La Verdad
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El tercer secreto
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Alberto Aguirre de Cárcer | 26-05-2016 | 06:28| 0

El abogado Arnaldos dijo ayer que los socios privados de la desaladora se la ofrecieron a la Comunidad por su precio de coste y aquello se celebró por la oposición como si fuera el tercer secreto de Fátima. Es evidente que los diputados no saben que el Gobierno estudió la oferta en 2014 y diseñó una operación, a la postre frustrada, para comprarla y luego venderla a una gran empresa dedicada al abastecimiento de agua. Lo interesante estuvo en la confirmación del despacho Ariños y Villar de que solo estudiaron la legalidad de los contratos a la carta que le vinieron ya dados por un Gobierno regional con muchas prisas. Porque la intervención del abogado De Ramón fue explosiva, pero no aportó nada sustancial a lo que expone en la denuncia judicial de su cliente, el promotor pontevedrés Núñez Arias. Pero eso tampoco parece saberlo el diputado del PP (¿quién lo eligió para la comisión?), que salió huyendo cuando se citó a Valcárcel. Entre sus señorías solo sobresalió, de nuevo, Antonio Urbina.

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Volando va
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Alberto Aguirre de Cárcer | 24-05-2016 | 05:56| 0

8de julio de 2008. Martes laborable. El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, junto a Antonio Sánchez Carrillo y Roque Ortiz, embarcan con sus esposas en el jet del constructor Ramón Salvador Águeda con destino a Estambul, donde esperan una limusina y cuatro días de asueto. El viaje se produce dos meses antes de que el Pleno apruebe un plan parcial del que sale beneficiado ese promotor, el mismo que invitó a su lujoso yate al concejal Fernando Berberena en 2004. La Fiscalía tiene acreditado el pasaje y quiere saber si Cámara pagó su billete y su estancia en Turquía por si hubo cohecho. Imaginemos que, aunque el primer edil no sacaba dinero en efectivo del banco, abonó su parte. Y que incluso lo puede probar. Dando por cierto todo eso, ¿qué demonios hacía el alcalde viajando a Estambul en el avión privado de un constructor con intereses en Murcia?

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La desaladora y los 'elefantes blancos'
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-05-2016 | 05:34| 0

Los reyes de Siam tenían por costumbre regalar un elefante blanco a sus súbditos menos queridos. Como eran sagrados en la antigua Tailandia, el obsequio no podía rechazarse y el receptor de la dádiva solía meterse en problemas económicos porque debía alimentar al animal y dejar que el pueblo acudiera a venerarlo. En la actualidad, los economistas llaman ‘elefantes blancos’ a las grandes obras de incierta utilidad y altos costes de mantenimiento y operación que nos regalan los políticos y acaban convirtiéndose en una pesada carga social. «Los españoles debemos ser malos súbditos porque los bajos tipos de interés, la burbuja inmobiliaria y sus superavits fiscales nos dejaron una gran cantidad de ‘elefantes blancos’», dicen los profesores Juan José Ganuza y Fernando Gómez, de la Universidad Pompeu Fabra. La Ciudad de la Cultura de Galicia, los aeropuertos sin aviones, las radiales de entrada a Madrid y otras autovías de pago… son nuestros animales sagrados. Por distintos motivos, el aeropuerto de Corvera y la desaladora de Escombreras son los ‘elefantes blancos’ de Murcia. Y lo seguirán siendo durante un tiempo, o puede que indefinidamente, si no se adoptan las decisiones correctas.

