La Verdad
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Del luto a la acción

La naturaleza, tan generosa con la Región de Murcia en muchos aspectos, es cicatera con el agua y cuando el cielo nos la obsequia lo hace en muchas ocasiones con una violencia inmisericorde. Son numerosos los precedentes en la historia de la Región de tragedias como la vivida el pasado viernes. No son producto de un capricho del destino, sino de una ubicación geográfica y una climatología mediterránea que predisponen a este territorio a sufrir periódicamente este tipo de precipitaciones extremas. Aunque ese riesgo es conocido y asumido por el conjunto de la población, el dolor nos estremece cada vez que la fuerza torrencial del agua se lleva vidas por delante. Son siete las muertes de murcianos que hoy todos lamentamos, pero pudieron ser más si los servicios de emergencia regionales no hubieran actuado con la prontitud y la eficacia que ya han demostrado en el pasado. Todos los expertos coinciden en que la catástrofe habría adquirido proporciones aún más dramáticas de no haber sido por los pantanos de Puentes y Valdeinfierno, que contuvieron una riada aún mayor en el valle del Guadalentín. La solidaridad con las víctimas, la cuantificación de daños materiales, la puesta en marcha de ayudas de forma rápida y eficaz y la vuelta a la normalidad deben ser la prioridad para todos en estos momentos. En su visita a Puerto Lumbreras, el municipio más castigado por las lluvias, junto con Lorca, la ministra Ana Pastor garantizó que el Gobierno central no se quedará de brazos cruzados, a la vista del desolador paisaje que dejó el temporal en las carreteras, viviendas y explotaciones agrarias y ganaderas. Pasado el luto y los trabajos más urgentes en las zonas dañadas, habrá que reflexionar, serenamente, sobre los planes de prevención. Quienes conocen bien estos problemas y tienen la responsabilidad de encararlos, tendrán que analizar si, pese a todas los avances cosechados, el actual plan para hacer frente a las inundaciones en la cuenca del Segura es susceptible de mejora frente a los escenarios más adversos. También habrá que aclarar cómo es posible que sendos puentes en las dos autovías que cruzan la Región puedan venirse abajo por una riada, dejándola incomunicada con Andalucía por vías rápidas. Y habrá también que preguntar (y responder) sobre los progresos que se están haciendo en la ciudad de Murcia para evitar las inundaciones de viviendas y comercios, así como el caos circulatorio que se forma cada vez que llueve con mediana intensidad. Si los modelos de predicción climática de los científicos indican que los fenómenos de lluvias torrenciales van a incrementar su frecuencia en el sureste español, habrá que hacer más y hacerlo mejor para estar adecuadamente preparados y no pagar precios tan elevados cuando sobrevenga lo inevitable. Caer por el contrario en el fatalismo, o peor aún, en la indolencia, sería imperdonable. Lo que procede es aprender las lecciones que pudieran derivarse de este nuevo desastre y actuar decididamente para conseguir ser igual de eficaces en la prevención como lo somos en la respuesta al desastre, a sabiendas de que el riesgo cero no existe en ningún rincón de nuestro planeta. Se ha progresado mucho en las últimas décadas en la Región de Murcia, pero a la vista está que todavía no lo suficiente para lo que puede venir en el futuro.

