La Verdad
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Categoría: Cartas del director
Cambio de reglas

Que repentinamente Mariano Rajoy esté dispuesto a cambiar tanto la Constitución, para reducir el número de aforados, como la ley orgánica de Régimen Electoral General, para que los alcaldes sean elegidos directamente por los votantes, solo puede explicarse por la cercanía de unas elecciones con perspectivas inciertas para el PP. Ambas medidas parecen aparentemente encaminadas a recuperar la confianza en la clase política de la ciudadanía, incluida la parte creciente del electorado popular que cuestionaba la falta de liderazgo regenerador de Rajoy. Sin embargo, el presidente se dispone a cometer un error político de primera magnitud si decide, a solo nueve meses de la cita en las urnas, cambiar las reglas de juego sin un consenso amplio con la oposición. Lejos de mejorar la calidad democrática, una reforma electoral aprobada en solitario se interpretará como una cacicada dirigida a salvar a toda costa las alcaldías de Madrid, Valencia, Sevilla y otras capitales de provincia, como Murcia. Y es que no parece discutible que existe un evidente beneficio partidista en una propuesta que podría ser aprobada legítimamente por el PP con su mayoría absoluta, pero a costa de proyectar unas formas muy poco presentables. El actual sistema, que permitió a Tierno Galván y Rita Barberá ser alcaldes de Madrid y Valencia sin el mayor porcentaje de votos, es mejorable porque ciertamente hay casos donde variopintas formaciones con escasa representación se convierten en piezas decisivas para la gobernabilidad de algunos municipios, en ocasiones por intereses bastardos que poco tienen que ver con la voluntad de los votantes. Pero, como no parece esa la principal preocupación del Gobierno, resulta difícilmente justificable plantear en solitario una modificación tan importante a menos de un año de los comicios. Así lo desaconsejan en términos generales la UE y el Consejo de Europa. No por casualidad, este debate coincide con la propuesta desvelada por ‘La Verdad’ que está en estudio por el PP para reformar la ley electoral regional. La idea de ampliar las circunscripciones, para estrechar la cercanía entre los ciudadanos y sus representantes, suscita un lógico recelo en la oposición porque beneficia fundamentalmente al PP regional, supone un cambio diametral de criterio que perjudica a las pequeñas formaciones emergentes, y surge cuando hay inquietud en las filas populares por las expectativas electorales en 2015. La ley regional es susceptible de mejora, pero ésta no debería improvisarse. Cualquier modificación antes de las elecciones solo sería admisible con un consenso mayoritario, hoy poco probable. Si quiere más cercanía con los votantes, el PP, como los demás partidos, tiene la oportunidad, de momento, de aplicar ese criterio en la selección de los integrantes de su próxima lista electoral. Así ganaría parte de una credibilidad que ya pocos están dispuestos a regalar.

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Mazarrón

Un nuevo día está a punto de empezar en Mazarrón. Son las cinco y cuarto de la mañana y algunos jóvenes apuran la noche en las terrazas. Sergio Gallego, crítico gastronómico de ‘La Verdad’, y yo nos hemos citado a esa hora para embarcarnos en un barco que se dedica a la pesca de la gamba roja en el canto de Mazarrón, el punto donde acaba la plataforma continental y se encuentran las profundas simas donde habita el preciado crustáceo. Partimos a la seis. Por suerte para nosotros, hoy hace un día de ‘calmica’, nos dice Marchena, toda una institución entre los profesionales que trabajan frente a nuestras costas. Él no vendrá. Jubilado y con las secuelas de muchos golpes de la mar en sus vértebras, está obligado a caminar un par de horas diarias por prescripción médica. A bordo viajan dos de sus hijos, Juanma y Pedro Melchor, y un primo de estos, Pedro Rodríguez ‘El carbonilla’, tres cualificados profesionales que de seis de la mañana a seis de la tarde, cuando la jornada no se prolonga por algún incidente con las artes de pesca, llevan diariamente el pan a sus casas gracias a la captura de la gamba. El más joven, Juanma (26 años), toma el puente de mando y ejerce un liderazgo que emerge de forma natural desde que salimos de puerto. Camino del canto, nos encontramos con otros pesqueros, un par de veleros solitarios y un grupo de delfines que cruzan la bahía desde las inmediaciones de Cabo Cope en dirección a Cabo Tiñoso. Llegamos al punto de destino y comienza la suelta de redes, puertas y cables para iniciar el arrastre. Los tres marineros actúan con precisión milimétrica. Lo importante es no cometer errores, me dice el patrón mientras maneja con estudiada lentitud los movimientos de la nave. A las 12, la primera recogida. Y una segunda, a las cuatro de la tarde. Cada vez que inician las maniobras de captura, Juanma se gira hacia popa y se persigna. Hasta que todas las artes y la carga de gambas estén sobre cubierta no hay distracción posible. Cualquier error complicaría la jornada. El miércoles no les fue mal. Unos 50 kilos de espléndidas gambas rojas llevaron a puerto. A lo largo del día hubo unas cuantas horas muertas. Juanma y yo hablamos largo y tendido. De su trabajo, del mío, de la crisis, de fútbol (conocemos a bordo que la Justicia ordinaria ha ordenado mantener al Real Murcia en Segunda A)… hasta de la muerte del actor Robin Williams. Y todo eso sin perder de vista las pantallas que marcan el correcto desplazamiento del arrastrero. Atlético de los de siempre, zagal de hábitos saludables que no fuma ni bebe y juega al fútbol playa, es capaz de machacarse en el gimnasio después de doce horas de meneos y sacudidas por el batir de las olas. Ni una queja salió por su boca. Pese al cansancio, abandoné reconfortado el barco. Qué buena gente, pensaba. Trabajadora, sana y llena de ilusiones. Gente de aquí, de Mazarrón, esa perla mediterránea donde otra noche estrellada, mientras escribo estas líneas estivales, está a punto de inundar la bahía con sus reflejos de luz.

