La Verdad
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Categoría: Cartas del director
El tabú, la impolítica y el AVE

Es comprensible la desconfianza ante el acuerdo sobre el soterramiento con Adif. No es una panacea ni una garantía absoluta, pero nadie pone sobre la mesa una alternativa factible que hoy sea mejor para el interés general

Jean-François Revel, el pensador liberal que transitó desde la oposición al nazismo a la denuncia del marxismo soviético, decía que cuando la censura desaparece en las democracias perduran otras cortapisas a la libertad de expresión e información. «Los prejuicios, la parcialidad, los odios entre partidos políticos y las familias intelectuales alteran y adulteran los juicios e incluso las simples comprobaciones», afirmaba en su obra ‘El conocimiento inútil’. Para Revel, eliminada la censura, la mayor mordaza en democracia es el tabú.

España ya no es ese país donde el periodista Manuel Chaves Nogales, por denunciar los totalitarismos de todo signo hace 80 años, decía que «era perfectamente fusilable por ambos bandos». Pero por nuestro secular frentismo de trincheras, sigue existiendo hostilidad a quienes no muestran apego a ninguna bandería. Y aunque ya no padecemos la censura, persisten los tabúes. Uno de ellos es apuntar que la parte más débil en un conflicto, teniendo gran parte de razón, no la tiene por completo, por ejemplo en la polémica por el soterramiento del AVE en Murcia. De hacerlo, como decía Revel, uno debería de inmediato señalar todos los errores garrafales de la parte más fuerte, pero ya lo he hecho tantas veces en este caso que hoy se lo ahorro al lector. La Plataforma Pro Soterramiento, reitero, es el único actor en este tema que siempre ha mantenido la misma posición. Está totalmente en lo cierto cuando afirma que, con el proyecto constructivo pactado con Adif, los trenes entrarán en superficie a El Carmen durante más de un año, y puede que dos o tres, hasta que se soterre la estación, ya que esa parte no comenzará hasta que esté redactado el proyecto a finales de 2016.
La Plataforma exige cumplir lo pactado en el Convenio de 2006, aunque no incide por igual en la globalidad de ese acuerdo, que no incluía plazos de ejecución. De la financiación del proyecto, que ha sido la clave de su incumplimiento junto a la ineficacia de los políticos de Murcia y Madrid, hoy nadie habla, incluidos todos los grupos municipales. El soterramiento estaba presupuestado en 195 millones de euros, de los cuales 84 millones los aportaría la Sociedad Murcia Alta Velocidad con las plusvalías de la operación urbanística asociada. El resto, 110 millones, serían sufragados por Fomento (66%), la Comunidad (26%) y el Ayuntamiento (6%). El coste del nuevo proyecto no se sabrá hasta que esté terminado su estudio, pero se calcula en 450 millones, más del doble de lo previsto. De las plusvalías no se ha obtenido un euro, de forma que todo el dinero saldrá directamente de los presupuestos de las tres administraciones públicas. Eso significa que el coste per cápita para los habitantes de Caravaca, Águilas o San Javier del soterramiento en Murcia será muy superior y en un contexto económico mucho menos favorable que en 2006.
Dicho eso, el soterramiento integral de las vías es tan necesario como urgente. Debía estar hecho hace mucho tiempo. Primero, por los vecinos que tienen su vida partida por los trenes. También por todos los ciudadanos de Murcia, que se merecen infraestructuras ferroviarias dignas y una conexión por AVE como otras decenas de capitales de provincias. Si el coste ahora es superior para el conjunto de ciudadanos, hágase desde luego, pero con maximalismos hoy corre más riesgo el soterramiento que el AVE. Y necesitamos avanzar en ambas cosas. Ya no es posible disponer del soterramiento antes de la llegada del tren. Dejarlo en Beniel, a más de media hora por carretera secundaria del centro, hasta que esté toda la obra o soterrada la estación, ni es realista ni justo para quienes, pagando parte del proyecto, viviendo en Cieza o Lorca, tendrían muy complicado su acceso al AVE y al propio centro de Murcia por vía ferroviaria. El acuerdo entre Comunidad, Ayuntamiento y Fomento no es una panacea ni una garantía absoluta, pero sobre la mesa nadie pone una alternativa factible que hoy sea mejor para el interés general.
Es comprensible la desconfianza de la Plataforma. Hasta 2017 verá soterrado solo el paso de Santiago el Mayor y llegar trenes en superficie un año o dos más. Qué ciudadano de la Región no va a recelar de un Gobierno de Madrid en materia de infraestructuras ferroviarias (Camarillas, ni una sola vía electrificada…). La desconfianza es una virtud cívica, pero tiene sus límites razonables. Lo explica bien el historiador Pierre Rosanvallon en su obra ‘Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza’ (2007). Representante de la nueva izquierda francesa, moderna y liberal, Rosanvallon escruta el positivo papel de las organizaciones sociales que vigilan, analizan, critican e interpelan a los poderes públicos en nuestras democracias. El objetivo de este poder indirecto diseminado por el cuerpo social «es velar por que el poder sea fiel a sus compromisos y eso permita mantener la exigencia inicial de un servicio al bien común». La contrademocracia no sería, por tanto, lo contrario a la democracia, sino su contrafuerte. El problema es que es muy frágil la frontera con su peor peligro, el populismo, que conduce a la «impolítica, donde la preocupación activa y positiva de vigilar la acción de los poderes se transforma en una estigmatización compulsiva y permanente de los gobernantes hasta convertirlos en una suerte de potencia enemiga». Frente a la política, entendida como el arte de lo posible, la impolítica nunca conduce a la construcción de un proyecto positivo ni al bien común. Los movimientos sociales que han dado el salto a las instituciones, para hacer política, deberían reflexionar. También los nuevos partidos que aún andan cortos de sentido institucional.
Finalmente, este viernes, toda la oposición expresó en el Pleno municipal su rechazo al acuerdo con Adif e instó a iniciar la paralización del primer tramo, cuya legalidad está puesta en entredicho por el fiscal y por los servicios jurídicos de la Corporación, en un informe preliminar, por falta de declaración de impacto ambiental. El criterio de Adif difiere y probablemente el asunto terminará en contencioso administrativo. Y así acaba otra semana política murciana. De nuevo con incertidumbre sobre el AVE y el soterramiento.