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Calidad política

El proyecto de reforma educativa, la séptima en cuatro décadas, acaba de pasar por la mesa del Consejo de Ministros y como era de esperar ha suscitado todo tipo de reacciones. Salimos a un cambio legislativo cada seis años, lo que da buena idea, como se ha dicho con razón, de que además de un problema de calidad de la enseñanza tenemos uno más profundo de calidad política. Sea beneficiosa o perjudicial, lo más probable es que la ley estará en vigor hasta que el Gobierno central cambie de color. Y con la siguiente reforma sucederá lo mismo. Es tan grande el peso ideológico con el que los partidos políticos encaran el diseño del modelo educativo que la consecución de un acuerdo previo entre las dos grandes formaciones es una pura quimera, para desgracia de todos. Si al menos el debate se orientará a aspectos puramente educativos, el anteproyecto de ley tendría la virtualidad de situar en el centro de la agenda pública el tema de fondo más importante para el futuro de España. Me temo, sin embargo, que no va a ser así. De hecho, la discusión ya está anclada en la decisión de elevar un 10% el conjunto de contenidos que fijará el Ministerio a las comunidades autónomas. El titular de Educación, José Ignacio Wert, argumenta que el objetivo no es otro que incrementar el número de horas de inglés, matemáticas y ciencias, en línea con las recomendaciones de los informes internacionales. Pero los gobiernos vasco y catalán ya han puesto el grito en el cielo, hablando por enésima vez de recentralización e invasión de competencias. Aún no se conoce la letra pequeña del anteproyecto, ni un aspecto igualmente importante como es su dotación presupuestaria, pero si hay un punto realmente discutible, que por supuesto los hay, no es precisamente ése. Sin embargo, a los nacionalistas todo esto les viene como anillo al dedo porque quieren colocar todo el foco en sus aspiraciones separatistas. Si hoy asistimos a una importante corriente de opinión favorable al independentismo es precisamente porque los nacionalistas catalanes y vascos han abusado de sus competencias educativas para reescribir la historia y adoctrinar en las escuelas. En ello están desde hace décadas. Quienes proclaman que asistimos a un proceso de involución autonómica ya no ocultan que su prioridad es el desmembramiento del país. Es lo único positivo que se deriva de tener las cartas boca arriba. El mismo lamento victimista volverá a oirse cuando llegue al Parlamento la Ley de Unidad de Mercado, que avanzó esta semana el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Desde hace años, las empresas españolas y extranjeras denuncian que la disparidad de normativas estatales, autonómicas y locales han urdido un laberinto burocrático que frena la libre circulación de productos y les resta competitividad. Acabar con toda clase de barreras autonómicas y estatales que lastran nuestro crecimiento económico, como en su día hicieron Alemania o Canadá, debería ser un imperativo prioritario con el país en plena recesión. Si hubiera voluntad y altura de miras podría avanzarse en la resolución de este lastre sin perder el adecuado control administrativo. Bastaría con pensar más en el interés general, conducir con las luces largas y recuperar, aunque solo fuera un poco, esa capacidad de consenso que un día tuvimos.

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Murcia y el reparto del pastel

