La Verdad
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Categoría: Cartas del director
Ecos de la caverna

El primer humano que insultó a su enemigo, en vez de tirarle una piedra, fue el fundador de la civilización, dijo Sigmund Freud. El uso de la palabra, sin duda, supuso un salto cualitativo en tiempos de la caverna, pero el recurso persistente a la descalificación personal es hoy una conducta que solo pone en evidencia la indigencia intelectual de quien lo practica. En el ámbito de la política no debería tener cabida si la ejemplaridad pública fuese una exigencia ineludible. Más aún cuando el blanco de expresiones denigrantes, como reiteradamente ocurre con el exalcalde cartagenero José López, son sus adversarias directas. Tienen razón los portavoces de PP, PSOE, Cs y Podemos cuando señalan que «la violencia hacia la mujer no necesita ser física para ser condenada y rechazada, hay muchas maneras de menoscabar a las personas y el desprecio verbal es una de ellas». Aludir a la consejera Arroyo como «peluca rubia con labios bien pintados» es una expresión machista que cosifica y denigra a una mujer, un proceso aberrante que está en la raíz del fenómeno de la violencia machista en sus distintas formas. El rechazo de todos los partidos, reflejo del hartazgo social por el maltrato a las mujeres, no hace mella en quien hace del desprecio a sus rivales, reales e imaginarios, la base de un agresivo discurso político, cargado de cinismo para justificar lo injustificable. Hay que estar ciego para no ver cuál fue el efecto político de este chusco episodio para él y para su rival. Este es un caso para Freud. Cartagena no ha tenido suerte con sus últimos alcaldes. Debe haber algo en la vara de mando que predispone a los ‘tics’ autoritarios. Todo lo positivo que acumulan los depositarios del bastón acaba diluyéndose por los desagües de la soberbia, que eclipsan los aciertos y manchan inmerecidamente la imagen de la ciudad de la Región que más y mejor se transformó en las últimas décadas.

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De sirenas y cisnes

No deja de ser lamentable que se hable de la ‘vía murciana’ como solución al ‘caso Cifuentes’ y pase desapercibido el modelo murciano que trajo, a través de un plan plurianual, la estabilidad financiera a nuestras universidades públicas

La Constitución española de 1978 recogía el principio de autonomía universitaria para garantizar que los centros públicos de enseñanza superior pudieran ejercer la docencia y la investigación de forma totalmente libre de injerencias externas. Pero lo que hemos visto en el ‘caso Cifuentes’ es que, al amparo de ese incuestionable principio constitucional, la Universidad Rey Juan Carlos creó un centro asociado, el Instituto de Derecho Público, cuyo máximo responsable hizo presuntamente uso de su poder académico sobre las titulaciones de máster para conceder todo tipo de privilegios a quien hoy preside la Comunidad de Madrid. La propia Universidad afectada, que otorgó su propio CIF a ese centro y ahora descubre, estupefacta, todo tipo de graves irregularidades en su funcionamiento, ha debido trasladar el asunto a la Fiscalía por un posible delito de falsedad documental en las actas del trabajo de fin de máster de Cifuentes. Más allá del posible cambio de signo político en la Comunidad si prospera la moción de censura o de si la presidenta madrileña cede su cargo a un compañero de filas, lo más lamentable es el daño reputacional que afecta a esa universidad pública. A su equipo de gobierno, a sus docentes, a su personal administrativo y, desde luego, a los alumnos, que ven cómo el prestigio de sus títulos ganados con esfuerzo está empañado por el trato de favor a una dirigente política. La propia Cifuentes ha contribuido bastante a ello poniendo en marcha el ventilador y atribuyendo toda la responsabilidad a quienes, muy posiblemente, le ofrecieron cursar un máster con todo tipo de facilidades. Cantos de sirena que hoy se tornan en el canto del cisne para Cifuentes porque la responsabilidad del indecente ofertante no puede diluir la suya propia, como alumna beneficiada de esos favores y como máxima garante de la calidad de las universidades madrileñas. En esta historia tampoco hay excusa posible para los engaños a la opinión pública con justificaciones que se demostraron inciertas en el curso de la investigación universitaria.