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Astroturismo

El turismo es una industria que despunta si hay empresarios y emprendedores que apuesten por esta actividad. El avance será insuficiente si no exportamos a esta área estratégica el modelo de éxito de nuestro sector agroalimentario

Si preguntáramos a un astrofísico por el turismo en la Región de Murcia, después de aportarle una mínima información estadística, es probable que nos dijera que encuentra similitudes con la ‘paradoja de Fermi’. Se llama así a la contradicción existente entre la altísima probabilidad científica de que haya numerosas civilizaciones extraterrestres y la ausencia total de contacto con ellas. La cosa no llega a tanto porque tenemos la certeza absoluta de que hay millones de turistas en Europa que buscan muchas horas de sol y de hecho ya hemos contactado con ellos. Donde estriba nuestra paradoja es en el hecho de que, teniendo los atractivos para ser ‘colonizados’ todo el año por decenas de miles de extranjeros, estamos aún a ‘años luz’ en visitantes que Alicante. La cifra de 359.256 turistas europeos en el primer semestre, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior, no está nada mal para la Región. Demuestra que en los últimos tiempos se estaban haciendo las cosas bien, aprovechando un contexto internacional favorable, pero lo cierto es que aún estamos lejos de nuestras máximas posibilidades.

Si siguiéramos preguntando al astrofísico por las razones de nuestro atraso turístico, nos apuntaría varias hipótesis. Una, que lanzamos mensajes al exterior de manera intermitente y que nuestras señales no son bien entendidas cuando se reciben. En otras palabras, que la promoción exterior de la Región en los mercados turísticos empezó tarde, es débil, fluctuante, confusa y poco persistente en el tiempo. La segunda explicación del científico sería que estamos demasiado lejos y eso explica el menor índice de visitantes. No se equivoca. Entre Águilas y el aeropuerto de San Javier hay 105 kilómetros, 174 kilómetros si la referencia es el Altet de Alicante. No le pidamos a un turista británico o nórdico que dedique cuatro horas de su corto fin de semana a desplazarse por las carreteras murcianas y hagamos lo posible por abrir cuanto antes el aeropuerto de Corvera. Si es posible, haciendo una inteligente gestión de las tarifas aeroportuarias, como el Puerto de Cartagena, para conseguir ser un destino de interés para las compañías aéreas.