La planta de Escombreras está bajo la lupa de una comisión política en la Asamblea Regional y tiene otros cuatro frentes de investigación tanto en varios juzgados como en la Fiscalía. Al margen de las posibles responsabilidades políticas, penales y contables de tan ruinoso negocio para las arcas de la Comunidad, en la comisión de investigación creada en la Asamblea empieza a completarse un rompecabezas gracias al protagonismo cobrado por los responsables de la Intervención y los Servicios Jurídicos de la Comunidad. Los conocidos informes de los funcionarios, unidos a los del Tribunal de Cuentas, ya fueron suficientemente reveladores sobre los múltiples riesgos financieros asumidos por el Gobierno regional y sobre el daño económico generado a las arcas públicas. Como cabía esperar, estando en la antesala de unas elecciones, el caso de la desaladora se ha politizado. De modo que si después de oír a los técnicos y jurídicos de la Comunidad persisten dudas, aparquemos por un momento a los políticos y veamos qué dicen los economistas al respecto. En un estudio publicado en la revista especializada ‘Auditoria Pública’, el profesor José Francisco Bellod Redondo, de la UPCT, hizo en 2015 un análisis clarificador. «El Gobierno regional asumió un proyecto privado pre-existente sin cumplir con algunos requisitos que en el ámbito de los proyectos público-privados se consideran muy aconsejables tanto para evitar ‘elefantes blancos’ como para protegerse de ‘lobbies’ que buscan ‘capturar rentas’ del Estado». Ni se realizó una evaluación previa de idoneidad por un organismo independiente ni se hizo una selección competitiva de los socios del proyecto. El resultado -dice Bellod- fue la construcción de un proyecto sobredimensionado, con un coste de producción de agua desalada muy elevado debido tanto a la imposibilidad de aprovechar las economías de escala (la producción nunca alcanzó el 15% de su capacidad) como por el lastre que supone el oneroso contrato de arrendamiento financiero mediante el que se construyó la infraestructura». El diagnóstico no puede ser más claro: la desaladora es todo un ejemplo de cómo una asociación público-privada puede estar abocada al fracaso por su mal diseño inicial.

La planta de Escombreras fue la respuesta del Gobierno regional a la política de la ministra Narbona, que obligaba a solicitar permisos a la Confederación Hidrográfica del Segura para autorizar nuevos planeamientos urbanísticos. El Ejecutivo de Valcárcel entendía que el Gobierno central le negaba el agua a la Región para su desarrollo y actuó. Quiso garantizar la legalidad del proyecto, desde la ley del Ente Público del Agua (EPA) al entramado societario público-privado, y contrató a un prestigioso despacho de abogados de Madrid. Pero se dejó a un lado a los Servicios Jurídicos, que habrían podido advertir de los riesgos financieros para la Comunidad, y se contrató a una empresa, en lugar de a un organismo independiente, para escrutar la operación desde el punto de vista financiero, lo que aumentó el riesgo de despilfarro para la hacienda pública regional. El exgerente del Ente Público del Agua (EPA), Amalio Garrido, acompañado de su abogado, se exculpó el pasado miércoles en la Asamblea: el diseño le vino dado. Y luego leyó un acta del EPA en el que el exconsejero Cerdá dejó claro que era «un proyecto del presidente» Valcárcel. ¿Por qué poner todo en manos de un despacho privado de abogados y no realizar todas las evaluaciones jurídicas y económicas pertinentes desde la Administración? Sencillamente porque había prisa. Existían planeamientos urbanísticos en el horizonte que podrían justificar la demanda futura de agua, pero ya había uno en marcha de especial interés político, Novo Carthago, cuyo sumario está congelado en un juzgado desde que salió hace un año del TSJ.

El profesor Ginés de Rus, de la Universidad de Las Palmas, escribía en 2010 en ‘El País’ una reflexión interesante sobre los ‘elefantes blancos’: «Al margen de su funcionalidad, las obras públicas de ingeniería civil combinan, peligrosamente, dos elementos: el primero, la creencia popular de cuanto más grande y de última tecnología mejor; el segundo, la presencia de un agente decisorio político sin responsabilidad económica por los errores que comete. Puede -dice Rus-, que el político pague sus equivocaciones con una reducción de la probabilidad de reelección, pero la larga vida de las infraestructuras, la dificultad de imputar los errores a negligencia o mala suerte, y la buena prensa que tiene la inversión en grandes obras de ingeniería suelen protegerle de las consecuencias sociales de sus malas decisiones». Acierta este catedrático de Economía Aplicada cuando dice que, sin un nuevo diseño institucional que haga políticamente rentable invertir en buenos proyectos, seguiremos haciendo «planes que no se cumplen, metodologías que no se aplican y artículos lamentándonos». El Gobierno de Pedro Antonio Sánchez heredó este ‘elefante blanco’ y, como ya no es posible decir que no costará un euro a los murcianos, ha ideado la teoría de la rentabilidad social de la planta (está al 80% de su capacidad y vende 17 hectómetros de los 20 posibles). Pero ese argumento no altera la realidad de los números: tal y como fue diseñada y estructurada, la planta siempre dará importantes pérdidas económicas que pagaremos todos. Algo más tendrá que hacer.

