La Verdad
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Autor: Alberto Aguirre de Cárcer
'Posverdad'
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Alberto Aguirre de Cárcer | 27-11-2016 | 8:00| 0

Hace 29 años no existían los teléfonos móviles ni sabíamos qué era internet. Solo emitía TVE y en las redacciones de los periódicos todavía podían encontrarse viejas máquinas de escribir que los más veteranos, como si fueran chalecos salvavidas, renunciaban a tirar porque los rudimentarios ordenadores se colgaban cada dos por tres. Algunos, como los redactores de sucesos, ni siquiera usaban grabadoras de casete. Si te dedicabas a cubrir sucesos en el Madrid de finales de los 80, donde el tecnicolor de la Movida se fundió en negro con los estragos de la heroína y la delincuencia, era desaconsejable sacarla en los lugares que debías frecuentar. En su lugar, boli, libreta y memoria para las citas textuales. Me bastaron los primeros días de trabajo en la sección de Sucesos de ABC para interiorizar la esencia de un oficio que aprendí con aquellos dinosaurios del periodismo que nos lanzaban a la calle a por historias y noticias con un único consejo: «Búscate la vida, pero vuelve con algo». Lo fundamental que sé de mi trabajo, lo que soy, es producto de aquellos días.

Recuerdo especialmente el 5 de noviembre de 1987. La noche anterior, un taxista y una prostituta fueron asesinados de sendos disparos en la cabeza. En distintos puntos de la ciudad y a diferentes horas. Localicé al padre de la joven en el Anatómico Forense. Era un trabajador que emigró al cinturón urbano de Madrid. Estaba destrozado. No solo por la muerte de su hija. También porque se enteró, como sus vecinos y amigos, de que se dedicaba a la prostitución en la lujosa zona de Capitán Haya, empujada por la adicción a las drogas. Y todo porque una radio dio el nombre completo de la joven, en lugar de sus iniciales. Horas antes, en la escalera del edificio donde vivía el taxista, una de sus hijas me relató que su padre conducía sin seguro y que ya le habían atracado cerca de diez veces en los últimos meses.

Ambas conversaciones me hicieron perder el temor para siempre a cualquier otra que me deparase el futuro. Ninguna podría ser tan amarga y complicada emocionalmente como aquellas. Asumí que para acercarse a la verdad hay que profundizar en los hechos porque la esencia del periodismo no consiste en solemnizar lo obvio, sino justo en lo contrario, a través de un proceso de investigación y de rigurosa verificación de la información obtenida. Y para ello hay que estar dispuesto a pasar por situaciones difíciles, como la que viví años después junto a mis compañeros por no secundar la ‘teoría de la conspiración’ del 11M. En aquellos primeros tiempos interioricé que el cumplimiento con el derecho a la información de los ciudadanos es ineludible y, a la vez, éticamente posible sin pisotear la dignidad de las personas y causar un daño gratuito a los demás, como hizo aquella emisora. Los hechos son sagrados, pero eso no implica neutralidad. No cabe la equidistancia moral con las víctimas y sus verdugos en el tratamiento informativo de cualquier tipo de violencia. Elaborar información veraz, como exige la Constitución, es la primera, pero no la única, responsabilidad pública del periodista en un mundo donde la banalización de la verdad cotiza al alza. Resulta escalofriante para las sociedades democráticas que el Diccionario de Oxford haya elegido como palabra del año ‘Posverdad’, un término usado para «denotar circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal».

El éxito del ‘Brexit’ se cimentó en buena parte en las mentiras que, una vez ganado el referéndum, confesaron sus promotores. En la campaña electoral de EE UU, la primera seguida masivamente por las redes sociales, se ha generado un intenso debate sobre el auge de las webs de noticias falsas y su difusión por Facebook. Tres meses antes de las elecciones, la información más leída a través de Facebook aludía al apoyo del Papa a Donald Trump, una información falsa que enganchó a 960.000 lectores, cien mil más que la historia con mayor repercusión elaborada por el Washington Post en la campaña. Facebook, que como Google no elabora contenidos informativos pero se beneficia económicamente de los producidos por terceros, se ha visto obligado a anunciar que intentará extremar sus controles sobre las noticias falsas. Una tarea complicada para un gigante que hasta ahora no se ha visto impelido a asumir ninguna responsabilidad pública o jurídica, como la que pesa, afortunadamente, sobre los medios tradicionales respecto a lo que difunden en sus distintos soportes.

