La Verdad

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Autor: Alberto Aguirre de Cárcer
Cuarto milenio
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Alberto Aguirre de Cárcer | 03-12-2015 | 8:35| 0

No tiene ni pizca de gracia que Cartagena haya estado en boca de media España por ese vídeo de un Pleno, por muy ‘chanante’ que sea para quienes les importa poco o nada la gobernabilidad y la imagen de la ciudad portuaria. Alguien debería averiguar qué está pasando allí antes de que pasemos de las tertulias políticas y las parodias televisivas a la rejilla de Cuarto Milenio. Porque tiene su misterio. Es verdad que la conjunción (planetaria) de personajes histriónicos en la Región atiza la emulación y despierta vocaciones, pero tanta reiteración (Novo Carthago, Púnica y ahora esta parodia de gobernanza) quizá se deba a algún compuesto en la vara de esa alcaldía que convendría examinar, una vez solucionado el misterio de las esferas espaciales. No vaya a ser que haya relación, esto sea viral, de verdad, y acabe propagándose a la población.

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Un salvavidas para el Mar Menor
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Alberto Aguirre de Cárcer | 29-11-2015 | 7:50| 0

Encontrar el punto de equilibrio, sin apartarse del objetivo prioritario que debe ser la conservación de la laguna, es posible si se actúa con altura de miras, eficacia y transparencia, buscando el mayor de los consensos posibles

Cuando se echa la vista atrás para repasar la historia del Mar Menor es muy fácil dejarse vencer por la melancolía. Nuestra gran laguna costera sigue siendo un ecosistema único en Europa, pero existe una gigantesca brecha entre lo que es hoy y lo que pudo haber sido con un adecuado modelo de desarrollo sostenible. En las páginas de opinión de esta edición dominical lo explica con detalle Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y una de las voces más autorizadas cuando se analizan los problemas medioambientales del Mar Menor. En solo una generación se han producido múltiples actuaciones que han puesto en serio peligro un ecosistema de enorme valor natural, histórico y económico. Algunas son irreversibles, pero otras podrían minimizarse o corregirse. De forma periódica, la preocupación por la salud de la laguna rebrota con fuerza en una Región donde a casi nadie le deja indiferente el devenir de un espacio natural de maravillosa singularidad. La reciente creación de una plataforma social en defensa del Mar Menor, alejada de todo interés político o económico, muestra cómo hay muchos ciudadanos que ya no están dispuestos a asistir, de brazos cruzados, a la lenta agonía de un enclave tan apreciado y ligado sentimentalmente a la vida de los murcianos.

La aparición de este colectivo ciudadano coincide con una nueva oportunidad para corregir el rumbo de este proceso sistemático de degradación. Se trata de un proyecto en manos del Gobierno regional, la Inversión Territorial Integrada del Mar Menor, que está dotado con 45 millones de euros procedentes de fondos europeos. No es la primera vez que nos encontramos ante iniciativas similares, con sus correspondientes anuncios y declaraciones de intenciones, que luego han quedado en agua de borrajas. Las expectativas no colmadas en el pasado invitan ahora a la cautela. Dicho eso, no deberíamos renunciar a la nueva posibilidad que se abre para que, por fin, se actúe con eficacia, coordinando a todas las administraciones y fuerzas políticas con responsabilidades públicas y a todos los sectores que deberían estar implicados en su puesta en marcha, desde hosteleros, científicos, pescadores, agricultores, vecinos, ecologistas… Solo así se lograría un proyecto de todos y para todos. Lo mejor es que todavía estamos a tiempo de preservar un frágil ecosistema que, sin embargo, ha demostrado una enorme resistencia ante todo tipo de agresiones en su entorno.

