La Verdad

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Puertas giratorias
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Alberto Aguirre de Cárcer | 14-05-2016 | 08:07| 0

Dos instituciones privadas pueden firmar acuerdos para investigar con sus fondos lo que se les antoje, pero cuando el dinero sale de las arcas públicas suele prevalecer el criterio de excelencia y competitividad en base a convocatorias abiertas. Los contratos entre la UCAM y el exdirector general de Deportes, a través del CAR, se basan en un convenio y son legales, aunque es inexplicable, por ejemplo, que se pueda llamar ‘proyecto de investigación’ a un estudio académico que cuesta 5.000 euros o el interés público para la Comunidad en perfeccionar los golpes de pádel. Quien semanas antes de ser cesado firmó 27 ‘proyectos de investigación’, por valor de 220.000 euros (bien pensado es una ganga), empezó a trabajar meses después en esa universidad, lo que, sea o no legal, sonroja. Y me apena porque, siendo ya una tónica las puertas giratorias y la falta de decoro público, atañe a un icono del olimpismo y del deporte murciano, reclutado en su día para la gestión y la política para que alguien ganara un puñado de votos.

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Medieval
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Alberto Aguirre de Cárcer | 12-05-2016 | 05:59| 0

El decreto de simplificación administrativa busca, acertadamente, generar empleo y riqueza sustituyendo muchos trámites burocráticos por una declaración responsable de empresarios y emprendedores. Pero asusta el panorama, visto el escaso celo en algunos casos de quienes deben inspeccionar el cumplimiento de la ley, y lo secundario y relativo que parece esta cuestión para las organizaciones empresariales. Modernizar la Administración será difícil mientras en la sociedad perduren los ramalazos feudales, los vigilantes que hacen la vista gorda, el compadreo que conduce a los tratos de favor y esa suerte de permisividad con todo tipo de irregularidades, salvo meter la mano en la caja pública. La maraña legal es excesiva. Debe ser más clara y habrá que reducirla. Pero mientras no se cambien, las leyes terrenales hay que cumplirlas. Todos. Sin atajos ni excepciones para que prevalezca la seguridad jurídica y no se produzcan ventajas competitivas. Lo contrario es perpetuar el Medievo.

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El árbol murciano en el bosque global
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Alberto Aguirre de Cárcer | 08-05-2016 | 05:31| 0

Viendo que nadie está por la labor o en condiciones de alcanzar consensos, por la inminente cita electoral, lo sensato es no quedarse a la expectativa y actuar para aprovechar un viento económico favorable que empieza a debilitarse

Pedro Antonio Sánchez aseguró el jueves en la Asamblea que el PIB regional podría volver a cotas anteriores a la crisis, lo que «estamos consiguiendo -dijo- con nuestras reformas, nuestra valentía en los planteamientos, con nuestro rigor y con la confianza que genera el Gobierno». En la antesala de otras elecciones generales era de esperar tan esperanzador pronóstico de la economía murciana, entreverado con una inevitable cuña de autobombo. Ciertamente, la economía española arrancó el año con fuerza durante los dos primeros meses, cumpliéndose una especie de regla no escrita: la economía murciana acentúa el signo de los ciclos de la economía nacional. Cuando España entra en barrena, la crisis es más profunda en la Región. Si, por el contrario, hay crecimiento nacional, ahí estaremos en puestos de vanguardia.

Los últimos datos son inequívocamente positivos porque marcan una tendencia favorable, aunque quede mucho por hacer. La Encuesta de Población Activa del primer trimestre y el paro registrado en abril reflejan una nítida recuperación del empleo regional, mientras que las previsiones de crecimiento publicadas por la Airef, Ceprede y el BBVA son alentadoras. Otra cuestión diferente es que los méritos se deban en su mayor parte a las políticas económicas del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, ya que lo regional se enmarca en una tendencia nacional y europea marcada por la depreciación del euro y por los bajos precios del petróleo y de los tipos de interés. El famoso viento de cola tiene mucho que ver en este fenómeno, que está siendo aprovechado por el tejido productivo murciano para impulsar sus exportaciones y captar el mayor número de turistas posibles. En el mar de la economía hay que aprovechar los vientos con rapidez, desplegando las velas adecuadas. Lo ha hecho acertadamente el equipo de Pedro Antonio Sánchez con la bajada de impuestos, el decreto de simplificación administrativa y la liberalización de los horarios comerciales. Lo deseable hubiera sido que estas últimas medidas, ya aplicables pero todavía sin efectos reales por ser muy recientes, se hubieran tramitado con mayor participación política y social, pero el Gobierno utilizó la vía del decreto ley alegando motivos de urgencia. Y en efecto los hay, lo que no quita para que en el trasfondo haya, también, un deseo del Ejecutivo regional de no ver cómo la oposición le da un vuelco a sus medidas.

