La Verdad
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Autor: Alberto Aguirre de Cárcer
Impolítica
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Alberto Aguirre de Cárcer | 08-10-2017 | 11:35| 0

Hace solo unos meses murió Kenneth Arrow, el economista más joven en recibir el premio Nobel y uno de los más influyentes del siglo XX. Estudioso de la teoría de la elección social, Arrow formuló en 1951 una paradoja que lleva su nombre. Conocida también como el ‘teorema de imposibilidad’, venía a demostrar la inexistencia de mecanismos democráticos de decisión colectiva que sean perfectos, de tal modo que nadie puede arrogarse el derecho a pensar que representa en solitario la voluntad popular o que es su fiel intérprete. Esa limitación está detrás de las tensiones en las sociedades democráticas entre dos cualidades superpuestas que conceden las urnas a los gobernantes electos: la legitimidad y la confianza. La primera es una cualidad jurídica, que obtiene de forma directa y absoluta quien logra más votos. Por el contrario, la confianza es más compleja, relativa y debe ganarse cada día. Es, según Arrow, una ‘institución invisible’ que permite ahorrarse mecanismos de verificación y prueba.

Especialmente desde la explosión de la crisis en 2007, la disociación entre la legitimidad y la confianza se ha convertido en un problema central en las sociedades occidentales. El caso de la Región de Murcia es paradigmático. El PP gana elecciones con mayoría absoluta, o rozándola, desde hace 22 años. Cada cuatro años ha obtenido la legitimidad de las urnas, incluso cuando reiteradamente los sondeos de opinión pública reflejaban una desconfianza creciente en su acción de gobierno. Una de sus principales vías de agua en materia de credibilidad procedía de los bandazos, anuncios incumplidos y frenazos en los proyectos estratégicos, como el AVE y el aeropuerto. Con Camarillas como símbolo de esa aguda crisis de confianza, no hay murciano que no recele en materia de infraestructuras ferroviarias. Incluso ahora que está adjudicado por Adif a una empresa el primer tramo para soterrar las vías en Murcia, y comprometidos en el seno de una sociedad estatal plazos y financiación para su conclusión hasta Barriomar, los vecinos de los barrios afectados no terminan de creérselo. La desconfianza en sí misma no es un problema. Al contrario, es una virtud cívica. Contribuye a que el poder político cumpla sus compromisos y persiga el bien común. El problema surge cuando se lleva a límites irracionales que bloquean la construcción de un proyecto colectivo y solo conducen a generar más frustración social.

La Plataforma Pro Soterramiento ha conseguido en estos últimos años importantes victorias para su causa, que debería ser la de todos. Por su presión e iniciativa se cambió el orden de las fases de soterramiento, se amplió una de ellas hasta El Carmen y finalmente se han reducido a dos. Si se lleva a término el proyecto como está previsto por Adif habrá sido fundamentalmente por la pacífica y persistente acción de esta plataforma de vecinos. Teóricamente les habría llegado el momento de administrar sus éxitos, pero llegados a este punto entran en colisión con su posición contraria a la entrada provisional en superficie del AVE que han mantenido de inicio. Primero lo intentaron por vía jurídica, denunciando la falta de una declaración de impacto ambiental. Y ahora, con mucho más éxito y apoyo, con la campaña de protestas del ‘muro’, que tiene una base totalmente real (los vecinos tendrán durante al menos dos años una pantalla cerca de las viviendas para protegerlos del ruido y la catenaria, pero sin poder atravesar las vías por Santiago el Mayor, salvo por una prometida pasarela) y una parte de épica y agitación política, alentada por quienes hacen su agosto con eficaces discursos emocionales de ricos y pobres, los de abajo y los de arriba… Para rizar el rizo, en la protesta se han infiltrado, ocasionalmente pero con efectos devastadores, centenares de radicales que aprovechan la coyuntura para practicar el vandalismo con los bienes públicos. Nunca ha estado más cerca la llegada del AVE y el inicio del soterramiento y, sin embargo, a causa de los sabotajes de los violentos, los dos proyectos pueden saltar por los aires si no se encauzan con racionalidad y voluntad de acuerdo por parte de todos. La posibilidad de que huya la empresa contratada para iniciar los trabajos es absolutamente real. Todo pende de un hilo. Ahora hay recursos públicos y un proyecto de ingeniería en curso, pero persiste un problema social que se minusvaloró y descuidó, una pugna política en busca de votos y un movimiento vecinal donde las posiciones más maximalistas han desbordado a las más pragmáticas.