El objetivo prioritario de ‘vertido cero’ al Mar Menor que se ha fijado el Gobierno regional parece un buen punto de partida. De nada servirán los paseos marítimos previstos si no se controla, como está previsto, el flujo de nutrientes que desembocan desde el Campo de Cartagena a la laguna por el Albujón y otras ramblas. Las actuaciones de conservación deberían ser prioritarias en un conjunto de iniciativas donde no debemos avanzar con las luces cortas sino ponderando las consecuencias a medio y largo plazo. Es preciso huir del efectismo y del rédito inmediato y pensar, sobre todo, en el legado que dejaremos para las próximas generaciones de murcianos. Para fijar prioridades e identificar lo urgente, el Gobierno regional está obligado a actuar con el máximo rigor, aunando las evidencias científicas con las necesidades de todos los sectores económicos, irrenunciables para la Región, que viven directa o indirectamente del Mar Menor. Encontrar el punto de equilibrio, sin apartarse de ese objetivo prioritario de preservación, es posible si se actúa con altura de miras, transparencia y eficacia, buscando el mayor de los consensos posibles. La propuesta de un Pacto por el Mar Menor, surgida de la sociedad civil a través de un grupo heterogéneo de profesionales y vecinos, es una clara llamada de atención en ese sentido y una muy buena señal de que tenemos una ciudadanía sensibilizada y activa, dispuesta a movilizarse para no quedarse al margen de la elaboración de los temas relevantes de nuestra agenda pública. Llevan razón. La Región se enfrenta a muchos retos, pero sin duda éste es uno de los más importantes por todo lo que está en juego.

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Mal gobierno
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-11-2015 | 10:55| 0

La exalcadesa Pilar Barreiro, que se ufanaba de mandar mucho en Cartagena, tenía clavada muy honda la espina de no poder controlar la UPCT, la Autoridad Portuaria o ‘La Verdad’. Como otros políticos, Barreiro quería prensa servil y actuaba en consecuencia, limitando el acceso a la información de interés para nuestros lectores, lo único que duele a un medio de comunicación independiente que se sobra y se basta con el apoyo de su audiencia y anunciantes. El bastón de mando está hoy en manos del líder de Movimiento Ciudadano, José López, que gobierna en coalición con el PSOE y quien ante las primeras informaciones de la prensa local que no han sido de su gusto reaccionó con todo tipo de genéricas descalificaciones públicas, a cual más peregrina. En paralelo ha creado una web institucional con informaciones sobre la acción de su equipo de Gobierno, en clave muy personal, y réplicas a los partidos de la oposición. El alcalde está en su derecho de dirigirse directamente a los cartageneros, pero confunde información con propaganda y eso no le exime de la rendición de cuentas ante quienes, con sus preguntas, dan respuesta al derecho a la información de los ciudadanos. Escocido por las críticas a su política informativa, el pasado viernes se negó también a responder a los periodistas sobre los asuntos de actualidad del municipio y les remitió al plasma de la web gubernamental. No es el mejor ejemplo de buen gobierno. Los medios de comunicación ejercen una función social relevante en las democracias y tienen el deber constitucional de difundir información veraz sin violar el derecho al honor, la imagen y la intimidad de las personas. Aquellos que ejercen con rigor y profesionalidad su cometido deben someterse también al escrutinio, a la crítica razonada y a la rectificación de sus errores de ‘motu proprio’ o por los cauces que marca la ley, pero en ningún caso pueden ceder en sus obligaciones por muy intensas y reiteradas que sean las descalificaciones, las presiones o los intentos de mordaza.

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Libertad y seguridad
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-11-2015 | 8:14| 0

La experiencia acumulada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad es una garantía de que los potenciales peligros del yihadismo están bajo control en nuestro país, aunque el riesgo cero no existe en ningún punto del mundo

Minutos antes del comienzo de una mesa redonda el pasado jueves en la UMU, donde participaba como moderador, el profesor de Ciencia Política Fernando Jiménez me dio el más acertado consejo que he oído para evitar que los ponentes se alarguen demasiado en sus intervenciones. Recuérdales, me sugirió, que precisamente hoy se cumplen 152 años del discurso de Abraham Lincoln en el cementerio de Gettysburg, que tenía menos de 300 palabras y fíjate lo que ha significado en la historia de la humanidad. Fue un alegato de solo diez frases, verbalizado en no más de tres minutos, en el que Lincoln remarcó que la Guerra Civil americana estaba poniendo a prueba a «una nueva nación concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales». Junto a las tumbas de los soldados caídos, Lincoln apeló a tomar el testigo de los que dieron su vida en la defensa de esas ideas para que no desapareciera de la tierra «un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo».

