La Verdad
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Categoría: Cartas del director
El arte nuevo de hacer comedias

Cuando en 1597 murió la infanta Catalina, hija de Felipe II, y se decretó en señal de duelo el cierre de los teatros públicos de Madrid, los moralistas más conservadores intentaron que la clausura de los corrales de comedias fuese permanente con el argumento de que eran una escuela de comportamientos pecaminosos para un público incapaz de distinguir con claridad entre la ficción y la realidad. A ello respondió la Villa de Madrid con un escrito dirigido al Rey donde se contraponía la función pedagógica de esas comedias que, a diferencia de las obras teatrales clásicas, congregaban a un abundante público. Frente a los detractores, el propio Lope de Vega argumentó no pocas veces que, al margen de su faceta lúdica y festiva, la comedia nueva era una oportunidad para hacer al público partícipe de los hechos históricos. Por fortuna, y por muy fuerte que a veces batieron las olas en estos siglos, el teatro sobrevivió. Y sobrevivirá.

Lo que resulta insoportable es la práctica del arte del fingimiento fuera de los escenarios, sobre todo cuando se traslada a la arena política y conduce a todo un país al limbo de un bloqueo institucional. Algún dramaturgo con talento estará ya trabajando para llevar a las artes escénicas el tragicómico episodio histórico que vive España desde el 20D. Inspirándose en Lope de Vega, quizás pueda explicar mejor que los politólogos cómo la política española se ha convertido en el arte nuevo de hacer comedias de nuestro tiempo. Acercándonos a los 300 días con un Ejecutivo en funciones, ya estamos en camino de superar a Irak y Camboya en el ‘ranking’ de países con más días sin Gobierno. Parece ficción pero es real. Y, a la vista de cómo se suceden los acontecimientos, ya nadie que contemple desde la distancia lo que está ocurriendo puede estar seguro de las verdaderas intenciones de los partidos que protagonizan esta situación insólita en nuestra historia democrática. Lo único cierto es que, tras la fallida investidura de Rajoy, crece la posibilidad de que seamos convocados de nuevo a la urnas. Un tercer acto programado para el día de Navidad de este ‘teatrillo’ que si se está haciendo interminable es quizá porque más de uno de los protagonistas se juega su supervivencia política. Todo ello genera una palpable desmoralización cívica. Ya no solo porque fracasa otro intento tras unas segundas elecciones. También por las formas que exhiben quienes son incapaces de alcanzar pactos. Cuesta digerir las acusaciones cruzadas de los principales partidos de querer provocar esa tercera llamada a las urnas y ver cómo formaciones minoritarias, pero decisivas por la aritmética parlamentaria, han dicho sucesivamente no a Pedro Sánchez y no a Mariano Rajoy. El cruce de reproches que puso colofón al segundo intento de investidura fue desalentador para una ciudadanía hastiada. Y no parece que nada vaya a cambiar hasta después del 25 de septiembre, cuando las urnas vascas y gallegas quizá propicien un cambio de actitudes.

En este contexto de bloqueo, de incertidumbre por la ausencia de un Gobierno central con plenas competencias, arranca precisamente un curso político en la Región de Murcia marcado por serios problemas de urgente resolución, como el agua que reclaman los regantes para no perder sus cosechas. Va a tener que emplearse a fondo el presidente Sánchez para arrancar de la ministra en funciones una solución que satisfaga a los agricultores. No están los ánimos para parches, sobre todo después de la situación creada en el Campo de Cartagena con el cierre de las desalobradoras que vertían nitratos al Mar Menor. Sánchez ha actuado con la contundencia debida para poner freno al alarmante deterioro de la laguna, pero, sorprendentemente, él que parece ir siempre acelerado, lo ha hecho con tardanza excesiva. La puesta en valor del Mar Menor para impulsar el turismo estaba en la mente del Gobierno regional desde el pasado verano y ya entonces se conocía en su gabinete de la existencia de la grave amenaza que estaban, desde hace años, ocasionando los vertidos en la rambla del Albujón. Si se hubiera empezado a actuar de forma integral hace un año, quizá se habría logrado minimizar los daños para la laguna y para los agricultores. No hay excusa posible para semejante error político, que solo hallará remisión si el proceso de degradación da muestras claras de regresión el próximo verano. Sánchez sabe que se la juega y no cabe suponer que pierda de vista el problema. La clave está en si acierta en diseñar una estrategia seria, respaldada por una ley regional, si es preciso, que ponga la conservación de la frágil laguna en el centro del resto de consideraciones y que se base en el diagnóstico de expertos independientes. Algo que, como se podrán imaginar, es mucho más complicado que regular las entradas de vehículos a Calblanque, lo que ha logrado este verano con acierto el Gobierno regional. Recuperar el Mar Menor y diseñar una estrategia para su desarrollo sostenible debería ser el asunto prioritario de debate de Gobierno y oposición cuando la Asamblea reanude su actividad.