Los dirigentes políticos locales no están precisamente ayudando a una solución colectiva. Algunos diputados del PP deberían ocupar su tiempo en cualquier cosa menos en inflamar los ánimos en las redes sociales. Y el alcalde, dedicar buena parte del suyo, por ejemplo, a visitar Santiago el Mayor, incluso ahora que sufre inaceptables escraches en su domicilio. La oposición tampoco debería olvidar que el AVE es un proyecto estratégico de Región, no del PP, como tampoco fue del PSOE, cuando gobernaba en Madrid. Y que el soterramiento es un proyecto de ciudad que parcialmente es financiado con los impuestos de los yeclanos, que tienen el AVE a tiro de piedra en Villena, o de los cartageneros, que tienen derecho a que se agilice la llegada de la alta velocidad a la principal ciudad turística de la Región. Dejar el AVE en Beniel hasta el final del soterramiento es una propuesta insólita a estas alturas si viene de los grupos municipales de Murcia. Tanto cortoplacismo entraña riesgos para quienes, en una defensa sin matices de las protestas, han llegado a respaldar los cortes de tráfico ferroviario y a cuestionar a las fuerzas de seguridad con una ligereza impropia de representantes institucionales. Hoy gobierna Rajoy, pero el año próximo quién sabe. La oposición tiene la obligación de hacer un estricto control al gobierno popular. No faltan motivos para la crítica. Pero contribuir a una estigmatización compulsiva y permanente de quien hoy gobierna, o gestiona empresas estatales como Adif, es caer en la impolítica, cuyos efectos son difíciles de revertir y recaerán en los futuros gobernantes electos, sean cuales sean. Tensionada y dividida, la Región de Murcia está evidenciando que tiene muchos y más profundos problemas que la carencia de infraestructuras ferroviarias. Estas semanas está demostrando que es incapaz de tomar, y mantener, una decisión colectiva sustentada en un amplio acuerdo político y social. Solo aquí la llegada del AVE podía derivar en un grave conflicto.

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La tormenta catalana
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Alberto Aguirre de Cárcer | 10-09-2017 | 4:23| 0

El jurista y pensador Gumersindo de Azcárate, autor de la ley de represión de la usura que sigue vigente desde 1908, decía a principios del siglo pasado que en España, «el país de los guerrilleros, el país de los aventureros y descubridores por cuenta ajena», la exaltación del individualismo ha hecho que históricamente persistiera el caciquismo y las apetencias separatistas. «Todo individuo quiere ser un rey y toda población quiere ser un estado», reflexionaba. Si a eso se suma, como apunta frecuentemente el historiador Fernando García de Cortázar, una pérdida progresiva de los componentes emocionales ligados a la idea de España, justo lo contrario de lo que han hecho los nacionalistas en sus territorios, fabulando con la historia y la realidad presente para inflamar los sentimientos identitarios, era solo cuestión de tiempo que rebrotara un órdago separatista como el planteado con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Hoy no queda más remedio que defender por vía judicial desde el más alto tribunal lo que podía haberse evitado de no haberse producido esa persistente dejación colectiva sobre lo que ha sido, y es, nuestra diversa y plural nación. Lo que pudo reconducir la política en los últimos años, si se hubiera actuado con habilidad desde Madrid y Barcelona, cuando el huracán del ‘procés’ era aún una tormenta tropical en formación, siembra ahora el horizonte de sobrecogedores interrogantes. No hay duda de que el Tribunal Constitucional restituirá el amenazado Estado de Derecho. Pero a pocas semanas del 1-O nadie sabe cómo y cuál será la reacción de los separatistas en su delirante huida hacia adelante. Es para estar inquieto. La aprobación de la ley del referéndum catalán y la ley de Transitoriedad se han tramitado con plena conciencia de su ilegalidad y de las posibles consecuencias penales para sus impulsores. Ni siquiera fue un obstáculo la negativa de los propios letrados del Parlament a firmar la tramitación de esas normas. Tampoco el hecho de que fueran aprobadas con menos votos de los estipulados como necesarios en el Estatut, retorciendo incluso el reglamento interno de la Cámara para, a la vista de todos, privar a los grupos de la oposición de las mínimas garantías y cauces democráticos. De ahí que el proyecto, además de intentar romper la unidad de España por una vía carente de legalidad, se convirtió también en todo un golpe a la democracia. El único lado positivo de este desatino ha sido el desenmascaramiento definitivo de la escasa cultura democrática de los creadores del ‘procés’. Alentados por los antisistema de la CUP, los partidos liderados por Puigdemont y Junqueras mostraron su peor cara en el curso de los debates, cosechando un fracaso escénico que dejó en evidencia la catadura de quienes quieren imponer una Cataluña excluyente, aunque solo sea por un voto y dividiendo por la mitad a su sociedad. Bastó con leer la letra pequeña de la ley del referéndum, que permitiría votar con DNI caducados, para constatar la pobreza democrática de esta consulta rupturista que serpentea sin el más mínimo apoyo de la comunidad internacional. La firmeza y cierre de filas de PP, PSOE y Ciudadanos contrastó con la ambigua equidistancia de Podemos, cuyo bajo perfil durante esta crisis resultó vergonzante y terminó por sacar a la luz fracturas internas en la alianza con que concurrió a las elecciones del 27-S. A la postre, al margen de la actuación del Estado, no habrá referéndum en sentido estricto porque muchos alcaldes catalanes se mantendrán del lado de la ley, como lo harán miles de funcionarios públicos que han sido conducidos hacia un precipicio por la obcecación del independentismo. Y, por supuesto, porque una gran mayoría de la sociedad catalana no desea participar en un dislate que puede tener consecuencias funestas para sus vidas, ni comparte el relato trenzado por los separatistas sobre el encaje de Cataluña en España, con todas las imperfecciones que pueda tener.