La realidad es que los aires económicos favorables empiezan a debilitarse. Por tanto, siendo elogiosa la actitud de Sánchez, será muy complicado que se pueda cumplir con el objetivo de alcanzar este año los niveles de riqueza anteriores a 2008. El fracaso político que supuso la nueva convocatoria de elecciones generales tuvo un efecto evidente en abril. Son muchos los convenios colectivos, las subidas salariales y las nuevas inversiones empresariales que están en suspenso a la espera de saber quién gobernará España y cuál será su política económica. Murcia, además, es un pequeño árbol en el interconectado bosque global. El propio Gobierno en funciones de Mariano Rajoy aprobó en las últimas semanas un plan de estabilidad que contempla una caída de las exportaciones, un escenario adverso de subida de tipos y un encarecimiento del petróleo. Todo ello podría lastrar el crecimiento del PIB por debajo del 2% y poner en riesgo la creación de empleo en el conjunto de España. Tenemos, además, exclusivamente la vista puesta en el 26J, fecha de las nuevas elecciones, cuando tres días antes hay una llamada a las urnas en Gran Bretaña que puede ser decisiva para la Unión Europea, tanto en el plano político como en el económico. Los sondeos muestran una opinión pública británica muy dividida sobre su eventual salida de la UE y esa incertidumbre ya está provocando, internamente, un ralentización de su economía en el sector servicios y, externamente, por ejemplo, un retraimiento de las compras inmobiliarias de los británicos en toda la costa mediterránea. Las consecuencias políticas y económicas de un respaldo al ‘Brexit’, cuando todavía sigue sin resolverse el problema de la deuda griega, serían importantes a corto y medio plazo para toda la Eurozona. Por de pronto, la Unión Europea perdería la contribución neta del Reino Unido a su presupuesto, la segunda más alta de todas con 9.800 millones de euros en la hucha común. Si a todos esos factores nacionales y europeos sumamos la prolongada desaceleración de la economía china, aparece ante nuestros ojos un endiablado contexto geopolítico plagado de riesgos e incertidumbres.

¿Qué deberían hacer los políticos de una pequeña región europea en esta situación? Visto que nadie está por la labor o en condiciones de alcanzar consensos, mientras no se despeje la incertidumbre electoral, lo sensato es no quedarse a la expectativa y actuar. Unos, asumiendo su responsabilidad de gobernar, y otros, controlando al Ejecutivo y planteando alternativas, aunque ninguna de las partes debería tener la vista puesta en la cita electoral de junio. Si se actúa en lo local sin pensar en lo global, el batacazo para todos está asegurado. La Región es pequeña y tiene autonomía política, pero no es una isla. Es, como decía, otro pequeño y frágil árbol de un gigantesco bosque donde están pasando cosas y otras inciertas se avecinan.

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La bomba demográfica
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Alberto Aguirre de Cárcer | 01-05-2016 | 05:34| 0

El futuro Plan Regional de Familia debería ser una buena oportunidad para encarar, con el consenso de todos los partidos políticos y los agentes sociales, la grave amenaza que supone la progresiva caída de la natalidad

Uno de los rasgos más acentuados de la vida contemporánea es que nada parece destinado a perdurar. La cultura de lo instantáneo, fugaz, desechable y obsolescente marca hoy más que nunca el devenir de nuestras sociedades. Esa sensación de temporalidad afecta también a nuestra propia visión de la condición humana y del mundo en el que vivimos. Pero como decía la filósofa Hannah Arendt, aunque hemos de morir no hemos venido solo a esto, sino a iniciar algo nuevo. Arendt insistía en que la natalidad es la gran oportunidad que nos permite actuar. «Cada nacimiento nuevo es como una garantía de la salvación en el mundo, es como una promesa de redención para aquellos que ya no son un comienzo». Sin embargo, la tendencia es justo la contraria. Como bien es conocido, España se desliza peligrosamente por una pendiente demográfica, configurándose una sociedad donde somos menos y cada vez más viejos.

