En muchos aspectos de la vida siempre es aconsejable tomar distancias para observar lo que acontece. Ahora, de una forma especial, porque en esta pandemia la única receta infalible para preservar la salud física es el distanciamiento social. Si además queremos transitar por esta crisis en buen estado de salud mental, nada mejor que tomar también cierta distancia de nuestra polarizada vida pública, donde una vez más aparecen las dos grandes trincheras políticas y esa vocación cainita tan española.

Mañana entramos en la segunda fase de la desescalada, esperemos que con la principal lección aprendida: las medidas de higiene y el distanciamiento son nuestros mejores escudos. Lo ganado con el confinamiento permite relajar algunas medidas para prevenir la infección. Algo de luz se otea al final del túnel. Pero el virus no se ha ido y no hay aún vacuna disponible. El Sars-CoV-2 todavía atesora muchos misterios para los investigadores. Uno de ellos es por qué algunos infectados muestran gran capacidad para transmitir el virus, a diferencia de la gran mayoría de los contagiados. Alrededor del 10% de los infectados serían causantes del 80% de los casos. La prestigiosa revista ‘Science’ arrojó luz esta semana con información útil y esclarecedora, al analizar los brotes de decenas e incluso cientos de casos que figuran en la base de datos de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Desde un grupo de 800 casos originados en un dormitorio para trabajadores migrantes en Singapur a 80 infecciones vinculadas a locales de música en vivo en Osaka y 61 entre los miembros de un coro de una iglesia de Mount Vernon, en Washington. Todas estas infecciones grupales se han producido en barcos, residencias de ancianos, plantas de procesado de carne, estaciones de esquí, iglesias, restaurantes, hospitales y prisiones, entre otros recintos. Lo interesante de esta información es que valida la recomendación de limitar las aglomeraciones en locales cerrados, donde el virus puede permanecer ocasionalmente en gotitas en suspensión en el aire, y a sugerir que podrían aliviarse las restricciones a las actividades al aire libre (solo se detectó un gran brote, 56 asistentes a una clase de zumba en Corea del Sur). Todo apunta en la misma dirección: se esté donde esté, la mejor protección es mantener esa distancia de separación física de dos metros.

La gestión de esta crisis está también entrando en una nueva fase política, donde la crispación y la lucha partidista está alcanzando cotas preocupantes. El Gobierno no hace nada para concitar el apoyo del principal partido de la oposición y éste rechaza cualquier acercamiento constructivo, exigible a toda formación de Estado. Si ya estaba complicado el panorama, el acuerdo del PSOE y Podemos con Bildu no ha hecho sino empeorarlo porque dinamita el imprescindible diálogo social entre empresarios, sindicatos y Gobierno. Digan lo que digan las insólitas encuestas del CIS de Tezanos (¡de marzo a mayo creció del 35,8% hasta el 70,1% el porcentaje de españoles que consideran buena o muy buena su situación económica personal!), el durísimo escenario que dibujan todas las instituciones de referencia europeas y nacionales aconsejan el máximo consenso. En lugar de eso, parece que parte de los esfuerzos se centran en ponérselo aún más difícil a muchos sectores productivos, como la hostelería; a las administraciones locales, sin recursos, por ejemplo, para cumplir con las exigencias de Sanidad en las playas, o a las propias familias, que deberán gastarse un pico en mascarillas para protegerse.

Corremos el riesgo de que con estas batallas políticas entre las derechas y las izquierdas acabemos por olvidarnos de que estamos en guerra contra un virus que ya ha causado 28.000 muertos en nuestro país. Existe esa tercera España que fue evocada en el siglo pasado por Salvador de Madariaga, que no quiere ser partícipe de enfrentamientos cainitas entre bandos históricamente enfrentados, pero que parece invisible porque no recurre al griterío. Un país de ciudadanos comprometidos con sus instituciones democráticas, hartos de dobles varas de medir, de quienes ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Personas que condenan todo tipo de escraches, sea quien sea el destinatario. Que hacen bandera de su tolerancia y se distancian de los radicalismos de uno y otro signo. Que crezcan en número debería ser nuestro mayor anhelo.

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El Gobierno de López Miras ya dispone de un Presupuesto para 2020 que le servirá para maniobrar con algo de holgura en estos primeros embates de la crisis, pero a nadie se le oculta que estas cuentas públicas de la Comunidad son un espejismo, una partitura que habrá de rehacerse a lo largo de los próximos meses. Lo deseable es que cualquier hoja de ruta presupuestaria, esta o la que finalmente se ejecute, tenga el mayor consenso entre Gobierno y oposición, como ha reclamado buena parte de la sociedad civil murciana en nuestras páginas. Lamentablemente, la negociación exprés entre PP y PSOE no llegó a buen puerto. Con sinceridad, no esperaba lo contrario, aunque teóricamente no fueron grandes obstáculos los que bloquearon un acuerdo. Percibo demasiada ausencia de química entre Miras y Conesa, demasiado tacticismo en uno y otro, como para pensar en la posibilidad, a corto o medio plazo, de ese necesario y sólido pacto. Cómo va a ser fácil si desde mayo pasado López Miras ningunea sistemáticamente a Conesa, y Conesa llama sistemáticamente llorica a López Miras mientras hace ademán de tenderle la mano. Lo cierto es que solo 24 horas después de la aprobación de las cuentas regionales volvieron las hostilidades entre ambos partidos en las redes sociales.

En el Gobierno central la situación aún es más compleja. Sin apenas avances para esos nuevos pactos de La Moncloa, la crisis del coronavirus está dejando cada vez más solo a Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde tendrá muy difícil aprobar una cuentas públicas que sustituyan a las diseñadas por Cristóbal Montoro. No acaba el Ejecutivo de Sánchez de resolver ninguno de los problemas que arrastra desde el inicio de la crisis, como la falta de test o de material de protección que nos ha convertido en el país con más tasa de sanitarios infectados. O las dudas sobre los datos de fallecidos y contagiados, la situación de las residencias de ancianos, y los problemas de comunicación y coordinación, como el vivido esta semana con las condiciones para las salidas de los niños.