Como es natural, los astrofísicos no tienen ni idea de turismo, un área especializada de conocimiento en la que nos estamos faltos de expertos porque España es una potencia mundial que este año batirá su propio récord de visitantes extranjeros. Que sean estos especialistas los que ayuden a los representantes públicos a marcar la hoja de ruta y fijar prioridades, a partir de un modelo turístico bien estudiado, sostenible y de calidad, que vaya acompañado de una suficiente asignación de recursos y de un empeño estratégico de la Administración regional. Esos expertos podrán aclararnos por qué el Mar Menor, una laguna con todos los ingredientes únicos para ser un enclave de enorme atractivo turístico, no es hoy uno de los principales destinos españoles. Nos va mucho en ello porque el turismo está siendo, junto a la agricultura, el área estratégica que más está contribuyendo a la recuperación de puestos de trabajo en la Región. En el primer semestre del año, el empleo en el sector creció un 16%, con un alto índice de contratos indefinidos. Son 34.112 afiliados a la Seguridad Social que pueden llegar a 41.000 en tres años. El nuevo Gobierno regional ya se ha fijado el ambicioso objetivo de ganar 1,3 millones de visitantes en los próximos cuatros años a fin de que el turismo aumente dos puntos su peso relativo en el PIB regional.
Todo esto no se conseguirá si no hay implicación de la iniciativa privada. Es necesario el impulso y el liderazgo de las administraciones públicas, pero el turismo es una industria que despunta si hay empresarios y emprendedores que apuesten por el sector. De poco servirá el AVE y Corvera si sigue habiendo menos camas hoteleras en toda la Región que en la localidad almeriense de Roquetas, una circunstancia que nos hace invisibles para los grandes touroperadores. Nuestra agricultura es competitiva porque se apoya en un sector agroalimentario altamente cualificado. Si ese modelo de éxito no se traslada al turismo, el avance será insuficiente y seguiremos a ‘años luz’ de nuestros vecinos.

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Consulta inútil

El PP está haciendo más grande la derrota que se le avecina con la reforma electoral que prometió hace 20 años y ahora le imponen C’s, PSOE y Podemos. Un desliz de Pedro Antonio Sánchez, cuando solemnizó la obviedad de que habría elecciones si en el plazo legal de dos meses no era investido, disparó el recelo de una oposición, que teme otra llamada a las urnas, a partir de enero, si el Gobierno se siente maniatado. De ahí las prisas por blindar la circunscripción única y el umbral del 3% de votos. El PP lleva parte de razón, pero es víctima de sus errores pasados y presentes. Siendo más justa que la actual, la ley es susceptible de mejora. Y sería deseable que pasara antes por el Consejo Jurídico y el CES, pero pide lo que no hizo con la Ley del Suelo y otras normas aprobadas en aluvión a un mes del 24M. A eso se suma la revelación de ‘La Verdad’, hace un año, sobre el plan embrionario del PP de cambiar la ley para aumentar las circunscripciones. No fue un globo sonda. Nadie filtra a un periódico un hecho sabiendo que, editorialmente, se va a posicionar en contra. Aquella era una reforma ideada a interés de parte y a hurtadillas. El mayor error ahora es la insistencia de Sánchez en que la ley no entre en vigor hasta que se someta a consulta popular. En el mejor de los casos solo serviría para dejar en evidencia, momentáneamente, a la oposición. Aunque no es vinculante, con ella se busca el refrendo o el rechazo de una reforma legal. De facto, sería una consulta referendataria que, como dijo el TC en su fallo sobre la Ley de consultas catalana, necesitaría autorización del Gobierno central. Supongamos que eso no es problema, se hace y hay rechazo abrumador. La oposición estaría impelida a cambiar la norma, aunque no legalmente. ¿Habría, en coherencia, otra consulta una vez modificada la reforma? Las consultas populares son positivas, pero a los ciudadanos hay que preguntarles antes, no después. Tampoco cada dos por tres. Y menos por algo sobre lo que ya se han pronunciado en las urnas. Preguntemos hoy a los griegos qué piensan de las consultas inútiles y de los gobiernos que las convocan.