La política posverdad se ha instaurado también en nuestro país. En el momento populista que vive el mundo se ha erigido en una eficaz herramienta a la que recurren dirigentes de todo el espectro ideológico. Es cierto que los políticos no tienen la obligación legal de decir la verdad, pero algunos han hecho de las mentiras y las medio verdades su modus vivendi. El espectáculo de la deshumanización de la política (no hay palabras para el gesto de Podemos con el minuto de silencio de Barberá) está a la altura del espectáculo de la información política al que se han apuntado varias cadenas de TV porque es barato, genera audiencia e ingresos publicitarios. Que luego venga el popular Rafael Hernando con el cuento de que apartaron a Barberá para protegerla de las «hienas» de los medios ya es el summum del cinismo, sabiendo que lo que se protegía, en realidad, eran las expectativas de gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos.

En ‘La Verdad’, que defiende el cumplimiento de la legalidad sin excepciones, hemos sostenido que los políticos imputados/investigados por delitos no deberían ir en las listas electorales. Y que lo más juicioso es que los cargos electos que resulten imputados renuncien en el momento de la apertura de juicio oral. Salvo que se trate de un delito flagrante o se dañe a las instituciones porque en paralelo a las responsabilidades penales están las políticas, aquellas que nos afectan a todos. PP y Ciudadanos firmaron voluntariamente un acuerdo más exigente (dimisión en el momento de imputación por corrupción) al que puede verse encarado Pedro Antonio Sánchez si, como todo parece indicar, una juez pide al TSJ que lo investigue por el ‘caso Auditorio’. El presidente se enfrenta a un grave problema que este diario, como es su obligación, ni ha escondido ni esconderá a sus lectores. Igual que hacemos con sus aciertos. En lo personal le deseo la mejor de las suertes, pero como director de ‘La Verdad’ mi responsabilidad será exigirle, sin menoscabo de su presunción de inocencia, todas las explicaciones públicas que hasta ahora no ha ofrecido, confrontando sus palabras y compromisos con los hechos. Eso es lo que aprendí y da sentido a treinta años volcado con una profesión. Siete de ellos en un periódico llamado ‘La Verdad’.

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Trump, un elefante en la cacharrería del clima
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-11-2016 | 10:36| 0

Que Noam Chomsky haya calificado al partido republicano de Estados Unidos como la «organización más peligrosa en la historia del mundo», porque controlará las dos Cámaras, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo, suena directamente a una exageración que es producto de la preocupación generalizada por la victoria del magnate populista Donald Trump. Pero Chomsky, uno de los referentes intelectuales de EE UU, en realidad no hace más que expresar con rotundidad buena parte de los temores de una inmensa mayoría de la comunidad científica, especialmente en el ámbito de la lucha contra el calentamiento global.

Desde que Donald Trump dijo en Twitter en 2012 que el cambio climático era una invención de China para erosionar la industria de Estados Unidos, todas las manifestaciones públicas del presidente electo, sobre todo en la campaña a la Casa Blanca, han ido claramente en una misma dirección: poner en duda la actividad humana como acelerador de la subida de temperaturas (un debate ya cerrado hace tiempo) para dar un giro a la política medioambiental impulsada por Obama. De hecho, Trump prometió que en sus primeros cien días de gobierno retiraría a Estados Unidos del acuerdo del cambio climático de París y suavizaría la normativa adoptada en los últimos años por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), incluyendo el ‘Clean Power Plan’ creado para reducir las emisiones de las contaminantes plantas de carbón.

Los primeros movimientos de Trump no han contribuido a calmar los ánimos. Al frente del equipo que gestionará el relevo en la EPA ha situado a Myron Ebell, un destacado escéptico del cambio climático que, al frente de un ‘think tank’ conservador, se había ya significado por tildar de «alarmistas» las consecuencias de la subida de temperaturas y por señalar que era «ilegal» ese plan adoptado en 2015 para reducir las emisiones de las plantas más contaminantes.

