La Verdad
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Autor: Alberto Aguirre de Cárcer
Política universitaria
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Alberto Aguirre de Cárcer | 13-09-2015 | 7:31| 0

La reunión del Consejo Interuniversitario, la más larga y tensa que se recuerda en los últimos años, proyectó el pasado jueves una lastimosa imagen de división, con dos bandos claramente definidos, justo cuando está en su punto álgido la sensación de caos en la ordenación y planificación de la enseñanza superior en la Región, acrecentado también por el conflicto sobre las prácticas de Medicina de la Universidad de Murcia y la UCAM en los hospitales públicos. La temperatura ambiental y el desenlace del Consejo Interuniversitario eran previsibles. Tanto el día anterior, como solo unas horas antes, la consejera de Educación y el presidente regional ya habían recordado que las decisiones del Consejo Interuniversitario no son vinculantes y que los informes favorables de la Aneca, la agencia nacional que acredita las nuevas titulaciones, y del Consejo de Universidades eran suficientes para que, como siempre en todos los casos, el Gobierno regional diera un respaldo a los títulos de Odontología e Ingeniería Eléctrica de la UCAM, al menos en ese organismo consultivo. El decreto regional que regula desde 2009 la aprobación de títulos le otorga ciertamente a ese organismo un papel marginal: emitir un informe preceptivo pero no vinculante. Con razón muchos de sus vocales salieron de la reunión pensando de qué sirve un consejo interuniversitario que ya en el pasado vio cómo se aprobaba un título por el Gobierno con un dictamen negativo de este órgano consultivo.

Antes y ahora, toda la responsabilidad política recae en el Gobierno regional, que debe decidir, una vez analizados los informes favorables preceptivos (Aneca, Consejo de Universidades y Consejo Interuniversitario) y los desfavorables (UPCT y varios colegios profesionales), pero con los criterios que sí le impone con nitidez ese decreto de 2009. Pedro Antonio Sánchez y su equipo tendrán que ponderar, y justificar públicamente, si las nuevas titulaciones de Odontología e Ingeniería Eléctrica, o Electromecánica si finalmente la UCAM cambia su denominación, tienen en cuenta las «necesidades socioeconómicas y culturales de la Región», «la demanda y las necesidades de los sectores productivos en la Región de Murcia y a nivel nacional e internacional», el «potencial docente e investigador de la Universidad solicitante en las áreas de conocimiento vinculadas a las enseñanzas para las que se solicita su implantación» y la «disponibilidad de centros para la formación práctica de los alumnos», entre otros criterios de ordenación.

En sus únicas declaraciones sobre esta controversia, Pedro Antonio Sánchez defendió que exista una «oferta de calidad plural» en la enseñanza superior y que cada alumno elija dónde quiere estudiar, pero no hizo ninguna alusión a las directrices que el propio PP fijó en ese decreto para que la Administración planifique y ordene con eficacia esa oferta. En el conjunto del país e impulsado por el propio Ministerio, el debate central en la política universitaria va hace tiempo por otros derroteros (exceso de oferta, duplicidad de titulaciones, crisis de las carreras técnicas,…) precisamente para lograr la excelencia docente e investigadora en las universidades públicas y privadas, y no mandar titulados al paro. Fijar posiciones con un único criterio genérico y orillar los que fija la ley regional, como la complementariedad y la especialización en la ordenación de los nuevos títulos, tiene además el riesgo de contribuir a desenfocar la discusión, echando más madera ideológica en un terreno resbaladizo -universidad pública versus privada- que está superado en los países desarrollados, pero que algunos protagonistas locales de esta polémica, en ambos bandos, no paran de alimentar, en perjuicio de un sistema universitario armónico y, por tanto, del interés general.

El curso no ha podido comenzar de forma más convulsa en el mundo universitario que, ciertamente, es muy particular en la Región. Si tenía pocos frentes el Gobierno, ahora se le ha abierto otro no menor en la enseñanza superior. Y solo podrá encararlo con acierto si tiene claro cuáles son sus responsabilidades en política universitaria y busca soluciones de consenso siempre que sea posible.