Hoy, Pedro Antonio Sánchez adelanta a ‘La Verdad’ su propuesta para que la Comunidad asuma, a través de la reforma del Estatuto, las competencias en Costas, como ya tienen Andalucía y Cataluña. Una iniciativa atrevida que no dejará indiferente a nadie y que, a buen seguro, generará un intenso debate entre los grupos políticos, los sectores productivos, ayuntamientos y organizaciones ecologistas. Para sacar adelante su plan necesitará apoyos en la Asamblea y luego el refrendo por mayoría absoluta en las Cortes. Tal y como están las cosas, no lo va a tener fácil. Ni aquí ni allí.

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Amok, pokémon y otras (malas) hierbas

El mundo que a finales del siglo XVIII exploró el capitán James Cook, descubriendo islas y costas en el Océano Pacífico que eran desconocidas en Europa, era la antítesis del planeta interconectado que hoy conocemos. Cook documentaba cuanto veía en sus cuadernos de viaje. Lo hizo en 1770 al desembarcar en la isla de Java y hoy sabemos por sus apuntes que existía un extraño comportamiento entre algunos nativos. Se trataba de súbitos brotes de violencia y rabia salvaje que les hacía salir a la calle armados con machetes, matando a todos los que encontraban a su paso hasta que eran apresados, asesinados o se suicidaban. Un paroxismo homicida al que los indígenas llamaban ‘amok’. Un poco más de un siglo después empezó a considerarse un trastorno psiquiátrico de carácter cultural, pero circunscrito a esa región malaya. Sin embargo, hoy se sabe que el ‘amok’ es un síndrome existente en todos los países, diferenciándose únicamente en los métodos y las armas empleadas. Puede ser un machete malayo, una katana japonesa, un kalashnikov ruso o una escopeta española de caza, como ocurrió en Puerto Hurraco o hace unos días en Bullas. La cultura se convierte en un factor modulador que determina cómo se manifiesta el ‘amok’, pero no si éste ocurre o no.
Cuando hace una semana llegaron las primeras noticias, todavía confusas, de un tiroteo indiscriminado en un centro comercial de Múnich, Europa se estremeció ante la posibilidad de que fuera otro ataque yihadista en plena escalada de terror del Estado Islámico. Sin embargo, el autor de las ocho muertes por disparos resultó ser un joven germano, hijo de asilados iraníes y en tratamiento psiquiátrico, que había planificado su matanza durante un año. En 2012 había sido víctima de acoso escolar y acabó desarrollando fobia social. En una mochila encontrada en su dormitorio, la Policía halló un ejemplar del libro ‘Amok, por qué matan los estudiantes’. Si David Ali Sonboly sufrió un acto de locura de tipo ‘amok’, o fue una masacre planificada a conciencia, quedara en el aire porque el joven se suicidó antes de poder ser detenido.
El nexo que une al yihadista que asesinó a 85 personas con un camión en Niza y a este joven inadaptado que mató a otras 8 en Alemania, por motivaciones muy diferentes, radica en que ambos eran lobos solitarios, aunque no vivían en una aldea aislada como los ‘amok’ de Java, sino en una aldea global interconectada, donde el efecto de emulación y de uniformidad cultural se ha multiplicado exponencialmente. Ya no es necesario que los jóvenes europeos viajen a Siria, Irak o Afganistán para radicalizarse o entren en contacto con perniciosas influencias en sus barrios. El autor del atentado de Niza, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un