Esta última frase sería incorporada posteriormente a la Constitución francesa, esa misma que ahora el presidente Hollande ha propuesto reformar para defender la democracia de los «actos de guerra» cometidos por el Estado Islámico. Igualdad, libertad y fraternidad, pero también seguridad. Los atentados de París vuelven a situar a las sociedades democráticas ante el mayor desafío planteado por el yihadismo: el combate con éxito contra quienes siembran el terror sin menoscabar los derechos y libertades en los que se basa nuestra convivencia. Quienes difunden decapitaciones de rehenes, tirotean a jóvenes que asisten a un concierto de música o se hacen saltar por los aires para asesinar al mayor número de inocentes intentan socavar la confianza en nuestros valores democráticos, entre los que se incluye también el respeto a la libertad religiosa. Nada interesa más a los terroristas del Estado Islámico que alimentar los brotes de intolerancia e islamofobia en el seno de las sociedades europeas para minar nuestro estado de derecho y destruir el imperio de la razón, inoculando miedo y fanatismo con los métodos más salvajes imaginables. El combate policial contra el yihadismo en Europa ha avanzado mucho desde los atentados del 11M en Madrid, pero resulta de una enorme complejidad hacer frente a quienes pueden ordenar un atentado en Siria, planificarlo en Bélgica y luego llevarlo a cabo en París, aprovechando la libertad de movimientos del espacio Schengen. Los ataques de París han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación de los servicios de inteligencia europeos. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad han detenido en España a 120 personas por su presunta vinculación con el yihadismo desde 2013 y hay cientos de jóvenes radicalizados, con los mensajes difundidos por el Estado Islámico a través de internet, que están bajo estrecha vigilancia en nuestro país. Alrededor de una treintena, según fuentes policiales consultadas por ‘La Verdad’, estarían en territorio murciano, aunque no hay el menor indicio de que esa radicalización observada suponga un peligro real en estos momentos. La experiencia acumulada por nuestras fuerzas de seguridad, de cuyo trabajo serio y riguroso hay numerosas pruebas en los últimos años, es una garantía de que los potenciales peligros están bajo control, aunque el riesgo cero no exista en ningún punto del mundo.

La actitud de las principales partidos españoles, con el PP y el PSOE a la cabeza, impulsando el pacto contra el yihadismo, está demostrando también la solidez de la inmensa mayoría de la clase política ante uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta nuestra democracia. Tan importante como la respuesta policial es la actitud de nuestros líderes políticos ante un envite que exige la mayor unidad posible y una respuesta sin fisuras dentro del marco de la legalidad internacional. Como en los tiempos de Abraham Lincoln, hay planteada una guerra global de la que deben salir reforzadas los derechos, libertades y principios por los que muchos hombres y mujeres dieron su vida en el último siglo y medio.

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Otro esperpento
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Alberto Aguirre de Cárcer | 19-11-2015 | 10:00| 0

Si inexplicable resultó que PSOE, Podemos y C’s rechazaran el pasado lunes en la Mesa de la Asamblea la admisión a trámite de los Presupuestos, pese al dictamen emitido por el Consejo Jurídico, no menos chocante es el calendario propuesto ayer por el PP para aprobar las cuentas públicas antes de 2016, lo que obligaría a habilitar sesiones en cuatro días de la campaña electoral y reducir el periodo de las enmiendas parciales a 20 días, en lugar de los 30 que marca el Reglamento de la Cámara. Apañados vamos si esto de la ‘nueva política’ consiste en desacreditar al Consejo Jurídico o proponer debates parlamentarios en fechas que probablemente prohibiría la Junta Electoral. En este estado de nervios preelectoral, a alguno incluso le aflora la vena intolerante y arremete contra los medios de comunicación que opinan libremente.

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