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A lo cubano
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Alberto Aguirre de Cárcer | 20-05-2016 | 07:46| 0

La guayabera del Caribe es prenda de etiqueta en muchos países, pero el Rey Juan Carlos, que se la puso por primera vez en la Cumbre Iberoamericana de 2002, no logró convencer al expresidente José María Aznar, que a la postre, quién si no, fue el único mandatario con americana en Punta Cana. Me viene a la memoria al comprobar que PAS, nuestro presidente regional, transita de despacho en despacho por La Habana con traje y corbata, lo que resulta tan extraño como ver a una pareja sin críos de atracción en atracción en Disneyland París. Pero si llega a acuerdos económicos beneficiosos para la Región, bienvenidos sean. Cuba está lejos de ser un paraíso de las libertades públicas, pero hay una apertura económica en ciernes que la Región puede aprovechar si genera confianza y cercanía. Mejor entonces, presidente, a guayabera abierta, a lo cubano.

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La política está que arde
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Alberto Aguirre de Cárcer | 18-05-2016 | 06:22| 0

La renuncia del veterano Andrés Ayala, conocida el día en que se cerraban las listas del PP, sorprendió a propios y extraños en Murcia. La comunicó con una nota personal y provocó horas después una minicrisis de Gobierno, dado que la solución improvisada por Pedro A. Sánchez implica la marcha de su consejero de Fomento, Francisco Bernabé, como número 2 al Congreso. Lo de ayer fue un auténtico caos de comunicación política. Lo extraño es que en Madrid cuentan que Ayala adelantó la semana pasada su decisión a Génova y vinculan su adiós a una mancha que se extiende: la fuga de diputados que compaginaban, en régimen de compatibilidad, la política con actividades profesionales. Es el caso también de los números 1 del PP por Málaga y Baleares, que han dado la espantada. Hasta diciembre había codazos para ir al Congreso, pero, visto lo visto estos meses en el Hemiciclo, ya no son pocos los que deciden tomar las de Villadiego para no arder en la pira de la ‘nueva política’.

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Con las víctimas del terrorismo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 15-05-2016 | 05:27| 0

Resulta difícil de entender cómo colectivos especialmente castigados parecen condenados al olvido cuando, además de lo que dicta la ética cívica, existen leyes en vigor que obligan a otorgarles una especial atención. El caso de las víctimas del terrorismo en la Región de Murcia es sangrante. Como adelantó ‘La Verdad’ hace unos días, más de 150 personas que han sufrido las secuelas de atentados esperan desde hace siete años las ayudas prometidas en una ley regional aprobada por unanimidad en 2009. La Comunidad tardó tres años en desarrollar el reglamento de esa norma, donde se establecía el procedimiento para acogerse a las indemnizaciones y prestaciones que aún no han llegado. Según cálculos de la asociación que agrupa a estas víctimas (Avite), el importe de las ayudas pendientes ronda los dos millones de euros.
Reconozco que me cuesta permanecer frío con este asunto. Durante años tuve que cubrir informativamente la barbarie terrorista de ETA. He presenciado los resultados de su irracional furia homicida minutos después de cometerse varios atentados y, como miles de personas en España, tuve que mirar los bajos de mi coche durante un tiempo. Muchísimo más dura era la situación de mis compañeros y amigos en el País Vasco, donde la presión y las amenazas eran asfixiantes. Uno de los directivos de nuestro grupo editorial fue asesinado por dos etarras en San Sebastián de siete disparos por la espalda. En la lucha democrática contra el terrorismo nada hay comparable al dolor sufrido por las víctimas y sus familiares. Policías, guardias civiles, políticos, empresarios, jueces, periodistas… Son 19 los asesinados, 36 los heridos y 119 los familiares afectados en la Región por los asesinos de ETA y del Grapo. Con todos hay contraída una deuda moral y política. Ni la crueldad que destrozó sus vidas puede caer en la desmemoria ni sus responsables quedar impunes. Y, por supuesto, si existe una ley regional de ayudas habrá que recordar, las veces que haga falta, que aún sigue en el limbo.
Dos millones de euros es una cifra importante, pero es solo dos veces más de lo que pagó el Ayuntamiento de Cartagena en 2009 por la escultura que homenajea a las víctimas del terrorismo en la explanada principal del puerto. ‘El Zulo’, la monumental figura en bronce del escultor Víctor Ochoa, costó 730.000 euros. Fue creada por Ochoa, a instancias del PP en época de José María Aznar, y se expuso temporalmente en el Retiro de Madrid y en la plaza mayor de Salamanca. Pero a la gigantesca pieza de 2.500 kilos, y cuatro metros de alto por cinco de largo, había que darle un destino definitivo. Alguna administración pública debía hacerse cargo de la obra y de su parte peliaguda, su gruesa factura. Fue entonces cuando la exalcaldesa Pilar Barreiro le echó una mano a su partido en Madrid y se ofreció a pagarla y acogerla en Cartagena. Quiso que estuviera instalada en el muelle, lo que finalmente se produjo, por la intermediación del presidente Valcárcel, pese a las reticencias iniciales de la Autoridad Portuaria por sus dudas sobre la idoneidad de la ubicación. Todo aconteció el mismo año en que se aprobó esa ley para las víctimas, una ley que permanece tan inmóvil como la escultura de Cartagena.
No tiene un pase, como denunció Avite, que Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre no recibieran personalmente a sus representantes a lo largo de estos años. Cualquier excusa es indefendible. Las arcas públicas han estado muy maltrechas por la crisis, pero la sensibilidad social se tiene o no se tiene. Y el tiempo se saca de donde sea. Finalmente, en noviembre pasado, miembros de Avite se entrevistaron con Pedro Antonio Sánchez, que se comprometió a realizar un plan de viabilidad económica para abonar las ayudas. También han encontrado el respaldo del PSOE, a través del diputado Joaquín López, que presentó dos mociones instando al Gobierno regional a que cumpla la ley. Gracias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, respaldados por una política antiterrorista acertada de PP y PSOE, hoy ETA está derrotada. Para la mayoría, el terrorismo es ya historia. No así para las miles de víctimas de su violencia en toda España. Que no caigan en el olvido.