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Catarsis emocional
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Alberto Aguirre de Cárcer | 12-09-2015 | 10:19| 0

Artur Mas y sus aliados independentistas convirtieron ayer la Diada en un nuevo trampantojo multitudinario para mantener vivo un estado de excitación emocional que haga olvidar a los electores los inequívocos mensajes de Merkel, Cameron, Rajoy, Sánchez, los empresarios… sobre la ficción de una Cataluña independiente en el seno de la Unión Europea. Frente a la razón, catarsis sentimental en otro ejercicio de irresponsabilidad de quien pretende ocultar una pésima gestión y las corruptelas institucionalizadas de su partido bajo el paraguas de un proceso separatista destinado al fracaso. Casi un millón y medio de personas pidiendo la independencia son muchas. Espero que sean más los que el 27S depositen su voto para seguir siendo catalanes, españoles y europeos.

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Aritméticas parlamentarias
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Alberto Aguirre de Cárcer | 09-09-2015 | 3:03| 0

Cartagena. 23 diputados son más que 22. Nuevo revolcón del PSOE, Podemos y Ciudadanos al PP en la Asamblea Regional. Con un cambio de criterio de proporcionalidad, admitido por la Mesa de la Asamblea, los tres partidos votan en bloque como un solo grupo y dejan al mayoritario con un solo miembro de los tres posibles en el Consejo Interuniversitario, justo cuando se va a pronunciar sobre dos titulaciones de la UCAM a las que se oponen las Universidades públicas. Monumental enfado del PP, que recurrirá al Constitucional.

Madrid. 185 diputados son más que 165. El PP presenta una proposición de ley para que el TC pueda inhabilitar a los dirigentes que desacaten sus sentencias. Gracias a su mayoría absoluta parlamentaria, la propuesta saldrá adelante, eludiendo la calificación de la Mesa del Congreso y los dictámenes del CGPJ y del Consejo Fiscal. Colosal cabreo del PSOE, que recurrirá la reforma al propio Constitucional.

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Aylan
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Alberto Aguirre de Cárcer | 06-09-2015 | 7:44| 0

Hace semanas, en el Parque Regional de San Pedro del Pinatar, la rojiza tonalidad de sus aguas colmatadas de sal, por la acción de ciertas algas, me hizo recordar que Homero atribuía al mar Egeo el color del vino tinto. Dicen los estudiosos que, en los tiempos del autor de la Iliada, los griegos bebían un vino azulado por el agua alcalina con el que se fermentaba el zumo de uva. Tras la desgarradora imagen del pequeño Aylan Kurdi, yaciendo sin vida en una playa turca al intentar con su familia alcanzar la isla griega de Koos, para huir del hambre y la violencia de su Siria natal, hoy percibo rojizas las aguas de las costas de Europa por la sangre derramada de miles de refugiados. La vida es un largo camino lleno de aventuras, experiencias y peligros, como escribía Kavafis en su poema ‘Viaje a Itaca’, pero para las víctimas inocentes de la barbarie suele ser muy corta y cruel.

Ante la fotografía de ese niño de tres años experimento la misma sensación que el periodista y escritor italiano Curzio Malaparte cuando, viajando por su país en 1944 con una división norteamericana, observó en una cuneta a diez mujeres muertas a las que otras mujeres vestían para el velorio: «Únicamente manos de mujer eran dignas de tocar aquellos rostros de mujeres muertas. Yo vi en ello una especie de rebelión contra los hombres, contra su crueldad, su enconado furor destructivo y asesino. Ninguna mano de hombre, de padre, marido, hermano o hijo, era digna de tocar aquellos rostros de cera, aquellos cabellos largos y lacios, aquellos ojos medio cerrados». Solo las manos de otro niño deberían tocar el cuerpo sin vida de Aylan. Al padre del pequeño se le escapó de las suyas en un bote en plena noche, pero la de Aylan no puede calificarse de muerte accidental. El furor destructivo y asesino del Estado Islámico está en el origen de ésta y otras miles de vidas truncadas.

