La Verdad
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Autor: Alberto Aguirre de Cárcer
La desaladora y los 'elefantes blancos'
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-05-2016 | 7:34| 0

Los reyes de Siam tenían por costumbre regalar un elefante blanco a sus súbditos menos queridos. Como eran sagrados en la antigua Tailandia, el obsequio no podía rechazarse y el receptor de la dádiva solía meterse en problemas económicos porque debía alimentar al animal y dejar que el pueblo acudiera a venerarlo. En la actualidad, los economistas llaman ‘elefantes blancos’ a las grandes obras de incierta utilidad y altos costes de mantenimiento y operación que nos regalan los políticos y acaban convirtiéndose en una pesada carga social. «Los españoles debemos ser malos súbditos porque los bajos tipos de interés, la burbuja inmobiliaria y sus superavits fiscales nos dejaron una gran cantidad de ‘elefantes blancos’», dicen los profesores Juan José Ganuza y Fernando Gómez, de la Universidad Pompeu Fabra. La Ciudad de la Cultura de Galicia, los aeropuertos sin aviones, las radiales de entrada a Madrid y otras autovías de pago… son nuestros animales sagrados. Por distintos motivos, el aeropuerto de Corvera y la desaladora de Escombreras son los ‘elefantes blancos’ de Murcia. Y lo seguirán siendo durante un tiempo, o puede que indefinidamente, si no se adoptan las decisiones correctas.

La planta de Escombreras está bajo la lupa de una comisión política en la Asamblea Regional y tiene otros cuatro frentes de investigación tanto en varios juzgados como en la Fiscalía. Al margen de las posibles responsabilidades políticas, penales y contables de tan ruinoso negocio para las arcas de la Comunidad, en la comisión de investigación creada en la Asamblea empieza a completarse un rompecabezas gracias al protagonismo cobrado por los responsables de la Intervención y los Servicios Jurídicos de la Comunidad. Los conocidos informes de los funcionarios, unidos a los del Tribunal de Cuentas, ya fueron suficientemente reveladores sobre los múltiples riesgos financieros asumidos por el Gobierno regional y sobre el daño económico generado a las arcas públicas. Como cabía esperar, estando en la antesala de unas elecciones, el caso de la desaladora se ha politizado. De modo que si después de oír a los técnicos y jurídicos de la Comunidad persisten dudas, aparquemos por un momento a los políticos y veamos qué dicen los economistas al respecto. En un estudio publicado en la revista especializada ‘Auditoria Pública’, el profesor José Francisco Bellod Redondo, de la UPCT, hizo en 2015 un análisis clarificador. «El Gobierno regional asumió un proyecto privado pre-existente sin cumplir con algunos requisitos que en el ámbito de los proyectos público-privados se consideran muy aconsejables tanto para evitar ‘elefantes blancos’ como para protegerse de ‘lobbies’ que buscan ‘capturar rentas’ del Estado». Ni se realizó una evaluación previa de idoneidad por un organismo independiente ni se hizo una selección competitiva de los socios del proyecto. El resultado -dice Bellod- fue la construcción de un proyecto sobredimensionado, con un coste de producción de agua desalada muy elevado debido tanto a la imposibilidad de aprovechar las economías de escala (la producción nunca alcanzó el 15% de su capacidad) como por el lastre que supone el oneroso contrato de arrendamiento financiero mediante el que se construyó la infraestructura». El diagnóstico no puede ser más claro: la desaladora es todo un ejemplo de cómo una asociación público-privada puede estar abocada al fracaso por su mal diseño inicial.

La planta de Escombreras fue la respuesta del Gobierno regional a la política de la ministra Narbona, que obligaba a solicitar permisos a la Confederación Hidrográfica del Segura para autorizar nuevos planeamientos urbanísticos. El Ejecutivo de Valcárcel entendía que el Gobierno central le negaba el agua a la Región para su desarrollo y actuó. Quiso garantizar la legalidad del proyecto, desde la ley del Ente Público del Agua (EPA) al entramado societario público-privado, y contrató a un prestigioso despacho de abogados de Madrid. Pero se dejó a un lado a los Servicios Jurídicos, que habrían podido advertir de los riesgos financieros para la Comunidad, y se contrató a una empresa, en lugar de a un organismo independiente, para escrutar la operación desde el punto de vista financiero, lo que aumentó el riesgo de despilfarro para la hacienda pública regional. El exgerente del Ente Público del Agua (EPA), Amalio Garrido, acompañado de su abogado, se exculpó el pasado miércoles en la Asamblea: el diseño le vino dado. Y luego leyó un acta del EPA en el que el exconsejero Cerdá dejó claro que era «un proyecto del presidente» Valcárcel. ¿Por qué poner todo en manos de un despacho privado de abogados y no realizar todas las evaluaciones jurídicas y económicas pertinentes desde la Administración? Sencillamente porque había prisa. Existían planeamientos urbanísticos en el horizonte que podrían justificar la demanda futura de agua, pero ya había uno en marcha de especial interés político, Novo Carthago, cuyo sumario está congelado en un juzgado desde que salió hace un año del TSJ.

