La Verdad

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Impolítica
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Alberto Aguirre de Cárcer | 08-10-2017 | 09:35

Hace solo unos meses murió Kenneth Arrow, el economista más joven en recibir el premio Nobel y uno de los más influyentes del siglo XX. Estudioso de la teoría de la elección social, Arrow formuló en 1951 una paradoja que lleva su nombre. Conocida también como el ‘teorema de imposibilidad’, venía a demostrar la inexistencia de mecanismos democráticos de decisión colectiva que sean perfectos, de tal modo que nadie puede arrogarse el derecho a pensar que representa en solitario la voluntad popular o que es su fiel intérprete. Esa limitación está detrás de las tensiones en las sociedades democráticas entre dos cualidades superpuestas que conceden las urnas a los gobernantes electos: la legitimidad y la confianza. La primera es una cualidad jurídica, que obtiene de forma directa y absoluta quien logra más votos. Por el contrario, la confianza es más compleja, relativa y debe ganarse cada día. Es, según Arrow, una ‘institución invisible’ que permite ahorrarse mecanismos de verificación y prueba.

Especialmente desde la explosión de la crisis en 2007, la disociación entre la legitimidad y la confianza se ha convertido en un problema central en las sociedades occidentales. El caso de la Región de Murcia es paradigmático. El PP gana elecciones con mayoría absoluta, o rozándola, desde hace 22 años. Cada cuatro años ha obtenido la legitimidad de las urnas, incluso cuando reiteradamente los sondeos de opinión pública reflejaban una desconfianza creciente en su acción de gobierno. Una de sus principales vías de agua en materia de credibilidad procedía de los bandazos, anuncios incumplidos y frenazos en los proyectos estratégicos, como el AVE y el aeropuerto. Con Camarillas como símbolo de esa aguda crisis de confianza, no hay murciano que no recele en materia de infraestructuras ferroviarias. Incluso ahora que está adjudicado por Adif a una empresa el primer tramo para soterrar las vías en Murcia, y comprometidos en el seno de una sociedad estatal plazos y financiación para su conclusión hasta Barriomar, los vecinos de los barrios afectados no terminan de creérselo. La desconfianza en sí misma no es un problema. Al contrario, es una virtud cívica. Contribuye a que el poder político cumpla sus compromisos y persiga el bien común. El problema surge cuando se lleva a límites irracionales que bloquean la construcción de un proyecto colectivo y solo conducen a generar más frustración social.

La Plataforma Pro Soterramiento ha conseguido en estos últimos años importantes victorias para su causa, que debería ser la de todos. Por su presión e iniciativa se cambió el orden de las fases de soterramiento, se amplió una de ellas hasta El Carmen y finalmente se han reducido a dos. Si se lleva a término el proyecto como está previsto por Adif habrá sido fundamentalmente por la pacífica y persistente acción de esta plataforma de vecinos. Teóricamente les habría llegado el momento de administrar sus éxitos, pero llegados a este punto entran en colisión con su posición contraria a la entrada provisional en superficie del AVE que han mantenido de inicio. Primero lo intentaron por vía jurídica, denunciando la falta de una declaración de impacto ambiental. Y ahora, con mucho más éxito y apoyo, con la campaña de protestas del ‘muro’, que tiene una base totalmente real (los vecinos tendrán durante al menos dos años una pantalla cerca de las viviendas para protegerlos del ruido y la catenaria, pero sin poder atravesar las vías por Santiago el Mayor, salvo por una prometida pasarela) y una parte de épica y agitación política, alentada por quienes hacen su agosto con eficaces discursos emocionales de ricos y pobres, los de abajo y los de arriba… Para rizar el rizo, en la protesta se han infiltrado, ocasionalmente pero con efectos devastadores, centenares de radicales que aprovechan la coyuntura para practicar el vandalismo con los bienes públicos. Nunca ha estado más cerca la llegada del AVE y el inicio del soterramiento y, sin embargo, a causa de los sabotajes de los violentos, los dos proyectos pueden saltar por los aires si no se encauzan con racionalidad y voluntad de acuerdo por parte de todos. La posibilidad de que huya la empresa contratada para iniciar los trabajos es absolutamente real. Todo pende de un hilo. Ahora hay recursos públicos y un proyecto de ingeniería en curso, pero persiste un problema social que se minusvaloró y descuidó, una pugna política en busca de votos y un movimiento vecinal donde las posiciones más maximalistas han desbordado a las más pragmáticas.

Los dirigentes políticos locales no están precisamente ayudando a una solución colectiva. Algunos diputados del PP deberían ocupar su tiempo en cualquier cosa menos en inflamar los ánimos en las redes sociales. Y el alcalde, dedicar buena parte del suyo, por ejemplo, a visitar Santiago el Mayor, incluso ahora que sufre inaceptables escraches en su domicilio. La oposición tampoco debería olvidar que el AVE es un proyecto estratégico de Región, no del PP, como tampoco fue del PSOE, cuando gobernaba en Madrid. Y que el soterramiento es un proyecto de ciudad que parcialmente es financiado con los impuestos de los yeclanos, que tienen el AVE a tiro de piedra en Villena, o de los cartageneros, que tienen derecho a que se agilice la llegada de la alta velocidad a la principal ciudad turística de la Región. Dejar el AVE en Beniel hasta el final del soterramiento es una propuesta insólita a estas alturas si viene de los grupos municipales de Murcia. Tanto cortoplacismo entraña riesgos para quienes, en una defensa sin matices de las protestas, han llegado a respaldar los cortes de tráfico ferroviario y a cuestionar a las fuerzas de seguridad con una ligereza impropia de representantes institucionales. Hoy gobierna Rajoy, pero el año próximo quién sabe. La oposición tiene la obligación de hacer un estricto control al gobierno popular. No faltan motivos para la crítica. Pero contribuir a una estigmatización compulsiva y permanente de quien hoy gobierna, o gestiona empresas estatales como Adif, es caer en la impolítica, cuyos efectos son difíciles de revertir y recaerán en los futuros gobernantes electos, sean cuales sean. Tensionada y dividida, la Región de Murcia está evidenciando que tiene muchos y más profundos problemas que la carencia de infraestructuras ferroviarias. Estas semanas está demostrando que es incapaz de tomar, y mantener, una decisión colectiva sustentada en un amplio acuerdo político y social. Solo aquí la llegada del AVE podía derivar en un grave conflicto.

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