Aunque la práctica de engrosar los currículum con titulaciones inexistentes acumula un largo y transversal historial en nuestra clase política, el ‘caso Cifuentes’ ha hecho saltar todas las alarmas en los rectores, que se han visto obligados a reclamar a todos los partidos que mantengan a la universidad al margen de sus legítimas contiendas políticas. Si bien estamos ante un caso concreto y acotado, el estigma reputacional puede terminar por dañar, de forma inmerecida y altamente contraproducente, a toda la sociedad si este torpedo abre una vía de agua en la línea de flotación de ese principio constitucional que ampara la autonomía universitaria. Es incuestionable que las universidades españolas deben hacer mucho más en términos de transparencia, rendición de cuentas y control interno, como otras muchas instituciones que se nutren del dinero de los contribuyentes. De hecho, mucho antes de este escandoloso episodio ya estaban en ello. Pero ha venido a suceder justo cuando las universidades empezaban a recuperarse de los recortes sufridos por la crisis y en pleno debate del pacto educativo, con cuestiones en el tapete tan cruciales como el proceso de elección de los rectores, los mecanismos internos de gobernanza o la puesta en marcha de una financiación estable. Tiene razón la Conferencia de Rectores cuando afirma que es inaceptable que algunos políticos, para defender a su legítima opción partidaria, hayan extendido una sombra de duda en el funcionamiento de toda la universidad española. «Esa actitud manifiesta una mayúscula e irresponsable frivolidad, impropia del ejercicio de un representante democrático», aseveró su presidente, el rector Roberto Fernández.

Pero dicho eso, solo si los equipos rectorales asumen con liderazgo este debate, la mancha no irá a más. No basta con condenar cualquier irregularidad en la vida universitaria. Toca exhibir mucha ambición en el escrutinio interno y una actitud expeditiva en el control de esos centros asociados de gestión opaca. Esa es la mejor manera de demostrar que no hay un problema que afecte a la esencia misma de la Universidad española sino solo casos individuales. Una tarea que también compete a las comunidades autónomas, proclives a hacer dejación de su responsabilidad sobre la calidad y la buena ordenación académica de la enseñanza superior.

No deja de ser lamentable que este escándalo haya traído a colación la llamada ‘vía murciana’, en referencia a la ineludible salida de Pedro Antonio Sánchez de San Esteban por la presión de Ciudadanos, y sin embargo pase desapercibido el plan plurianual pactado por ese expresidente con los responsables de la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, el modelo murciano que garantizó la estabilidad financiera de los centros públicos de la Región en los últimos años y se ganó el reconocimiento del mundo académico nacional. El Ejecutivo autonómico y la oposición, que empujó en la dirección correcta, estuvieron entonces a la altura del problema. Veremos qué ocurrirá ahora que se avecina la nueva y necesaria ley regional de universidades.

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El pastel presupuestario

Las cuentas estatales de 2018 elevan un 25% la inversión pública en la Región de Murcia, lo que sirve para recuperarnos del batacazo del pasado año y crecer ligeramente respecto a 2016. Mejoramos, pero no hay razones para la euforia

 