En todo caso, lo peor para Pedro Sánchez y Fernando López Miras no es la carencia de un vasto respaldo político o de unas cuentas ajustadas a los descomunales efectos de la pandemia. Es la constatación de que el perfil y la estructura de sus respectivos gobiernos de coalición son un enorme lastre para encarar la gestión de este monumental desastre. La hipertrofia del Ejecutivo de Sánchez, abiertamente cuestionada desde que se conoció la larga lista de ministros y el controvertido reparto competencial, no hace sino entorpecer la gestión de una crisis donde PSOE y Podemos van demasiadas veces a su aire. Por la alta exigencia de este desafío, la idoneidad de no pocos ministros está quedando más que en evidencia. Lo mismo sucede con parte de los miembros del Gobierno regional. Con luces y sombras, el consejero de Salud, Manuel Villegas, está dando la talla y transmitiendo una tranquilidad que viene acompañada por las cifras de la pandemia en la Región, un mérito que recae fundamentalmente en la generosidad y entrega de un personal sanitario volcado en su tarea sin la protección y número de test necesarios. Dicho eso, su papel sobresale del resto.

La destitución en el último Consejo de Gobierno de la directora general encargada de la (calamitosa) gestión de los ERTE, junto a la última de las recurrentes turbulencias en la Consejería de Empresa, incluida la espantada del que hasta ahora era el secretario general y el cambio de manos de las competencias de comercio, son reveladoras de la debilidad e inconsistencia en la gestión que se proyecta de modo más visible por el flanco naranja del Ejecutivo. Porque a lo anterior hay que sumar la aportación inane de la Consejería de Isabel Franco, que en ocasiones parece ir incluso a la contra. Desaparecidas en combate están las consejeras Beatriz Ballesteros y Cristina Sánchez, esta última al frente de la vital cartera de Turismo.

Sánchez y Miras tendrían motivos sobrados para hacer crisis de gobierno, pero hoy podrían hacer cualquier cosa excepto cambiar de generales en plena batalla. Y aunque tuvieran los arrestos políticos para acometerlas, ni siquiera podrían elegir la alineación completa, puesto que sería una tarea obligadamente compartida con Podemos y Ciudadanos. La pandemia llegó en el peor momento político posible, con el escenario de mayor polarización desde el comienzo de la democracia y con gobiernos de coalición en muchas administraciones públicas que fueron creados con criterios muy alejados de la eficiencia en la gestión.

Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la UMU, ya señalaba el pasado domingo en LA VERDAD cómo una de las grandes sombras en la gestión de la pandemia son las dudas sobre la capacidad de nuestras estructuras políticas, atenazadas por las prácticas clientelares, la politización de los niveles técnicos en las administraciones en detrimento de la profesionalización de la gestión pública, la falta de flexibilidad en la función pública… En esta crisis, donde hemos visto publicarse órdenes trascendentales en el BOE quince minutos antes de su entrada en vigor, para luego sufrir sucesivas rectificaciones en los días siguientes, está quedando en muy mal lugar la gestión pública por culpa de un sinfín de personas que desembarcaron en la política con nula trayectoria profesional.

El profesor Rafael Jiménez Asensio, quien aboga por expulsar de las filas de la política no solo a los corruptos, sino también a los incompetentes, escribía recientemente: «No podemos tolerar ni un minuto más tanta incompetencia directiva teñida de amateurismo», dice este experto en organización constitucional del Estado. Nos ha pillado la peor de las crisis con los peores líderes. Agárrense.

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En 1957, el físico Charles Percy Snow dictó una conferencia llamada ‘Ciencia y Gobierno’ que ha sido evocada durante el veloz avance del Covid-19. El motivo es que encierra claves sobre cómo los Gobiernos deben asesorarse, para la toma de sus decisiones políticas, sobre cuestiones donde la ciencia bordea las fronteras del conocimiento. En su escrito, C. P. Snow narró la disputa iniciada entre dos investigadores, Henry Tizard y F. Lindemann, en la Gran Bretaña de los albores de la II Guerra Mundial. Tizard dirigía el comité de expertos que asesoró al Ejecutivo laborista sobre cómo hacer frente a los bombardeos de la Alemania nazi. Su recomendación fue concentrar todo el esfuerzo financiero en el desarrollo de un incipiente invento, el radar. Esa estrategia era frontalmente despreciada por Lindemann, el principal asesor del entonces jefe de la oposición, Winston Churchill. Tizard acertó y Gran Bretaña sobrevivió a la ofensiva aérea de Hitler. En 1940, con Churchill al frente y la guerra de cara para los aliados, Tizard y sus colaboradores fueron desplazados por Lindemann, que sobre la base de cálculos erróneos, que nadie revisó, recomendó un bombardeo brutal de la industria y la población civil alemana, que resultó tan innecesario como cruel por ser trágicamente fallido.

Ahora estamos en otro tipo de guerra. También es mundial y se libra contra un enemigo que se desplaza por el aire, aunque en esta ocasión es genuinamente invisible, salvo para el radar molecular de los sofisticados test de diagnóstico que lo detectan en las mucosas de nuestra boca y nariz. Es un virus que nos invade y se propaga a enorme velocidad, obligando a adoptar medidas de contención propias de un conflicto bélico. Cierres de colegios, confinamientos en domicilios, limitación en la circulación de personas, controles policiales… Es probable que, con toda la comunidad científica volcada en el empeño, en año y medio se podrá derrotar al virus con una vacuna. Si así ocurre, habrá sido a pesar de una clamorosa descoordinación internacional, con cada país tomando sus propias medidas, aconsejados por científicos de cabecera sin que trasciendan las evidencias y los argumentos de sus decisiones.

Como intuía C. P. Snow, el tiempo está demostrando que cuando aparece un desafío pleno de interrogantes científicas es crucial que los Gobiernos recluten a los mejores investigadores, pidan opiniones discrepantes de otros expertos y gestionen la información de forma transparente y abierta. Justo lo que no está ocurriendo en esta pandemia. El primer error fue ignorar las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, institución que coordinó la lucha contra el precedente del Covid-19, el síndrome agudo y respiratorio (SARS) causado entre 2002 y 2003 por otro coronavirus. Muchos políticos, científicos, médicos y periodistas vivieron esa crisis en España. Cierto es que la magnitud del Covid-19 sorprende y desborda a todos, pero el riesgo era conocido, empezando por la posibilidad de que la información que llegaba de China no fuera fiable.

