La Verdad

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Autor: Alberto Aguirre de Cárcer
Tormento energético
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-01-2017 | 8:03| 0

Junto a las bellas imágenes de la nieve, los cortes de carretera y el susto de las ramblas, esta semana blanca nos deja una honda sensación de vulnerabilidad y una enorme factura, a pagar en febrero, por el disparatado precio de la electricidad

Tan generoso en horas de sol como cicatero en precipitaciones con los murcianos, el cielo nos obsequió en plena cuesta de enero con una nevada que se celebró como una fiesta en las ciudades de la Región, pero que a punto estuvo de causar más de una tragedia a medida que corrían las horas y nos veíamos a merced de la nieve y el agua. Del espectáculo meteorológico inédito para los más jóvenes nos quedará, junto a muchas estampas de gran belleza, una honda sensación de vulnerabilidad: el Noroeste aislado por autovía durante siete horas y ramblas del Mar Menor a punto, una vez más, de desbordarse en zonas urbanas construidas sobre suelos inundables.

No hay celebración que se precie sin un aguafiestas que oportunamente ponga fin anticipadamente al jolgorio y ya a media tarde del miércoles, con las calefacciones a tope en todo el país, apareció el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para recordarnos que esta semana blanca no nos saldrá precisamente gratis. En un alarde de explicaciones tecnocráticas (cuñadismo sabelotodo, dirían algunos) primero dijo que el precio de la electricidad había alcanzado un máximo por la falta de viento y agua (las fuentes energéticas más baratas), el encarecimiento del gas y un aumento acusado de la demanda por la ola de frío y el parón de las nucleares francesas. Y luego, para levantarnos ya del todo el ánimo, añadió que el recibo de la luz, un 30% más caro desde enero pasado, nos supondrá una media de 100 euros más este año en cada hogar. Un bofetón a nuestras previsiones domésticas justo el día en que el precio de la electricidad se disparaba a su máximo en España y la Región batía su récord de energía diaria consumida en época invernal. Así pues, junto a las bellas imágenes, los cortes de carretera y el susto de las ramblas, nos quedará también de recuerdo una voluminosa factura eléctrica a pagar en febrero.

El ministro nos heló la sonrisa y se nos quedó un rictus amargo, como si acabaran de lanzarnos, sin saber a cuento de qué, un bolazo de nieve en el mismo cielo de la boca. Sobre todo porque de lo poco que sabemos con claridad de nuestras facturas domésticas de luz es que únicamente el 37% responde al consumo que realmente hacemos. El resto son impuestos y peajes, la parte regulada por el Gobierno con la que pagamos a escote los costes de transporte, de distribución, el déficit de tarifa, las primas a las fotovoltaicas, el bono social… Un sinfín de costes ajenos que deberían estar en los Presupuestos Generales del Estado, pero que el Gobierno nos endosa en el recibo para no acentuar su incumplimiento del objetivo de déficit público. Algo similar a lo que sucede con el llamado impuesto al sol, el peaje que usuarios particulares y empresas están obligados a pagar si optan por el autoconsumo eléctrico. El ministro Nadal lo justificó nada más tomar posesión del cargo con argumentos de solidaridad (todos debemos contribuir al mantenimiento y la estabilidad del sistema eléctrico nacional), aunque ya en octubre la secretaría de Estado de Energía había puesto sobre la mesa una razón puramente crematística que suena más convincente: eliminar el impuesto al sol haría que el Estado recaudase unos 235 millones menos al año.

El ascenso rampante de los precios de la luz debería interesarnos bastante en la Región de Murcia. Por un lado, porque los altos costes energéticos son un lastre para la competitividad de nuestras empresas y la Región necesita crecimiento económico para generar empleo y obtener los recursos necesarios para mantener sus servicios públicos básicos, sobre todo ahora que tiene un año por delante con el mismo modelo de financiación autonómica que nos penaliza. Y por otro, porque somos una región de rentas bajas, que ya se encaramó a lo más alto de los ránking de pobreza energética durante la crisis económica. Así lo señaló el Observatorio de la Sostenibilidad en un informe que, cuando fue publicado por ‘La Verdad’ en enero de 2013, escoció en San Esteban, donde el concepto de pobreza energética sonaba entonces a vocablo chino. De manera exculpatoria se asociaba a la existencia de muchas viviendas no preparadas para el frío, lo propio, se decía, de una región de clima cálido. La realidad es que el principal factor generador de pobreza energética es el peso de la factura de la calefacción, de la luz y de la refrigeración en los gastos de las familias con bajas rentas, que se cuentan por decenas de miles en la Región. De ahí que, si la meteórica subida de los precios sigue al alza, muchos hogares murcianos lo van a pasar todavía peor.