Los Presupuestos Generales del Estado hay que analizarlos como el currículum académico de Cristina Cifuentes y el de no pocos políticos. Con mucha cautela y un prudente distanciamiento. Más aún si se trata de las cuentas públicas previas a una cita en las urnas, donde siempre hay guiños a nichos del electorado (subidas para pensionistas y funcionarios, rebajas fiscales para las rentas más bajas…) o a comunidades autónomas cuyas fuerzas mayoritarias son claves para su aprobación. Desde una perspectiva regional, lógicamente la mirada se focaliza en la inversión pública territorializada. Es la fórmula habitual para comprobar cómo salimos parados en el reparto del pastel. Y lo primero que cabe decir de los Presupuestos presentados por Montoro es que ni son tan maravillosos para la Región de Murcia como sostiene el Gobierno de López Miras y el PP, ni tan horrorosos como afirma el principal partido de la oposición.
Sin duda, en cuanto a inversión pública, son mejores que los del año pasado. Para Murcia y para el resto de comunidades. En todas ellas, excepto en Canarias, cayó la inversión estatal en las cuentas de 2017. El recorte fue especialmente duro para nuestra región, que perdió 58 millones, nada menos que un 19%. Por el contrario, en el Presupuesto para 2018 la inversión repunta en todas las comunidades, salvo en La Rioja y Navarra. Murcia es la quinta donde más sube. Un 25%, hasta alcanzar los 340 millones. Pero si comparamos la inversión territorializada de los últimos tres años, veremos que en realidad solo crecemos en una decena de millones respecto a 2016. De aprobarse en el Congreso, estos Presupuestos servirán fundamentalmente para recuperarnos del batacazo del pasado año, crecer ligeramente y dar continuidad a esos proyectos estratégicos regionales cuyos presupuestos se deslizan de un año para otro sin que parezcan tener fin. Si la única alternativa es una prórroga de las cuentas vigentes, mejor será que se aprueben estas nuevas, donde aparecen consignados todos los proyectos regionales relevantes, aunque algunos sin asignación concreta sino englobados en partidas más amplias o mencionados en las memorias aportadas por los distintos ministerios. Dicho eso, por favor, que nadie repita que son «los mejores de la historia de la Región». Hay hipérboles que producen bochorno. Recibimos 340 millones en 2018 cuando en 2015 se nos asignaron 428. Y ya no solo por la cifra global prometida. Aunque parte de la financiación para la recuperación del Mar Menor llegará a través de fondos comunitarios Feder, es clamorosa la ausencia de fondos destinados directamente por el Ministerio de Medio Ambiente. Tampoco constan las necesarias inversiones ferroviarias en Cercanías, que se concentran en Madrid y Cataluña.
Existen otros elementos de valoración que tampoco pueden perderse de vista. Por un lado, la inversión estatal per cápita. En gasto por habitante salimos a 231,7 euros por murciano. Ligeramente por encima de la media nacional y mejor que valencianos, catalanes, andaluces y baleares, pero muy lejos de cántabros (468 euros), castellanoleoneses, extremeños, gallegos y aragoneses. Por otro lado, está el nivel de ejecución de los Presupuestos, lo que realmente luego se gasta, que siempre es mucho menos de lo que aparece en las cuentas del ministro de Hacienda de turno.
Así, según la Intervención General del Estado, se invirtieron 82 millones menos de los presupuestados en la Región para 2016. Adif fue la sociedad pública que ese año dejó más dinero sin gastar y el AVE, el proyecto más perjudicado por los incumplimientos. La Mancomunidad de Canales de Taibilla solo ejecutó el 27% de sus inversiones previstas y Acuamed, la empresa pública de las desaladoras, el 4,5%. Según un estudio de Croem, el nivel de ejecución presupuestaria en el trienio 2014-2016 fue del 50,2%, el tercero más bajo del país. Y si el rango temporal se amplía a diez años, desde 2006 a 2016, la ejecución fue del 57,6%, dejándose de gastar un total de 1.871 millones en la Región. Las partidas se fueron deslizando de un Presupuesto a otro, con el PSOE y el PP, condenando a perpetuidad a los proyectos estratégicos regionales. De ahí que el AVE aparezca en los Presupuestos desde tiempos inmemoriales. Y no se ven visos de cambio. El último informe de la Intervención General del Estado, relativo al primer semestre de 2017, muestra que sigue esta tónica en la Región de Murcia. El nivel de ejecución presupuestaria fue del 41%, cifra que baja en el sector público empresarial (Adif, Acuamed, Sepi, Puertos del Estado…) hasta el 18,4%.
Con la economía en crecimiento y el déficit bajo control, Montoro y Rajoy abrieron un poco la mano y, pese a la mareante deuda, impulsan un 15% la inversión en las autonomías, que irá sobre todo a obra pública. Sin embargo, la realidad es que la inversión en España sigue por debajo del 2% del PIB y los calendarios de ejecución de los proyectos se dilatan tanto en el tiempo que pierden toda credibilidad y se reciben con generalizado descreimiento, por muy frenética que sea la campaña de compromisos lanzada por el ministro Íñigo De la Serna en todo el país. Con las cuentas de 2018, si resultan aprobadas, se podrá recuperar una parte del terreno perdido, fundamentalmente a través de Fomento, dado que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente sigue estancado en los bajos niveles del pasado año. En suma, las cuentas públicas son mejores sobre el papel que las de 2017, pero no hay ninguna razón para recibirlas con especial euforia en una región que tendrá menos inversión que en 2015 y donde el incumplimiento presupuestario se ha convertido en la norma.