tunecino que sufrió problemas psicológicos durante años, se radicalizó rápidamente a través de internet, como prueban sus consultas en buscadores de la Red. Por su parte, el asesino de Múnich se documentó a conciencia sobre crímenes como el de la Universidad de Columbine y la escuela de primaria de Sandy Hook, haciendo coincidir su masacre con el quinto aniversario de la matanza de 69 estudiantes noruegos por los disparos de Anders Breivik. Para conseguir el arma, una pistola Glock, el joven de Múnich recurrió a la ‘deep web’, una zona oscura de internet que es inaccesible sin programas especiales y difícil de rastrear por las Fuerzas de Seguridad.
El efecto de emulación a través de internet es mucho más poderoso que el de la televisión, cuyos contenidos están sometidos a mayor control y tienen un efecto más limitado en la generación de conductas violentos. Cuando en España aparecieron en 1990 las televisiones privadas y el sector se decantó por el modelo italiano (grandes audiencias con contenidos de baja calidad) comenzó un declive cultural de profundas consecuencias para España. Que muchas jóvenes quieran ser hoy como Belén Esteban, o como la esposa del futbolista David Beckham, una ‘triunfadora’ social que se jactaba de no haber leído nunca un libro, es desastroso, aunque tanta estulticia contagiosa no parece un problema en términos de seguridad ciudadana o de convivencia pacífica. Las actitudes agresivas generadas por la ‘caja tonta’ desaguan en las redes sociales, donde la cosa adquiere otro cariz menos amable porque ese entorno digital ampara el anonimato, propiciando el ataque impune, y cualquiera puede ser interpelado, aunque no lo quiera. (Las generaciones posteriores a la mía no han pisado nunca una taberna de cuartel, pero cuando desapareció el servicio militar obligatorio alguien inventó Twitter, que en el plano discursivo se parece mucho: frase corta, mucha gracieta y excesos a tutiplén entre personas que de otra forma nunca habrían contactado entre si).
Quienes están creciendo hoy buscando Pokémon en el móvil por las calles son presas propicias para el nuevo consumismo digital desaforado contra el que se rebelan voces autorizadas, entre ellas la del escritor Andrew Keen. Autor de dos libros muy recomendables, el último llamado ‘Internet no es la respuesta’, muestra el envés de un negocio digital que está en manos de un puñado de empresas californianas, que no generan empleo sino que lo destruyen a nivel mundial, generando más desigualdad social, mientras eluden el pago de impuestos en la mayoría de países donde operan. Keen no es un tecnófobo ni renuncia a las enormes ventajas del universo digital, pero advierte sobre las consecuencias de los excesos de una tecnología disruptiva que nació como una utopía, ideada por físicos que querían compartir conocimientos sin fronteras, y ha mutado en una distopía, bajo el control lucrativo de esas pocas empresas que fijan las reglas. «Kodak tuvo que despedir a 43.000 empleados arruinado por Instagram, que tenía 14. Una librería creaba 47 empleos por cada 10 millones de dólares de ventas; hoy, por esa facturación, Amazon crea 15; General Motors empleaba a 200.000 personas cuando valía 55.000 millones; Google vale 400.000 y emplea a 46.000», declaró recientemente Keen a ‘La Vanguardia’. Estoy convencido de que si viviera el capitán Cook hoy pensaría que Internet ‘is running amok’ (fuera de control).