Esta ola de frío polar ha evidenciado que el coste de la electricidad, además de ser un arcano inescrutable para los consumidores, parece estar fuera del control del Gobierno y de la Comisión Nacional de la Competencia, que no han sido capaces de lograr que los precios del gas natural se ajusten a las reglas de la oferta y la demanda. Si existe concertación de los mayoristas para trasladar a los consumidores sus costes al alza de manera opaca, el Gobierno debería dedicar el tiempo que invierte en atemorizarnos con subidas astronómicas de la luz a regular ese problemático mercado gasístico. La reforma exprés anunciada por el ministro desprende aromas de improvisación, de deseo de trasladar a la ciudadanía que se toman decisiones en medio de una escalada de precios que será investigada por la fiscalía del Supremo, un hecho que deja en evidencia a la Comisión de la Competencia. Una parte de la oposición no ayuda a generar confianza cuando propone alternativas demagógicas. Nacionalizar las eléctricas, como sugiere Alberto Garzón (IU), es disparatado. Conviene ponerse a cubierto. Se aleja poco a poco el temporal, pero se avecina una electrizante tormenta de ocurrencias para parchear el enquistado tormento energético que sufren familias y empresas.

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Cumbre decisiva
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Alberto Aguirre de Cárcer | 15-01-2017 | 7:50| 0

La Conferencia de Presidentes del martes es una cita clave para los intereses de la Región de Murcia. Han pasado cinco años desde la última cumbre autonómica. Un lustro que no ha sido aprovechado para convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, lo que privó asuntos fundamentales y urgentes, como la financiación autonómica, de un marco institucional con poder decisorio para dirimir intereses autonómicos dispares. Los Ejecutivos nacionalistas de Cataluña y País Vasco van a su aire y no estarán representados por sus presidentes, que escenifican así que esta cumbre no va con ellos, arrogándose una relación de bilateralidad con el Estado que no contempla la Constitución. En todo caso, la Conferencia marcará el inicio de la reforma del modelo de financiación mediante la creación de un grupo de trabajo. Ahí empezará una batalla a la que la Región acude esta vez sin aliados definidos. En anteriores legislaturas, Murcia hizo piña con la Comunidad Valenciana y Baleares, apostando por el criterio del peso poblacional en el reparto de fondos. Pero ahora valencianos y baleares, con sus nuevos gobiernos de izquierda, hacen frente común con Cataluña para asegurarse una mejora sustancial de los recursos. El encuentro del martes servirá para atisbar cuáles serán los criterios de reparto con más apoyos en el conjunto de las autonomías. Sabedor de las dificultades, el Gobierno ha querido garantizarse un éxito de mínimos y llega con muchos elementos pactados y otros que dejó orillados. Quizá por eso Moncloa ni se planteó introducir el problema del agua. Bajo el argumento de que el déficit hídrico no es común a todos los territorios, sino una particularidad del Sureste, el agua no está en la agenda de los presidentes. Y ese es el gran drama para la Región de Murcia, que no logra introducir el agua en la agenda de temas nacionales relevantes y que nunca encontrará una solución sin el apoyo de Comunidades con cuencas cedentes.

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Trillo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 15-01-2017 | 7:48| 0

Es probable que el exministro y exembajador esté hoy bajo el síndrome de Ayax, muy común en aquellos políticos que no acaban de entender por qué generan un rechazo generalizado cuando se creen merecedores de los mayores honores

En la ciudad donde Jonathan Swift, el autor de ‘Los Viajes de Gulliver’, y John Arbuthnot, médico de la Reina Ana, trabaron una amistad de la que nació un opúsculo llamado ‘El arte de la mentira política’, el azar me llevó hace menos de un año a compartir una corta conversación con Federico Trillo en la que me relató su ’verdad/posverdad’ sobre quiénes le pidieron en su despacho del Ministerio de Defensa la segunda pista de San Javier cuando ya se proyectaba el aeropuerto de Corvera. Aunque siendo el cartagenero un estudioso de Shakespeare, hoy más que nunca su trayectoria política, que cesa con su marcha de Londres, evoca irremediablemente a ‘Macbeth’, ‘La Tempestad’ y, sobretodo, a los diálogos entre Ayax, Agamenón y Ulises que trenzó el genial dramaturgo inglés en torno a la soberbia.

Probablemente Trillo, que anunció su marcha el jueves sin pedir disculpas a las familias de los 62 militares del Yak-42, en realidad sin hacer una sola mención al caso del avión militar, esté hoy bajo el síndrome de Ayax, muy común en aquellos políticos que no acaban de entender por qué generan un rechazo generalizado cuando piensan que son merecedores de los mayores honores. Tan importante como saber estar en política es saber salir de ella, pero entre el deseo de unos de permanecer ‘ad eternum’ en el machito, y la costumbre de nuestros presidentes del Gobierno de premiar a sus amortizados colaboradores con puestos en embajadas, agencias internacionales y demás canonjías, algunos se las apañan de maravilla para esfumarse de la vida pública de la peor manera posible para sus propias semblanzas. Toda huele a que la salida de Trillo «a petición propia» no es más que la fórmula pactada con Rajoy para no pasar por el deshonor de un cese si la presión de la oposición llegara a ser insostenible. Con la marcha de Trillo y la admisión por Cospedal de la responsabilidad del Ministerio de Defensa, Rajoy quiere zanjar la tormenta desatada por el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del avión de transporte militar. Si jurídicamente ya fue relevante el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Ministerio en la tragedia, políticamente ha resultado demoledora la conclusión de que el desastre se habría evitado si Defensa hubiera cumplido con su deber de velar por las condiciones en las que viajaban los soldados. Ni más ni menos que lo sospechado por la inmensa mayoría de españoles, sin distinción ideológica.