Entonces, como ahora, las autoridades chinas informaron a la OMS de la existencia de un brote cuando el virus ya se había diseminado por su territorio. El primer caso se produjo el 17 de noviembre en Wuhan, pero no fue hasta el 31 de diciembre cuando la epidemia es oficialmente comunicada a la OMS, después de días de censura en los medios locales y de persecución a médicos que intentaron alertar de los casos que tenían entre manos. Hasta el 11 de enero, China no compartió internacionalmente la secuencia genética del virus, de la que disponían desde el día 5. Dos días después, el 13 de enero, se declara la primera infección fuera del gigante asiático. Ahora se sabe, por un estudio publicado esta semana, que el virus circulaba por el norte de Italia ya a principios de enero. El primer caso se diagnosticó un mes después, el 20 de febrero, en Lombardía. El análisis de muestras de los 5.800 primeros infectados arroja un dato revelador: la cantidad de virus en las fosas nasales de los contagiados, la llamada carga viral, es similar tanto en pacientes con síntomas como en infectados asintomáticos. La conclusión es preocupante: el coronavirus está siendo propagado de forma inadvertida por personas sanas, posiblemente de forma masiva.

El Ministerio y las consejerías autonómicas de Salud pecaron de exceso de confianza cuando, después de que la OMS declaró el 31 de enero la emergencia mundial y tras el Consejo Interterritorial del 4 de febrero, anunciaron por boca de Salvador Illa que el Sistema Nacional de Salud estaba preparado. Aún no sabían que ya había transmisión comunitaria del virus en Europa, pero anticipar escenarios forma parte de sus responsabilidades. ¿Estuvieron bien asesorados? ¿Tuvieron todos la misma actitud? Imposible saberlo porque desde diciembre de 2018 el Ministerio ya ni cuelga las actas de los Consejos Interterritoriales de Salud. Es difícil explicarse las tibias recomendaciones del portavoz científico del Ministerio a finales de la primera semana de marzo, cuando ya había más de 380 casos, 9 de los cuales eran de origen desconocido, lo que implicaba que había personas infectadas moviéndose por España sin ser conscientes de ello, como advirtió el día 5 el mayor experto español en coronavirus, Luis Enjuanes, del CSIC. Inexplicable cuando, además, un informe del propio Ministerio del día 6 decía que no era descartable la transmisión asintomática, una posibilidad suscitada en febrero cuando la mitad de los viajeros del crucero ‘Princess Diamond’ dieron positivo sin tener síntomas.

Esta guerra se va a ganar, pero la victoria habría sido menos amarga con un Tizard liderando un equipo independiente de expertos que con un Lindemann poniéndose de perfil en momentos políticamente sensibles para su Gobierno. El comité anunciado hace una semana por Sánchez llega tarde, pero su actuación aún es decisiva y ojalá acierte. Ayer propició una decisión relevante de Pedro Sánchez, la suspensión durante dos semanas de la actividad no esencial en todo el país. Dicho esto, la responsabilidad última es indelegable. Recae en el presidente y en los gestores del Sistema Nacional de Salud, que tuvieron la posibilidad de actuar, como hicieron sus antecesores en la crisis de las ‘vacas locas’, conforme al Principio de Precaución previsto en los Tratados de la UE para amenazas medioambientales o de salud pública.

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Han pasado 40 años desde que a Jesús Sancho Rof, el ministro de Sanidad al que le explotó la crisis del aceite de colza, se le atribuyeron unas palabras sobre un caso de neumonía mortal en Torrejón que luego resultó ser una de las primeras víctimas del síndrome tóxico: «El mal lo causa un bichito. Es tan pequeño que si se cae de la mesa se mata». La frase le persigue desde entonces. Hace cinco años, este ministro de UCD aseguró que se trata de una leyenda urbana. Y se defiende. Dijo que tras revelarse en la autopsia la presencia de la bacteria ‘Mycoplasma pneumoniae’, a la pregunta de un periodista de si se iba a investigar la base estadounidense de Torrejón, él se limitó a decir: «Es una enfermedad que se transmite por el aire, ¿qué quiere que busquemos en Torrejón? ¿Mycoplasmas muertos por el suelo?»

Cualquiera de las dos alternativas (en la segunda tampoco queda bien el periodista) valen para consolidar este episodio como un verdadero paradigma de mala comunicación en situaciones de crisis sanitaria. Desde la aparición de la enfermedad de las ‘vacas locas’, los Gobiernos han dejado, con buen criterio, la comunicación en manos de profesionales especializados, como sucede ahora con el nuevo coronavirus. Se ha mejorado mucho, pero aún estamos lejos de una óptima información porque a la impericia, a veces de políticos, periodistas, e incluso de médicos, se suman ahora los bulos que circulan por las redes sociales. Mal asunto porque la alerta por el coronavirus va para largo y está teniendo todo tipo de consecuencias.

En la gestión de toda crisis sanitaria de origen vírico existe una ventana de contención. Un intervalo de tiempo, por regla general no demasiado extenso, en el que es posible acotar un brote antes de que pueda quedar fuera de control. Esa ventana de oportunidad se abre y se cierra sin previo aviso. Para aprovecharla hay que estar alerta y actuar con celeridad. El pasado domingo, la ventana de contención del coronavirus prácticamente quedó cerrada a nivel global. Todos los esfuerzos de China por contener la propagación del agente infeccioso en Wuhan fracasaron, pese a mantener aislada a la población de ciudades enteras. Cuando el coronavirus llegó a Italia solo era cuestión de tiempo la aparición en España de casos importados, pero también de casos locales, infectados que no han estado en zonas de riesgo, que no han tenido contacto con personas enfermas o que hayan viajado al extranjero recientemente. Solo si hubiera una transmisión descontrolada y una entrada masiva de casos importados, habría que pasar a la fase de mitigación, que implican el reforzamiento de toda la estructura de atención hospitalaria.