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La hipérbole veraz

Unos cruzan más que otros la frontera entre la verdad y la mentira, pero lo sustancial de este ‘momento populista’ es que hay sitio para todo el que quiera, sin importar de qué punto del espectro ideológico proceda

El 76 por ciento de las declaraciones de Donald Trump encierran algún grado de falsedad, según la prestigiosa web estadounidense ‘Politifacts’, especializada en comprobar la veracidad de las declaraciones de los políticos. Y, sin embargo, el millonario norteamericano llegó el primero en la carrera de las primarias del Partido Republicano, que acaba de designarlo como candidato para la presidencia del país donde la mentira fue, históricamente, un pecado imperdonable para la clase política. El ‘caso Lewinsky’ pasó factura a Bill Clinton no tanto por su infidelidad matrimonial como por faltar a la verdad en su declaración jurada. Años antes, en el caso ‘Watergate’, Richard Nixon perdió la Casa Blanca por mentir a la opinión pública, más que por ordenar y tolerar que se espiara al Partido Demócrata. ¿Cómo es posible entonces el auge imparable del empresario Donald Trump en el mundo de la política estadounidense? Las razones son múltiples y complejas, pero para centrarse exclusivamente en su persona hay dos factores destacables. La primera es que Trump, como lo ha bautizado la publicación especializada ‘Politico’, es el ‘Populista Perfecto’. A diferencia del millonario Ross Perot, en los 90, o del gobernador de Alabama, George Wallace, a finales de los 60, Donald Trump se ha convertido en maestro de un populismo transversal que supera barreras ideológicas, movilizando a una amplía base social que desde hace décadas esperaba a su particular mesías. Y la segunda razón es que lo ha conseguido sin que le haya supuesto ningún coste que la mayor parte de sus afirmaciones sean falsas, aplicando con igual descaro a la política lo que venía haciendo en sus negocios durante mucho tiempo. «Yo lo denomino hipérbole veraz. Es una forma inocente de exageración y muy efectiva de promoción», escribió en 1987 en su libro ‘The art of deal’ (’El arte de negociar’).

La realidad es que no hay nada de inocente en ese comportamiento y mucho de lo que directamente quiere hacer pasar como una exageración enfática es sencillamente mentira. Ni hay inocuidad ni el menor atisbo de verdad cuando Trump afirma que vio en la ciudad de Jersey a «miles y miles» de personas celebrando en 2001 cuando la primera torre del World Trade Center se vino abajo. O cuando dice que el Gobierno de México manda a sus peores ciudadanos a Estados Unidos.

En este ‘momento populista’ a escala global, sobre el que ha teorizado la politóloga belga Chantal Mouffe, muchos políticos han perfeccionado la mentira intolerable como herramienta para atraer la atención de los medios y de la opinión pública. La campaña de los partidarios del ‘Brexit’ británico, con el eurófobo líder del UKIP Nigel Farage a la cabeza, fue todo un ejemplo de cómo la frontera entre la hipérbole veraz y la mentira es casi invisible. Han pasado semanas y todavía resulta difícil de asimilar cómo Farage, el día después del triunfo del ‘Brexit’, tuvo los arrestos de admitir públicamente que fue un «error» de la campaña prometer que el Reino Unido reubicará los 350 millones de libras semanales que paga a la Unión Europea en la sanidad pública británica. El departamento de Tesorería del Reino Unido ya había aclarado antes de la votación que la aportación real del Reino Unido podría estar en torno a los 136 millones de libras semanales, pero los impulsores del ‘Brexit’ dejaron que su hipérbole veraz se abriera paso en la opinión pública. Miente, que algo queda.

No hay que salir de España, ni siquiera de la Región de Murcia, para encontrar ejemplos de todo tipo de políticos que utilizan con frecuencia la hipérbole veraz. Desde los que practican el populismo más rancio de baile y verbena, basado en el agravio y el victimismo como elemento de cohesión y distracción, a los que construyen un relato político de fotonovela rosa, en base a un bombardeo de imágenes positivas para deconstruirse primero y resurgir después como adalides de la regeneración y la cercanía. También los hay que, desde el adanismo y una neolengua política alambicada, exageran sus méritos, diagnósticos y promesas para lograr ese respaldo popular. Unos cruzan más que otros la frontera que separa la verdad de la mentira, pero lo sustancial de este ‘momento populista’ es que hay sitio para todo el que quiera, sin importar de qué punto del espectro ideológico proceda.