En la Región no estamos tan cerca del abismo, pero la tendencia es igualmente preocupante. Si los aspectos filosóficos nos dejan fríos, atendamos a algo más prosaico: de seguir la caída de la natalidad nos podremos encontrar que en diez o quince años faltará población activa. Y de no cambiar las cosas, en treinta sería difícil evitar la quiebra del sistema de pensiones. La media de hijos por mujer en la Región fue bajando de 3,2 desde los años 70 a justo la mitad en la actualidad. No solo es una consecuencia de la recesión. Subyacen cambios sociales más profundos y de largo recorrido, como la incorporación de la mujer a la vida laboral en un contexto donde aún es muy complicado conciliar trabajo y familia. En los años 80 ya nos alejamos de lo que los expertos llaman tasa de reposición biológica, que garantiza el reemplazo generacional. Lo más dramático es que las encuestas del CIS revelan cómo la mayoría de la población desearía tener más de un hijo, pero las circunstancias económicas y la ausencia de una política de ayudas hacen desechar esa posibilidad. Queda mucho camino por recorrer. La oferta de plazas en las guarderías públicas, por ejemplo, sigue igual en la Región que hace 16 años y los centros subvencionados que ofrecen una alternativa complementaria no han terminado de asentarse. Entre la caída de la propia natalidad y la política de precios, que ahuyenta hoy a parejas jóvenes con salarios precarios, ni la red pública ni la privada incentivan las condiciones para los nuevos nacimientos. La creación de una Consejería de Familia y el nuevo giro más social del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez está teniendo efectos positivos, sobre todo si se compara con lo anterior, pero todavía está lejos de haber dado una respuesta eficaz a este problema. El futuro Plan Regional de Familia, actualmente abierto a las sugerencias y reclamaciones de los murcianos, es una buena oportunidad para sentar las bases de una política más decidida y eficiente, en la que es necesario el mayor consenso político y la participación de los municipios, los agentes sociales y los expertos en este complejo tema. No va a ser fácil porque al punto de inflexión no se llegará solo con exenciones fiscales y ayudas públicas.

Las soluciones tampoco van a llegar de forma aislada a la Región si el ‘suicidio’ demográfico al que se encamina todo el país no forma parte del debate público. Puede que sea uno de los problemas más graves de la sociedad española y también uno al que menos caso se le hace. No deja de ser chocante por el peso tan relevante que en la sociedad española tienen las familias, toda una malla de seguridad en los peores momentos de la crisis. Basta recordar el escaso debate sobre la caída de la natalidad en la última campaña electoral para certificar que es un tema secundario en la agenda política. Lamentablemente no cabe esperar demasiado en la nueva cita a las urnas con los mismos candidatos que han protagonizado uno de los más tristes fracasos de la política al no lograr finalmente un pacto de gobierno. Pero no es de extrañar cuando cada cual interpretó el mensaje de cambio de la manera más oportuna para sus intereses. Quizá habrá que decir más alto y más claro que lo que pide la ciudadanía son pactos para alcanzar grandes acuerdos de Estado en asuntos como el que hoy nos ocupa en ’La Verdad’.

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Humo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 28-04-2016 | 05:28| 0

El presidente Pedro Antonio Sánchez tomó una decisión acertada cuando, como recalcó ayer, «sacrificó plazos en favor del consenso social» en la llegada del AVE, aunque la causa del nuevo retraso se detectó oficialmente hace semanas y no tiene que ver con el cambio de fases. Ni siquiera con el soterramiento. Ahí patina. El colector de Emuasa afecta en un punto a la plataforma por donde debe pasar el tren, ya sea soterrado o provisionalmente en superficie. Allí lleva siete décadas esa conducción de Emuasa, pero por motivos que alguien debería explicar, o la empresa municipal de aguas no le informó de su red de tuberías a Adif o esta no se lo pidió a la primera. Solventar el entuerto puede suponer nueve meses de demora adicionales si no se logra una solución técnica que permita desviar el tubo y continuar a la vez los trabajos. Parece que se está en ello. Mientras, atribuir responsabilidades a quien no las tiene ni es justo ni contribuye a mantener ese deseado consenso social.