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La bicha

El Trasvase es en el Palacio toledano de Fuensalida lo que la desaladora de Escombreras es en el Palacio murciano de San Esteban. Una mochila con material políticamente inflamable que arde en manos de todos sus inquilinos

Hablar del problema del agua es siempre un asunto incómodo para los ocupantes del Palacio de Fuensalida. Hacerlo allí ya es directamente mentar la bicha. Lo era para María Dolores de Cospedal, como constaté al poco de que ganara las elecciones autonómicas en una conversación en la sede del Gobierno manchego. A diferencia de su antecesor («creo que soy muy popular en Murcia», me dijo hace años José María Barreda en Albacete, sonriendo irónica pero afablemente), Cospedal abordaba el asunto con especial frialdad y rigidez. Ella entonces tenía mucho más que perder que ganar, sobre todo después del batacazo con el proyecto de estatuto que ponía fecha de caducidad al Trasvase. Como en la Región de Murcia, también allí la ‘guerra del agua’ da y quita votos. Y de esa necesidad política de la secretaria general del PP nació la ley del Memorándum del Tajo, tejida por los barones populares bajo la batuta del exministro Arias Cañete, para endurecer los desembalses al Segura, como quería Cospedal. Después de diez meses con el tablacho echado al acueducto, lo que no pudo conseguir la multitudinaria protesta en Madrid de los regantes, porque esa ley lo impedía, se va a producir ahora por la sucesión de borrascas que descargaron agua y nieve en cantidad abundante sobre los embalses de cabecera. Ha sido cosa del cielo, no de la política, que a partir del 1 de abril pueda reabrirse el Trasvase y lleguen los primeros veinte hectómetros cúbicos desde mayo pasado. Después de su ‘annus horribilis’, el sector agroalimentario murciano afronta con relativa tranquilidad lo que resta de 2018. Si algo de bueno hay en la ley del Memorándum, que elevó notablemente la reserva mínima en la cabecera, es que las reglas de explotación del Trasvase quedaron desprovistas de criterios políticos en favor de técnicos que deben ser de aplicación automática. Y hoy, de seguir el lento deshielo, se dan las condiciones exigidas para que el agua vuelva a fluir hacia el Levante.

A poco más de un año de las elecciones autonómicas, el nuevo escenario augura un repunte de la bronca política. Por las declaraciones de los últimos días, el presidente manchego, Emiliano García-Page, anticipa que dará la batalla. Lo tiene complicado. Al menos en los tribunales. Pero la diatriba política, en plena negociación entre PP y PSOE por un pacto nacional del agua, subirá de tono: es mucho más fácil arremeter contra las transferencias al Segura que dar explicaciones sobre qué infraestructuras hidráulicas se han hecho en esa comunidad con los 400 millones de euros pagados por los regantes de Murcia, Alicante y Almería por el uso del acueducto durante treinta años. Un dinero que debía haberse utilizado para garantizar el abastecimiento de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, cuyos habitantes se ven obligados en ocasiones de extrema sequía a ser abastecidos con camiones cisterna. O las obras para asegurar el riego a municipios albaceteños que ven cómo pasa por sus territorios el canal del Trasvase hacia Murcia y Alicante sin que allí quede una gota. A mayor ruido menos focos habrá puestos en otros problemas domésticos: en Guadalajara, los empresarios y la agrupación provincial de agricultores y ganaderos esperan desde mediados de marzo una reunión con García-Page para resolver el problema de la falta de conexión entre los pantanos de Alcorlo y Beleña, este último desembalsando agua por falta de capacidad. Paralizado con Cospedal y con Page, la puesta en marcha de ese proyecto frustrado garantizaría el abastecimiento de medio millón de habitantes y el desarrollo de la provincia.

