La Verdad

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Autor: Alberto Aguirre de Cárcer
Algo más que insensatez
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-04-2016 | 8:39| 0

Ciudadanos reconoció anoche que cargó a la Asamblea Regional gastos en vídeos, imprenta y publicidad realizados por el partido durante las últimas autonómicas como si fueran producto de su actividad como grupo parlamentario. En un comunicado, aseguró que este fraudulento engaño fue el resultado de un «error administrativo», una explicación muy poco convincente cuando entre manos hay facturas manipuladas, un incumplimiento de la Loreg que exige el pago a los proveedores en 90 días y un gasto electoral que se habría hurtado a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Son presuntos indicios de financiación irregular, aunque el partido del ‘cambio sensato’ solo se plantea oficialmente «valorar si se deben tomar medidas frente a los profesionales administrativos que han cometido el error». En el interno, sin embargo, se espera la depuración de responsabilidades políticas. ¿Qué quedará si no del ‘monomantra’ de la ejemplaridad y la regeneración?

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Ducha escocesa
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Alberto Aguirre de Cárcer | 20-04-2016 | 8:43| 0

El Gobierno nos sumergió ayer en un baño de realismo y de electoralismo a ritmo de ducha escocesa. Primero llegaron los cubos de agua fría de la mano del ministro Luis de Guindos, con sus nuevas previsiones al alza de paro y déficit para los próximos dos años, ante la constatación de que no podrá cumplir sus objetivos por la desaceleración económica. Una noticia sombría que, sin embargo, supone un balón de oxígeno en las comunidades autónomas con más dificultades para no rebasar el techo de déficit. Ya cuando el ambiente se estaba poniendo gélido apareció Montoro, que es mucho más político de partido que De Guindos, para lanzarnos agua tibia con el anuncio de que los funcionarios de la Administración central cobrarán este mes el 50% de la extra de 2012. Todo en el mismo día y en la antesala de nuevas elecciones.

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Desenredo administrativo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 17-04-2016 | 9:02| 0

Han sido numerosas las ocasiones en que, desde las páginas de ‘La Verdad’, se ha instado a los distintos Gobiernos regionales a impulsar medidas de reactivación económica por la vía de la simplificación administrativa. Respaldados por informes regionales, nacionales e internacionales, los sectores productivos venían reclamando poner coto a una burocracia que sentían en propia carne y que espantaba a muchos inversores hacia la Vega Baja alicantina y municipios limítrofes de Albacete y Almería. El decaimiento progresivo de nuestra industria tenía mucho que ver con esa desesperante tramitación administrativa, que se sumaba a una alta fiscalidad. Otros territorios, en España y fuera, han demostrado que se puede avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible, combinando el respeto al medio ambiente con la ausencia de trabas burocráticas y una supervisión estricta a posteriori de las actividades económicas. Si hoy la Región está a la cola en competitividad turística no es solo por su débil sector privado. Influye la falta de infraestructuras de transporte, la histórica carencia de una política turística sin titubeos y bien financiada, y la presencia de no pocos obstáculos burocráticos que hacen de la Región un lugar poco atractivo para emprender negocios turísticos. En su investidura, el presidente Pedro Antonio Sánchez se comprometió a abordar las reformas administrativas necesarias para dinamizar y crear empleo en la industria, el comercio y el turismo. La primera medida fue la rebaja de ciertos impuestos, alguno fundamental para las empresas familiares que son un pilar de nuestro tejido productivo. La segunda se producirá en los próximos días con la aprobación por el Gobierno de un decreto ley de simplificación administrativa, que luego tendrá que ser ratificado en la Asamblea. Como adelantamos hoy, los comercios minoristas tendrán libertad de horarios y podrán abrir dieciséis festivos al año. Se generalizará la declaración responsable del empresario para la apertura de instalaciones industriales y energéticas. También se eliminará el doble registro, tanto industrial como agrario, para la industrias agroalimentarias. Y además se regularizarán miles de alojamientos turísticos alquilados por propietarios de viviendas, que ahora no necesitarán constituirse en empresas para acometer esa actividad.