Las hipérboles veraces no solo las utilizan los políticos. También las emplean algunas organizaciones que necesitan concienciar y llamar la atención sobre una determinada situación. Cuando los grupos ecologistas calificaron de ‘sopa verde’ al Mar Menor para alertar del realmente crítico proceso de eutrofización de la laguna hicieron uso de una hipérbole ilustrativa, bienintencionada y muy eficaz que tuvo su efecto positivo. El problema aparece si los medios de comunicación hacen suya esa hipérbole y la repiten sin cesar, descontextualizando el mensaje original y eludiendo la precisión a la que están obligados. Si las hipérboles veraces de Trump triunfan es porque hay medios que las amplifican hasta la extenuación y porque son el combustible de mayor éxito en las redes sociales. Lo segundo se puede entender, pero lo primero es más que discutible porque el primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad, siendo la veracidad el principal límite al derecho a la información. Si la labor de los medios se limita a replicar falsedades o verdades a medias en lugar de desenmascarar aquellas que hacen daño al interés general no es de extrañar la irrupción de este ‘momento populista’. Seguiremos propiciando otros Trump, Farage…

Decía Ortega que «la vida sin verdad no es vivible». Que somos el «ser que necesita absolutamente la verdad» hasta el punto de que, zoológicamente, debería clasificarse al ser humano «más que como carnívoro, como verdávoro». Nuestro filósofo hoy vería con horror los derroteros de la discusión pública, convertida en un juego de espejos en muchas latitudes del mundo, donde triunfan los que más se alejan de la verdad. Igual que aquellos otros populistas de su tiempo que cimentaron los peores totalitarismos.

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La cara ignominiosa del AVE

Corría 2010 y en plena crisis, la UE fijó límites al déficit público, conminando con mano de hierro al Gobierno de Zapatero a realizar ajustes estructurales. Llegó la reforma laboral, con la consiguiente primera huelga general de su mandato, la fusión de las cajas y su conversión en bancos, y la imposición de estrictos planes de control financiero a las comunidades y los ayuntamientos. Fue un año demasiado duro como para olvidarlo. La Comunidad Autónoma tuvo que emitir deuda para lograr liquidez y los recortes de gasto público del Gobierno de Valcárcel llevaron a la calle a los funcionarios murcianos en masivas protestas, mientras el paro engrosaba sus listas y crecían las colas ante los comedores sociales. La situación forzó un parón de las inversiones en infraestructuras, que castigó de pleno a las líneas del AVE en fase de construcción en todo el país. Aún así, el ministro de Fomento, José Blanco, tras reunirse con el presidente Valcárcel en octubre de 2010, ratificó el compromiso de que la alta velocidad llegaría a la Región en 2014. No solo eso. Habría estación del AVE en el aeropuerto de Corvera, como pidió Valcárcel, se impulsaría la autovía del bancal y por supuesto se relanzaría la variante de Camarillas. Lo sorprendente no es que nada de eso se haya cumplido. La historia de las infraestructuras de transportes en la Región, tanto antes como después de ese fatídico año, es un cadena de promesas, fechas y anuncios en Madrid y Murcia que no se han llevado a término. Lo que no cabía imaginar es que en esa época tan difícil para nuestra sociedad había quien en Murcia, Madrid y Alicante se estaba preparando, desde fuera del mundo de la política, para lucrarse a velocidad de vértigo con los tramos de la línea del AVE a la Región que comenzaron a adjudicarse en la Vega Baja.