Por lo que hoy saben los científicos del nuevo coronavirus, existen más motivos de preocupación para los economistas que para los expertos en salud pública. Todavía no se dispone de una vacuna ni se conoce cómo saltó la barrera de las especies afectando a los humanos, pero los primeros datos indican que su mortalidad no excede del 4% y que en la inmensa mayoría de los casos produce síntomas leves. Son las personas de mayor edad o con patologías respiratorias de base las más vulnerables. Eso debería tranquilizarnos a nivel personal, pero no por eso debe bajarse la guardia con las medidas sanitarias. El hecho de que este microorganismo sea altamente contagioso, y de que existan portadores sin síntomas, dificulta su detección y facilita su propagación. De ahí que una tasa de mortalidad del 3 ó 4% puede ser considerable si los infectados a nivel mundial se multiplican exponencialmente. Los virus son seres vivos que pueden mutar, adquiriendo una menor o mayor agresividad. De ahí que resulten razonables todas las medidas de las autoridades sanitarias españolas. Con todas sus limitaciones financieras, al cabo de cuarenta años tenemos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo y una comunidad biomédica de primer nivel, que estará a la altura del nuevo desafío. Y esto sí que no es una leyenda urbana, sino una realidad que nos tranquiliza y llena de orgullo.

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A este paso vamos a necesitar una mesa de diálogo y una mediación internacional para encauzar las relaciones entre el Gobierno central y el murciano. Con relator incluido. Lejos de bajar el tono de la confrontación, el choque de trenes crece en intensidad. Pedro Sánchez no recibe ni siquiera unos minutos a Fernando López Miras, tras haberlo solicitado por múltiples vías desde su toma de posesión. Y a su vez, López Miras no le da cita al líder socialista regional Diego Conesa, que se lo ha pedido tres veces por carta desde que logró convertir al PSOE en el partido más votado en las autonómicas.

De las cartas pidiendo cita, ambos ejecutivos han pasado a los requerimientos y a las advertencias de que se verán en los tribunales. Al ultimátum de la ministra Celáa sobre el pin parental, respondido con un plantón de la consejera de Educación, se suma ahora el requerimiento del Gobierno regional para que el Ministerio elimine el aporte de nutrientes que llegan al Mar Menor por la rambla del Albujón y el acuífero. Ahora ya solo faltaría, para cuadrar el círculo de este diálogo de sordos, que el Ministerio exija judicialmente a la Comunidad que actúe en origen y evite que esos aportes lleguen desde los bancales al colmatado acuífero.

¿Por qué están las posiciones tan enrocadas? ¿Por qué es la Región de Murcia la comunidad con la relación más tensa con el Gobierno central? Mi impresión es que PP y PSOE son conscientes de que este año será especialmente duro en la Región. Hay un cóctel socialmente explosivo sobre la mesa por la conjunción del empeoramiento de la economía, con un repunte del paro; la intervención por Hacienda de las arcas de la Comunidad, que acabará provocando tensiones importantes dentro y fuera de la administración regional; y la degradación del Mar Menor, que está abocado a sufrir otra crisis aguda con la paulatina subida de las temperaturas. Si a eso sumamos las huelgas de la hostelería y las movilizaciones en el campo, todo apunta a que viviremos un año especialmente duro para el turismo y el sector agroalimentario, entre otros. El panorama es especialmente complicado para el PP, que está en manos de dos partidos, uno en descomposición, y el otro obcedado en una agenda ultra y bizarra, lo que convierte al Gobierno regional en una perita en dulce para el Ejecutivo nacional, que más se afianza cuanto más asoma Vox. De cara a este previsible escenario, PP y PSOE están trabajándose tácticamente un relato de los acontecimientos. Los populares buscan instalar en la opinión pública la idea de que todos los males presentes y venideros son producto del castigo de Sánchez a la Región de Murcia. Los socialistas, por el contrario, confían en que las continuas dificultades del Gobierno regional propicien un clima de aceptación social de una hipotética moción de censura que podría plantearse si Ciudadanos vira a partir de marzo y la inestabilidad política se acentúa en la Comunidad. Ayuda de La Moncloa no le va a faltar a Conesa, ahora o en las próximas elecciones, para conseguir ser presidente de la Comunidad autónoma.

Esta disputa por ver quién logra imponer su discurso genera hartazgo en la mayoría de la ciudadanía, que no sigue de cerca la política y solo percibe ruido. Hartazgo porque es generalizada la percepción de que existen graves problemas que no están encarándose con la firmeza y la unidad necesaria, como el estado medioambiental del Mar Menor y sus consecuencias para el turismo. En cuanto se rasca un poco aflora el malestar en muchos colectivos por el estado de la Región y su imagen exterior. Durante décadas, las urnas daban ganador por mayoría absoluta a los populares, incluso cuando las encuestas calificaban su gobernanza de mala o regular. Hay una barrera ideológica que favorecía al PP porque la mayoría social era, y aún es, eminentemente conservadora. Pero esa ventaja se difuminó con la aparición de nuevas ofertas en el centro y la derecha. Ahora más que nunca el partido que ocupa el gobierno no puede permitirse el lujo de incurrir en una gestión ineficaz y mediocre.

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Mike Tyson es lo menos parecido a un filósofo, pero el legendario boxeador dejó para la posteridad una lúcida frase que ha hecho fortuna: «Todo el mundo tiene un plan hasta que te dan la primera en la boca». ¡Qué razón tenía! Lo importante no es el hecho de recibir una dura bofetada (un revés siempre termina por llegar en la vida), sino cómo reaccionas cuando se produce, cómo actúas cuando las cosas inesperadamente se tuercen. Hace tiempo que el Gobierno regional formado por PP y Ciudadanos se llevó la primera de muchas. De ahí que se le vea a menudo inestable, agarrándose a las cuerdas de un imaginario ring. Y aunque no rehuye las distancias cortas y se faja en el cuerpo a cuerpo, tiende a trabarse con el adversario porque la pelea política no le da un mínimo respiro. Ni que decir tiene que en este cruce de guantazos hay multitud de golpes bajos. Por ambas partes.

