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Categoría: Cartas del director
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Joaquín Leguina, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, aseveró en 1993: «Como dijo Churchill, todo hombre tiene su cruz y la mía es Esperanza Aguirre». A estas alturas, a Rajoy no hace falta preguntarle cuál es la suya 

Hubo un tiempo ya muy lejano, pasado el ecuador de los 80, en que una joven concejal madrileña llamada Esperanza Aguirre, entonces en las filas del Partido Liberal, llamaba a mis compañeros de Local para hacerse valer e incluso para pedir consejo a algún veterano jefe de Redacción. Nadie podía imaginar entonces que, veinte años después, esa joven alcanzaría una cuota de poder tan imponente como para, con maniobras por las alturas, llegar a orquestar la defenestración de un director de periódico que era un escollo en su ambición por escalar a lo más alto. La realidad es que aquella chica tan liberal en lo ideológico, si se puede llamar liberal a quien intentó colocar a su ‘mano derecha’ al frente de una entidad financiera, pronto apuntó maneras muy contundentes, propias de un fiero animal político. En 1993, cuando siendo ya concejal de Medio Ambiente amenazó con encadenarse a una encina para evitar la tala de 200 árboles en la Casa de Campo, Joaquín Leguina, a la sazón presidente de la Comunidad de Madrid, aseveró: «Como dijo Churchill, todo hombre tiene su cruz; y la mía es Esperanza Aguirre». A estas alturas, a Mariano Rajoy no hace falta preguntarle cuál es la suya.
En uno de los mayores momentos de debilidad de Rajoy, cuando perdió contra todo pronóstico las elecciones de 2004 en mitad de la convulsión producida por el 11M, el líder del PP quedó en manos de sus barones regionales que gozaban de mayoría absoluta. La Comunidad gobernada por Aguirre desde un año antes y la Asamblea madrileña se tornaron en lugar de acogida para decenas de cargos populares que fueron desalojados de la Administración del Estado, quedándose sin puesto y sin sueldo. La cohabitación en Madrid, donde todos espiaban a todos en una descarnada lucha por espacios de poder, se convirtió, a la vista está, en una charca donde la ‘mano derecha’ (Ignacio González) y la ‘mano izquierda’ (Francisco Granados) de la lideresa actuaban con total impunidad moral, sin que Aguirre aparentemente advirtiera nada, ocupada como estaba en desbancar a Rajoy tras su derrota electoral de 2008. Ahora se revelan demasiadas ranas cortadas por el mismo patrón de afición por el lujo, el poder y la chulería. Tantos y tan gordos batracios que, por responsabilidad ‘in vigilando’ e ‘in eligendo’, el abandono de la actividad política parece hoy inexcusable para Aguirre.
El problema político para Rajoy no termina con comerse este sapo. Los sumarios ‘Lezo’, ‘Púnica’ y ‘Gürtel’, tres bombas judiciales de corrupción política con ramificaciones en Murcia y Valencia, pero con raíces en territorio del PP madrileño, hicieron saltar esta semana todas las alarmas en La Moncloa y en Génova. Concentran todo el foco de atención justo cuando el presidente del Gobierno contaba con los apoyos parlamentarios para aprobar los Presupuestos de 2017, atisbaba un principio de estabilidad para sacar adelante el núcleo duro de las leyes de este mandato y anunciaba un alza de las perspectivas de crecimiento en España. Ahora, la citación del propio presidente como testigo en el juicio de la ‘Gürtel’ y la entrada en prisión del expresidente madrileño han situado al PP en su coyuntura más delicada desde el inicio de la legislatura. Por más que