Jonathan Swift y John Arbuthnot tenían razón. Visto el caso del Yak-42 desde todos sus ángulos, la política aparece una vez más como el espacio por excelencia de la mentira. Y todo porque, al igual que sucedía hace tres siglos, algunos de sus actores la consideran indispensable para gestionar y comunicar los asuntos de interés público. «Mientras la falsedad vuela, la verdad se arrastra tras ella», decían ambos autores en su libro, aunque precisaban que, para alcanzar el mayor grado de eficacia, la mentira política debe ser efímera. Y la impostura del Yak-42 ha durado nada menos que catorce años. De ahí que sea muy poca la reparación moral que han encontrado en estos días los familiares de los militares fallecidos, más allá de los gestos de empatía de la ministra Cospedal.

Quizá hubiera bastado con que el exembajador y exministro, absuelto en su día de cualquier responsabilidad penal por la Audiencia Nacional, hubiera pedido perdón por el trato dispensado a las familias antes de irse a ese puesto de letrado que ganó por oposición en el Consejo de Estado, aunque puede que entonces Trillo habría dejado de ser Trillo, el hombre que, en una frase a veces atribuida a Aznar y otras veces a Cascos, «es capaz de apuñalarse a sí mismo si le dejas solo en una habitación». Si quien fue el gran muñidor de la política judicial del PP durante décadas quería mantener viva su leyenda negra no lo ha podido hacer mejor. Hace unos años fue enviado por Rajoy a Valencia para convencer a Francisco Camps de que debía dimitir. Esta vez ha sido él quien ha pedido el relevo, quizá sabedor de que, antes o después, alguien podría ser enviado desde Génova para hacerle ver que lo más conveniente sería una retirada rápida del foco público. A estas alturas ya saben todos los dirigentes populares, Trillo el primero, que exclusivamente Mariano Rajoy está tocado con la gracia divina de la flotabilidad del corcho.

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Periódicos y redes
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Alberto Aguirre de Cárcer | 13-01-2017 | 8:28| 0

«Los falsos avisos de bombas no deben ser recogidos como noticia», «el periodista deberá ser especialmente prudente con las informaciones relativas a los suicidios», «en los casos de violación se omitirá el nombre de la víctima»… Algo está cambiando cuando, en estos tiempos modernos, viejos principios del periodismo impreso, condensados en su día por ‘El País’ en su pionero libro de estilo, saltan por los aires cada dos por tres por dejadez, incompetencia o como fórmula para escapar de la irrelevancia. ¿Cómo va a entender la joven Cassandra que no se la persigue penalmente por hacer chistes en Twitter sobre el asesinato de Carrero Blanco, sino porque el Código Penal castiga el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a sus víctimas, si otras conductas más lesivas socialmente se pasan por alto sin el más mínimo reproche?

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Alcohol y menores
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Alberto Aguirre de Cárcer | 08-01-2017 | 7:59| 0

El número de ingresos de menores en los servicios de Urgencias hospitalarias por consumo de alcohol crece en la Región desde 2013, contabilizándose más de medio millar de casos hasta 2015. Sería muy sorprendente que esa inquietante escalada de intoxicaciones etílicas entre menores se hubiera detenido en 2016, cuyas estadísticas oficiales aún están pendientes de cierre. La detección de un número creciente de casos de borracheras que acaban con adolescentes en las Urgencias puede explicarse parcialmente por una mayor intervención de las administraciones públicas, pero no cabe ninguna duda de que subyace un fenómeno muy preocupante que ni mucho menos es exclusivo de la Región de Murcia. La prueba son los datos oficiales que maneja el Ministerio de Sanidad, cuya nueva titular se ha comprometido a elaborar una nueva ley sobre el consumo del alcohol, con la vista puesta en la población adolescente. El hecho de que la edad media de inicio en el consumo se haya situado por debajo de los 14 años en la Región da probada idea del grave problema que debe atajar la nueva normativa. La facilidad con que los más jóvenes tienen acceso al alcohol, pese a la actual prohibición, y la falta de una conciencia crítica sobre sus efectos demuestra que esta amenaza para la salud pública debe abordarse en múltiples frentes, desde la escuela y la familia a la intervención policial para castigar a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas a menores. Resulta estremecedor comprobar cómo la preocupación de muchos ayuntamientos reside fundamentalmente en acotar las zonas de botelleo para evitar que las concentraciones de jóvenes, entre ellos muchos menores, causen molestias a los vecinos. Puede que el error de partida sea no considerar que este es un problema que exige una fuerte implicación social por parte de todos. No solo de las administraciones públicas. Debería existir, por tanto, la mayor voluntad de acuerdo entre las fuerzas políticas para lograr una norma realmente eficaz y cuyo principal objetivo, por encima del resto de consideraciones, sea la protección de los menores.

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