Artur Mas regresó ayer a Barcelona con las alforjas vacías tras el portazo de Rajoy al Pacto Fiscal y a la aventura independentista, aunque los riesgos para la unidad y la cohesión de España permanecen latentes. Cada día que pasa, la estrategia del presidente catalán adquiere todas las trazas de un órdago que persigue avivar un clima de crispación para, por vía directa o indirecta, mejorar sustancialmente la financiación de la Generalitat a cualquier precio. Mas sabía de antemano que su propuesta era imposible. O se quiere un Pacto Fiscal o la independencia, pera las dos cosas a la vez es un contradiós. El líder nacionalista se va de vacío, pero con su teatral comparecencia tras la reunión ya tiene a punto ese estado de ánimo exacerbadamente victimista que le es propicio para adelantar las elecciones. Y cuanto antes sea la cita, mejor para sus intereses. Pese a que ha acometido los más duros recortes de gasto en políticas sociales, los sondeos indican que la estrategia independentista le está dando frutos, hasta el punto que CiU es el único partido de gobierno que gana en estimación de voto. Mas tensará ahora la cuerda y llevará su hoja de ruta separatista en el programa electoral para convertir la cita en las urnas en ese referéndum independentista que no cabe en la Constitución. Entonces estará aupado a esa posición de fuerza con la que obtener la mejor tajada del melón que se abre el año próximo: la revisión del modelo de financiación autonómica, que caduca en 2014. Rajoy se comprometió ayer a negociar con Mas posibles mejoras de los fondos estatales que percibe Cataluña, lo que plantea un serio problema para comunidades que, como Murcia y Valencia, entre otras, se han visto perjudicadas por el modelo vigente. Y es que las habas están contadas. Todavía no se conoce el techo de gasto ni las grandes líneas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pero las previsiones macroeconómicas del Gobierno, y otras más pesimistas, como las de CEOE y los sindicatos, indican que las cuentas del Estado serán más austeras y en 2013 habrá menos dinero a repartir en la caja única. Los presidentes de Andalucía, Canarias y otras comunidades ya están hilvanando un frente para presionar a su favor en el futuro modelo de financiación. Valcárcel fue invitado a participar, pero rechazó sumarse. Desde Génova se ha recordado a todos sus barones que ahora toca centrarse en el cumplimiento del déficit y no agitar las aguas de las deudas históricas. Este hecho explicaría el tibio discurso actual del presidente, quien hizo de la insuficiente financiación que recibe la Región uno de los caballos de batalla contra el Gobierno de Zapatero, como le recuerda la oposición periódicamente. En 2013, cuando comience el nuevo reparto del pastel, Valcárcel estará obligado a emplearse a fondo, convenga o no a Génova o Moncloa, porque todo apunta a que el problema catalán puede acabar resolviéndose como siempre: con una lluvia de millones a la Generalitat, en detrimento de otros territorios. Cuando llegue el momento, Valcárcel no tendrá más remedio que actuar con firmeza en Madrid. Incluso aunque esté en juego su presencia en las listas del PP para el Parlamento Europeo en 2014.

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Estigma reputacional

Vivimos al borde de una permanente crisis reputacional. No debería suponer ninguna sorpresa para quienes voluntariamente están expuestos a la vida pública, como el multimillonario futbolista Cristiano Ronaldo, vapuleado por un súbito entristecimiento que nadie entiende cuando la vida le sonríe, o la canciller alemana Angela Merkel, que intentó esta semana lavar su imagen en España regalando todo tipo de lisonjas al presidente del Gobierno y a los grandes empresarios del país. Lo novedoso y acongojante es que estos juicios sumarísimos de la opinión pública puedan alcanzar a una anciana de Borja, a causa de una pifia en la pared de una iglesia, o a una concejal de un pueblo de Toledo, por un vídeo erótico privado que alguien lanzó maliciosamente a la hoguera de las redes sociales. Nadie parece estar libre de la maledicencia, el chascarrillo o incluso la injuria en un país propenso al chismorreo y que hoy está más deprimido, aburrido y ocioso que nunca por el empobrecimiento general. Reconvertido en un inmenso patio de vecinos, todo el país parece condenado a esta especie de purgatorio reputacional. De la quema no se libra prácticamente nadie. Ni hay ámbitos ya inviolables relacionados con la dignidad y la intimidad de las personas. La ola de desprestigio pasa por encima de la jefatura del Estado, la clase política, los sindicatos, las comunidades autónomas, el Tribunal Supremo y el Constitucional, los funcionarios, los bancos, los medios de comunicación… La propia marca España está bajo mínimos por ahí fuera. Basta leer la prensa germana o anglosajona para llevarse una idea de lo que piensan de nosotros por otros pagos. Lo peor es que hemos interiorizado tanto todo lo negativo que, con razón o sin ella, se dice de nosotros que comienza a quedar poco de nuestro orgullo de país, precisamente el principal punto de partida para salir de esta sima. En muy pocas semanas quienes gobiernan deben tomar una decisión clave para el futuro de España: aceptar o rechazar el rescate de nuestra economía ofrecido por el Banco Central Europeo (BCE). Y hay dos elementos críticos que pesan en el presidente del Gobierno. Uno es la condicionalidad de la ayuda. Ya ha advertido la vicepresidenta que tendría importantes consecuencias. El segundo es el estigma reputacional que conlleva, dentro y fuera de nuestras fronteras, recibir asistencia financiera a cambio de ser supervisados y seguir los dictados de la UE, el FMI y el BCE. Si acepta la oferta, Rajoy pasaría a la historia como el dirigente político que no pudo evitar el rescate. Como es obvio, eso pesa mucho en la mente de cualquier presidente, más aún cuando está frisando dos citas electorales en Galicia y País Vasco. Bien lo sabe Zapatero, que gobernó el último tramo de su mandato bajo la amenaza de una posible intervención. Tal y como están las cosas, Rajoy está obligado a ponderar si, por el bien del país, conviene tragarse el sapo reputacional y alcanzar un acuerdo que sea asumible en cuanto a condiciones y soberanía en la adopción de medidas. Peor de lo que estamos en términos de imagen por esta crisis de la deuda ya no podemos estar. Deben ser otros elementos de juicio los que Rajoy tiene que sopesar en esta encrucijada. Esta semana ganó tiempo, no mucho más. Tarde o temprano tendrá que decidirse. Que sea pensando solo en el interés general.