Mariano Rajoy quiera transmitir imagen de «absoluta normalidad», el estigma de la corrupción empieza a pesar demasiado a un Gobierno en minoría parlamentaria. Los indicios de saqueo en las arcas públicas del Canal de Isabel II, recabados por los fiscales, la Guardia Civil y el juez Velasco, son tan contundentes que aferrarse al discurso de la presunción de inocencia resultará esta vez claramente insuficiente. Argumentar que son casos antiguos del ‘viejo PP’ valdrá para la ‘Gürtel’, pero no para la ‘Púnica’ y la operación ‘Lezo’, en la medida que se investigan presuntos comportamientos delictivos cometidos en 2013 y 2014. Y para colmo, como sucedió con la ‘Púnica’, vuelven a producirse nuevas sospechas de intervención política a través de la cúpula de la Fiscalía para mitigar el impacto de las investigaciones judiciales.
Es muy posible que el juez Velasco levante la próxima semana el secreto del sumario de la Operación ‘Lezo’. Entonces se conocerán todas las evidencias incriminatorias y el contenido de los ‘pinchazos’ telefónicos al expresidente González. Incluida una conversación con Eduardo Zaplana, grabada el pasado mes de noviembre, cuando el primero ya se sentía vigilado y la investigación de la rama murciana de la ‘Púnica’ se encontraba en su punto álgido en la Audiencia Nacional. Según el contenido anticipado por ‘ABC’, González no oculta su malestar con el juez Eloy Velasco, el magistrado que meses después le iba a llevar a prisión. Los dos amigos hablan sobre la conveniencia de que salga de la Audiencia Nacional y especulan con que pueda ir al Supremo porque, según Zaplana, el problema «está en la instrucción». La solución es fácil: hacer que vuelva el titular (magistrado de enlace en Roma, de quien dicen que vive como dios) y al otro, el juez Velasco, «lo pones a escarbar cebollinos». En la conversación, González no muestra preocupación por los magistrados del Supremo y alaba la prevista designación del fiscal Anticorrupción (Manuel Moix) y del fiscal general del Estado (José Manuel Maza), que «sabe lo que tiene que hacer». En resumen, una inenarrable charla de política judicial que redoblará el aluvión de críticas vertidas desde el mundo político y judicial por los nombramientos realizados por el ministro Catalá al frente del Ministerio Público. Una conversación que también viene a explicar la resistencia a eliminar los aforamientos (Rodrigo Rato, Ignacio González, Francisco Granados, Jaume Matas, Jordi Pujol… están como están porque ya carecían de ellos) por parte de políticos bajo sospecha, muchos más cómodos con un Supremo que no investiga y unos TSJ donde tuvieron en el pasado capacidad para designar a magistrados.
La aparente flema con que Mariano Rajoy ha afrontado esta complicada semana, y las que están por venir, reflejan una desconcertante actitud pasiva ante una pestilente riada de inmundicia que no dejará de brotar de un día para otro. Ha sido la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien marcó el camino correcto a seguir, colaborando con la Justicia en la persecución de los conductas presuntamente delictivas, aun a costa de la incomprensión de muchos compañeros de su partido y las presuntas amenazas de bochornosos amiguetes mediáticos. Con un liderazgo interno hoy indiscutido por sus sucesivas victorias electorales, Rajoy tenía, tiene, la oportunidad de hacer una operación de limpieza y de ejemplaridad que ponga fin a esta espiral interminable, como le reclaman la inmensa mayoría de sus votantes. La alternativa es seguir caminando con todas las cruces a cuestas y seguir perdiendo electores.