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Tórrido otoño

El embajador ruso en España lo advirtió en Murcia hace solo unas semanas: la imposición de sanciones económicas a Rusia por la crisis de Ucrania tendría una respuesta de Putin y ésta afectaría a las exportaciones españolas. Y así ha ocurrido. El veto durante un año a las frutas y verduras de la Región puede provocar pérdidas por valor de 120 millones de euros al sector regional, tocado ya por los efectos de la sequía en su producción de secano. La reacción del Gobierno central no ha sido precisamente tranqulizadora. Desde el Ministerio de Agricultura se habla de daños limitados e incluso Rajoy (es de suponer que por efecto de las altas temperaturas) ha llegado a decir que esto va a ser un «acicate y estímulo más para que los productores españoles sigan aportando a la recuperación económica» del país. La realidad es bien distinta, como ha denunciado el sector de la Región, al que no se pueden trasladar las consecuencias de una decisión de política exterior de la UE sin una compensación rápida y justa. Ése es el mensaje que debe transmitir con firmeza el Gobierno regional a Madrid a fin de que la UE adopte con celeridad los mecanismos previstos en la PAC para crisis de este tipo. Y, si las medidas europeas no son suficientes, el Ministerio deberá hacerse cargo de lo que corresponda. Ya ha mareado bastante la perdiz ante las reclamaciones de los agricultores por los daños de la sequía. En el trasfondo de esta actitud cicatera hay una realidad que modula todas las respuestas políticas del Gobierno central: Hacienda ha impuesto un cerrojazo a las arcas de Agricultura (no pararán de repetir extraoficialmente que no tienen fondos) y a las inversiones de Fomento, que busca en la iniciativa privada el dinero necesario para completar su plan de infraestructuras. El objetivo es centrar toda la ayuda financiera en las asfixiadas comunidades autónomas para que estén al día en el pago a proveedores y puedan mantener los servicios básicos, como la Sanidad y la Educación. Puede que sea la estrategia correcta o una de las pocas posibles, pero deja injustificadamente desamparado a un sector que hoy es fundamental para la recuperación de la actividad económica de la Región de Murcia. Si a eso se añade una aplicación arbitraria de los acuerdos que dieron lugar al Memorándum del Trasvase, como ha ocurrido esta semana con la utilización de los bancos de agua, el perjuicio puede ser mayúsculo. Quiero suponer que el Gobierno regional está vigilando la redacción del decreto que regulará los desembalses desde la cabecera del Tajo. En este asunto nadie podrá alegar que la nueva realidad le pilla por sorpresa. En los próximos meses veremos cuál es el desenlace y se podrán extraer conclusiones definitivas sobre el pacto alcanzado por las comunidades gobernadas por el PP para garantizar la disponiblidad de agua en todos los territorios afectados. El otoño seco que se avecina dará la auténtica medida de una gestión política de la que empiezan a recelar nuestros regantes.