Una semana más, los populares y los socialistas murcianos han demostrado que harán lo que haga falta para mantener o conquistar el poder, que es, en suma, de lo que va esta historia de la política. Esa es la molla. El resto es aderezo. Lo que está por ver es quién aguantará más tiempo en pie. El PSOE de Diego Conesa no deja de soñar con una moción de censura. Así lo dijo el pasado jueves: la hoja de ruta no ha cambiado. Aunque hoy no parece posible que prospere, los socialistas murcianos mantienen abierta esa estrategia porque desgasta al Gobierno regional, que atraviesa por todo tipo de problemas internos y externos. Para empezar están los quebraderos de cabeza desatados por sus socios de gobierno, inmersos en plena pugna por el liderazgo regional de Ciudadanos que se dirimirá esta primavera. El partido naranja se deshilacha y, pese a los esfuerzos de su gestora, en los temas más controvertidos están anclados en la ambigüedad. Y eso es especialmente dañino para el Ejecutivo, donde la vicepresidenta Isabel Franco va a su aire, poniendo palos en las ruedas de los Presupuestos, intencionadamente o no, con anuncios a destiempo y fuera del control de San Esteban. Pero sin duda el mayor problema para López Miras deviene de haber claudicado ante el ‘pin parental’ de Vox, una medida de más que dudoso encaje en la Constitución, la ley educativa del popular Wert y los decretos curriculares de la propia Consejería. El veto parental, apoyado en unos informes jurídicos que nadie ajeno al Gobierno ha logrado ver, no ha venido a solucionar nada sino a crear un problema que no existía, como paradójicamente reconoció el propio Gobierno regional. Ni una sola queja en los centros educativos. Ni un sondeo regional o nacional donde aparezca entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Que el ‘pin parental’ sea el gran asunto público es para echarse a llorar cuando tenemos la segunda tasa más alta de abandono escolar temprano (22,6%), cuando uno de cada tres chicos murcianos de quince años ha repetido uno, dos o hasta tres cursos y cuando el número de ‘ninis’ ronda los 38.000. A diferencia de los populares de Madrid y Andalucía, que se resisten a pasar por ese aro, López Miras persevera en el error de hacer parcialmente suyo el relato político de Vox, lo que unido a la victoria de los de Abascal en las últimas generales nos ha reportado una singularidad política de infaustas consecuencias, con un hueco casi a diario en los telediarios nacionales. Y es que la polarización, propulsada en los últimos años por los populismos radicales de izquierda y de derecha, históricamente desemboca en guerras culturales donde conservadores y progresistas tratan de hacer valer sus principios morales y credos ideológicos. En tiempos de calma, los conservadores enarbolan la bandera de la libertad y los progresistas la de la igualdad, que se confrontan por cauces civilizados. Cuando el debate se crispa, descarrila la tolerancia, se desligitima al adversario y se busca su aniquilación, la batalla ideológica entonces se vuelve descarnada.

Hete aquí que la nueva guerra cultural tiene su campo de batalla en la Región de Murcia, feudo y laboratorio de ‘ideas’ de Vox. La singular agenda de la derecha más radical supone el mejor pegamento para PSOE y Podemos, que van a esta guerra con toda la artillería pesada de La Moncloa. Sánchez le ha puesto la proa al débil Gobierno regional del PP/Cs. Ritmo cansino en la recuperación del Mar Menor, trasvases con recortes para regadío, advertencias de que el ‘pin parental’ se anulará en los tribunales y la intervención de las cuentas de la Comunidad para retener parte de la financiación y pagar directamente a los proveedores. Hasta los regantes y el sector agroalimentario empiezan a pensar que les irá mejor si van solos a ver al Gobierno nacional que de la mano del consejero regional del ramo. En este proceso, el PSOE corre el riesgo de pasarse de frenada si los ciudadanos perciben una estrategia de derribo que tangencialmente puede impactarles negativamente. Avalada por la ley de estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro, la intervención de Hacienda es jurídicamente irreprochable pero políticamente severa, después de que el Ministerio, por estar en funciones, retrasara el pago de parte de las entregas a cuenta hasta diciembre. Durante casi todo el año, la Comunidad tendrá tensiones financieras. De entrada habrá cierre temporal de las arcas públicas, con todo lo que comporta, hasta que se calcule la deuda comercial.

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Es necesario hacer un gran esfuerzo de memoria para recordar la última vez que, en una rueda de prensa del Consejo de Ministros, hasta tres miembros del Ejecutivo han comparecido para anunciar que se llevará a los tribunales a una comunidad autónoma si no rectifica una decisión supuestamente ilegal. Habría que remontarse a los momentos más delicados del órdago independentista catalán para encontrar una imagen similar a la ofrecida por María Jesús Montero, Isabel Celaá e Irene Montero, que no ven ninguna incoherencia en defender la «desjudicialización» del conflicto en Cataluña y a la vez advertir al Ejecutivo murciano de que acabará en los tribunales si no retira el llamado ‘pin parental’. No es comparable el conflicto en Cataluña con «la vulneración de una norma», precisó con naturalidad la nueva portavoz de Pedro Sánchez. Si tiene razón o no viene en la práctica a ser lo mismo, porque en la política española ya no rige el principio de no contradicción (ahora se puede ser o decir una cosa y la contraria a la vez, sin que pase factura en las urnas). Cada vez se parece más a la definición que repite Pablo Iglesias cuando se le afean incoherencias: «La política consiste en cabalgar contradicciones». Lo importante es conquistar el poder y ejercerlo.

Nada de lo ocurrido estos días es improvisado. La ofensiva del PSOE contra el Gobierno regional de PP y Cs por el ‘pin parental’ de Vox comenzó a planificarse desde que se atisbó que la negociación de los Presupuestos regionales podía fracasar por ese asunto. Con Cs hecho trizas aquí por sus luchas de poder y las particulares exigencias de Vox, el Ejecutivo de López Miras dio muestras de tambalearse. Un ‘tuit’ del presidente Sánchez anticipaba el jueves que toda la maquinaria de Moncloa iba a ponerse en marcha. Así fue. De nuevo, la Región volvía el viernes a estar en el foco nacional, eclipsando el antiestético nombramiento (impecable según Sánchez) de la exministra Delgado como fiscal general del Estado. El desastre del Mar Menor, la victoria de la derecha radical y populista en las urnas y ahora el ‘pin parental’. Esto es lo que tiene ser el laboratorio territorial de las políticas de Vox.