Viernes de Dolores

El Trasvase representa en el Palacio de Fuensalida lo que la desaladora de Escombreras significa en el Palacio de San Esteban. La bicha que no se menta. Material políticamente inflamable que ardía en las manos a todos los sucesores de Valcárcel. Garre, Sánchez y ahora López Miras han tenido que lidiar con este ‘elefante blanco’, transformado ahora en una causa judicial que toca de lleno al «macizo de la raza» de la familia popular. El ‘caso Púnica’, con unos pocos miles de euros presuntamente malversados, o el mismo ‘caso Auditorio’ de Puerto Lumbreras, son ‘pecata minuta’ en comparación con este sumario judicial recién abierto donde se ventilan decisiones de Consejo de Gobierno que pudieron tener un perjuicio potencial para las arcas públicas de hasta 600 millones. El paso al Grupo Mixto de la senadora Pilar Barreiro y la declaración del expresidente Pedro Antonio Sánchez, todo en este mismo Viernes de Dolores, son rescoldos políticos y judiciales que palidecen ante la magnitud del ‘caso desaladora’. Los informes de la Intervención y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad ya obligaron al Gobierno regional, recién investido Pedro Antonio Sánchez, a colaborar con la Fiscalía y a comunicar, hace unos días, que se personará en la causa emprendida por la juez. La clave puede estar en la actitud a partir de ahora de algunos de los imputados que no están vinculados al PP y por tanto sin ataduras para fijar su defensa jurídica de la manera más conveniente para sus intereses personales. Dado que los tiempos de la Justicia son lentos, este quinario se va a hacer eterno para los potencialmente implicados.

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Una ‘teoría del todo’

Gracias a Stephen Hawking estamos más cerca de entender las leyes que gobiernan el Universo y cómo nació tras un gran estallido primigenio, pero jamás podremos explicarnos cómo alguien es capaz de quitarle la vida a un niño

Aquel día de octubre de 1989, las 1.300 plazas del auditorio Ramón y Cajal de la Complutense resultaron insuficientes para ver y escuchar a Stephen Hawking. Era tanta la expectación despertada entre los alumnos por el científico más popular del mundo que los organizadores de la conferencia tuvieron que habilitar monitores en los pasillos y en el exterior de la Facultad de Medicina. Cuando concluyó su charla, media docena de periodistas pudimos participar en una breve pero a la fuerza inolvidable rueda de prensa con Hawking. Solo hubo tiempo para tres preguntas porque el físico británico, aunque se comunicaba con frases muy cortas, tardaba una eternidad en responder con ayuda de su ordenador y un sintetizador de voz. O así nos lo pareció, en el silencio sepulcral de la sala, a los presentes, inmóviles y expectantes, mientras su mirada no se desviaba de un punto fijo en la habitación. Físicamente atenazado por la esclerosis lateral amiotrófica, la fragilidad de su cuerpo contrastaba con la prodigiosa brillantez de su mente. Hawking habló en Madrid de uno de sus temas de estudio favoritos: los ‘agujeros negros’ y los universos nacientes. El genio británico ya había demostrado que los ‘agujeros negros’, objetos tan masivos que no dejan escapar ni la luz y que por tanto son invisibles para el ojo humano, pueden detectarse por la radiación que desprenden al engullir toda la materia circundante. Como otros investigadores, parte de su trabajo se basaba en la observación de un sistema binario llamado ‘Cygnus X-1’, que está formado por una estrella normal que orbita alrededor de un ‘agujero negro’. Hawking perseguía su peculiar santo grial: una ‘teoría del todo’ que unificara la Teoría General de la Relatividad y la mecánica cuántica, las leyes físicas que gobiernan el universo a gran escala y las que actúan a nivel microscópico dentro de la materia. El fallecido físico avanzó muchas respuestas y suscitó nuevos interrogantes en una aventura intelectual casi obsesiva que marcó también sus relaciones personales, como recientemente reflejó la película ‘La teoría del todo’.