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La UMU y la corrupción

La expulsión de la exalcaldesa de Pliego como diputada de la Asamblea, avalada por los servicios jurídicos de la Cámara y adoptada de forma unánime por todos los partidos en la Comisión del Estatuto del Diputado, dejó en segundo plano asuntos colaterales que me causan estupor y que revelan una particular forma de gestionar las asuntos públicos en la Región. El punto en común es el dictamen presentado en la Asamblea por la exalcaldesa para evitar la pérdida de su escaño. Que se defendiese entra dentro de lo natural, pero lo sorprendente es que lo hiciera con un dictamen encargado por el Ayuntamiento de Pliego, a través de su secretario, para un asunto que no es de competencia municipal, sino estrictamente personal de quien, en el momento de contratar ese informe, seguía en su puesto, pero ya estaba condenada por prevaricación a nueve años de inhabilitación. Solo veo dos explicaciones a ese uso institucional de la Corporación: o una falta total de luces para ejercer cargos públicos o una ausencia clamorosa de decoro cívico, ambas inhabilitantes desde el punto de vista político. El susodicho dictamen, a la postre fallido, advertía de posibles acciones legales por prevaricación contra la letrada y los diputados de la Asamblea Regional si se consumaba la expulsión de Toledo. Suena fuerte, pero fue así. Lo más chirriante es que ese amenazador informe llevaba el aval de la Universidad de Murcia (UMU), con la firma del profesor ayudante José Muñoz Clares. Tan discutible me parece que el Ayuntamiento de Pliego pagara el dictamen como que la Universidad de Murcia haya convertido en rutinario el cobro por servicios jurídicos de defensa frente a casos de corrupción, a través de su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), para asombro del mundo de la Justicia y parte de la comunidad docente universitaria. Uno de los objetivos de la OTRI es la formalización de contratos y convenios de prestación de servicios en conocimiento y de investigación bajo demanda, de los cuales un 10% del montante es para la UMU y el resto para el profesor contratado. No tengo nada que objetar al respecto. Al contrario, para las universidades públicas debe ser una obligación trasladar los resultados de sus investigaciones a la sociedad y conseguir vías propias de financiación. Pero empieza a ser difícilmente digerible, por muy legal que sea, constatar cómo la UMU sigue recaudando, a través de contratos con la OTRI, por servicios de asesoría y defensa que realiza el catedrático de Derecho Penal, Jaime Peris, a imputados como Matías Carrillo, Higinio Pérez Mateos o Francisco Marqués, o el grupo del profesor Muñoz Clares, quien ha representado a varios imputados por el caso ‘Umbra’ e interpuso una querella fallida por prevaricación, en nombre del imputado Joaquín Peñalver, contra el fiscal Juan Pablo Lozano y el juez David Castillejos. El amenazante dictamen de Isabel Toledo a la Asamblea es el último ejemplo de esta dudosa aportación social de la UMU.

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Imputados

Un estudio de opinión pública elaborado por la empresa CSA para ‘La Verdad’, durante la convulsa semana marcada por las declaraciones ante el juez del caso ‘Novo Carthago’, refleja un clamoroso hastío en una sociedad que exige a todas luces una regeneración profunda de la actividad política. Un abrumador 94,1% de los encuestados es partidario de que los dirigentes imputados dejen sus cargos, aunque hay posiciones diversas sobre cuándo deben asumir responsabilidades políticas. Más de la mitad considera que la renuncia debe producirse en el mismo momento de la imputación judicial por la presunta comisión de un delito, frente a quienes abogan por que esa dimisión se sustancie cuando se abra juicio al encausado (12%1), cuando haya sentencia de culpabilidad en primera instancia (10,9%) o cuando el fallo sea definitivo (19,4%). Todos los sondeos tienen sus limitaciones metodológicas y están condicionados por el momento en el que se realizan, pero son la única vía posible para pulsar la opinión de los ciudadanos a lo largo del tiempo o en periodos puntuales. Y pocas veces se ha observado un resultado tan comprometedor para nuestros políticos, desconectados, por lo que se aprecia, de lo que se piensa en la calle. Son muchos los factores que influyen en este clima social, empezando por la convergencia de numerosos asuntos en los tribunales de la Región y del resto del país. La lentitud en la instrucción de los sumarios no ayuda, como tampoco la respuesta poco edificante de quienes en el legítimo derecho a su defensa anteponen su interés por encima del prestigio y el decoro de la institución que representan. Si lo urgente es recuperar la confianza ciudadana en sus representantes, la llamada a cerrar filas y los ataques a la independencia judicial son inútiles, reprobables y contraproducentes. Los discursos éticos no se pueden improvisar si no se han interiorizado y liderado a lo largo de los años, mirando hacia otro lado la mayoría de las veces, salvo cuando la situación resultaba escandalosa. Mantener la presunción de inocencia de quienes estaban ya condenados en primera instancia o relativizar toda supuesta irregularidad legal que no fuera meter la mano en la caja ha sido un mensaje tóxico e irresponsable que perjudica a los políticos honestos, que son la gran mayoría en todos los partidos. De aquellos polvos vienen estos lodos, que atrapan también ahora a quienes están por la labor de oxigenar la vida pública. Si de verdad hay interés en acelerar la instrucción de los sumarios para no prolongar la comprensible angustia de los dirigentes imputados, el Gobierno regional y el PP puede contribuir decisivamente ahora que hay un Ejecutivo central del mismo color. Que reclamen en Madrid más técnicos de Hacienda al servicio del TSJ y que presionen al Ministerio para lograr jueces de apoyo en los tribunales ordinarios. El ‘caso Nóos’ demuestra que, cuando hay un auténtico interés político, la Justicia actúa con celeridad. Lo demás son cortinas de humo para capear el temporal.