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Insolvencia
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Alberto Aguirre de Cárcer | 27-04-2016 | 06:04| 0

Empieza a ser entre penosa e indignante la insistencia de C’s en que las facturas irregulares fueron producto de un error administrativo cuando está constatado que hubo una orden política para manipular fechas y conceptos y así pagarlas a través de la Asamblea. No son facturas falsas porque los servicios se prestaron, pero se roza el supuesto de falsedad en documento mercantil. Se alega inexperiencia, pero hablamos de un partido fundado en 2006 e integrado en Murcia por dirigentes que, en algunos casos, pasaron por una e incluso dos formaciones diferentes en los últimos cinco años. Que son abogados o economistas desde hace mucho más tiempo, pero no leyeron ni la Loreg ni el reglamento del Tribunal de Cuentas. Empiezo a dudar si el Código Penal también. Aquí hay o mucho cuento o una insolvencia política descomunal. Puede que ambas cosas.

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Del naranja al 'colorao'
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Alberto Aguirre de Cárcer | 24-04-2016 | 05:38| 0

La revelación de que Ciudadanos cargó gastos electorales a la Asamblea, como si fueran producto de la actividad de su grupo parlamentario, acabó esta semana con la destitución del delegado territorial en Murcia, Mario Gómez, y con otro expediente disciplinario a uno de los cuatro diputados de la formación, Luis Fernández. Sin embargo, la crisis abierta está lejos de haberse restañado porque sigue sin ser creíble que todo obedeciera a un error administrativo, una vez demostrada la doble facturación instada por Mario Gómez a diversos proveedores contratados durante la campaña electoral. Veinticuatro horas después de circunscribir lo ocurrido al ámbito de las «responsabilidades administrativas», la dirección nacional del partido que hace bandera de la regeneración en la vida pública tuvo que dar marcha atrás, corregir su tibieza inicial y depurar finalmente responsabilidades políticas. Albert Rivera ha actuado con rapidez, pero ayer insistía en calificar de irregularidad administrativa lo que, sin embargo, tuvo tintes de financiación irregular, supuso un incumplimiento de la ley electoral y llevó aparejado una ocultación al Tribunal de Cuentas de una cantidad de dinero para gastos electorales superior a la mitad de la declarada. Por más que se insista, no es un tema menor. Perseverar en esa línea sí es un error, y muy típico de esa vieja política que tanto critica.

El incidente ha puesto en evidencia la transversalidad de los comportamientos alejados de la ejemplaridad, lo que en sí mismo era una obviedad porque no van ligados a las siglas sino a la condición humana. En Murcia estas facturas trucadas han puesto por primera vez ‘colorao’ al partido naranja. Lo ocurrido no invalida su pulcro y académico discurso de regeneración, franquiciado por todo el país por jóvenes políticos, muchos rebotados de otros partidos, aunque los detalles del caso y la titubeante reacción han hecho mella en una credibilidad política que debía estar impoluta porque C’s no tiene responsabilidades de gobierno en ningún municipio y no gestiona dinero público. Ciudadanos ha reaccionado con mucha más celeridad y contundencia que otros, aunque ha sido excesivamente parco en explicaciones públicas. Ninguno de los implicados ha comparecido aún en rueda de prensa para encarar todas las preguntas que están hoy sin respuesta. Sobrepasados por las circunstancias, las escasas declaraciones públicas fueron confusas, llegando a afirmarse que todo está subsanado cuando eso no se corresponde con la realidad. No sería justo olvidar lo mucho realizado por Ciudadanos para desterrar la corrupción en nuestro territorio desde hace un año, pero ya se ve que no es lo mismo predicar que dar trigo. Ciudadanos sale de este episodio tocado y con mácula. No es el acabose, pero marca un punto de inflexión porque la ‘auctoritas’ no se recupera de un día para otro y menos en un joven partido en formación que está ahora semidescabezado y con las filas escasamente cohesionadas. Si el portavoz de C’s en la Asamblea, Miguel Sánchez, responsable último de todo lo que se firma y se entrega en la Asamblea, salió indemne de este lío es fundamentalmente porque su destitución habría dejado sin ningún liderazgo a un partido donde persiste una relación tormentosa entre los más veteranos y los que, desembarcados a última hora desde UPyD, están hoy en la cúspide del poder orgánico. El desacato del grupo municipal de Molina de Segura a las directrices regionales fue el último ejemplo de esa turbulenta cohabitación. No hay que ser un lince para deducir que este asunto trascendió porque alguien de C’s filtró las facturas el jueves por la mañana a través de un correo electrónico anónimo enviado a varios diputados y a la presidenta de la Asamblea. Si había alguna duda sobre la procedencia de la filtración ésta quedó totalmente disipada el viernes cuando se desveló un WhatsApp, enviado por Mario Gómez, instando a la emisión de esas nuevas facturas que llegaron a la Asamblea. Blanco y en botella.