El problema para López Miras y sus socios es que la ofensiva judicial del PSOE, como teme ahora Ciudadanos, puede prosperar: la orden dictada en agosto por la Consejería de Educación a los colegios e institutos para que cuenten obligatoriamente con el consentimiento de los padres en las actividades complementarias (charlas, salidas a museos, conferencias… en horario lectivo) parece contraria a los propios decretos curriculares del Gobierno regional. Con el ruido de la polémica en un ámbito tan sensible e ideologizado como la Educación, es posible que parte del debate se desvíe hacia una frase de Celaá («no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres») o hacia las apelaciones genéricas a la libertad realizadas por Teodoro García Egea. Pero eso no cambia el escenario que se avecina. Si el apoyo a los Presupuestos de Vox estaba condicionado al blindaje normativo de ese veto parental, que ya aceptaron PP y Cs en el pacto de investidura de López Miras, es porque teme la debilidad de la instrucción emitida por la Consejería, pese a que dice contar con el visto bueno de sus Servicios Jurídicos y la Inspección. A lo largo de los últimos meses, los sindicatos de docentes y la asociación de directivos de centros públicos de Educación Secundaria presentaron recursos de alzada contra la orden, pero fueron rechazados sin entrar en el fondo de la cuestión y ya están en marcha recursos contencioso-administrativos, al margen de lo que pueda hacer el Gobierno central. El ‘pin parental’, una propuesta que crea problemas donde no existían, produce rechazo hasta en algunos dirigentes populares, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se niega a aplicar una medida que no figura en la Lomce y que pone en cuestión la autonomía de los docentes para elegir los contenidos. No le falta razón: una cosa es la libertad de elección de centro y otra que los padres puedan negar la participación de sus hijos en actividades complementarias que son seleccionadas por los equipos docentes y directivos y luego se detallan en la Programación General del Aula. Actividades que son evaluables a efectos académicos y obligatorias para los alumnos, según el decreto que establece el currículo de la Educación Primaria en la Región. Es posible que el Gobierno de Miras opte por seguir adelante y modifique los decretos curriculares, pero eso no le librará de la acción del Ejecutivo central porque, además de apreciar que contraviene normas autonómicas, ve indicios de inconstitucionalidad (no cabe la objeción de conciencia en los contenidos curriculares).

La legislatura que se inicia será especialmente bronca. Todo apunta que habrá mucha batalla ideológica. A esto lo llaman hacer política, aunque al final acabe en los tribunales de Justicia. Especialmente con la Educación, un frente donde la izquierda y la derecha acentúan sus divergencias e imposibilitan un pacto de Estado, para desgracia de los españoles. El nuevo Gobierno de coalición ya ha anunciado que la asignatura de Religión dejará de contar para la nota. Y pronto recuperará su proyecto de ley educativa que sustituirá a la Lomce del PP. Pasaremos de la ley Wert a la ley Celaá. Será la enésima desde el inicio de la democracia. Con los Gobiernos central y autonómico escorados hacia las posiciones más radicales de izquierda y derecha por sus respectivas alianzas, la polarización que se avecina puede llegar a tensionar la vida pública, con un claro riesgo de deterioro de las instituciones y de la convivencia, si todos optan por estrategias de confrontación para sacar un rédito político.

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Read the rest of Vivir en el alambre (848 words)Ni es el ‘gobierno bonito’ de la primera etapa de Pedro Sánchez, que sorprendió con el relumbrón profesional de sus independientes, ni tampoco parece el ‘gobierno del insomnio’, ese monstruo de dos cabezas, una roja y otra morada, que puede reventar el marco constitucional del 78. Todo, sin embargo, es posible con el imprevisible y zigzagueante Sánchez. Con probabilidad, su Ejecutivo acentuará la faceta que más le convenga en cada momento para transitar por una legislatura que nace bronca y turbulenta. La debilidad parlamentaria del PSOE (su investidura solo fue posible con la abstención de Bildu y ERC) y las exigencias del independentismo condicionan la singladura de un Gobierno de alto peso político, marcado perfil económico y una indeseable hipertrofia de altos cargos en la bancada azul (cuatro vicepresidentes y dieciocho ministros) que no obedece a razones funcionales, sino a reparto de cuotas de poder, egos y estrategias para diluir el protagonismo de Iglesias y Podemos, portadores de carteras ‘blandas’. Hay decisiones que solo se explican por esta inédita condición de primer gobierno nacional de coalición. Por ejemplo, es positivo que el Medio Ambiente tenga una vicepresidencia y que la transición ecológica implique a todos los Ministerios. Pero tras esa decisión se atisba también un intento de opacar a Iglesias. Será difícil que él y Teresa Ribera no choquen por la agenda 2030, que compete al líder de Podemos, pero en la que hay mucho contenido medioambiental. Solo por la necesidad de dar carteras a sus socios puede entenderse el error mayúsculo de separar Universidades y Ciencia, cuando históricamente el PSOE luchó por lo contrario, en consonancia con el deseo de científicos y docentes universitarios. O crear un Ministerio de Consumo, que dirigirá Alberto Garzón, para competencias que podían depender de una secretaría de Estado, dado que casi todas se transfirieron junto a la Sanidad a las comunidades autónomas.