Quienes estamos en la orilla europea tenemos ahora una ineludible responsabilidad colectiva ante la desgarradora situación de los refugiados procedentes de Siria, hacinados en Hungría por la débil respuesta humanitaria de la UE. Tenía razón Curzio Malaparte: en nuestra cultura europea, cimentada sobre dos mil años de tradición cristiana, nos vemos moralmente impelidos a la piedad, pero no tanto a la solidaridad, que es un valor reciente en términos históricos. El proyecto de la UE se edificó precisamente sobre el ideal del esfuerzo compartido para proteger los derechos humanos. Y lo hemos pasado por alto durante los cuatro años de guerra en Siria. También, incluso, cuando el drama de quienes huían del Estado Islámico ya era visible hace meses en territorio europeo. Solo cuando la situación se agravó el pasado mes en Hungría y Macedonia, la UE convocó el 31 de agosto una reunión calificada de urgente, pero increíblemente señalada para el 14 de septiembre. El posterior macabro hallazgo en Austria de decenas de inmigrantes muertos en un camión, el drama de los sirios atrapados en la estación de trenes de Budapest y, por último, el aldabonazo mundial a las conciencias producido por las imágenes de Aylan despertaron de su letargo vacacional a la burocrática maquinaria de la UE, evidenciando todas las carencias de las autoridades europeas ante las crisis humanitarias. Ante la falta de decisiones concretas de las instituciones comunitarias, que ahora inapelablemente empiezan a cuajar, la sociedad civil comenzó a movilizarse en toda España, incluida la Región de Murcia, para acoger a quienes huyen de la violencia y el hambre. No será la primera vez. En 1993, casi 400 bosnios arribaron a la Región. Aquí encontraron cobijo tras vivir el horror de la limpieza étnica desplegada por el líder serbio Slodoban Milosevic durante la guerra de los Balcanes. Muchos de esos refugiados acabarían desplazándose a otras comunidades o a otros países, pero aún viven entre nosotros unas pocas familias en Murcia, Cartagena, Mazarrón, Jumilla y Caravaca. Como relatamos hoy en ‘La Verdad’, estos ‘murcianos’ rubios venidos del Este aún se estremecen, 22 años después, rememorando su estancia y fuga del infierno. Ellos mejor que nadie entienden el desgarro de los refugiados sirios.

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El tabú, la impolítica y el AVE
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Alberto Aguirre de Cárcer | 02-08-2015 | 8:02| 0

Es comprensible la desconfianza ante el acuerdo sobre el soterramiento con Adif. No es una panacea ni una garantía absoluta, pero nadie pone sobre la mesa una alternativa factible que hoy sea mejor para el interés general

Jean-François Revel, el pensador liberal que transitó desde la oposición al nazismo a la denuncia del marxismo soviético, decía que cuando la censura desaparece en las democracias perduran otras cortapisas a la libertad de expresión e información. «Los prejuicios, la parcialidad, los odios entre partidos políticos y las familias intelectuales alteran y adulteran los juicios e incluso las simples comprobaciones», afirmaba en su obra ‘El conocimiento inútil’. Para Revel, eliminada la censura, la mayor mordaza en democracia es el tabú.