Ciudadanos tendrá que recomponerse en tiempo récord. Si nada cambia en siete días habrá elecciones en junio. Tenían pendiente designar a un coordinador autonómico para completar una dirección con tres cabezas y, tras la destitución de Gómez, solo queda la de Miguel Sánchez. Sobre sus hombros descansa ahora una pesada responsabilidad.

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Algo más que insensatez
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-04-2016 | 06:39| 0

Ciudadanos reconoció anoche que cargó a la Asamblea Regional gastos en vídeos, imprenta y publicidad realizados por el partido durante las últimas autonómicas como si fueran producto de su actividad como grupo parlamentario. En un comunicado, aseguró que este fraudulento engaño fue el resultado de un «error administrativo», una explicación muy poco convincente cuando entre manos hay facturas manipuladas, un incumplimiento de la Loreg que exige el pago a los proveedores en 90 días y un gasto electoral que se habría hurtado a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Son presuntos indicios de financiación irregular, aunque el partido del ‘cambio sensato’ solo se plantea oficialmente «valorar si se deben tomar medidas frente a los profesionales administrativos que han cometido el error». En el interno, sin embargo, se espera la depuración de responsabilidades políticas. ¿Qué quedará si no del ‘monomantra’ de la ejemplaridad y la regeneración?

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Ducha escocesa
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Alberto Aguirre de Cárcer | 20-04-2016 | 06:43| 0

El Gobierno nos sumergió ayer en un baño de realismo y de electoralismo a ritmo de ducha escocesa. Primero llegaron los cubos de agua fría de la mano del ministro Luis de Guindos, con sus nuevas previsiones al alza de paro y déficit para los próximos dos años, ante la constatación de que no podrá cumplir sus objetivos por la desaceleración económica. Una noticia sombría que, sin embargo, supone un balón de oxígeno en las comunidades autónomas con más dificultades para no rebasar el techo de déficit. Ya cuando el ambiente se estaba poniendo gélido apareció Montoro, que es mucho más político de partido que De Guindos, para lanzarnos agua tibia con el anuncio de que los funcionarios de la Administración central cobrarán este mes el 50% de la extra de 2012. Todo en el mismo día y en la antesala de nuevas elecciones.

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Desenredo administrativo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 17-04-2016 | 07:02| 0

