La Verdad
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Violencia en Siria

Cinco meses después del inicio de la represión en Siria, los observadores de la Liga Árabe han confirmado hoy que existen violaciones de los derechos humanos en la ciudad de Homs, el enclave más castigado por el régimen de Bachar Al Asad. Cerrado a cal y canto a los periodistas occidentales, Siria acumularía ya más de dos mil muertos y un número elevado de encarcelados por las revueltas más importantes acaecidas en el país desde que quedó bajo el control de  la familia Asad. Son ya cuarenta años de represión y violencia en uno de los países más fascinantes de Oriente Próximo. La primera vez que entré en Damasco, en el año 1975,  lo hice desde Amman a través de una rectilínea carretera desde donde se podían ver a lo lejos el fuego cruzado entre las tropas sirias e israelíes. Oficialmente no había declarada una guerra entre ambos países en esos momentos, pero el intercambio de disparos de artillería era una práctica habitual en la zona fronteriza. Yo tenía catorce años y la estampa de la polvareda producida por la caída de morteros, vista desde el asiento trasero del automóvil que conducía mi padre,  me dejó tan impresionado como la belleza de Damasco, una extraña combinación de modernas avenidas de inspiración francesa y un laberíntico zoco donde el tiempo se detuvo en el medievo, atesorando todo tipo de joyas en forma de alfombras, muebles de madera con adornos de nácar y otras hermosas piezas de artesanía.  Aquella ciudad en la que cohabitaban los modernos snack bar con la podedumbre más antihigiénica de sus más antiguas callejuelas se me quedó grabada para siempre.  Como aquellas otras imágenes que antes de entrar en ese país pude ver desde Amman:  la televisión oficial siria tenía la costumbre de retransmitir el ahorcamiento de los condenados a muerte.  Sin cortes publicitarios y hasta que el reo expiraba. La violencia, cuarenta años después, sigue enquistada en Siria. ¿Acabará algún día?

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La alineación de Rajoy
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Una fotografía de Mariano Rajoy en la puerta de La Moncloa y un titular descarnado: «¿Es éste el hombre que salvará España?» Con ese escepticismo, no carente de un cierto desdén que viene de lejos, recibió el semanario ‘The Economist’ al nuevo presidente del Gobierno días después de la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. La idea fuerza de la crónica residía en la falta de concreción de las medidas que tomará para enderezar la economía española. Está visto que Rajoy no podrá disfrutar de una tregua de cien días, al menos en Europa, y el propio presidente ya ha hecho saber que el próximo viernes llegarán las primeras reformas de choque. Lo llamativo de la reacción de la publicación británica es que contrasta con la eufórica respuesta doméstica al discurso de investidura y, sobre todo, a la composición del nuevo Gobierno. Ciertamente, Rajoy acierta en líneas generales al formar un ejecutivo sin concesiones a la galería, formado por veteranos políticos con experiencia en gestión y de su máxima confianza. Frente a la política de gestos que caracterizó a Zapatero, rayando en muchas ocasiones en la vacuidad más frívola, Rajoy se ha despojado de cuotas territoriales o de género para formar un equipo claramente orientado a superar la crisis económica y con amplio conocimiento de los entresijos europeos, el complejo escenario donde el futuro inmediato de España se dirime en los próximos meses. Tan centrado parece en esa acertada estrategia que cometió el error, totalmente inexcusable, de presentar a su Gobierno con una sucinta lectura de sus nombres y cargos, sin explicar por qué los considera los mejores para cada puesto y cuáles son los objetivos básicos de la nueva estructura del Ejecutivo. Y todo ello sin admitir preguntas de los informadores. Hizo bien durante dos semanas en guardar un hermetismo absoluto, pero resulta incomprensible que sustancie su primera relevante acción de gobierno despachándola de manera tan torpe. Las primeras horas de gobierno de Rajoy desvelan las fortalezas y debilidades de quien puede ser el hombre que salve a España, parafraseando a ‘The Economist’. El presidente tiene el aval de los resultados electorales, una mayoría parlamentaria abrumadora, unos criterios de sensatez en su acción política que le hacen tranquilizadoramente previsible y sobre todo una opinión pública que en estos momentos asume la necesidad de hacer sacrificios para salir cuanto antes de la crisis. La principal duda es si sabrá manejar los mensajes, los gestos y otros aspectos formales que el equipo de Zapatero empleaba con una soltura envidiable. Pronto saldremos de dudas. Mariano Rajoy ya tiene a sus trece jugadores sobre el terreno de juego. Es una buena alineación, pero sale al campo a mitad de un partido que se pierde por goleada y que debe remontar a toda prisa en un césped embarrado y con el público de fuera especialmente en contra. La primera jugada ha generado la confianza necesaria en una opinión pública que, como mostraron las urnas, pedía a gritos un cambio. Tendrá ahora Rajoy que ganarse en Europa una credibilidad que nadie regala por esos pagos, a base de medidas de calado que inicien la recuperación del país y muestren un compromiso real con los objetivos de déficit. Suerte presidente.