El aspecto más positivo de este Ejecutivo es el reforzamiento del área económica con perfiles técnicos de alto nivel, como Arancha González Laya en Exteriores y José Luis Escrivá en Seguridad Social, ambos muy en la línea de la vicepresidenta Nadia Calviño. Sánchez, que citó a Manuel Azaña durante investidura, habrá tenido en cuenta una recomendación clave del expresidente republicano: no hay mejor propaganda que la prosperidad. En un escenario de desaceleración, una gestión económica equivocada puede acortar la vida del Gobierno. Su otro ‘Everest’ será el órdago separatista catalán. Para escalarlo, Sánchez ha concentrado el máximo poder político en el Gobierno, en detrimento de las estructuras orgánicas de un partido, con menguados contrapesos y con los barones territoriales en camino hacia la irrelevancia. Salvo Iceta, no fueron tenidos en cuenta en el acuerdo con ERC que facilitó la investidura, un pacto que luego refrendó el plenario de la Ejecutiva sin el debate previo que históricamente habría sido intenso en una cuestión de semejante calado. Ese pacto con ERC, partido imprescindible para aprobar los Presupuestos, entraña riesgos. Tantos que pueden llegar a dinamitar la presidencia de Sánchez. No solo porque ERC dejó claro en la investidura que les importa un comino la gobernabilidad de España. También por los compromisos adquiridos por el PSOE en un documento que asume el relato independentista del «conflicto político» que Puigdemont y Junqueras llevan años vendiendo en Europa (¿Qué pensará Borrell?). En virtud de ese acuerdo se crea una mesa de negociación bilateral entre los Gobiernos central y catalán, que solo es admisible en nuestro ordenamiento jurídico para resolver conflictos competenciales entre administraciones. Parece haberse olvidado que el TC ya dejó sentado que la bilateralidad es inconstitucional si se plantea en términos de igualdad dado que el Ejecutivo central tiene primacía como garante del interés general. En términos genéricos se habla de evitar la «judicialización» del «conflicto político» mediante el diálogo. Ya hubo en el Gobierno de Rajoy quien pensó lo mismo y fracasó con el ‘dialogante’ Junqueras. De no haber sido precisamente por los tribunales del Justicia que garantizan el Estado de Derecho ahora estaríamos en una situación bien diferente. El Gobierno de Sánchez caminará por el alambre, de la mano con Podemos, y con el plácet de partidos independentistas que no respetan el principio de legalidad y que buscan a toda costa un referéndum que, a día de hoy, solo sería legal como consulta para una reforma estatutaria

De partida siempre es complicado gobernar en coalición. Que se lo digan al PP murciano, enmendado por su socio de gobierno con el decreto del Mar Menor y bloqueado en los Presupuestos por Vox, su apoyo externo. Miras intenta proyectar normalidad pero su Ejecutivo atraviesa momentos delicados. No avanza en sus dos tareas cruciales y eso transmite vulnerabilidad e impotencia. Lo deseable es que el decreto del Mar Menor hubiera entrado en vigor con el mayor consenso político y social, pero hoy su eficacia suscita dudas y deja resquicios en materia urbanística que crean inseguridad jurídica. La norma incorpora actuaciones positivas. Otras parecen mejorables. Lo sorprendente es que Cs, coautor del decreto, se dé cuenta a posteriori y lidere su enmienda, con un pie en el Gobierno y con el otro en la oposición.

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El futuro es incierto por definición. Con seguridad, los asuntos de los que hablaremos en la Región en este 2020 están recogidos en el reportaje con el que hoy abre LA VERDAD, pero el desenlace de cada uno es impredecible. Luego habrá otros muchos que irán apareciendo sorpresivamente a lo largo de los próximos doce meses. No pocos son hoy inimaginables. Auténticos cisnes negros de imposible vaticinio. Hace justo un año, sin ir más lejos, nadie habría creído a quien hubiera dicho que iríamos en dos ocasiones a elecciones generales en 2019 y aun así acabaríamos el año sin un Gobierno constituido. Y quién iba a pensar, habiendo oído en campaña electoral a Pedro Sánchez, que la llave de la gobernabilidad de España iba a estar en manos de quienes precisamente quieren romperla para independizarse. Deberíamos estar ya vacunados de espanto porque llevamos cuatro años atravesando zonas de turbulencias políticas, con Ejecutivos quebradizos e inestables y unos presupuestos prorrogados ‘ad eternum’. Con esas mayorías legislativas tan precarias no hay forma de impulsar programas de gobierno, cuentas públicas ajustadas a las necesidades actuales y reformas que la inmensa mayoría de españoles reconocen como necesarias. Ni siquiera ha sido posible, o no se ha querido que fuera, la prometida actualización de las pensiones con el IPC y la subida salarial de los funcionarios, que quedaron congeladas por el Gobierno en funciones hasta que se haya producido la investidura de Pedro Sánchez. Una medida probablemente de presión para acelerar la negociación con Podemos y ERC de cara a lograr que Sánchez salga elegido del Congreso a finales de la próxima semana. Todo dependerá en última instancia de si los independentistas de ERC aprecian un gesto de Sánchez en el informe de la Abogacía del Estado que, previsiblemente mañana, entregue al Supremo con sus alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad parlamentaria del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. La gobernabilidad del país está hoy completamente en el aire y, para pasmo general, en manos de un político que cumple condena de prisión por sedición. Y así seguimos en el laberinto cuando deberíamos estar debatiendo sobre los asuntos de fondo, como el futuro de las pensiones, que acumula otro año perdido, y más ahora que asoma una desaceleración agravada por el freno en el consumo. Empresas y familias encaran el nuevo año con el convencimiento de que el crecimiento de la economía se estanca. En ese contexto habría sido más que razonable que el presidente en funciones hubiese comparecido ante los medios de comunicación, como ha sido tradicional antes de Nochevieja, a excepción de 2011, cuando tampoco lo hizo Rajoy, para arrojar algunas certezas entre tantas incertidumbres. Sin duda, prefirió evitar preguntas incómodas sobre la negociación con ERC y el inminente informe de la Abogacía del Estado.

En la Región de Murcia, la gobernabilidad no arranca de la mejor manera porque se produce sin la obligada aprobación de los Presupuestos regionales para 2020. Desconozco si la culpa es de la pachorra e inexperiencia de Ciudadanos en la gestión administrativa, como algunos apuntan, pero basta con mirar a Andalucía, donde gobierna un bipartito idéntico, para comprobar que allí sí fue posible. Aunque se quiera minimizar las consecuencias de un retraso en la aprobación de las cuentas regionales, el panorama es intranquilizador porque todo apunta a que Vox venderá muy caro su apoyo en la Asamblea Regional. Esta vez, la negociación a tres bandas se presume más larga y complicada que la que desembocó en la investidura de López Miras.