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El leviatán energético

Con miles de familias atrapadas en el despliegue de los huertos solares, y el conjunto de consumidores pagando el cuarto recibo de luz más caro de la Eurozona, seguimos lastrados por errores regulatorios en cadena desde 1990

La Comisión Europea situó días atrás a España en el grupo de nueve países que no lograrán la cuota del 20% en energías renovables en 2020. Lo peor, sin embargo, no es que no hayamos ido demasiado lejos, sino que fuimos demasiado deprisa, cometiendo desde 1990 una cadena de errores regulatorios que dinamitaron la seguridad jurídica de quienes apostaron, por convicción o interés económico, por unas energías limpias que reforzaban nuestra capacidad de suministro y de respuesta al cambio climático. Hoy hay planteados más de 300 recursos de empresas fotovoltaicas en el Supremo por el recorte de las primas a las renovables decretado en 2014. Y dieciocho fondos de inversión extranjeros, junto con grandes corporaciones internacionales, han recurrido a comités de arbitraje internacionales. Lo más sangrante es que existen 65.000 familias, muchas de la Región, que invirtieron sus ahorros en proyectos de energía fotovoltaica en todo el territorio nacional. La historia viene de lejos y tiene una muy difícil solución, porque está ligada a otro gran problema, el llamado déficit de tarifa, la diferencia entre lo que cuesta producir y distribuir la electricidad y lo que ingresa el sistema eléctrico.
Miguel Sebastián, exministro socialista de Industrial y Energía, no escapó a las críticas del sector fotovoltaico, pero hay que reconocerle que es quien ha hecho el mayor ejercicio de autocrítica apartidista en los últimos años. Según Sebastián, fueron cinco los grandes errores del despliegue de las renovables. En primer lugar haber convertido al sector industrial, en vez de en receptor de las ayudas, en pagador del sistema de primas, junto al resto de los consumidores, a costa de su competitividad. En otras palabras, se debió apostar por más paneles solares en los techos de las industrias y menos en aquellos terrenos que no valían para la inversión inmobiliaria. El segundo error, cometido por Aznar y Zapatero, fue haber incluido las primas en la tarifa eléctrica (a cargo de los consumidores) y no en los Presupuestos del Estado, lo que hubiera obligado a mirar con lupa los decretos de ayudas. La tercera equivocación fue fijar de antemano y a ciegas una prima sin fijar límite a la capacidad instalada, lo que propició la burbuja de huertos fotovoltaicos. El cuarto tropiezo fue remunerar la tecnología en función de las horas producidas sin un límite expreso, de tal forma que cuanto más energía limpia se producía más pagaban los consumidores en el recibo de la luz. Y el quinto, que achaca a su predecesor, Joan Clos, fue no haber impedido la conversión de los proyectos de huertos fotovoltaicos en productos financieros de alta rentabilidad garantizada. Si se hubiera impedido la reventa de esas concesiones administrativas en paquetes fragmentados que se colocaban a pequeños inversores o ahorradores, a través de bancos y cajas que ganaban sus buenas comisiones, hoy no habría miles de familias al borde de la ruina (A otros particulares, por cierto, nos le fue nada mal con las reventas). La crisis, con la consiguiente caída de la demanda de energía, y un déficit de tarifa que alcanzaba los 30.000 millones en 2014, terminan por complicar un panorama endiablado. Porque a todo esto, pese a la liberalización del mercado y las reformas, el precio de la luz que pagan los hogares españoles se incrementó un 60%, impuestos incluidos, entre 2007 y 2014. Hoy ya somos el cuarto país donde más cara se paga la energía de la Eurozona.
La última gota que ha colmado el vaso de la paciencia en Murcia fue la decisión del Ministerio de Industria de enmendar la ley regional que subvencionaba el autoconsumo. Apoyada por todos los grupos de la Asamblea, la norma era una vía para ayudar a esos murcianos atrapados en la burbuja fotovoltaica y para seguir apostando por un sector que en la Región, por sus horas de sol, tendría un futuro espectacular si hubiera un mercado realmente liberalizado y el autoconsumo fuera de verdad impulsado, y no frenado como se está haciendo, para contener el déficit de tarifa. En este complejo asunto es fácil caer en demagogias, versiones de parte o en conclusiones erróneas, pero no parece que nuestros responsables políticos desde 1990 se merezcan una felicitación.