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La Corona y el nuevo Gobierno
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La legislatura arrancó esta semana en el Congreso de los Diputados con una defensa cerrada de la Corona, que atraviesa su trance más grave por la investigación judicial de los negocios privados del Duque de Palma. En las oportunas palabras de nuestros políticos había un sincero respaldo al Rey y a la vez un cierto poso de mala conciencia. No hay duda de que la principal responsabilidad de esta crisis recae en la conducta «poco ejemplar» del propio Iñaki Urdangarin, cuya actuación debe ser investigada por los tribunales hasta sus últimas consecuencias. Pero es evidente que ni los legisladores ni el Gobierno salientes han sabido cumplir acertadamente con la obligación en toda monarquía parlamentaria de proteger la figura del Jefe del Estado de sus propias limitaciones y errores, y propiciar una percepción social positiva de su contribución a la estabilidad y el desarrollo de España. Así lo hizo el Gobierno de Tony Blair cuando la Familia Real británica, hundida en los índices de popularidad, se disponía a gestionar de la peor manera posible la muerte de Lady Di. Por razones diferentes, España padece una situación semejante a la que vivió el Reino Unido. Basta con ver el último barómetro del CIS de octubre y comprobar cómo, por primera vez, la confianza en la Monarquía no llega al aprobado después de muchos años en los que la institución recibía una buena valoración de los españoles. En un país como el nuestro, sin monárquicos ni republicanos acérrimos, la Corona sólo tiene sentido si la ciudadanía aprecia su utilidad, lo que depende de la ejemplaridad de los miembros de la Familia Real pero también del espacio institucional y los cometidos que le marque el Gobierno de turno. La Corona tiene un valor simbólico que ha demostrado ser, además, un bien democrático fundamental en momentos clave desde la Transición hasta nuestros días. Y no sólo me refiero al papel del Rey durante el 23-F. Aludo también a la gran función estabilizadora que desempeñó Don Juan Carlos en los momentos más difíciles de la sociedad española, cuando golpeaba con furia el terrorismo o las sucesivas crisis económicas. Tampoco es casual que la influencia de España en el mundo alcanzara su punto álgido cuando los distintos Gobiernos supieron utilizar el prestigio internacional del Rey para fortalecer su política exterior, una estrategia que multiplicó el peso de nuestro país en los grandes ámbitos de decisión supranacionales y favoreció la internacionalización de nuestras empresas. En los últimos años, por el contrario, las visitas de Estado a España se redujeron al mínimo, mientras que la agenda exterior del Rey y del Príncipe, una cuestión que también compete al Gobierno, se debilitó hasta niveles tan intrascendentes que fomentaron una injusta imagen de ociosidad de una Familia Real convertida en carne de cañón para las revistas del ‘corazón’. Por cierto, también tenemos gran culpa los medios de comunicación, desde luego unos muchísimo más que otros, en esa banalización y pérdida de estima en la Corona. Mariano Rajoy tiene como principal objetivo superar la crisis económica, aunque no debe olvidar que será su responsabilidad recuperar la confianza en la Monarquía y en otros pilares institucionales del Estado. No será fácil, pero será una obligación ineludible como presidente del Gobierno.