De alguna forma, Hawking y hasta entonces su inseparable primera esposa Jane formaban un particular sistema binario: ella era la estrella que giraba permanentemente alrededor de ese enigmático sabio, una especie de fuente de emisión de grandes ideas que concitaba toda la atención allí donde estuviera. A su lado, cualquiera quedaba eclipsado por su inmensa fuerza de atracción. Jane vivía por y para él desde que la esclerosis lateral amiotrófica convirtió al gran divulgador de la ciencia en una persona totalmente dependiente. Cómo no, Jane le acompañó en ese viaje en el que recibiría, además, la medalla de oro del CSIC y el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Meses después volví a verla. Vino a Madrid, esta vez sola, para hablar en la Fundación Areces del lado más humano de la enfermedad de su esposo, que ese año tomó la decisión de dejarla para establecer una relación de pareja con una de sus enfermeras.

Años después, el nuevo Centro de Astrobiología creado en España me encargó un libro sobre el Big Bang y la evolución de la vida, como material divulgativo de la ciencia que desarrollaría ese flamante instituto de investigación. Una especie de puesta al día de cuanto Hawking y otros muchos investigadores habían aportado al conocimiento sobre el origen del Universo y de lo que somos. Aproveché las vacaciones de verano para completar el encargo. Mientras mi hijo y su madre iban a la playa, me encerraba todas las mañanas a escribir en un apartamento. En Rodalquilar (Almería). A menos de un kilómetro de la finca donde, durante doce días, estuvo enterrado el cadáver de Gabriel, el niño que soñaba con pescaítos, no mucho mayor que mi hijo por esas fechas. Esta semana, Hawking se marchó dejando un legado inmenso. Gabriel, sin la posibilidad de cumplir su sueño de ser biólogo marino. Hoy siento que estamos más cerca de poder entender las leyes que gobiernan el Universo que el asesinato de un niño a manos de la pareja de su padre. Lo segundo parece inconcebible y sin embargo ocurrió de forma atroz. La ‘teoría del todo’ que buscaba Hawking jamás podría servir para explicar los microcosmos humanos y las fuerzas que interactúan entre personas con vínculos emocionales de todo tipo. Ya sea en una casa de campo en las Hortichuelas o en un piso de un campus universitario en Cambridge. El amor, los celos, la grandeza de espíritu, la maldad… impulsan resortes inescrutables con consecuencias dispares. Desde actos brutales revestidos de la mayor vileza, como el asesinato de Gabriel, a comportamientos de enorme entereza y dignidad humana, como el mostrado por sus padres durante la búsqueda y tras el hallazgo del cuerpo. Resulta paradójico que persigamos una teoría para explicar el origen y la evolución de la vida cuando hay, entre nosotros, quienes destruyen vidas ajenas si son un estorbo para las suyas. Afortunadamente, la generosidad, la solidaridad y otros rasgos luminosos de la condición humana brillan con más intensidad que las facetas más sombrías e invisibles que anidan en nuestro interior. Salvo muy pocos, todos seguimos sin poder explicarnos cómo se puede ser capaz de matar a un niño. Y en este caso, nuestra ignorancia, perplejidad y dolor es, inequívocamente, la más esperanzadora de las señales.

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Nada puede seguir igual

Los partidos están obligados a escuchar el histórico y transversal clamor de millones de mujeres. Pero no solo ellos. El 8-M fue una interpelación directa a cada hombre, empresa, institución y organización social del país