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Cuesta arriba

Agosto ha quedado atrás y arranca el curso más complicado en lo político, social y económico al que se ha enfrentado la Región de Murcia y el conjunto del país en varias décadas. Si ha sido difícil la travesía a lo largo de esta profunda crisis, no menos duros y decisivos se aventuran los próximos meses en un contexto europeo donde está en juego el futuro del euro y la posibilidad de que toda la eurozona caiga en la sima de la recesión económica. En esa endiablada coyuntura, el Gobierno de Rajoy escucha los cantos de sirena de un posible rescate de la economía española y encara las citas electorales de Galicia y País Vasco, donde se verá el efecto en las urnas de la dura política de ajuste del gasto y el regreso a las instituciones democráticas de una izquierda proetarra que, según los sondeos, se disputará la victoria con los nacionalistas del PNV. Mientras, los sindicatos y los colectivos más afectados por los recortes calientan ya motores para dar la batalla en la calle contra la política económica de Rajoy, al que se le multiplican los problemas con la situación financiera de las comunidades y la incapacidad para fijar políticas comunes para hacer frente a la crisis, como ilustra la variopinta aplicación territorial del decreto que priva de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’. Lejos de ser una fiebre pasajera, lo uno y lo otro parecen síntomas de algo más grave, el lento naufragio del modelo territorial consagrado en la Constitución por la vía de la insumisión y de la quiebra económica de las autonomías, un proceso que azuzan los nacionalistas y al que asiste, perplejo, un presidente del Gobierno tan corto de liderazgo como su predecesor en La Moncloa. A pie de calle en la Región de Murcia se vive con desazón e incertidumbre lo que se avecina, ya que la economía familiar corre riesgo de colapso con la sensible subida del IVA que desde ayer encareció numerosos productos, la extensión del copago farmacéutico a los pensionistas y la reducción de ayudas para la compra de libros de textos. Los problemas financieros de la Comunidad, obligada a acudir al fondo de liquidez para cumplir con el déficit y pagar sus vencimientos de deuda, se extienden como una mancha de aceite sobre toda la sociedad, afectando a muchos colectivos dependientes del dinero público. El cierre parcial de la televisión autonómica, forzado por la imposibilidad de pagar lo estipulado en el contrato de adjudicación, puede ser la antesala de asfixias que se trasladarían a otros ámbitos públicos en las próximas semanas. En el aire flota el riesgo de una vuelta de tuerca al gasto público antes de acabar el año, aunque lo único seguro es que los presupuestos de la Comunidad de 2013 serán los más restrictivos que se recuerdan. Solo el sector agroalimentario y la exportación mantienen el pulso vital de la economía regional, que ve cómo el turismo sigue sin despegar como urgentemente necesita. La agenda informativa de los próximos meses, analizada en las siguientes páginas de esta edición dominical, dan buena prueba del convulso inicio de curso en la Región, donde el pesimismo y la desafección hacia la clase dirigente crece a pasos agigantados. Y es que la sensación de que todo va a peor se ha interiorizado en una ciudadanía necesitada de un halo de esperanza que, a día de hoy, ni se ve ni se le ofrece por ninguna parte.