El sumario de la ‘Operación César’, que ha conducido a la imputación de medio centenar de personas, entre ingenieros, constructores, administradores de empresas ‘fantasmas’, directores de banca y directivos de grandes adjudicatarias, es un paradigma de la corrupción más ruin. Diecisiete millones de euros procedentes de las arcas públicas fueron desviados de Adif entre 2010 y 2014 y acabaron presuntamente en manos de una trama corrupta que se enriqueció durante los años más duros de la crisis. Es una historia sórdida, con nombres y apellidos, que revuelve las tripas a cualquier persona con un mínimo de honestidad, pero que merece ser conocida porque cada euro desviado presuntamente de los fondos del AVE a la Región salió de los bolsillos de los ciudadanos. En lo más alto de esa trama organizada, según las investigaciones de la Guardia Civil y de Aduanas, aparece ni más ni menos que quien era el jefe de Infraestructuras de la línea del AVE al Levante, un septuagenario ingeniero llamado José Luis Martínez Pombo, decano de los colegiados en Castilla-La Mancha, quien aparentemente dedicó los últimos años de su vida profesional en Adif a prepararse una espléndida jubilación. Cuando las Fuerzas de Seguridad lo detuvieron el pasado mes de febrero en su piso de la calle Claudio Coello, en el barrio de Salamanca de Madrid, descubrieron que mantenía oculta en su vivienda y en cajas de seguridad de dos bancos una importante cantidad de dinero en efectivo (148.130 euros, 55.680 francos suizos, 44.978 dólares…). Las investigaciones de Hacienda revelaron que este exjefe de Adif se acogió a la amnistía fiscal de Montoro en 2012, justo cuando se habría producido el presunto desvío de fondos, para regularizar más de dos millones de euros en efectivo. Aún mantiene en un banco suizo una cartera de valores superior a los 400.000 euros y, por orden de la juez, los investigadores buscan en ese país el rastro de un millón de euros en cuatro cuentas a su nombre. Las unidades policiales del caso no encuentran justificación posible para semejante patrimonio, que se completa con numerosas fincas y viviendas en Beteta (Cuenca), Sevilla, Madrid, Toledo y Águilas.

No solo su abultado patrimonio le ha puesto bajo la lupa de la Justicia. Martínez Pombo firmó todos los acuerdos con el Juzgado de Aguas y la comunidad regantes de San Felipe de Neri para la reparación de las acequias afectadas por la línea de alta velocidad, así como todas las acreditaciones de gasto en las reparaciones realizadas por una pequeña constructora murciana, Obras Marimar, que presuntamente utilizó empresas ‘fantasmas’ para desviar con pagarés y facturas falsas más de siete millones de euros de obras ficticias. El dinero extraído en efectivo acababa, según la investigación, en manos de un ingeniero murciano a sueldo del Juzgado de Aguas de Orihuela, José Manuel Fernández Pujante, quien frecuentemente viajaba a la finca de Cuenca donde el exjefe de Adif solía invitar a directivos de las adjudicatarias. El patrimonio del ingeniero residente en Murcia también se incrementó de forma espectacular en esos años en los que la principal preocupación de sus vecinos era cuándo llegaría el AVE y si lo haría soterrado a la estación de El Carmen.

El sumario de la ‘Operación César’ no es un caso aislado. El pasado mes de junio, la Guardia Civil practicó 14 detenciones y varios registros en Barcelona y Madrid, en una operación contra una red acusada de inflar facturas hasta generar un sobrecoste de 82 millones en tres obras del AVE cercanas a la estación de La Sagrera de Barcelona. La investigación judicial tuvo su origen en una denuncia de Adif ante la Fiscalía. Junto al saqueo de las arcas públicas por tramas de funcionarios y empresas, la historia del AVE en España ha estado marcada por los sobrecostes y los modificados de obra que han disparado su factura total y ralentizado su ampliación a las principales capitales de provincia. Solo en la línea Madrid-Barcelona, el precio de los contratos adjudicados se disparó un 21% sobre la previsión inicial. El AVE, uno de los iconos de la modernidad de España, tiene también una cara sucia llena de historias ignominiosas.

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Choque de trenes en la Asamblea

Hoy arranca el debate sobre el estado de la Región y mi duda es cuán bronco será el choque dialéctico entre gobierno y oposición. Que abandone toda esperanza quien espere autocrítica en el Ejecutivo o algún reconocimiento de la otra parte. El acuerdo que permitió modificar los Presupuestos, por un pacto entre PP y PSOE, fue puntual y por la presión de los alcaldes socialistas, que se hubieran visto perjudicados. Todo apunta a un duelo entre el triunfalismo de unos y el catastrofismo de otros, en línea con los últimos tiempos.