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‘Pourparlers’ a la naranja

La posición de Ciudadanos en la negociación para la investidura de Fernando López Miras no se va a relajar si, como es muy posible, se conoce en los próximos días el contenido del sumario judicial de la desaladora de Escombreras

Cuatro días sin el chirrión de los políticos, que diría Azorín, no dan para mucho aunque la desconexión vacacional ha caído como maná del cielo para aguantar lo que nos queda de esta crisis institucional. Habrá quien desearía que este paradisiaco compás de espera, con un gobierno en funciones, se prolongara un poco más. Técnicamente, esto es un puro marasmo, pero hay que reconocer que la suspensión temporal de la vida política ha tenido esta vez un acusado efecto balsámico después de las convulsas semanas vividas. La tregua, en cualquier caso, acaba ya. A partir de esta semana, PP y Ciudadanos reanudan sus contactos para acordar la investidura del cuarto presidente popular de la Comunidad en los últimos cuatro años, que se dice pronto. Populares y naranjas andan de ‘pourparlers’ por segunda vez, ahora con nuevas condiciones y una desconfianza mutua elevada al cubo. Los de Albert Rivera ya han planteado que su respaldo solo llegará si el PP apoya la supresión de los aforamientos de los diputados regionales en una votación previa a la investidura. C’s quiere acabar con una figura jurídica que tenía su sentido en la Transición para proteger nuestra joven democracia, tal y como preveía la Constitución, pero que luego se extendió a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los distintos estatutos de autonomía a jueces, fiscales y diputados autonómicos. Hoy, ni la función histórica de los aforamientos ni su rol como barrera para evitar la instrumentación política de la Justicia justifica que en nuestro país haya más de dos mil políticos que no pueden ser investigados y juzgados por los mismos tribunales ordinarios que el resto de los ciudadanos. Ni en Alemania ni en Reino Unido hay aforamientos para los cargos públicos. En Portugal e Italia solo existe para el presidente de la República, mientras que en Francia se reserva para el presidente de la República, el primer ministro y su Gobierno. Si lo que se pretendía en España era que los altos cargos no pudieran ser destruidos por sus adversarios, o evitar que los tribunales ordinarios fueran objeto de presiones políticas, la hipertrofia de los aforamientos ha traído otros vicios ocultos. Para empezar, se dejó al margen a los cargos más vulnerables a las denuncias de origen político (los alcaldes) y en muchos casos el aforamiento dejó de ser una garantía para el ejercicio de la política en libertad para convertirse en una suerte de privilegiado blindaje utilizado por muchos dirigentes que, en paralelo, intervenían de forma directa o indirecta en la elección de los magistrados de los tribunales de mayor rango que podrían investigarlos. Si la igualdad ante la ley sigue siendo un objetivo democrático prioritario, habrá que buscar otras fórmulas que garanticen el derecho a una tutela judicial efectiva de quienes se dediquen al servicio público desde el ámbito de la política y que al mismo tiempo no den cobertura a aquellos que solo buscan impunidad. Es verdad que sería deseable que la supresión de los aforamientos fuera un acuerdo de implantación nacional. Tarde o temprano acabará