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'Homo estivalis'
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Los periodos felices de la humanidad carecen de historia, decía Hegel. Cuando todo va bien, nada relevante ocurre. De alguna manera las vacaciones de verano siempre fueron eso, pequeños intervalos de tiempo dominados por el sosiego y la ‘dolce far niente’. A Rajoy las circunstancias le han dejado en un suspiro esa desconexión con la realidad más cruda. Y para colmo, a él, ‘Homo estivalis’ de sofá, puro, retransmisión deportiva y siesta, le llama en su tercer día de asueto el presidente Obama a las 16.45, una hora intempestiva donde las haya durante el solsticio. Incluso en el tibio Sanjenjo. Ocurre que el inquilino de la Casa Blanca se juega la reelección en noviembre y la crisis de Europa le trae de cabeza. Por muy gallega que fuera la respuesta a la pregunta clave (¿Mariano, vas a pedir o no el rescate de la economía española?), los mercados la intuyen y ya dan por descontado lo que sucederá. Ese cierto atisbo de certidumbre ha tenido efectos positivos, al menos momentáneamente. Pero si la Bolsa cerró el viernes su segunda mejor semana del año y la prima de riesgo cayó por debajo de los 495 puntos básicos no es porque las cosas pinten mejor, sino porque se vislumbra una solución para la deuda española con un rescate ‘blando’ de nuestra economía. La cuestión prioritaria para Rajoy, que mañana vuelve al trabajo y pone en marcha su agenda internacional, se centra ahora en resolver el problema reputacional del rescate y las condicionalidades que conlleva. Como a esos pescadores que quedaron atrapados en un islote de La Manga, y que podrían ser los primeros en pagar por un rescate de los servicios autonómicos de emergencia, nos tocará pasar por taquilla y por el sonrojo de ser señalados a causa de un comportamiento imprudente desde que se inició la crisis. Como la mayoría de los ciudadanos desea salir cuanto antes del pozo, lo que parece hoy inevitable quizá sea lo más conveniente, siempre que no queden demasiados pelos en la gatera. De momento, la gratuidad ha pasado a mejor vida en aras de la sostenibilidad financiera en bienes hasta ahora intocables, como los medicamentos para síntomas menores. Y, si arrecia la tormenta, lo próximo será el grifo de las subvenciones. No vendría de alguna manera mal en un país que abusa de las ayudas, si con eso se acabara con los repartos clientelares y las corruptelas, pero ya veremos hasta dónde llega el cerrojo y sus consecuencias. En otros tiempos Ortega clamaba que ‘España es el problema, Europa la solución’. La UE vendrá a rescatar nuestras finanzas, pero el gran proyecto político que tenemos por delante es doméstico y pasa, entre otras cosas, por consensuar un Estado más viable y racional, en el que la financiación de los servicios públicos esenciales esté blindada frente a los vaivenes de los ciclos económicos. A la espera de ‘grandes’ acontecimientos, el verano también es una oportunidad para rescatar o poner a punto las relaciones personales cotidianas, lo que me recuerda unas palabras del filósofo Javier Gomá: prefiero la filantropía del mentiroso a la misantropía del sincero. Y al hilo de esa idea, una sugerencia: si está de vacaciones y piensa dormir hoy la siesta, descuelgue el teléfono. Ya sea un filántropo o un misántropo quien haga la llamada, ésta le arruinará un plan que todavía sale gratis. Ya llegará septiembre con la subida del IVA.

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