El profesor Ginés de Rus, de la Universidad de Las Palmas, escribía en 2010 en ‘El País’ una reflexión interesante sobre los ‘elefantes blancos’: «Al margen de su funcionalidad, las obras públicas de ingeniería civil combinan, peligrosamente, dos elementos: el primero, la creencia popular de cuanto más grande y de última tecnología mejor; el segundo, la presencia de un agente decisorio político sin responsabilidad económica por los errores que comete. Puede -dice Rus-, que el político pague sus equivocaciones con una reducción de la probabilidad de reelección, pero la larga vida de las infraestructuras, la dificultad de imputar los errores a negligencia o mala suerte, y la buena prensa que tiene la inversión en grandes obras de ingeniería suelen protegerle de las consecuencias sociales de sus malas decisiones». Acierta este catedrático de Economía Aplicada cuando dice que, sin un nuevo diseño institucional que haga políticamente rentable invertir en buenos proyectos, seguiremos haciendo «planes que no se cumplen, metodologías que no se aplican y artículos lamentándonos». El Gobierno de Pedro Antonio Sánchez heredó este ‘elefante blanco’ y, como ya no es posible decir que no costará un euro a los murcianos, ha ideado la teoría de la rentabilidad social de la planta (está al 80% de su capacidad y vende 17 hectómetros de los 20 posibles). Pero ese argumento no altera la realidad de los números: tal y como fue diseñada y estructurada, la planta siempre dará importantes pérdidas económicas que pagaremos todos. Algo más tendrá que hacer.

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A lo cubano
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Alberto Aguirre de Cárcer | 20-05-2016 | 9:46| 0

La guayabera del Caribe es prenda de etiqueta en muchos países, pero el Rey Juan Carlos, que se la puso por primera vez en la Cumbre Iberoamericana de 2002, no logró convencer al expresidente José María Aznar, que a la postre, quién si no, fue el único mandatario con americana en Punta Cana. Me viene a la memoria al comprobar que PAS, nuestro presidente regional, transita de despacho en despacho por La Habana con traje y corbata, lo que resulta tan extraño como ver a una pareja sin críos de atracción en atracción en Disneyland París. Pero si llega a acuerdos económicos beneficiosos para la Región, bienvenidos sean. Cuba está lejos de ser un paraíso de las libertades públicas, pero hay una apertura económica en ciernes que la Región puede aprovechar si genera confianza y cercanía. Mejor entonces, presidente, a guayabera abierta, a lo cubano.

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La política está que arde
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Alberto Aguirre de Cárcer | 18-05-2016 | 8:22| 0

La renuncia del veterano Andrés Ayala, conocida el día en que se cerraban las listas del PP, sorprendió a propios y extraños en Murcia. La comunicó con una nota personal y provocó horas después una minicrisis de Gobierno, dado que la solución improvisada por Pedro A. Sánchez implica la marcha de su consejero de Fomento, Francisco Bernabé, como número 2 al Congreso. Lo de ayer fue un auténtico caos de comunicación política. Lo extraño es que en Madrid cuentan que Ayala adelantó la semana pasada su decisión a Génova y vinculan su adiós a una mancha que se extiende: la fuga de diputados que compaginaban, en régimen de compatibilidad, la política con actividades profesionales. Es el caso también de los números 1 del PP por Málaga y Baleares, que han dado la espantada. Hasta diciembre había codazos para ir al Congreso, pero, visto lo visto estos meses en el Hemiciclo, ya no son pocos los que deciden tomar las de Villadiego para no arder en la pira de la ‘nueva política’.