A expensas de las mejoras que puedan introducirse en su tramitación y de un análisis más detallado cuando esté aprobado, el decreto ley de Pedro Antonio Sánchez va, a mi juicio, en la dirección correcta. El Gobierno regional no podrá equilibrar las cuentas públicas, ni revertir el elevado desempleo, si no trabaja a fondo con medidas de empuje económico que haya consensuado con los agentes sociales. El decreto ley tiene también una lectura política porque viene a plasmar un compromiso programático que fue explicitado en campaña y luego en el discurso de investidura. Sánchez no recibió un cheque en blanco tras su triunfo electoral sino un encargo de gobierno en base a propuestas que tuvieron el mayor de los respaldos en las urnas por deseo expreso de los ciudadanos. Debe su designación de candidato al presidente de su partido, pero ocupa la cúspide del Ejecutivo por la voluntad de una mayoría de los votantes que confiaron en sus promesas. No puede olvidar, por tanto, a quién se debe por encima de todo, con quién ha contraído compromisos y a quién representa hoy. Si ha tenido el acierto de desarrollar estas medidas que están orientadas al interés general, como presidente de todos los murcianos debería actuar en consonancia en otros temas donde también es necesaria la defensa del bien común regional. Esta semana, ‘La Verdad’ desveló que el Tribunal de Cuentas abrió diligencias por posible responsabilidad contable en la desaladora de Escombreras, cuyo riesgo financiero para el erario supera a estas alturas los 500 millones de euros. El Interventor de la Comunidad instó en septiembre a la Consejería de Hacienda a que nombrara un instructor e investigara esos indicios. El Gobierno, sin embargo, remitió el asunto al Tribunal de Cuentas como máximo órgano fiscalizador, una decisión políticamente aceptable si no fuera porque reiteradamente el Ejecutivo no hace lo que le recomienda la Intervención. Ahora, una vez sabido que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han ratificado en ese tribunal varios indicios no prescritos de malversación y responsabilidad contable, tiene difícil explicación que el presidente regional no haya ordenado ya a los Servicios Jurídicos que se personen en la causa, al menos para saber cuál es la amenaza para las arcas regionales. A la postre, de qué sirve ganar credibilidad por un lado si se pierde por otro. El Gobierno parte con la ventaja de que la oposición tampoco se lee un solo papel de la Intervención, aunque no cesa de jugar con fuego. Todo esto es material inflamable para San Esteban porque afecta a miembros del PP que desempeñaron responsabilidades públicas y que se exponen a responder con su patrimonio en caso de juicio y condena. Y cuando uno puede sufrir otro incendio y necesitar ayuda, estas cosas son todavía más complicadas. Pero lo que no cabe es pasar la factura de los platos rotos a la ciudadanía.

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Cervantes versus Shakespeare
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Alberto Aguirre de Cárcer | 15-04-2016 | 7:53| 0

El Rey afirmó ayer que la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes es un auténtico «proyecto de Estado», pero el tímido programa oficial impulsado por el Gobierno ha suscitado no pocas críticas en el mundo de la cultura durante los últimos meses. Sobre todo si se compara con el esfuerzo realizado en el Reino Unido con la obra y la figura de William Shakespeare, fallecido también en 1616. ‘La Verdad’ no ha querido pasar por alto ambas efemérides culturales y ofrece mañana un suplemento especial de ‘Ababol’. Veintiocho páginas dedicadas a los dos autores universales en las que nuestros lectores encontrarán artículos de César Oliva, José María Pozuelo Yvancos e Iñaki Ezquerra, entre otros, así como entrevistas a José-Carlos Mainer y Vicente Molina Foix.

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El que no corre, vuela
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Alberto Aguirre de Cárcer | 12-04-2016 | 12:53| 0

El mismo politólogo malagueño que como empresario ofertaba en 2012 servicios para abrir sociedades opacas en Panamá acaba de cerrar dos acuerdos con los Ayuntamientos socialistas de Alhama de Murcia y Águilas en materia de transparencia, a través de una ONG, a cambio de unas módicas facturas de 17.400 y 6.700 euros, respectivamente. De la opacidad a la transparencia en un abrir y cerrar de ojos, todo dentro de la legalidad y aupado por los nuevos vientos de la regeneración, que por lo visto también dejan cuartos. La etapa de la opacidad no fructificó y eso que el aludido reconoce haber recibido una subvención de la Junta de Andalucía para abrir una delegación en Panamá. Ahora, aparentemente fuera del lado oscuro, asesora sobre regeneración por Murcia. Conclusión: el que no corre, vuela.

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