La política, de tan turbulenta, se ha vuelto impredecible como el comportamiento físico de la atmósfera. Habría que examinarla como un sistema dinámico no lineal porque sus protagonistas son imprevisibles, actúan en función de intereses personales o partidistas y transitan con las luces cortas, cegados en este caso por el sueño de una arcadia inexistente. Actúan irresponsablemente. Como si no hubiera un mañana. Arrastrando a todo el país a una crisis que puede obligar a tomar medidas inéditas en nuestra reciente historia democrática. Mi impresión es que el ‘procés’ descarrilará y en octubre habrá una convocatoria de elecciones en Cataluña. Sospecho que muchos de los que lideran este delirio, como Oriol Junqueras, ya lo saben, pero apuran este trance emocional colectivo para obtener el máximo provecho en una próxima llamada a las urnas. Sin embargo, no habrá futuro para Puigdemont, el muñeco utilizado por Artur Mas para capitanear el naufragio y posterior hundimiento de un partido que resulta hoy irreconocible. Cataluña no merecía tan funestos dirigentes.

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Golpe a la democracia
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Alberto Aguirre de Cárcer | 07-09-2017 | 3:32| 0

No hay suficientes palabras para describir el bochorno vivido en el Parlamento catalán, pero la vicepresidenta Sáenz de Santamaría estuvo atinada al tildarlo de «patada a la democracia». La ley del referéndum sobre la independencia de Cataluña no solo viola la legalidad establecida en la Constitución. También la propia legalidad catalana, dado que el Estatut requiere para su cambio una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados. La prueba evidente de la ilegalidad fue el rechazo del letrado mayor de la Cámara a tramitar la norma. Ayer, sin embargo, con la presidenta Forcadell a la cabeza, los independentistas decidieron saltarse a la torera hasta los propios trámites y garantías parlamentarias para fraguar este insensato órdago de quienes están dispuestos a dejar de pertenecer a la UE, con tal de intentar culminar su delirante aventura separatista.

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El timo de la llamada perdida
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Alberto Aguirre de Cárcer | 06-09-2017 | 1:15| 0

La Policía y la Guardia Civil alertaron ayer del auge del ‘timo de la llamada perdida’. Se inicia al recibir una llamada corta en el móvil, sin tiempo para responder, pero quedando registrada como ‘llamada perdida’. Si el receptor la devuelve, le saldrá caro: la línea tiene una tarificación adicional, de la que los estafadores se llevan parte, mientras una locución automática intenta retener al usuario el mayor tiempo posible. No se sabe quién llamó a quién, pero al PP, en su relación con Cs, le quedó la sensación de haber sido timado con la reforma de las ITV. Mucho ‘guasap’, mucha llamada, pero en el último suspiro, cuando el registro de los móviles acreditaban un acuerdo, Cs sorprendió con su rechazo al decreto. No es una estafa, es política. Lo curioso es aquí nadie gana. Al contrario, ambos pierden. Un nuevo espectáculo. Y otro timo más.