llegando, por lo que el PP regional no debería hacer un mundo de este asunto. A nadie se le escapa que esa medida dejaría al expresidente Pedro Antonio Sánchez en manos del juez Velasco y de la juez de Lorca, aunque la supresión de los aforamientos solo es posible a través de la reforma del Estatuto, que tiene una tramitación lo suficientemente larga, en la Asamblea como en el Parlamento nacional, como para no tener incidencia en la suerte judicial del líder de los populares murcianos. El TSJ de Murcia habría resuelto sobre los casos ‘Auditorio’ y ‘Púnica’ mucho antes.
Más complicada es la contrapartida que exige el PP: limitar el ejercicio de la acusación popular a partidos políticos, sindicatos y asociaciones. Fundamentalmente, porque exige una modificación de la Constitución. Visto lo ocurrido con Manos Limpias, que hizo de la acusación popular todo un presunto negocio chantajista en colaboración con Ausbanc, es como para pensarlo. ¿Pero qué suerte habría corrido el ‘caso de las tarjetas black’ de no haber sido por el impulso judicial de UPyD? Acotar jurídicamente la acusación popular de la manera más adecuada, para evitar una utilización partidista en la que se busque la destrucción del oponente, es una idea a considerar, siempre que no limite el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los procesos penales y que se aborde en el ámbito de una reflexión pausada y consensuada de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Más ahora que la instrucción de las causas penales se quiere depositar en manos de los fiscales, que gozan de autonomía pero de obediencia jerárquica al fiscal general de turno elegido por el Gobierno. Pero no parece serio, ni siquiera viable, vincular un acuerdo de investidura en Murcia a una cláusula que implica una reforma de la Constitución. Se equivoca el PP, como lo hace Ciudadanos, exigiendo otra vez apartar a todos los cargos desde el momento de la imputación de un delito, sin esperar, como regla general, a que la instrucción judicial esclarezca la existencia de evidencias sólidas para un eventual procesamiento y apertura de juicio oral. A cuenta de la gobernabilidad de la Región, Ciudadanos ha encontrado la situación idónea para exhibir ante su electorado nacional, compartido con el PP, que es un partido útil y ejemplarizante en materia de regeneración, aunque muestre contradicciones en distintos territorios y reaccione con tibieza cuando son pillados en irregularidades en materia de financiación electoral.
Con todo, el PP regional está en manos, por sus propios errores, de Ciudadanos, que le va a subir el alquiler de San Esteban a sabiendas de que apoyar a los populares también les entraña un desgaste. Las negociaciones para investir a Fernando López Miras van a coincidir con el levantamiento del secreto del sumario sobre la desaladora de Escombreras. Es muy posible que la próxima semana trascienda qué presuntos delitos aprecia la Fiscalía y a quiénes atribuye su comisión. También algún auto del juez con un relato indiciario de irregularidades que revistan tipificación delictiva. Solo entonces sabremos hasta dónde llega el juez y si estamos ante la madre de todas las bombas judiciales. Sea como sea, lo único seguro es que el ‘caso de la desaladora’ no va a relajar las posiciones de Ciudadanos, el partido que presidió la comisión de investigación en la Asamblea. Más bien al contrario.