El compromiso de Estados Unidos con los acuerdos internacionales del clima incluye una reducción de los gases de efecto invernadero que sería del 28% en 2025, respecto a los niveles emitidos por el gigante norteamericano en 2005. Dado que esos acuerdos ya están firmados, Trump no puede incumplirlos de manera inmediata, aunque podría hacerlo en 2020. En el peor de los escenarios, no se descarta una opción más drástica: el envío de una notificación, una vez en posesión del cargo, a la secretaría general de Naciones Unidas comunicando la salida de EE UU de la Convención del Cambio Climático. Una retirada que tendría efecto al cabo de un año y que tiraría por tierra los acuerdos internacionales iniciados en Kioto. Sin EE UU, perderían gran parte de su efecto real y nunca llegarían los 800 millones prometidos por la Administración Obama a las naciones en vías de desarrollo para adaptarse al cambio climático.

La gran esperanza para diluir todos esos sombríos planes está depositada en estados como California, cuyo gobernador, Jerry Brown, ha manifestado que seguirán adelante con sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En términos de Producto Interior Bruto, California es la sexta economía del mundo y el segundo estado norteamericano con mayor volumen de emisiones. El estado de Nueva York, cuya población es ligeramente inferior a la de Australia, también seguiría comprometida con los acuerdos de París. Solo en la acción decidida de esos grandes estados, junto a la rebelión de las voces más responsables del partido republicano, podría estar la clave para que los planes de Trump se atemperen o incluso sean repensados.

No solo es sombrío el panorama para el medio ambiente. También para la ciencia. El hecho de que Trump haya tenido encuentros durante su campaña con destacados postulantes del desacreditado vínculo entre las vacunas y el autismo ha dejado perplejos a los científicos. Como las minorías raciales, los investigadores de todo el país se han puesto en guardia. En las última semanas, no falta cada día una voz destacada de la comunidad científica estadounidense que abogue por la necesidad de estar vigilantes ante las primeras medidas del presidente electo. Ya no solo por el posible recorte de fondos a las agencias gubernamentales y a la financiación de la investigación, sino también por la posibilidad real de interferencias políticas en la toma de decisiones en materia de salud y medio ambiente, que hasta la fecha se adoptaban en base a evidencias científicas. Muy pronto los estadounidenses saldrán de dudas.

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Una fecha para el AVE
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Alberto Aguirre de Cárcer | 21-11-2016 | 7:33| 0

No me gustan los políticos que alegremente ponen fechas a las grandes infraestructuras, más aún si no dependen de ellos. Pero estando las obras del AVE a las puertas de Murcia, de la reunión entre el ministro de Fomento y el presidente regional hoy debe salir una fecha concreta para la llegada de la alta velocidad. Una fecha que comprometa al Ministerio y le obligue a cumplir después de tanto retraso acumulado. En privado, el anterior ministro aludía a mayo de 2017, la Consejería prefiere hablar del primer semestre y la Croem opta por pensar que será en el segundo. Esa fecha concreta es lo mínimo exigible cuando aún no sabemos cómo el AVE afectará a las cercanías con Alicante, cuánto tiempo llegará provisionalmente en superficie y cuándo comenzará el soterramiento de la estación de El Carmen.

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Pacto energético
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Alberto Aguirre de Cárcer | 20-11-2016 | 7:48| 0

El acto celebrado ayer por la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), castigados en los últimos años por el impuesto al autoconsumo eléctrico y la inseguridad jurídica que produjeron los sucesivos recortes retroactivos a las primas, fue una demostración palpable de la urgente necesidad de transitar, con la mayor celeridad y consenso, hacia un nuevo modelo energético que priorice el uso de energías renovables, limpias y cada vez más baratas. Un modelo que acelere el ritmo de reducción de combustibles fósiles, no ponga trabas al autoconsumo, sea equitativo en el reparto de costes, garantice el suministro y reduzca nuestra dependencia de terceros países y que, siendo financieramente sostenible, impida dejar al margen de la cobertura energética a las personas más vulnerables. Con el argumento tan discutible de la reducción del déficit de tarifa, los últimos gobiernos nacionales han propinado gigantescos varapalos a los inversores y productores fotovoltaicos, muchos de ellos en la Región de Murcia, que tan falta está de agua como sobrada de horas de sol. Con matices, pero aparentemente unidos en lo esencial, los partidos murcianos y todos los agentes sociales y económicos están comprometidos con el impulso de las energías renovables, fundamentalmente la solar, por las oportunidades económicas y laborales en una región con todas las condiciones propicias para liderar ese tránsito hacia un nuevo modelo energético. No solo disponemos de energía solar en abundancia. También contamos con el conocimiento tecnológico y el espíritu emprendedor suficiente para catapultar el sector fotovoltaico como se hizo con la depuración de aguas y el sector agroalimentario. La eliminación por el Gobierno regional del peaje al autoconsumo eléctrico, anunciada ayer, es una buena noticia para miles de particulares y empresas, aunque sorprende que se haga sin esperar a que el Constitucional, que ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio, se pronuncie sobre el fondo del recurso del Gobierno central. Tan importante como eliminar el ‘impuesto al sol’ es acabar con la inseguridad jurídica.

