El Trasvase es en el Palacio toledano de Fuensalida lo que la desaladora de Escombreras es en el Palacio murciano de San Esteban. Una mochila con material políticamente inflamable que arde en manos de todos sus inquilinos

Hablar del problema del agua es siempre un asunto incómodo para los ocupantes del Palacio de Fuensalida. Hacerlo allí ya es directamente mentar la bicha. Lo era para María Dolores de Cospedal, como constaté al poco de que ganara las elecciones autonómicas en una conversación en la sede del Gobierno manchego. A diferencia de su antecesor («creo que soy muy popular en Murcia», me dijo hace años José María Barreda en Albacete, sonriendo irónica pero afablemente), Cospedal abordaba el asunto con especial frialdad y rigidez. Ella entonces tenía mucho más que perder que ganar, sobre todo después del batacazo con el proyecto de estatuto que ponía fecha de caducidad al Trasvase. Como en la Región de Murcia, también allí la ‘guerra del agua’ da y quita votos. Y de esa necesidad política de la secretaria general del PP nació la ley del Memorándum del Tajo, tejida por los barones populares bajo la batuta del exministro Arias Cañete, para endurecer los desembalses al Segura, como quería Cospedal. Después de diez meses con el tablacho echado al acueducto, lo que no pudo conseguir la multitudinaria protesta en Madrid de los regantes, porque esa ley lo impedía, se va a producir ahora por la sucesión de borrascas que descargaron agua y nieve en cantidad abundante sobre los embalses de cabecera. Ha sido cosa del cielo, no de la política, que a partir del 1 de abril pueda reabrirse el Trasvase y lleguen los primeros veinte hectómetros cúbicos desde mayo pasado. Después de su ‘annus horribilis’, el sector agroalimentario murciano afronta con relativa tranquilidad lo que resta de 2018. Si algo de bueno hay en la ley del Memorándum, que elevó notablemente la reserva mínima en la cabecera, es que las reglas de explotación del Trasvase quedaron desprovistas de criterios políticos en favor de técnicos que deben ser de aplicación automática. Y hoy, de seguir el lento deshielo, se dan las condiciones exigidas para que el agua vuelva a fluir hacia el Levante.

A poco más de un año de las elecciones autonómicas, el nuevo escenario augura un repunte de la bronca política. Por las declaraciones de los últimos días, el presidente manchego, Emiliano García-Page, anticipa que dará la batalla. Lo tiene complicado. Al menos en los tribunales. Pero la diatriba política, en plena negociación entre PP y PSOE por un pacto nacional del agua, subirá de tono: es mucho más fácil arremeter contra las transferencias al Segura que dar explicaciones sobre qué infraestructuras hidráulicas se han hecho en esa comunidad con los 400 millones de euros pagados por los regantes de Murcia, Alicante y Almería por el uso del acueducto durante treinta años. Un dinero que debía haberse utilizado para garantizar el abastecimiento de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, cuyos habitantes se ven obligados en ocasiones de extrema sequía a ser abastecidos con camiones cisterna. O las obras para asegurar el riego a municipios albaceteños que ven cómo pasa por sus territorios el canal del Trasvase hacia Murcia y Alicante sin que allí quede una gota. A mayor ruido menos focos habrá puestos en otros problemas domésticos: en Guadalajara, los empresarios y la agrupación provincial de agricultores y ganaderos esperan desde mediados de marzo una reunión con García-Page para resolver el problema de la falta de conexión entre los pantanos de Alcorlo y Beleña, este último desembalsando agua por falta de capacidad. Paralizado con Cospedal y con Page, la puesta en marcha de ese proyecto frustrado garantizaría el abastecimiento de medio millón de habitantes y el desarrollo de la provincia.

Viernes de Dolores

El Trasvase representa en el Palacio de Fuensalida lo que la desaladora de Escombreras significa en el Palacio de San Esteban. La bicha que no se menta. Material políticamente inflamable que ardía en las manos a todos los sucesores de Valcárcel. Garre, Sánchez y ahora López Miras han tenido que lidiar con este ‘elefante blanco’, transformado ahora en una causa judicial que toca de lleno al «macizo de la raza» de la familia popular. El ‘caso Púnica’, con unos pocos miles de euros presuntamente malversados, o el mismo ‘caso Auditorio’ de Puerto Lumbreras, son ‘pecata minuta’ en comparación con este sumario judicial recién abierto donde se ventilan decisiones de Consejo de Gobierno que pudieron tener un perjuicio potencial para las arcas públicas de hasta 600 millones. El paso al Grupo Mixto de la senadora Pilar Barreiro y la declaración del expresidente Pedro Antonio Sánchez, todo en este mismo Viernes de Dolores, son rescoldos políticos y judiciales que palidecen ante la magnitud del ‘caso desaladora’. Los informes de la Intervención y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad ya obligaron al Gobierno regional, recién investido Pedro Antonio Sánchez, a colaborar con la Fiscalía y a comunicar, hace unos días, que se personará en la causa emprendida por la juez. La clave puede estar en la actitud a partir de ahora de algunos de los imputados que no están vinculados al PP y por tanto sin ataduras para fijar su defensa jurídica de la manera más conveniente para sus intereses personales. Dado que los tiempos de la Justicia son lentos, este quinario se va a hacer eterno para los potencialmente implicados.