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Escuela de mandarines

La crisis institucional se ha resuelto en clave personal. PAS tiene derecho a lograr su rehabilitación, pero al irse de primera línea estaba obligado a elegir al mejor para su partido y la Región. Hoy solo sabemos que eligió al más fiel

Solo desde la ingenuidad y la buena fe, alentados por un discurso sostenido durante mes y medio por los líderes nacionales, muchos ciudadanos creyeron que la crisis institucional murciana era un campo de batalla donde se sustanciaban la supremacía, en el terreno político, de valores y principios fundamentales, como la presunción de inocencia o la tolerancia cero contra el incumplimiento de la ley. Como finalmente se comprobó aquello era un puro espejismo. Lo que estaba en juego, como siempre, era el control del poder. Ante una amenaza latente, en vísperas de la moción de censura todo se resolvió con el pragmatismo y el interés partidista de costumbre, convenientemente presentado con una pátina de sacrificio personal, una suerte de acto heroico para evitar el «desastre de un tripartito».
La épica solo duró unas horas. El tiempo que se tardó en constatar, cuando Pedro Antonio Sánchez señaló con el dedo a su sustituto, que la crisis institucional se resolvía en clave personal. PAS optó por una elección lampedusiana. Un cambio drástico en la cúpula para que todo siga igual. Un poder emanado del mismo poder como solución a la medida de su arquitecto. Al más puro estilo de ‘Escuela de Mandarines’, la magistral obra del escritor caravaqueño Miguel Espinosa, de cuya muerte acaban de cumplirse 35 años. De las primeras palabras pronunciadas por Fernando López Miras no puede interpretarse otra cosa: PAS se va pero no se va y sigue siendo quien manda. «A partir de hoy me pongo a tu disposición… Me dejaré la piel para reparar esta injusticia», dijo el joven político que parece destinado a guardar temporalmente el sillón del expresidente. PAS tiene todo el derecho a lograr su rehabilitación si supera las investigaciones judiciales por siete presuntos delitos. Es de justicia. Pero al irse de primera línea, por una temporada o para siempre, estaba obligado a elegir al mejor para su partido y, desde luego, para la Región. Hoy solo sabemos que optó por el más fiel. En lugar de aportar certidumbre, deja una incógnita. A López Miras hay que concederle el beneficio de la duda, pese a que sus primeras palabras y el hecho de que su mayor activo conocido sea la lealtad a PAS le dan marchamo de interinidad. Sin embargo, no es descartable que agote los dos años de legislatura. Es natural que Sánchez crea en su inocencia y la defienda, pero da la impresión de estar en su nube. No acaba de asumir que su marcha estaba forzada por el incumplimiento de su palabra y de que tiene un problema penal del que quizá no salga indemne, cualquiera que sea su origen y motivación. El singular relevo añade presión a un candidato con escueta hoja de servicios y sin la legitimación personal del refrendo en las urnas. Por un lado, la inherente a la responsabilidad de dirigir la Comunidad. Nada fácil cuando solo se ha sido secretario general de una consejería. Y por otro, la que se deriva de la obligación de demostrar que no es una marioneta de PAS durante cada día de esta cohabitación entre el maestro y su aprendiz.
Lo que parece incuestionable es que esta crisis resultó otra oportunidad perdida para solucionar los problemas que estaban en la raíz. Los partidos podrían haberla aprovechado para fijar una línea roja sobre cuándo deben asumirse responsabilidades políticas o para pactar qué comportamientos deben catalogarse como corrupción. En definitiva, para romper las dobles varas de medir. En lugar de eso, ya habrá ‘fontaneros’ en los partidos haciendo lo que los anglosajones llaman ‘oppo’ (acrónimo de ‘opposition resarch’), el rastreo de detalles sobre la vida privada y pública del que será nuevo presidente para descubrir su talón de Aquiles. PAS se lo ha puesto difícil a sus adversarios porque la trayectoria de López Miras es muy corta en materia de gestión pública, pero al mismo tiempo muy fácil porque nace con el estigma de la temporalidad al servicio de un presidente en la sombra. No todos los líderes regionales verán en primera línea lo que suceda. PAS es el primero en pasar a segundo plano, pero los adversarios internos de Tovar y Urralburu velan armas para apartarlos antes del verano. Con Ciudadanos el pronóstico es más complicado. Todo se cuece en la sede central de un partido que recuerda a una marca franquiciada donde, a la vista está, lo importante son las recetas y no quien lleva el plato a la mesa.

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Morir matando

PAS agota los tiempos para producir el mayor desgaste a la oposición, que aún no tiene asegurado el éxito de la moción, y para pactar una salida digna con Rajoy. Podría llegar hoy mismo

La moción de censura presentada por el PSOE, a raíz de su imputación por cuatro presuntos delitos en el ‘caso Auditorio’, había puesto al presidente Pedro Antonio Sánchez en una delicada encrucijada: esperar un fracaso del órdago socialista por falta de apoyo de Ciudadanos o renunciar antes de la votación para facilitar que su partido, el más votado en las últimas elecciones, continúe gobernando la Región. Hasta ahora, todos sus pronunciamientos iban en la dirección de aguantar el pulso, aunque la dirección nacional del partido y quienes conocen al presidente dan por hecho que, llegado el caso, Sánchez se apartará en el último momento si peligra la gobernabilidad del PP. Lo contrario sería difícilmente explicable para los votantes murcianos de ese partido, porque las alternativas en liza son un Gobierno del PSOE, con el apoyo de Podemos, que quizá podría incorporarse al Ejecutivo, o unas elecciones anticipadas en seis meses, como pide Ciudadanos. Esperar a que decidiera la Justicia se convirtió en un desiderátum imposible desde el momento en que se puso en marcha la maquinaria estatutaria de la moción de censura. Y en esas estábamos cuando la tormenta perfecta que temía el Partido Popular descargó finalmente a mediodía de ayer.