Han pasado 41 años desde que un centenar de mujeres reivindicaron sus derechos por primera vez durante la Transición democrática en un 8-M. La concentración tuvo lugar en el Pozo del Tío Raimundo, la barriada obrera de Vallecas que pocos años después dejaría de ser una de las mayores bolsas de chabolismo de Europa. Al cabo de un lustro, las manifestaciones convocadas por los movimientos feministas crecieron en asistencia, aunque no superaban, en la mejor de las estimaciones, las diez mil participantes en la ciudad más poblada de España. Protestas que casi siempre discurrían desde la estación de metro de Estrecho, en la popular calle de Bravo Murillo, hasta la plaza de Cuatro Caminos. A esas movilizaciones de mediados de los 80 acudían históricas activistas, como Justa Montero, Consuelo Abril o Empar Pineda, pero apenas se veían políticos. Tampoco de izquierdas. A veces ni siquiera acudían los dirigentes de los sindicatos que, en ocasiones, coorganizaban esas protestas. En aquellos tiempos, me dicen, se contaban solo por decenas quienes acudían a la llamada del 8-M hasta la plaza murciana de Santo Domingo. Pero este último Día Internacional de la Mujer ha sido otro cantar. Cientos de miles de mujeres pararon, hicieron huelga o se manifestaron en las principales arterias de todas las grandes ciudades para reivindicar su protagonismo y protestar contra la violencia machista, la brecha salarial o los techos de cristal. Fue una histórica movilización, ideológicamente transversal, que desbordó todas las expectativas, aunque semanas antes había indicios de que en este 8-M algo grande podía suceder. El malestar de las mujeres se palpaba en la calle y lo reflejaban los sondeos de opinión. Con la violencia de género sin signos de remisión y la precariedad laboral cebándose especialmente en ellas, las mujeres acumulaban sobradas razones para la protesta. Los sindicatos UGT y CC OO, tan ausentes en los últimos años, mostraron la sensibilidad oportuna, aunque fueron las organizaciones feministas y otros colectivos afectados, como las periodistas, quienes catapultaron la convocatoria hasta su deslumbrante magnitud.
Las discrepancias sobre el alcance de la movilización, entre quienes abogaban por un paro de dos horas o una huelga en toda regla, tuvieron un epílogo marginal cuando, entrada la noche, cientos de miles de mujeres tomaron las calles hasta formar un gigantesco caudal unitario en favor de sus derechos. Transversal pero monolítico en la exigente reivindicación. Ni los más optimistas daban crédito ante tamaña movilización. La masiva marcha por la Gran Vía de Murcia fue impresionante. Toda una interpelación directa a cada hombre de esta Región, que ni debe ni puede caer en saco roto. Se avecinan, afortunadamente, malos tiempos para los ‘machos alfa’, ‘sietemachos’ y demás ‘fauna’ machista, que, admitámoslo, es amplia y diversa en sus distintas intensidades dado que muchos, si no prácticamente todos los hombres, crecimos en tiempos donde no existió más educación en igualdad que la recibida en cada casa.
El clamor del 8-M alcanza también de lleno a todos los partidos políticos. Y en especial al Gobierno de Rajoy, que no vio venir esta marea de mujeres de toda sensibilidad política hasta el último instante, como ya ocurrió con las protestas de los pensionistas, después de tildar de ‘elitista’ e ‘insolidaria’ la convocatoria de una huelga feminista, pensando que se trataba solo de una movilización ideada por la izquierda para instrumentarla políticamente. Superado el desconcierto, Rajoy deberá reaccionar ante este irrefrenable movimiento social como corresponde al presidente del Gobierno. No basta con asumir las reivindicaciones genéricas expresadas el 8-M o exhibir lo hecho en esta materia, que sin duda algo hay, pero dista mucho de lo reclamado. Porque el mensaje principal de esa jornada fue que el ritmo exigido hacia la igualdad real debe ser mucho más veloz del imaginado hasta ahora por todos. Una conclusión que es extensible para el conjunto de las instituciones, organizaciones sociales y empresas de todo el país. Nada puede seguir igual. Las formaciones políticas e instituciones más refractarias a estas demandas de la mitad de la población se equivocan si piensan que estamos ante un fenómeno pasajero, un desahogo colectivo que se diluirá hasta el próximo 8-M. Pronto la ciudadanía empezará a pedir cuentas por los retrasos en la puesta en marcha de algunos avances conseguidos. No tiene un pase, por ejemplo, que buena parte de las medidas consensuadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no puedan aplicarse porque no se han librado ya los 200 millones de euros comprometidos. Bloqueada por la situación de ingobernabilidad en Cataluña, la consiguiente falta de apoyos para aprobar los Presupuestos y las distintas estrategias partidistas para las elecciones de 2019, la agenda política se aleja vertiginosamente de la agenda social, que discurre por derroteros muy distintos de lo que preocupa y urge en las alturas. A la vista está que las reivindicaciones del 8-M no admiten más esperas.

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