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Impuestos y votos

Si el mayúsculo error económico de Zapatero fue no reconocer la crisis y demorar el recorte del gasto público como le pedían todos los organismos internacionales, el de Rajoy está siendo no encarar el creciente empobrecimiento y la desigualdad que origina el paro de larga duración y las medidas para salir de este hoyo. La OCDE aseveró esta semana que España es el segundo país miembro, tras Grecia, donde más aumentó la brecha entre ricos y pobres por la pérdida masiva de empleos, la subida de la fiscalidad y la rebaja salarial utilizada para reducir costes laborales y ganar en competitividad. En la misma dirección apunta otro informe del IVIE y la Fundación Bancaja, que señaló el jueves a la Región como uno de los territorios donde más se incrementó la pobreza. Pero antes fueron Oxfam, Cáritas… El crecimiento de las desigualdades tras la crisis financiera de 2008 es un problema global. Lo reitera a menudo el Papa y lo reconoce hasta Obama, en un país donde uno de los libros más vendidos en las últimas diez semanas, obra del economista Thomas Piketty, aborda esta cuestión. Actuar sobre los impuestos es una de las pocas vías posibles para mejorar los ingresos de las familias y generar puestos de trabajo si, como sucede en España, sigue siendo preciso controlar el déficit, un mandato de la UE y de nuestra Constitución. Hace lo correcto el Gobierno al rebajar impuestos. No solo porque lo prometió antes de las elecciones generales y luego hizo lo contrario. Incidirá en la renta disponible, mejorará el consumo y en algo favorecerá la creación de empleo. Se notará desde enero cuando las retenciones se reduzcan en la nómina de los asalariados. Sin embargo, la ambiciosa reforma tributaria anunciada se queda básicamente en una rebaja fiscal del IRPF y del impuesto de Sociedades. Lo conocido se parece poco a las recomendaciones de la ‘Comisión Lagares’, los ‘sabios’ elegidos por el Ejecutivo para repensar el sistema tributario. También dista mucho de las propuestas del FMI, el Banco de España y la Comisión Europea, que, preocupada por una relajación en la lucha contra el déficit, pedía subir el IVA y reducir cotizaciones sociales. Montoro optó por una rebaja fiscal «a todos», pero lo cierto es que no a todos beneficiará por igual. Los menos afortunados serán las clases medias (o lo que queda de ellas). Los españoles con trabajo y menos ingresos serán un poco menos pobres, pero la desigualdad perdurará porque las rentas altas también salen ganando. Si en esto queda la reforma, es muy corta en cuanto a creación de empleo, lucha contra el fraude fiscal y desde luego no acaba con la maraña tributaria, donde, en paralelo a la administración central, comunidades y ayuntamientos actúan descoordinadamente y con una dispar, pero casi siempre rampante, sobrecarga fiscal a empresas y ciudadanos. No es de extrañar la cautela general. Todo desprende un inconfundible aroma electoral en la antesala de citas en las urnas en 2015 y 2016.

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