Pese al pronunciamiento contrario de la Fiscalía Anticorrupción, no así de las dos fiscales del caso, el juez Velasco remitía desde la Audiencia Nacional una exposición razonada al TSJ de Murcia, solicitando que se investigue al presidente por otros tres presuntos delitos relacionados con la operación ‘Púnica’. Todo un jarro de agua fría en pleno Comité Ejecutivo Nacional del PP, reunido en Madrid, bajo la presidencia de Rajoy, quien después de la muerte de Rita Barberá había puesto en marcha con PAS la estrategia de resistir hasta el momento de apertura de juicio oral en los casos de imputación judicial. Y dos imputaciones son ya demasiadas para quien tenía medio pie en el abismo. No eran pocos en la Región quienes esperaban que PAS hubiera dimitido ayer mismo. ¿Por qué no lo hizo? Quienes se hicieron la pregunta olvidan que estamos ante un ‘animal político’ que ha recibido luz desde Madrid para gestionar los tiempos. Si políticamente va a pasar a mejor vida, estará pactando una salida digna con Mariano Rajoy, como su rehabilitación si ambos casos son archivados, e intentando convencerle de quién es su mejor sustituto. Además, si ha de morir políticamente, por un tiempo o para siempre, PAS lo hará matando. Hasta el último momento intentará causar el mayor desgaste a sus rivales, evidenciando un acuerdo tácito de PSOE, C’s y Podemos de cara a futuras citas electorales. Y no se puede ignorar el hecho de que a solo 24 horas de su inicio, la moción de censura no tiene su éxito garantizado por las discrepancias de socialistas y naranjas.

Sin embargo, el apoyo de Génova no es monolítico y a medida que transcurría la tarde de ayer comenzaba a agrietarse. La imputación por el caso ‘Púnica’ fue un mazazo después de un intenso desgaste por el seguimiento mediático nacional del ‘caso Auditorio’, en el que se han implicado todos los líderes nacionales. Tras varias semanas esperando sin éxito un archivo de ese caso, la aparición de la exposición razonada del juez Velasco tiró por tierra la esperanza de muchos en la dirección nacional del PP. Anoche empezó a cobrar fuerza la posibilidad de que PAS pudiera precipitar su salida a hoy mismo, una decisión que podría comunicar al Consejo de Gobierno y posteriormente al Comite Ejecutivo y a la Junta Directiva del PP regional, que fueron convocados a última hora de ayer para una reunión, a las 12.30 y de asistencia ineludible, en la sede del partido.

La situación política de Pedro Antonio Sánchez es difícilmente sostenible. El daño reputacional para la Región es ya insufrible y, pase lo que pase con la moción, no dispondrá de ningún apoyo parlamentario de Ciudadanos para sacar adelante los Presupuestos de 2018 ni ninguna otra iniciativa legislativa. Como al resto de ciudadanos, al presidente le asiste la presunción de inocencia, un derecho constitucional que rige en el plano jurídico hasta el momento en que un tribunal dicta sentencia. La nueva solicitud de investigación por tres delitos no menoscaba ese derecho, pero sin duda deja bajo mínimos su crédito político ante la opinión pública.