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Bucle histórico
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Alberto Aguirre de Cárcer | 09-07-2017 | 9:27| 0

Como expresamos hace 92 años en estas páginas, pensamos que la unidad es indispensable en un tema vital para la Región como es el agua. Los partidos deben esforzarse en alcanzar una posición común y defenderla en Madrid

El 10 de mayo de 1925, hace 92 años, la Diputación Provincial iba a celebrar una asamblea en la que estaba en juego la unidad de los municipios murcianos en favor de la construcción de dos pantanos, el de la Caridad (Taibilla) y el de la Fuensanta. Se trataba de un proyecto hidráulico diseñado para aprovechar las aguas del río Taibilla, que impulsaban los ayuntamientos de Murcia y Cartagena. Había importantes objetivos en liza: garantizar el abastecimiento a 500.000 personas de casi todas las poblaciones de la provincia, incluida la base y el puerto de Cartagena; evitar inundaciones graves como las de 1879 y «llevar a los campos yermos el líquido fertilizante e impulsor de la riqueza», como escribía ‘La Verdad’ ese día en su portada, en un artículo titulado ‘Unidad indispensable’. Además de proteger contras las avenidas, ambos embalses ayudarían a acabar con la insalubridad de las aguas, evitando 600 muertes y 6.000 enfermedades graves cada año solo en Cartagena, habitada entonces por 60.000 personas. La situación era igualmente penosa en Murcia, que carecía de canalizaciones para llevar el agua a las casas.

Pero también, los dos vasos proyectados en el afluente del Segura abrían la posibilidad de mantener 100.000 hectáreas de cultivos en la provincia, ya entonces sometida a un importante déficit hídrico, con periodos de prolongadas sequías. Sin embargo, según avanzaba el proyecto, se suscitaron varias controversias, aireadas en los periódicos de la época, sobre quiénes debían tener uso preferente para la agricultura de los caudales sobrantes y por el temor de algunos municipios a quedar preteridos en el reparto. Había dudas sobre qué derechos de uso tendrían los regantes tradicionales del Segura y sobre el precio de ese agua. La posición defendida por este diario era que, frente a las «divergencias y las parcialidades», importaba «sobremanera no comprometer el éxito de la empresa suscitando rivalidades». En definitiva, que era un tema vital para la provincia y por tanto resultaba indispensable la unidad para lograr un solo anhelo: que los pantanos fueran «construidos para salvar de la tormenta de la sequía a toda una región feraz». Dos años después, en plena dictadura de Primo de Rivera, se crea por decreto-ley la Mancomunidad de Canales del Taibilla y se revisa el proyecto de 1925. Pero cuando todo parecía marchar hacia adelante, resurgió una propuesta alternativa que había sido descartada (la toma de agua del río Mundo), lo que provocó confusión a los ayuntamientos y la pérdida de esa unidad, que no hizo sino acrecentarse en tiempos de la República. Tras múltiples vicisitudes, y pese al enfrentamiento por el agua sobrante entre los regantes tradicionales del Segura y los agricultores de Lorca, Totana y Alhama, cuando iban a arrancar las obras del pantano del Taibilla estalló la Guerra Civil. No fue hasta 1945 cuando el agua del Taibilla llegó a Cartagena.

Con el trasvase Tajo-Segura cerrado, la Región vuelve, una vez más, a estar inmersa en una comprometida situación que amenaza hoy a un sector que representa el 20% del PIB regional y el sustento de más de 100.000 personas. Con una grave sequía que afecta duramente a gran parte del país, y en un escenario de galopante calentamiento por el cambio climático, la ministra de Agricultura acaba de iniciar los primeros contactos para intentar, por fin, un Pacto Nacional del Agua que debería aportar soluciones estructurales a nuestro déficit hídrico. Y de cara a esas negociaciones políticas que tienen complejas aristas territoriales, los partidos de la Región han comenzado los contactos para alcanzar una posición común que defender en Madrid.

Como expresamos hace 92 años en estas páginas, pensamos que la unidad es indispensable en un tema vital para la Región. La altura de miras que demostraron PP y PSOE, cuando el anteproyecto de estatuto manchego puso fecha de caducidad al Trasvase, puede y debe volver a reeditarse para alcanzar un acuerdo regional lo suficientemente sólido para que no acabe convertido en una débil baza negociadora en Madrid. Debe servir de lección lo ocurrido con los prometidos mecanismos de compensación previstos en el Memorándum que ahora se nos hurtan. Hoy solo es posible garantizar los recursos hídricos necesarios, presentes y a medio plazo, si se combinan los trasvases de otras cuencas, las desalinizadoras y las aguas subterráneas. Desde sus distintas y legítimas posiciones, los políticos de la Región deberían hacer un esfuerzo por aparcar prejuicios e intereses partidistas y enhebrar acuerdos que permitan el desarrollo sostenible de nuestro sector agroalimentario sin causar perjuicios medioambientales. Es en estos momentos difíciles cuando los políticos exhiben su auténtica talla. Aquí y ahora se juegan de nuevo el futuro de todos.

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