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Presentismo como coartada

Ni ahora, ni hace ocho años, a nadie con un mínimo de formación económica se le ocurriría pagar un canon anual de casi 13 millones de euros por una desaladora que iba a facturar como mucho 10 al año. Y menos con dinero público

La directora de la Academia de Historia, Carmen Iglesias, lleva años advirtiendo de los efectos de nuestra falta de conciencia histórica. Nos sucede incluso con hechos muy recientes. Caemos con facilidad en el presentismo. Y eso nos lleva a no valorar lo que tenemos hoy o a juzgar el pasado desde la atalaya de los valores del presente. Ahora navegamos por un mar con oleadas de revisionismo histórico desde donde se divisan dos orillas. Una está ocupada por adanistas que facturan eslóganes reduccionistas y alejados de la realidad, como el del ‘candado del 78’. En la otra están quienes enarbolan el presentismo como coartada para justificar sus despilfarros e insensateces. Son aquellos que airean la falacia de que hace diez años todos vivíamos por encima de nuestras posibilidades y se afanan en hacer una distorsión retrospectiva de los acontecimientos para eludir sus responsabilidades.

En la Asamblea están a punto de abrirse comisiones de investigación. Sobre el aeropuerto de Corvera y la desaladora de Escombreras. Dos proyectos hasta el momento fallidos que además estrujan las cuentas de la Comunidad, ya asfixiadas por el déficit y la deuda. Al igual que el proyecto urbanístico Novo Carthago y el resto de artefactos jurídico-políticos que arrastra la Región se originaron en el período 2003-2007. Ya habían salido del Gobierno Antonio Gómez Fayrén y Juan Bernal, los dos políticos más rigurosos y sólidos que ha tenido el centroderecha murciano en los últimos 20 años, y el protagonismo lo habían asumido, bajo el mando de Valcárcel, Francisco Marqués, Joaquín Bascuñana y Antonio Cerdá, entre otros. Cada proyecto tiene sus raíces y circunstancias específicas, pero todos proceden de un tiempo de crecimiento tan veloz como inconsistente, donde se disparaba con pólvora del rey y se tomaban decisiones sin ponderar las secuelas jurídicas y económicas.

El otro denominador común era una sobrecogedora incapacidad de gestión. Mientras que el Estado construía tres desalinizadoras en nuestras costas, tras el disparate monumental de Zapatero de anular el trasvase del Ebro, el Gobierno de Valcárcel decide asumir, sin concurso público y a través de una sociedad instrumental, un contrato civil entre dos empresas de Florentino Pérez. Esa operación ata a la Comunidad con un arrendamiento de la desaladora que implica un coste de 600 millones hasta 2034 para las arcas públicas. Ni ahora, ni hace ocho años, a nadie con un mínimo de formación económica se le ocurriría pagar un canon anual de casi 13 millones de euros por un negocio que, como mucho, iba a facturar 10 millones. Menos aún si el dinero es público. Pero en la planificación de muchas obras públicas, autonómicas y municipales, se actuaba entonces al revés de como dicta el sentido común. Primero se tenía o alguien traía una idea (muchas veces peregrina), luego se buscaban inversores privados de confianza y finalmente se ‘fabricaba’ el beneficio socieconómico para presentarlo a la ciudadanía. Eran tiempos de no parar en materia de inversión pública y de especial generosidad con aquellos que, a su vez, eran generosos con el partido. Si no se entiende esto no puede comprenderse el fiasco del aeropuerto, sacado a concurso con un pliego que puntuaba por encima de todo la no utilización de ayudas públicas y obligaba en seis meses a tener asegurada la financiación privada (que nunca llegó). La crisis puede justificar que el proyecto encallara, pero cómo explicar que el Gobierno diera en 2010 un aval de 200 millones a Sacyr, ejecutable al primer requerimiento y sin beneficio de excusión, asumiendo todo el riesgo financiero. ¿Cómo es posible que en unos días, tras retirarle la concesión a Sacyr en 2013 con un contundente informe del Consejo Jurídico, se cambie de opinión, se empiece a renegociar con quien ya no es el concesionario, no se le reclame lo que adeuda a la Comunidad y encima se le facilite la acreditación como gestor aeroportuario? La situación hoy es un poema. Por desgracia no tan bello como este de José Hierro: «Después de todo, todo ha sido nada,/ a pesar de que un día lo fue todo./ Después de nada, o después de todo/ supe que todo no era nada más que nada».