Crecido por los resultados electorales del PP, el Ejecutivo aún no se ha bajado de la nube del 26J. Anda tan pasado de revoluciones en su carrusel de fotoanuncios y gestos, jugando todos para el delantero PAS, que ni se percata de sus errores. Está bien que se abran más tramos de la Costera Norte de Murcia si ya pueden utilizarse, pero a cuento de qué ese corte de cinta con una obra inacabada y esa nota de Presidencia dando por terminado el cinturón si falta el paso por la autovía con su correspondiente viaducto. Y cómo es posible que una genetista tan rigurosa como la consejera Guillén acierte al calificar de «hecho histórico» la pionera aplicación de células madre mesenquimales fucolisadas en La Arrixaca, y a continuación se exceda al asegurar que «permitirá hacer frente a importantes retos asistenciales», tratándose aún de un ensayo clínico en fase I/II para comprobar la seguridad de la terapia, con un solo paciente y pendiente de publicación científica.

Si se repiten los últimos debates en la Asamblea, el protagonismo lo coparán Sánchez y Urralburu, dado que la oratoria parlamentaria es el punto débil de González Tovar y del portavoz naranja Miguel Sánchez. Los portavoces de la oposición llegan con pobre balance en las urnas y sin haber hecho un ejercicio realista de autocrítica, especialmente Podemos, que dice que cambiará lo que mejor le ha funcionado aquí (la comunicación), quizá para no tener que asumir que fue un error histórico su pérdida de transversalidad y vocación de partido mayoritario por el acuerdo con IU. Si el principal reproche va a ser que el Gobierno está fuera de la realidad, visto el veredicto de las urnas la oposición tendrá que hacérselo mirar. Guste o no, el 26J dejó claro que la denuncia de la corrupción es un discurso político amortizado que ya pasó toda factura posible a los populares. Ciudadanos empieza a notarlo en sus apoyos electorales porque era su principal baza en la Región, si no la única. Mucho mejor deberá hacerlo la oposición para doblegar al PP regional, al que se le ve con más organización y motivación en el terreno de juego. Y aunque la sobreexcitación les lleva a cometer errores, también cosechan aciertos y son más previsibles. Si PSOE y Ciudadanos no introducen un revulsivo en sus liderazgos, lo tienen crudo a medio plazo frente a un PP muy movilizado que roza el culto a la personalidad con PAS. Aunque desde fuera tanta adulación sonroja, parece que les funciona.

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Contratos bajo la lupa

Hay muchos desafíos urgentes para recuperar la confianza de los ciudadanos en la política. Ya no basta con que los gobernantes tengan los bolsillos de cristal, como dijo en su día el alcalde Tierno Galván. Un reto acuciante, como apuntó el Consejo Económico y Social de España, es acabar con la corrupción en la contratación pública. «Socava las instituciones, provoca desafección ciudadana respecto a los poderes públicos y, en última instancia, pone en cuestión el Estado de Derecho», subrayó el CES, al dictaminar sobre el borrador del anteproyecto de Ley de Contratos del sector público, presentado el pasado año por el Ministerio de Hacienda y hoy en vía muerta por el parón legislativo causado por las elecciones. El objetivo del equipo de Montoro era adaptar la legislación nacional a dos directivas europeas para mejorar la eficiencia a través de la contratación electrónica, simplificar y abaratar los procedimientos, incluir en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación, y sobre todo, mejorar la transparencia de cara a evitar posibles casos de corrupción. El volumen de recursos que moviliza la contratación pública representa el 15,5% del PIB nacional, lo que explica que sea una de las áreas más propensas a las corruptelas. No solo por el volumen de dinero en juego sino también, según el CES, porque el margen de discrecionalidad de la administración contratante es muy elevado en las distintas fases del procedimiento de adjudicación. Uno de los objetivos del anteproyecto es restringir la fórmula de la contratación sin publicidad que, pese a ser excepcional, es hoy la más empleada por las administraciones públicas en España. Según datos de la Plataforma de Contratación, desde 2009 los contratos negociados sin publicidad superan ya a los adjudicados por procedimiento abierto, más transparentes por el anonimato de las ofertas, la publicidad de la licitación y la supervisión de una mesa de contratación.