Un Gobierno sin presupuestos es un Ejecutivo débil y sin hoja de ruta. Más aún cuando su gran objetivo político para el próximo año (el inicio de la recuperación integral del Mar Menor) necesita de muchos fondos específicos. Se debate sobre la eficacia de las medidas incluidas en el decreto del Mar Menor cuando la credibilidad de la normativa ya está comprometida de inicio por carecer de memoria económica. ¿Cuánto dinero dispondrá el Ejecutivo regional para propiciar un cambio de modelo agrícola en el Campo de Cartagena, con regadíos declarados de interés nacional por el Estado y blindados por ley, o para vigilar el cumplimiento de las medidas diseñadas para limitar todo tipo de presiones sobre la laguna? Si las arcas de la Comunidad estuvieran boyantes, y no hay visos de que vayan a mejorar en el corto plazo, estas preguntas tendrían menor relevancia. La realidad es que iniciamos el año sin perspectivas de acuerdo a nivel nacional sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Y el déficit de la Región hasta octubre ya cuadruplicaba el máximo permitido para todo 2019, la deuda pública está a dos pasos de los 10.000 millones y encabezamos la morosidad de la administración pública con sus proveedores. La cruda realidad no debe conducirnos al desánimo, pero tampoco a pecar de ingenuos. De algo debe servir ir acumulando años.

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Acaba una semana convulsa para el regadío de todo el Levante por una inédita y polémica decisión política del Ministerio de Transición Ecológica. En contra del criterio de los técnicos de la Comisión de Explotación del Trasvase, pero en el uso de la discrecionalidad que la ley otorga al Ministerio si la cabecera del Tajo está en el nivel 3, el equipo de Teresa Ribera denegó esta semana agua para regar a todo el Levante, apelando al principio de precaución por la situación actual del Mar Menor y los «efectos que el regadío produce en él». Desde la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, los Estados aplican ese principio en virtud del cual, cuando existe peligro de daño grave o irreversible para el medio ambiente, la ausencia de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para retrasar la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación de los ecosistemas. Pero el Ministerio fue mucho más lejos y dejó sin agua a más de 60 comunidades de regantes de la Región de Murcia, Almería y Alicante. Para cerrar el grifo al Campo de Cartagena, también se cortó el suministro a los agricultores de Elche, Librilla y Almanzora, y eso no hay principio de precaución ni ningún otro que pueda explicarlo, por mucho que se apele a la unidad de cuenca. Hay demasiados interrogantes en el aire derivados de una decisión que el Ministerio no termina de explicar. Ni siquiera hoy, en un artículo para LA VERDAD del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se despejan todas las dudas que suscita esta medida.

Si el Ministerio ha puesto el tablacho al acueducto para evitar el riego y los vertidos de nutrientes de origen agrícola al Mar Menor, por la misma razón debería cesar la desalación. ¿Por qué el trasvase sí y la desalación no, si lo que se pretende evitar es el riego y los consiguientes vertidos a la laguna? El principio de precaución solo puede invocarse si va a acompañado de medidas eficaces y tiene un soporte científico: ¿Dónde está el informe técnico que avala esta decisión política? El Ministerio no optó por ninguna de las 21 medidas del Plan de Vertido Cero, sino por otra, la más extrema, que sin embargo tendrá eficacia limitada porque en los próximos meses se seguirá regando junto a la laguna. No solo habrá agua desalada. También del Trasvase: hay más de 23 hectómetros cúbicos asignados al Levante que están en la cabecera del Tajo, pendientes de llegar a la cuenca del Segura porque hasta ahora no fueron necesarios. Si los regantes están preocupados es porque sus campañas se planifican con meses de antelación y no está claro cómo habrá evolucionado la cabecera en primavera o si el Ministerio mantendrá este criterio hasta que se recupere el Mar Menor.

Los regantes, que ya estaban en alerta por el blindaje del Tajo que prepara García-Page a través de la Red Natura, sospechan que en bambalinas hay un plan para reducir al mínimo los trasvases a todo el Levante y propiciar una reducción del regadío, probablemente a través de un cambio en las reglas de explotación. Es posible que el Ministerio ha dejado sin agua de riego a todo el Levante (técnicamente desde el embalse de la Pedrera podría haberse cerrado el tablacho para el entorno del Mar Menor) porque, por la ley desde 1980, alrededor de un tercio de las transferencias aprobadas por la Comisión de Explotación del Tajo Segura deben ir sí o sí al Campo de Cartagena. Si se está ganando tiempo para cambiar esa ley, y si esa hipotética modificación legal afectaría solo a la zona próxima al Mar Menor, es algo que nadie sabe a día de hoy, salvo la ministra, el secretario de Estado y su director general del agua.

Lo que de momento han conseguido es un cierre de filas absoluto de todas las comunidades de regantes de la Región de Murcia, Alicante y Almería, conscientes de que su fuerza está en su unidad sin fisuras. Ya preparan movilizaciones masivas y advierten de que reclamarán indemnizaciones millonarias si, por un estrangulamiento del Trasvase, se produce el desmantelamiento de cultivos. Políticamente, el equipo del Ministerio se ha metido en un lío importante, que ha pillado por sorpresa a Diego Conesa, Ximo Puig y a destacados alcaldes socialistas, como el de Lorca o Elche. Todo un regalo navideño para PP y Vox, que intentan sacar provecho político de una coyuntura que, a mi juicio, paradójicamente no favorecerá la aplicación de medidas para salvar el Mar Menor, una tarea urgente que, entre otras muchas cuestiones, pasa indefectiblemente por la reducción de nitratos y fosfatos de origen agrícola, la principal causa del grave proceso de eutrofización de sus aguas, y por la máxima colaboración entre las administraciones central y regional. El Mar Menor requiere de medidas drásticas con amplio consenso científico, lo que conlleva un progresivo cambio de modelo de agricultura en la zona de afectación que debería iniciarse ya, pero sin generar más incertidumbres y con el mayor de los consensos posibles con un sector, cuya implicación es ineludible. Por la cuenta que nos trae, como Región deberíamos ser capaces de blindar nuestro más preciado ecosistema natural y, a la vez, el Trasvase que representa el sustento de decenas de miles de familias.

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