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Deus ex machina

En las mejores novelas y películas, los personajes protagonistas suelen ser seres complejos, a menudo contradictorios, con un pasado que condiciona su presente, pero con capacidad para ir cambiando a medida que transcurre la acción en el libro, el escenario o la pantalla. En ‘El hombre tranquilo’, el pacífico Sean Thornton (John Wayne) acaba convirtiéndose en un valiente. Y en Casablanca, Rick Blaine (Humphrey Bogart), un descreído propietario de un local nocturno termina por ser un activo luchador antifascista por el amor a una mujer. En la narrativa literaria y audiovisual se conoce a ese proceso con el nombre de ‘arco de transformación’. Aunque no son personajes de ficción, los políticos de larga trayectoria también sufren sus transformaciones. A veces movidos por convicciones, a veces porque la trama lo exige. Pedro Antonio Sánchez no es un recién llegado a este terreno. El próximo presidente de la Región lleva décadas en el ajo de la política, aunque ahora asume el papel protagonista. Y se estrena con un discurso de investidura en la Asamblea que fue todo un alegato en favor de la regeneración, una especie de carta fundacional de «una nueva etapa con una nueva forma de hacer política». Pocos reproches se pueden hacer a su discurso programático. Al contrario, fue quizá uno de los más acertados, profusos en medidas reformistas y en consonancia con lo que pide la sociedad murciana. Un discurso de máximos en cuanto a objetivos ambiciosos en materia social, política y económica, tanto que hay que ser más que prudentes sobre su posible viabilidad. La cuestión clave es pues la credibilidad del mensaje. Sánchez tendrá que ganársela día a día porque, como con lógica apunta la oposición, el nuevo presidente formó parte del núcleo duro del ‘viejo PP’ y del anterior Gobierno. A sus adversarios no les ha faltado tiempo para pensar y clamar, legítimamente, que todas estas medidas de regeneración no son producto de una reflexión personal o de una súbita caída del caballo camino a Damasco, sino la consecuencia de compromisos arrancados por Ciudadanos en la negociación para apoyar su investidura. En su favor juega el hecho de que su discurso en campaña, como Pedro Antonio (a secas), no dista en el tono general del pronunciado ayer, y del que le han oído personas de su entorno y él ha confesado en los últimos años en ámbitos privados. Un mensaje rupturista que habría sido imposible con la batuta del partido en manos de Valcárcel. El mejor político del PP regional en activo sabe que no lo va a tener fácil ante una ciudadanía cada más exigente con sus dirigentes. Con él lo será especialmente. No se puede analizar la figura del nuevo presidente sin contextualizarla en su particular situación, sin mayoría absoluta y con una querella del Fiscal Jefe por la tramitación y recepción del Auditorio de Puerto Lumbreras. Quizá por la ansiedad de prometerlo todo, detalló que impulsará la reforma del Estatuto para eliminar los aforamientos de los diputados. Y la pregunta inmediata es si, llegado el caso, él renunciaría voluntaria y ejemplarizantemente al suyo antes de la citada reforma. Con una sabia advertencia, el escritor ruso Antón Chéjov abogaba por no introducir elementos superfluos en una historia: «No se debe introducir un rifle cargado en un escenario si no se tiene intención de dispararlo». Inadvertidamente o no, Sánchez incorporó a su relato una medida muy recomendable pero que, a corto plazo, puede ser un arma en manos de la oposición. Como es sabido, lo delicado de su posición deviene de que la mera citación ante un juez como imputado (a lo que no renunciará el fiscal) implica su dimisión. O se aclara todo a las primeras de cambio o, en términos teatrales, Sánchez necesitará un ‘Deus ex machina’, una intervención inesperada en el último acto que solucione su problema narrativo, como sucedía en las tragedias griegas o en los western donde aparecía el Quinto de Caballería cuando los indios estaban a tris de empezar a rebanar cabelleras. Como persona y presidente de todos los murcianos, le deseo la mejor de las fortunas. Por la estabilidad y el bien de todos. A nosotros no nos quedará París.

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