Si existe delito o no en su relación con la trama de ‘Púnica’ deberán dilucidarlo los jueces, pero el relato del magistrado Eloy Velasco, basado en más de 40 indicios (cuatro encuentros personales, declaraciones judiciales, ‘whatsapps’, ‘pinchazos’ de la Guardia Civil al cerebro de la trama, correos electrónicos…), resulta mucho más convincente que el ofrecido públicamente por Sánchez, quien siempre ha insistido en que si nada se firmó fue porque no se fió y no le interesaba lo que le ofrecieron para limpiar su reputación en internet. Olvidamos con frecuencia que no solo lo que se prueba delictivo en los tribunales merece reproche social, como el incumplimiento de la palabra dada. La credibilidad del presidente está hoy cuarteada y eso en sí mismo es ya motivo suficiente para que, sin necesidad de que nadie se lo pida, reflexione sobre la conveniencia de su continuidad al frente de la institución que nos representa a todos. Sánchez encara dos instrucciones de carácter penal por siete presuntos delitos y eso es difícilmente compatible con la presidencia de una comunidad autónoma, que se ve castigada desde hace dos meses de manera inmisericorde en su reputación colectiva. Y eso es injusto para toda la sociedad murciana, que no puede estar permanente sobresaltada por las revelaciones judiciales que afectan al primero de sus ciudadanos. La vida política de Pedro Antonio Sánchez no está cerrada mientras no exista una sentencia judicial firme y es comprensible que quiera resolver esta crisis institucional de la mejor manera para su partido, pero su tiempo empieza a agotarse. Si no lo gestiona bien, el daño se extenderá al conjunto de su organización política, lo último que, estoy convencido, él desea.

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Apoyar al Mar Menor

La Comunidad prepara un plan de medidas urgentes para imponer un código de buenas prácticas agrícolas y prevé sancionar con multas de hasta 100.000 euros los vertidos al Mar Menor. A falta de conocer la opinión de los científicos y de todos los sectores afectados, esta iniciativa que tendrá rango de ley parece, en principio, positiva, aunque insuficiente ante el enorme trabajo pendiente para dotar de un blindaje integral contra las amenazas, de distinto origen, a las que se enfrenta nuestra singular laguna. El seguimiento de sus aguas que realiza el comité científico indica una paulatina mejoría, aunque la situación sigue siendo delicada y es necesario mantener y multiplicar la vigilancia para recuperar un buen estado de salud que llegó a estar en punto crítico por la acumulación de muchos años de desidia administrativa y comportamientos medioambientalmente irresponsables. Los científicos, ecologistas, vecinos y hasta la propia Confederación Hidrográfica del Segura alertaron de los peligrosos efectos de los vertidos de nitratos, aunque no fue hasta la apertura de diligencias por parte del fiscal de Medio Ambiente, a raíz de un reportaje de ‘La Verdad’ sobre la rambla del Albujón, cuando el Gobierno regional se puso apresuradamente a buscar soluciones. Hoy hay un generalizado consenso social y político sobre la necesidad de proteger el Mar Menor, lo que obliga a todos a denunciar las amenazas, promover el debate público y aportar soluciones. Desde la responsabilidad es posible hacer todo eso sin contribuir a destrozar las expectativas de miles de ciudadanos que viven del turismo en sus orillas. Hoy resumimos en diez los innumerables atractivos de este paraje único que siguen convirtiéndolo en una joya natural que merece ser visitada. También así se apoya al Mar Menor. Desconozco si además de impulsar, junto a Costas, la recuperación de las playas marmenorenses, el Gobierno regional ha puesto en marcha alguna iniciativa para mejorar la percepción turística de la comarca de cara a la Semana Santa. Desde la humildad y el vínculo sentimental que nos une al Mar Menor, hoy hacemos nuestra particular aportación.

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El día después

Lo peor de esta crisis institucional es que ninguna de sus posibles salidas permite vislumbrar un escenario de gobernabilidad estable como el que precisa la Región de Murcia para hacer frente a sus desafíos colectivos