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Puertas giratorias
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Alberto Aguirre de Cárcer | 14-05-2016 | 08:07| 0

Dos instituciones privadas pueden firmar acuerdos para investigar con sus fondos lo que se les antoje, pero cuando el dinero sale de las arcas públicas suele prevalecer el criterio de excelencia y competitividad en base a convocatorias abiertas. Los contratos entre la UCAM y el exdirector general de Deportes, a través del CAR, se basan en un convenio y son legales, aunque es inexplicable, por ejemplo, que se pueda llamar ‘proyecto de investigación’ a un estudio académico que cuesta 5.000 euros o el interés público para la Comunidad en perfeccionar los golpes de pádel. Quien semanas antes de ser cesado firmó 27 ‘proyectos de investigación’, por valor de 220.000 euros (bien pensado es una ganga), empezó a trabajar meses después en esa universidad, lo que, sea o no legal, sonroja. Y me apena porque, siendo ya una tónica las puertas giratorias y la falta de decoro público, atañe a un icono del olimpismo y del deporte murciano, reclutado en su día para la gestión y la política para que alguien ganara un puñado de votos.

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Medieval
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Alberto Aguirre de Cárcer | 12-05-2016 | 05:59| 0

El decreto de simplificación administrativa busca, acertadamente, generar empleo y riqueza sustituyendo muchos trámites burocráticos por una declaración responsable de empresarios y emprendedores. Pero asusta el panorama, visto el escaso celo en algunos casos de quienes deben inspeccionar el cumplimiento de la ley, y lo secundario y relativo que parece esta cuestión para las organizaciones empresariales. Modernizar la Administración será difícil mientras en la sociedad perduren los ramalazos feudales, los vigilantes que hacen la vista gorda, el compadreo que conduce a los tratos de favor y esa suerte de permisividad con todo tipo de irregularidades, salvo meter la mano en la caja pública. La maraña legal es excesiva. Debe ser más clara y habrá que reducirla. Pero mientras no se cambien, las leyes terrenales hay que cumplirlas. Todos. Sin atajos ni excepciones para que prevalezca la seguridad jurídica y no se produzcan ventajas competitivas. Lo contrario es perpetuar el Medievo.

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El árbol murciano en el bosque global
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Alberto Aguirre de Cárcer | 08-05-2016 | 05:31| 0

Viendo que nadie está por la labor o en condiciones de alcanzar consensos, por la inminente cita electoral, lo sensato es no quedarse a la expectativa y actuar para aprovechar un viento económico favorable que empieza a debilitarse

Pedro Antonio Sánchez aseguró el jueves en la Asamblea que el PIB regional podría volver a cotas anteriores a la crisis, lo que «estamos consiguiendo -dijo- con nuestras reformas, nuestra valentía en los planteamientos, con nuestro rigor y con la confianza que genera el Gobierno». En la antesala de otras elecciones generales era de esperar tan esperanzador pronóstico de la economía murciana, entreverado con una inevitable cuña de autobombo. Ciertamente, la economía española arrancó el año con fuerza durante los dos primeros meses, cumpliéndose una especie de regla no escrita: la economía murciana acentúa el signo de los ciclos de la economía nacional. Cuando España entra en barrena, la crisis es más profunda en la Región. Si, por el contrario, hay crecimiento nacional, ahí estaremos en puestos de vanguardia.