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La Europa de los rescates
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En esta semana en la que emergió de la crisis de la deuda soberana la nueva Europa de la austeridad y la disciplina fiscal, sin el concurso del Reino Unido, la actualidad dejó poco margen para ese escapismo de la realidad que propician los puentes festivos. Pero en algunos ratos libres pude dar rienda suelta a la tentación de releer fragmentos de la obra de Josep Pla, uno de los gigantes de las letras y del periodismo español del siglo XX, en busca de claves inéditas de esta reconstrucción europea. Aquel humilde payés del Ampurdán escribió desde Madrid las mejores crónicas periodísticas de la convulsa historia de la República, retrató como corresponsal el ascenso del nazismo en Alemania y del comunismo en Rusia, vivió el París de la primera posguerra mundial y fue testigo de la entrada de Mussolini con sus partidarios en Roma. Si alguien conoció bien las intangibles raíces de la Europa actual ese fue Josep Pla. De esa revisión de su obra me quedo con una frase de la entrevista que le hizo el filósofo Salvador Paníker en 1965 y que debe ser interpretada en su contexto histórico: «El nivel medio político del mundo es muy bajo, pero contiene cierto sentido común, un cierto instinto de no molestar a los demás y de no ocasionarles más sufrimientos de los que ya tienen. Éste es el objetivo general de la política en el mundo. Éste y el mantenimiento de la paz». Francia y Alemania, dos países que iniciaron la construcción de la UE para dejar de matarse en los campos de batalla, lideraron esta semana la fundación de una nueva Europa en la que 26 países ceden más soberanía, asumen más disciplina fiscal y saltan de la moneda común a la política económica común. Para salvar la economía del euro, Merkel y Sarkozy impusieron las reglas, convencidos de que la crisis de la deuda tiene su causa en la falta de confianza de los mercados en la disciplina fiscal de los países y en que puedan hacer frente a sus crecientes deudas. Esta operación de rescate, presentada como única alternativa, traerá recortes sensibles para la ciudadanía. La tesis ‘Merkozy’, que enlaza con la reflexión de Josep Pla, es que los sufrimientos que se avecinan a corto plazo para los europeos serían mayores a medio plazo si no se actúa ahora con firmeza. Pero la duda no reside en la intención o el sentido común de Merkel y Sarkozy, sino en el acierto de su diagnóstico: algunos economistas, como el Nobel Krugman, piensan que la obsesión por la austeridad no resolverá la crisis sino que precipitará una recesión. Con un Gobierno de ‘pretorianos’ dispuestos a quemarse en los próximos dos años con los ajustes, Mariano Rajoy encara un reto de órdago. Debe cumplir con la UE para que el Estado capte 380.000 millones de financiación en el primer semestre de 2012, asumiendo el riesgo de que el cerrojazo al gasto público frene la reactivación económica y crezca el paro. A la espera de que el BCE nos compre más deuda y lleguen los eurobonos, si llegan, Rajoy tiene que desarrollar la regla de gasto introducida en la Constitución y rescatar a la vez a las comunidades que soñaron con hacerse ricas con el ladrillo y ahora incumplen el déficit, como la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha. Esta es la Europa de los rescates de países, regiones y bancos, dura pero al menos sin guerras ni revoluciones sangrientas como las que vivió Josep Pla.

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La encrucijada financiera de Valcárcel
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No será ni el déficit estructural de infraestructuras, ni el de recursos hídricos, la reivindicación más urgente y conflictiva del Gobierno de Valcárcel frente al Ejecutivo de Rajoy. Será otro déficit endémico, el de la financiación autonómica de la Región de Murcia, la ‘patata caliente’ que puede disparar la fricción entre un Gobierno regional asfixiado por la atonía de la actividad económica y un Ejecutivo nacional condenado a cumplir con el compromiso de estabilidad financiera impuesto por Merkel en la UE.