Andrés Hurtado, el médico protagonista de ‘El árbol de la ciencia’, la novela publicada por Pío Baroja en 1911, se desplazó a un pueblo llamado Alcolea del Campo, donde los liberales (allí conocidos como los Ratones) y los conservadores (los Mochuelos) pugnaban por el poder con las artes propias de la política caciquil. «Andrés discutía muchas veces con su patrona. Ella no podía comprender que Hurtado afirmase que era mayor delito robar a la comunidad, al Ayuntamiento, al Estado, que robar a un particular. Ella decía que no; que defraudar a la comunidad no podía ser tanto como robar a una persona», escribió Baroja. «Cuando le hablaban de política, Andrés decía a los jóvenes republicanos: No hagan ustedes un partido de protesta. ¿Para qué? Lo menos malo que puede ser es una colección de retóricos y de charlatanes; lo más malo es que sea otra banda de Mochuelos o de Ratones.
-¡Pero, don Andrés! ¡Algo hay que hacer!
-¡Qué van ustedes a hacer! ¡Es imposible! Lo único que pueden ustedes hacer es marcharse de aquí».
Más de un siglo después, con sus imperfecciones, España ya no es el país descrito por la Generación del 98. Nuestra democracia es equiparable a la de las sociedades más avanzadas. Pero aún hay españoles, como la patrona Dorotea, que no «tienen por ladrones a quienes defraudan a Hacienda». Y persisten en muchos lugares las disputas políticas, a cuenta de presuntos despilfarros o corruptelas con el erario público, entre mochuelos, ratones, retóricos y charlatanes. Viendo el espectáculo de las últimas semanas en Murcia es verdad que entran ganas de salir corriendo, como hizo Hurtado en Alcolea. Pero si la raíz de lo retratado por Baroja era la falta de sentido social y de instinto colectivo de muchas comunidades locales, lo menos cívico en nuestros tiempos sería permanecer mudo y mucho menos salir por piernas. Como si, por otra parte, lo que sucede hoy aquí no puede pasar mañana en cualquier otro lugar de España. Mientras en la Región empezamos a estar ahítos de este bochornoso ‘Murcia a tope’ y los líderes nacionales practican el ajedrez con sus peones locales, el juego de tronos puesto en marcha tras la imputación del presidente Pedro Antonio Sánchez mantiene atrapados a los telespectadores de todo el país. No se trata de un asunto menor. Todo lo contrario. El interés público e informativo de nuestra mayor crisis institucional en décadas es indiscutible. Y aunque a muchos del resto de españoles les importe un higa los problemas de los murcianos, bien por indignación, bien por curiosidad, nadie quiere perderse el final de esta película, por muy malo que sea el nivel interpretativo del teatrillo. A la espera del desenlace veremos más de lo mismo: Ciudadanos meterá presión y miedo al PP y a sus votantes; el PP hará lo propio con C’s y sus votantes; el PSOE hará otro tanto con el PP para lograr lo que no pudo alcanzar en las urnas durante 22 años y Podemos se sumará, con sordina, para no meter miedo a C’s y sus votantes. Todos pertrechados de sus razones y actuando, legítimamente, con los mecanismos democráticos previstos en nuestro Estatuto.
A día de hoy, el desenlace parece previsible. Salvo sorpresa, el PP retendrá el Gobierno regional. Bien porque la moción de censura no cuaja o porque PAS dimite antes para que su partido no pierda el gobierno. Pero en una Región donde políticamente todo es posible, lo prudente es no anticipar acontecimientos. Quizá nos encontremos con un acuerdo para convocar elecciones en seis meses, lo que significaría una paralización administrativa de medio año y que los murcianos sean llamados a las urnas para resolver un problema de ingobernabilidad de inequívoco origen político. En mi opinión, la Región no puede permanecer anclada en la inestabilidad, sufriendo un inmerecido desgaste reputacional mucho más tiempo. Pronto arrancará la negociación de la financiación autonómica. Y habrá que pelear las inversiones del Corredor, impulsar la regeneración de Portmán, recuperar y proteger el Mar Menor, tener voz en la reforma educativa, inclinar la balanza hacia las energías renovables… Todo ello precisa de un Gobierno estable con robusto apoyo parlamentario. Lo peor de esta crisis es que ninguna de sus posibles salidas, con PAS, Tovar o el sursuncorda al frente, permite vislumbrar ese escenario de sólida gobernabilidad que precisa la Región. Ojalá me equivoque y este pesimismo sea producto de leer a Baroja en Murcia.

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