero de obediencia jerárquica al fiscal general de turno elegido por el Gobierno. Pero no parece serio, ni siquiera viable, vincular un acuerdo de investidura en Murcia a una cláusula que implica una reforma de la Constitución. Se equivoca el PP, como lo hace Ciudadanos, exigiendo otra vez apartar a todos los cargos desde el momento de la imputación de un delito, sin esperar, como regla general, a que la instrucción judicial esclarezca la existencia de evidencias sólidas para un eventual procesamiento y apertura de juicio oral. A cuenta de la gobernabilidad de la Región, Ciudadanos ha encontrado la situación idónea para exhibir ante su electorado nacional, compartido con el PP, que es un partido útil y ejemplarizante en materia de regeneración, aunque muestre contradicciones en distintos territorios y reaccione con tibieza cuando son pillados en irregularidades en materia de financiación electoral.
Con todo, el PP regional está en manos, por sus propios errores, de Ciudadanos, que le va a subir el alquiler de San Esteban a sabiendas de que apoyar a los populares también les entraña un desgaste. Las negociaciones para investir a Fernando López Miras van a coincidir con el levantamiento del secreto del sumario sobre la desaladora de Escombreras. Es muy posible que la próxima semana trascienda qué presuntos delitos aprecia la Fiscalía y a quiénes atribuye su comisión. También algún auto del juez con un relato indiciario de irregularidades que revistan tipificación delictiva. Solo entonces sabremos hasta dónde llega el juez y si estamos ante la madre de todas las bombas judiciales. Sea como sea, lo único seguro es que el ‘caso de la desaladora’ no va a relajar las posiciones de Ciudadanos, el partido que presidió la comisión de investigación en la Asamblea. Más bien al contrario.

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