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La batalla de Madrid
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Alberto Aguirre de Cárcer | 20-11-2016 | 7:47| 0

Con su singular ironía, el escritor y periodista pontevedrés Julio Camba decía allá por 1920 que el «hijo de un gran político gallego tiene desde su nacimiento categoría de ministro; el sobrino tiene categoría de subsecretario o de director general, y así sucesivamente». Galicia, escribía Camba, es tierra de sardinas y políticos: «Las sardinas nacen unas de otras, y los políticos también». Casi un siglo después, las cosas son bien diferentes. Incluso en la patria chica de Rajoy. En la Región de Murcia, los hijos de los grandes políticos, de haber o haberlos habido, nunca han nacido con una potencial cartera ministerial bajo el brazo. A diferencia de la vocación empresarial, que aquí se hereda, la política solo excepcionalmente se trasmite a los vástagos. Gestionar el patrimonio propio siempre ha interesado más que gestionar el de todos. Si a la falta de ADN político por vía germinal se suma un liviano peso en Madrid, propio de una región uniprovincial, no es de extrañar la corta lista de ministros murcianos en la historia de España. Puede que el oficio de ministro esté sobrevalorado desde que ya no reporta, como sugería Camba con su particular humor, un puerto y varias carreteras para el territorio de origen. Pero en nuestro país aún conviene mucho tener aliados en los distintos escalones del Ejecutivo que sean sensibles a los problemas y reivindicaciones regionales. Sobre todo porque nuestra dependencia de la Administración central, tan propensa a los atascos burocráticos, es aún abrumadora en múltiples asuntos. El nuevo Ejecutivo de Rajoy está aún por completar, pero, de momento, hay pérdida de peso específico con las salidas de Isabel Borrego (aunque entró en su día como cuota balear) y, sobre todo, de Jaime García-Legaz. Los exportadores del sector agroalimentario echarán de menos a quien, después de dar no sé cuántas vueltas al mundo en los últimos años, quiere ver crecer a su hija de seis años y deja voluntariamente la Secretaría de Estado de Comercio para incorporarse a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). Poco dado al lucimiento personal, ha resuelto no pocos problemas a los exportadores murcianos. Antes de irse, ha dejado franqueada la puerta del mercado chino a la fruta de hueso de la Vega Media a través del ‘tren de la seda’. Y, probablemente, seguirá desde la Cesce siendo un aliado de los intereses murcianos. La buena noticia de la semana es la vuelta de Juan María Vázquez a la Secretaría General de Ciencia y Competitividad, un puesto de gestión clave porque orquesta todo el sistema nacional de I+D+i. Su aportación puede ser decisiva para la captación de fondos y la puesta en marcha de la Agencia Regional del Conocimiento que impulsa Pedro Antonio Sánchez.
El presidente ha entendido bien la importancia de hacer política tanto en el Congreso como en la sede nacional de su partido y el Ejecutivo central. Se le podrán achacar no pocos errores y carencias en su equipo, pero no cabe escatimarle el reconocimiento a su entrega y capacidad de trabajo, gran parte volcado en Madrid. La reunión con cinco ministros en siete días, a partir de mañana, es una muestra de ese empuje. Ahora bien, es el momento de los resultados. Con la foto y vagas promesas no basta. Y lo sabe. Proyectos como el AVE a Murcia y Cartagena, en los términos pactados con la oposición, no pueden esperar más. La Región acabará el año con un crecimiento económico superior al 3% que podría haber reportado muchos más beneficios a la sociedad murciana con esas infraestructuras en funcionamiento. Hay que pelear el agua, el Corredor Mediterráneo y cambios legislativos que impulsen la fotovoltaica. Desde ya.

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