Diez comunidades, con Baleares a la cabeza, cosecharon superávit en el tercer trimestre, pero otras, como Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, suspendieron en septiembre. Aunque mejora progresivamente sus cifras tras reducir 200 millones en el presupuesto de 2011, la Región de Murcia casi triplicó en septiembre el tope de déficit fijado para este año. Como a Cospedal, a Valcárcel no le queda más opción que incrementar el ‘tijeretazo’ (400 millones en el presupuesto para 2012) porque solo hay dos caminos posibles a recorrer en paralelo: bajar gasto público y subir los ingresos. Cuando es insuficiente el dinero que entra en las arcas por la vía de la financiación autonómica y de los impuestos (IRPF, IVA, gasolina…), de la encrucijada solo se sale con más recortes y buscando financiación en los mercados con el consiguiente riesgo de engrosar la deuda. No hay un plan B, salvo subir tasas y sobre todo impuestos. Lo primero se ha hecho (un 2,5% de media), lo segundo no se hará.
Baleares exhibe las mejores cifras de saneamiento en el tercer trimestre, pero no fue por la dimensión de su ‘tijeretazo’ (262 millones), sino porque su economía es más dinámica y sus ingresos crecieron un 48%. El problema de la Región es que su actividad económica, salvo el sector exportador, carece de pulso. Los ingresos se despeñan cuesta abajo y, para colmo de males, el margen de recorte es muy estrecho porque, a diferencia de otras comunidades, la Región dedica el 76% de su gasto a Sanidad, Dependencia y Educación. Cualquier ‘tijeretazo’ sensible en esas partidas implicaría una merma de la prestación o tocar las retribuciones de los funcionarios, dos hipótesis descartadas. Además de la crisis y el gasto expansivo en Sanidad y Educación, por el aumento de la población y la subida salarial de 2008 al personal del SMS, la Región se enfrenta a un modelo de financiación autonómica que le perjudica frente a otros territorios, agravado por la indisponibilidad de los 225 millones del Fondo de Competitividad que no transfirió la Administración central. Un informe presentado el lunes por la Fundación BBVA bajo el título ‘Las diferencias regionales del sector público español’ pone el dedo en la llaga. Solo la Comunidad Valenciana tiene una mayor absorción de recursos autonómicos para Educación y Sanidad que la Región de Murcia. Y en recursos reconocidos por el sistema de financiación autonómica, tanto en euros ‘per capita’ como en euros por población ajustada, la Región aparece en puestos por la cola, exclusivamente superada en posiciones negativas por Canarias. A la luz de este informe parece que Valcárcel tiene razón cuando dice que con un modelo de financiación más justo con la Región no tendría obstáculos para el cumplimiento del objetivo de déficit. Lo malo es que es más factible que llegue antes la recuperación económica, si acierta Rajoy con sus medidas, que un posible cambio del modelo de financiación, que implica un consenso entre todas las comunidades autónomas, algo complejo aunque no imposible con el actual mapa monocolor del PP.
A la espera de esa reactivación económica asistiremos pues a más recortes de gasto público. Como el conjunto de la sociedad española, la murciana lo tiene asumido. Sin embargo, el Ejecutivo de Valcárcel se juega su credibilidad si acomete esta tarea con una rebaja generalizada de todas las partidas sin eliminar primero, y de cuajo, lo superfluo o sustituible por la iniciativa privada, que algo queda. Por ejemplo, no tiene sentido, ni siquiera desde el punto de vista de la opinión pública, que los consejeros se desplacen en dos monovolúmenes mientras que un exconsejero fiscaliza el trabajo de sus antiguos compañeros con un presupuesto de casi 600.000 euros. Tan importante como la cuantía del recorte es el lugar donde se mete el bisturí cuando se está preocupado por la percepción de la acción de gobierno en momentos difíciles y propicios para nuevas protestas sociales. Lo que alarma no es el recorte en sí, que es necesario, sino la perspectiva de que los pocos ingresos sirvan para pagar intereses de deuda y no a unos proveedores que ya no aguantan más.

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