España ya no es ese país donde el periodista Manuel Chaves Nogales, por denunciar los totalitarismos de todo signo hace 80 años, decía que «era perfectamente fusilable por ambos bandos». Pero por nuestro secular frentismo de trincheras, sigue existiendo hostilidad a quienes no muestran apego a ninguna bandería. Y aunque ya no padecemos la censura, persisten los tabúes. Uno de ellos es apuntar que la parte más débil en un conflicto, teniendo gran parte de razón, no la tiene por completo, por ejemplo en la polémica por el soterramiento del AVE en Murcia. De hacerlo, como decía Revel, uno debería de inmediato señalar todos los errores garrafales de la parte más fuerte, pero ya lo he hecho tantas veces en este caso que hoy se lo ahorro al lector. La Plataforma Pro Soterramiento, reitero, es el único actor en este tema que siempre ha mantenido la misma posición. Está totalmente en lo cierto cuando afirma que, con el proyecto constructivo pactado con Adif, los trenes entrarán en superficie a El Carmen durante más de un año, y puede que dos o tres, hasta que se soterre la estación, ya que esa parte no comenzará hasta que esté redactado el proyecto a finales de 2016.
La Plataforma exige cumplir lo pactado en el Convenio de 2006, aunque no incide por igual en la globalidad de ese acuerdo, que no incluía plazos de ejecución. De la financiación del proyecto, que ha sido la clave de su incumplimiento junto a la ineficacia de los políticos de Murcia y Madrid, hoy nadie habla, incluidos todos los grupos municipales. El soterramiento estaba presupuestado en 195 millones de euros, de los cuales 84 millones los aportaría la Sociedad Murcia Alta Velocidad con las plusvalías de la operación urbanística asociada. El resto, 110 millones, serían sufragados por Fomento (66%), la Comunidad (26%) y el Ayuntamiento (6%). El coste del nuevo proyecto no se sabrá hasta que esté terminado su estudio, pero se calcula en 450 millones, más del doble de lo previsto. De las plusvalías no se ha obtenido un euro, de forma que todo el dinero saldrá directamente de los presupuestos de las tres administraciones públicas. Eso significa que el coste per cápita para los habitantes de Caravaca, Águilas o San Javier del soterramiento en Murcia será muy superior y en un contexto económico mucho menos favorable que en 2006.
Dicho eso, el soterramiento integral de las vías es tan necesario como urgente. Debía estar hecho hace mucho tiempo. Primero, por los vecinos que tienen su vida partida por los trenes. También por todos los ciudadanos de Murcia, que se merecen infraestructuras ferroviarias dignas y una conexión por AVE como otras decenas de capitales de provincias. Si el coste ahora es superior para el conjunto de ciudadanos, hágase desde luego, pero con maximalismos hoy corre más riesgo el soterramiento que el AVE. Y necesitamos avanzar en ambas cosas. Ya no es posible disponer del soterramiento antes de la llegada del tren. Dejarlo en Beniel, a más de media hora por carretera secundaria del centro, hasta que esté toda la obra o soterrada la estación, ni es realista ni justo para quienes, pagando parte del proyecto, viviendo en Cieza o Lorca, tendrían muy complicado su acceso al AVE y al propio centro de Murcia por vía ferroviaria. El acuerdo entre Comunidad, Ayuntamiento y Fomento no es una panacea ni una garantía absoluta, pero sobre la mesa nadie pone una alternativa factible que hoy sea mejor para el interés general.
Es comprensible la desconfianza de la Plataforma. Hasta 2017 verá soterrado solo el paso de Santiago el Mayor y llegar trenes en superficie un año o dos más. Qué ciudadano de la Región no va a recelar de un Gobierno de Madrid en materia de infraestructuras ferroviarias (Camarillas, ni una sola vía electrificada…). La desconfianza es una virtud cívica, pero tiene sus límites razonables. Lo explica bien el historiador Pierre Rosanvallon en su obra ‘Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza’ (2007). Representante de la nueva izquierda francesa, moderna y liberal, Rosanvallon escruta el positivo papel de las organizaciones sociales que vigilan, analizan, critican e interpelan a los poderes públicos en nuestras democracias. El objetivo de este poder indirecto diseminado por el cuerpo social «es velar por que el poder sea fiel a sus compromisos y eso permita mantener la exigencia inicial de un servicio al bien común». La contrademocracia no sería, por tanto, lo contrario a la democracia, sino su contrafuerte. El problema es que es muy frágil la frontera con su peor peligro, el populismo, que conduce a la «impolítica, donde la preocupación activa y positiva de vigilar la acción de los poderes se transforma en una estigmatización compulsiva y permanente de los gobernantes hasta convertirlos en una suerte de potencia enemiga». Frente a la política, entendida como el arte de lo posible, la impolítica nunca conduce a la construcción de un proyecto positivo ni al bien común. Los movimientos sociales que han dado el salto a las instituciones, para hacer política, deberían reflexionar. También los nuevos partidos que aún andan cortos de sentido institucional.
Finalmente, este viernes, toda la oposición expresó en el Pleno municipal su rechazo al acuerdo con Adif e instó a iniciar la paralización del primer tramo, cuya legalidad está puesta en entredicho por el fiscal y por los servicios jurídicos de la Corporación, en un informe preliminar, por falta de declaración de impacto ambiental. El criterio de Adif difiere y probablemente el asunto terminará en contencioso administrativo. Y así acaba otra semana política murciana. De nuevo con incertidumbre sobre el AVE y el soterramiento.

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