Los últimos datos son inequívocamente positivos porque marcan una tendencia favorable, aunque quede mucho por hacer. La Encuesta de Población Activa del primer trimestre y el paro registrado en abril reflejan una nítida recuperación del empleo regional, mientras que las previsiones de crecimiento publicadas por la Airef, Ceprede y el BBVA son alentadoras. Otra cuestión diferente es que los méritos se deban en su mayor parte a las políticas económicas del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, ya que lo regional se enmarca en una tendencia nacional y europea marcada por la depreciación del euro y por los bajos precios del petróleo y de los tipos de interés. El famoso viento de cola tiene mucho que ver en este fenómeno, que está siendo aprovechado por el tejido productivo murciano para impulsar sus exportaciones y captar el mayor número de turistas posibles. En el mar de la economía hay que aprovechar los vientos con rapidez, desplegando las velas adecuadas. Lo ha hecho acertadamente el equipo de Pedro Antonio Sánchez con la bajada de impuestos, el decreto de simplificación administrativa y la liberalización de los horarios comerciales. Lo deseable hubiera sido que estas últimas medidas, ya aplicables pero todavía sin efectos reales por ser muy recientes, se hubieran tramitado con mayor participación política y social, pero el Gobierno utilizó la vía del decreto ley alegando motivos de urgencia. Y en efecto los hay, lo que no quita para que en el trasfondo haya, también, un deseo del Ejecutivo regional de no ver cómo la oposición le da un vuelco a sus medidas.

La realidad es que los aires económicos favorables empiezan a debilitarse. Por tanto, siendo elogiosa la actitud de Sánchez, será muy complicado que se pueda cumplir con el objetivo de alcanzar este año los niveles de riqueza anteriores a 2008. El fracaso político que supuso la nueva convocatoria de elecciones generales tuvo un efecto evidente en abril. Son muchos los convenios colectivos, las subidas salariales y las nuevas inversiones empresariales que están en suspenso a la espera de saber quién gobernará España y cuál será su política económica. Murcia, además, es un pequeño árbol en el interconectado bosque global. El propio Gobierno en funciones de Mariano Rajoy aprobó en las últimas semanas un plan de estabilidad que contempla una caída de las exportaciones, un escenario adverso de subida de tipos y un encarecimiento del petróleo. Todo ello podría lastrar el crecimiento del PIB por debajo del 2% y poner en riesgo la creación de empleo en el conjunto de España. Tenemos, además, exclusivamente la vista puesta en el 26J, fecha de las nuevas elecciones, cuando tres días antes hay una llamada a las urnas en Gran Bretaña que puede ser decisiva para la Unión Europea, tanto en el plano político como en el económico. Los sondeos muestran una opinión pública británica muy dividida sobre su eventual salida de la UE y esa incertidumbre ya está provocando, internamente, un ralentización de su economía en el sector servicios y, externamente, por ejemplo, un retraimiento de las compras inmobiliarias de los británicos en toda la costa mediterránea. Las consecuencias políticas y económicas de un respaldo al ‘Brexit’, cuando todavía sigue sin resolverse el problema de la deuda griega, serían importantes a corto y medio plazo para toda la Eurozona. Por de pronto, la Unión Europea perdería la contribución neta del Reino Unido a su presupuesto, la segunda más alta de todas con 9.800 millones de euros en la hucha común. Si a todos esos factores nacionales y europeos sumamos la prolongada desaceleración de la economía china, aparece ante nuestros ojos un endiablado contexto geopolítico plagado de riesgos e incertidumbres.

¿Qué deberían hacer los políticos de una pequeña región europea en esta situación? Visto que nadie está por la labor o en condiciones de alcanzar consensos, mientras no se despeje la incertidumbre electoral, lo sensato es no quedarse a la expectativa y actuar. Unos, asumiendo su responsabilidad de gobernar, y otros, controlando al Ejecutivo y planteando alternativas, aunque ninguna de las partes debería tener la vista puesta en la cita electoral de junio. Si se actúa en lo local sin pensar en lo global, el batacazo para todos está asegurado. La Región es pequeña y tiene autonomía política, pero no es una isla. Es, como decía, otro pequeño y frágil árbol de un gigantesco bosque donde están pasando cosas y otras inciertas se avecinan.