Han sido numerosas las ocasiones en que, desde las páginas de ‘La Verdad’, se ha instado a los distintos Gobiernos regionales a impulsar medidas de reactivación económica por la vía de la simplificación administrativa. Respaldados por informes regionales, nacionales e internacionales, los sectores productivos venían reclamando poner coto a una burocracia que sentían en propia carne y que espantaba a muchos inversores hacia la Vega Baja alicantina y municipios limítrofes de Albacete y Almería. El decaimiento progresivo de nuestra industria tenía mucho que ver con esa desesperante tramitación administrativa, que se sumaba a una alta fiscalidad. Otros territorios, en España y fuera, han demostrado que se puede avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible, combinando el respeto al medio ambiente con la ausencia de trabas burocráticas y una supervisión estricta a posteriori de las actividades económicas. Si hoy la Región está a la cola en competitividad turística no es solo por su débil sector privado. Influye la falta de infraestructuras de transporte, la histórica carencia de una política turística sin titubeos y bien financiada, y la presencia de no pocos obstáculos burocráticos que hacen de la Región un lugar poco atractivo para emprender negocios turísticos. En su investidura, el presidente Pedro Antonio Sánchez se comprometió a abordar las reformas administrativas necesarias para dinamizar y crear empleo en la industria, el comercio y el turismo. La primera medida fue la rebaja de ciertos impuestos, alguno fundamental para las empresas familiares que son un pilar de nuestro tejido productivo. La segunda se producirá en los próximos días con la aprobación por el Gobierno de un decreto ley de simplificación administrativa, que luego tendrá que ser ratificado en la Asamblea. Como adelantamos hoy, los comercios minoristas tendrán libertad de horarios y podrán abrir dieciséis festivos al año. Se generalizará la declaración responsable del empresario para la apertura de instalaciones industriales y energéticas. También se eliminará el doble registro, tanto industrial como agrario, para la industrias agroalimentarias. Y además se regularizarán miles de alojamientos turísticos alquilados por propietarios de viviendas, que ahora no necesitarán constituirse en empresas para acometer esa actividad.

A expensas de las mejoras que puedan introducirse en su tramitación y de un análisis más detallado cuando esté aprobado, el decreto ley de Pedro Antonio Sánchez va, a mi juicio, en la dirección correcta. El Gobierno regional no podrá equilibrar las cuentas públicas, ni revertir el elevado desempleo, si no trabaja a fondo con medidas de empuje económico que haya consensuado con los agentes sociales. El decreto ley tiene también una lectura política porque viene a plasmar un compromiso programático que fue explicitado en campaña y luego en el discurso de investidura. Sánchez no recibió un cheque en blanco tras su triunfo electoral sino un encargo de gobierno en base a propuestas que tuvieron el mayor de los respaldos en las urnas por deseo expreso de los ciudadanos. Debe su designación de candidato al presidente de su partido, pero ocupa la cúspide del Ejecutivo por la voluntad de una mayoría de los votantes que confiaron en sus promesas. No puede olvidar, por tanto, a quién se debe por encima de todo, con quién ha contraído compromisos y a quién representa hoy. Si ha tenido el acierto de desarrollar estas medidas que están orientadas al interés general, como presidente de todos los murcianos debería actuar en consonancia en otros temas donde también es necesaria la defensa del bien común regional. Esta semana, ‘La Verdad’ desveló que el Tribunal de Cuentas abrió diligencias por posible responsabilidad contable en la desaladora de Escombreras, cuyo riesgo financiero para el erario supera a estas alturas los 500 millones de euros. El Interventor de la Comunidad instó en septiembre a la Consejería de Hacienda a que nombrara un instructor e investigara esos indicios. El Gobierno, sin embargo, remitió el asunto al Tribunal de Cuentas como máximo órgano fiscalizador, una decisión políticamente aceptable si no fuera porque reiteradamente el Ejecutivo no hace lo que le recomienda la Intervención. Ahora, una vez sabido que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han ratificado en ese tribunal varios indicios no prescritos de malversación y responsabilidad contable, tiene difícil explicación que el presidente regional no haya ordenado ya a los Servicios Jurídicos que se personen en la causa, al menos para saber cuál es la amenaza para las arcas regionales. A la postre, de qué sirve ganar credibilidad por un lado si se pierde por otro. El Gobierno parte con la ventaja de que la oposición tampoco se lee un solo papel de la Intervención, aunque no cesa de jugar con fuego. Todo esto es material inflamable para San Esteban porque afecta a miembros del PP que desempeñaron responsabilidades públicas y que se exponen a responder con su patrimonio en caso de juicio y condena. Y cuando uno puede sufrir otro incendio y necesitar ayuda, estas cosas son todavía más complicadas. Pero lo que no cabe es pasar la factura de los platos rotos a la ciudadanía.

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