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Con las víctimas del terrorismo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 15-05-2016 | 7:27| 0

Resulta difícil de entender cómo colectivos especialmente castigados parecen condenados al olvido cuando, además de lo que dicta la ética cívica, existen leyes en vigor que obligan a otorgarles una especial atención. El caso de las víctimas del terrorismo en la Región de Murcia es sangrante. Como adelantó ‘La Verdad’ hace unos días, más de 150 personas que han sufrido las secuelas de atentados esperan desde hace siete años las ayudas prometidas en una ley regional aprobada por unanimidad en 2009. La Comunidad tardó tres años en desarrollar el reglamento de esa norma, donde se establecía el procedimiento para acogerse a las indemnizaciones y prestaciones que aún no han llegado. Según cálculos de la asociación que agrupa a estas víctimas (Avite), el importe de las ayudas pendientes ronda los dos millones de euros.
Reconozco que me cuesta permanecer frío con este asunto. Durante años tuve que cubrir informativamente la barbarie terrorista de ETA. He presenciado los resultados de su irracional furia homicida minutos después de cometerse varios atentados y, como miles de personas en España, tuve que mirar los bajos de mi coche durante un tiempo. Muchísimo más dura era la situación de mis compañeros y amigos en el País Vasco, donde la presión y las amenazas eran asfixiantes. Uno de los directivos de nuestro grupo editorial fue asesinado por dos etarras en San Sebastián de siete disparos por la espalda. En la lucha democrática contra el terrorismo nada hay comparable al dolor sufrido por las víctimas y sus familiares. Policías, guardias civiles, políticos, empresarios, jueces, periodistas… Son 19 los asesinados, 36 los heridos y 119 los familiares afectados en la Región por los asesinos de ETA y del Grapo. Con todos hay contraída una deuda moral y política. Ni la crueldad que destrozó sus vidas puede caer en la desmemoria ni sus responsables quedar impunes. Y, por supuesto, si existe una ley regional de ayudas habrá que recordar, las veces que haga falta, que aún sigue en el limbo.
Dos millones de euros es una cifra importante, pero es solo dos veces más de lo que pagó el Ayuntamiento de Cartagena en 2009 por la escultura que homenajea a las víctimas del terrorismo en la explanada principal del puerto. ‘El Zulo’, la monumental figura en bronce del escultor Víctor Ochoa, costó 730.000 euros. Fue creada por Ochoa, a instancias del PP en época de José María Aznar, y se expuso temporalmente en el Retiro de Madrid y en la plaza mayor de Salamanca. Pero a la gigantesca pieza de 2.500 kilos, y cuatro metros de alto por cinco de largo, había que darle un destino definitivo. Alguna administración pública debía hacerse cargo de la obra y de su parte peliaguda, su gruesa factura. Fue entonces cuando la exalcaldesa Pilar Barreiro le echó una mano a su partido en Madrid y se ofreció a pagarla y acogerla en Cartagena. Quiso que estuviera instalada en el muelle, lo que finalmente se produjo, por la intermediación del presidente Valcárcel, pese a las reticencias iniciales de la Autoridad Portuaria por sus dudas sobre la idoneidad de la ubicación. Todo aconteció el mismo año en que se aprobó esa ley para las víctimas, una ley que permanece tan inmóvil como la escultura de Cartagena.
No tiene un pase, como denunció Avite, que Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre no recibieran personalmente a sus representantes a lo largo de estos años. Cualquier excusa es indefendible. Las arcas públicas han estado muy maltrechas por la crisis, pero la sensibilidad social se tiene o no se tiene. Y el tiempo se saca de donde sea. Finalmente, en noviembre pasado, miembros de Avite se entrevistaron con Pedro Antonio Sánchez, que se comprometió a realizar un plan de viabilidad económica para abonar las ayudas. También han encontrado el respaldo del PSOE, a través del diputado Joaquín López, que presentó dos mociones instando al Gobierno regional a que cumpla la ley. Gracias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, respaldados por una política antiterrorista acertada de PP y PSOE, hoy ETA está derrotada. Para la mayoría, el terrorismo es ya historia. No así para las miles de víctimas de su violencia en toda España. Que no caigan en el olvido.

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Puertas giratorias
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Alberto Aguirre de Cárcer | 14-05-2016 | 10:07| 0

Dos instituciones privadas pueden firmar acuerdos para investigar con sus fondos lo que se les antoje, pero cuando el dinero sale de las arcas públicas suele prevalecer el criterio de excelencia y competitividad en base a convocatorias abiertas. Los contratos entre la UCAM y el exdirector general de Deportes, a través del CAR, se basan en un convenio y son legales, aunque es inexplicable, por ejemplo, que se pueda llamar ‘proyecto de investigación’ a un estudio académico que cuesta 5.000 euros o el interés público para la Comunidad en perfeccionar los golpes de pádel. Quien semanas antes de ser cesado firmó 27 ‘proyectos de investigación’, por valor de 220.000 euros (bien pensado es una ganga), empezó a trabajar meses después en esa universidad, lo que, sea o no legal, sonroja. Y me apena porque, siendo ya una tónica las puertas giratorias y la falta de decoro público, atañe a un icono del olimpismo y del deporte murciano, reclutado en su día para la gestión y la política para que alguien ganara un puñado de votos.

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