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La bomba demográfica
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Alberto Aguirre de Cárcer | 01-05-2016 | 05:34| 0

El futuro Plan Regional de Familia debería ser una buena oportunidad para encarar, con el consenso de todos los partidos políticos y los agentes sociales, la grave amenaza que supone la progresiva caída de la natalidad

Uno de los rasgos más acentuados de la vida contemporánea es que nada parece destinado a perdurar. La cultura de lo instantáneo, fugaz, desechable y obsolescente marca hoy más que nunca el devenir de nuestras sociedades. Esa sensación de temporalidad afecta también a nuestra propia visión de la condición humana y del mundo en el que vivimos. Pero como decía la filósofa Hannah Arendt, aunque hemos de morir no hemos venido solo a esto, sino a iniciar algo nuevo. Arendt insistía en que la natalidad es la gran oportunidad que nos permite actuar. «Cada nacimiento nuevo es como una garantía de la salvación en el mundo, es como una promesa de redención para aquellos que ya no son un comienzo». Sin embargo, la tendencia es justo la contraria. Como bien es conocido, España se desliza peligrosamente por una pendiente demográfica, configurándose una sociedad donde somos menos y cada vez más viejos.

En la Región no estamos tan cerca del abismo, pero la tendencia es igualmente preocupante. Si los aspectos filosóficos nos dejan fríos, atendamos a algo más prosaico: de seguir la caída de la natalidad nos podremos encontrar que en diez o quince años faltará población activa. Y de no cambiar las cosas, en treinta sería difícil evitar la quiebra del sistema de pensiones. La media de hijos por mujer en la Región fue bajando de 3,2 desde los años 70 a justo la mitad en la actualidad. No solo es una consecuencia de la recesión. Subyacen cambios sociales más profundos y de largo recorrido, como la incorporación de la mujer a la vida laboral en un contexto donde aún es muy complicado conciliar trabajo y familia. En los años 80 ya nos alejamos de lo que los expertos llaman tasa de reposición biológica, que garantiza el reemplazo generacional. Lo más dramático es que las encuestas del CIS revelan cómo la mayoría de la población desearía tener más de un hijo, pero las circunstancias económicas y la ausencia de una política de ayudas hacen desechar esa posibilidad. Queda mucho camino por recorrer. La oferta de plazas en las guarderías públicas, por ejemplo, sigue igual en la Región que hace 16 años y los centros subvencionados que ofrecen una alternativa complementaria no han terminado de asentarse. Entre la caída de la propia natalidad y la política de precios, que ahuyenta hoy a parejas jóvenes con salarios precarios, ni la red pública ni la privada incentivan las condiciones para los nuevos nacimientos. La creación de una Consejería de Familia y el nuevo giro más social del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez está teniendo efectos positivos, sobre todo si se compara con lo anterior, pero todavía está lejos de haber dado una respuesta eficaz a este problema. El futuro Plan Regional de Familia, actualmente abierto a las sugerencias y reclamaciones de los murcianos, es una buena oportunidad para sentar las bases de una política más decidida y eficiente, en la que es necesario el mayor consenso político y la participación de los municipios, los agentes sociales y los expertos en este complejo tema. No va a ser fácil porque al punto de inflexión no se llegará solo con exenciones fiscales y ayudas públicas.

Las soluciones tampoco van a llegar de forma aislada a la Región si el ‘suicidio’ demográfico al que se encamina todo el país no forma parte del debate público. Puede que sea uno de los problemas más graves de la sociedad española y también uno al que menos caso se le hace. No deja de ser chocante por el peso tan relevante que en la sociedad española tienen las familias, toda una malla de seguridad en los peores momentos de la crisis. Basta recordar el escaso debate sobre la caída de la natalidad en la última campaña electoral para certificar que es un tema secundario en la agenda política. Lamentablemente no cabe esperar demasiado en la nueva cita a las urnas con los mismos candidatos que han protagonizado uno de los más tristes fracasos de la política al no lograr finalmente un pacto de gobierno. Pero no es de extrañar cuando cada cual interpretó el mensaje de cambio de la manera más oportuna para sus intereses. Quizá habrá que decir más alto y más claro que lo que pide la ciudadanía son pactos para alcanzar grandes acuerdos de Estado en asuntos como el que hoy nos ocupa en ’La Verdad’.

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