Los legisladores nacionales y europeos han puesto la lupa en los contratos negociados sin publicidad porque, siendo útiles en situaciones de urgencia, limitan la libre concurrencia y tienen un importante componente a dedo que favorece los ‘dedazos’: son las administraciones las que designan a los licitantes, pudiendo reducir a tres el número de empresas que son invitadas a optar en base a un pliego y unas ofertas que no quedan bajo el control de una mesa de contratación, sino generalmente en manos de un cargo electo. Lo que la ley estipulaba para casos excepcionales, las administraciones públicas lo han convertido en la herramienta habitual para contratar obras que cuestan de 50.000 a 200.000 euros y servicios y suministros que oscilan entre 18.000 y 60.000 euros. Esa mayor opacidad y riesgo de arbitrariedades han supuesto en todo el país un coladero para el clientelismo o irregularidades que derivan en múltiples casos de presunta corrupción. Por citar un único ejemplo ahí está la rama de la ‘Púnica’ en la Región de Murcia, donde el juez investiga una contratación negociada sin publicidad por el Instituto de Turismo, al que se presentó la presunta trama con una oferta real y dos ‘fantasmas’. Este tipo de casos no son excepcionales, lo que no significa, como es lógico, que tras los miles de contratos públicos negociados sin publicidad haya conductas prevaricadoras. Que el alcalde de Cartagena, José López, se haya comprometido a reducirlos, a aumentar la transparencia, y a poner en marcha medidas para eliminar sospechas de favoritismo, es una decisión sensata y acertada tras su irreflexiva reacción inicial, con una catarata de insultos y amenazas, ante la publicación por este periódico de que el Ayuntamiento había adjudicado a una empresa de su primo hermano un contrato negociado sin publicidad, cuyo único criterio de adjudicación es el precio. Entonces, como ahora, nuestra opinión es que, pese a que el proceso se ajuste a la legalidad, resulta poco estético que la Concejalía de Contratación designe como licitante, por invitación, a una empresa de sonido de un familiar directo del alcalde para el montaje de exposiciones. Más aún en una Corporación donde, como ha venido informando este diario, en la etapa de Pilar Barreiro existió un abusivo uso de estos procedimientos opacos de contratación, lo que debería obligar a extremar la transparencia para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Es llamativo, por otra parte, el desconocimiento de muchos responsables municipales sobre los problemas legales que están originando en España los contratos públicos negociados sin publicidad, fundamentalmente aquellos que utilizan el precio como un único criterio de adjudicación. Numerosos ayuntamientos españoles, como el de Cartagena, siguen utilizando la fórmula de la subasta, en desuso desde la reforma de la ley en 2011, obviando el posterior proceso de negociación de las ofertas económicas, cosustancial a este procedimiento, como vienen reiterando numerosos órganos consultivos y tribunales administrativos. El resultado está siendo la nulidad de pleno derecho de muchas adjudicaciones en los tribunales. Es verdad que en algunos casos no cabe la negociación porque, como es fácil de comprobar, sencillamente se aceptan ofertas que rozan la baja temeraria.

La reforma de Montoro pretende pinchar el globo de los negociados sin publicidad con un nuevo procedimiento abierto simplificado, con una duración muy corta de contratación (un mes) y publicación obligatoria en internet. Pero no conviene hacerse demasiadas ilusiones sobre su eficacia en la lucha contra posibles corruptelas. Así lo cree el CES: «Esta reforma de la legislación no aborda este grave problema con la suficiente ambición y profundidad, desaprovechando la ocasión para introducir de manera transversal cuantas disposiciones, procedimientos y cautelas sean necesarios». El anteproyecto de ley, que sigue sin resolver los conflictos de intereses ni la protección de los empleados públicos frente a las presiones políticas, puede quedar a la postre en una mera declaración de intenciones si no cambia su redacción actual.

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