La Verdad

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El autogol del 54
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Alberto Aguirre de Cárcer | 18-12-2016 | 06:52| 0

Si sorprendente es la dejación normativa de la Administración regional en el caso del acceso a los espacios públicos, en la línea de lo ocurrido con la renta básica y otras normas, no menos perplejidad suscita que el Ejecutivo descubra el articulado de leyes aprobadas en la Asamblea con el apoyo del PP. Esto es lo que ha ocurrido tras la información publicada por ‘La Verdad’ sobre el artículo 54 de la Ley de Transparencia, que dejaría en situación delicada a Pedro Antonio Sánchez si sigue en el cargo en el supuesto de ser llamado a declarar al TSJ por el ‘caso Auditorio’. El presidente tenía ante sí un problema de mayor enjundia política que judicial, pero vista la inopia en sus filas todo es susceptible de empeorar. Basta con leer la jurisprudencia citada en el reciente auto del Supremo que archivó la causa contra el exalcalde de Vall d’Uxio, el popular Óscar Clavell, acusado de prevaricación y malversación, para constatar cómo la condena por vía penal a un alcalde, en supuestos que aborda habitualmente el derecho contencioso-administrativo, debe estar jurídicamente muy respaldada por evidencias sólidas de actuación arbitraria, injusta y contraria a derecho con pleno conocimiento. «No es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona», razona el ponente del fallo, el juez José Ramón Soriano, quien en otra causa pidió el sobreseimiento libre de la exalcaldesa Barreiro por ‘Novo Carthago’, hasta que la Sala de lo Penal lo dejó esta semana en archivo provisional. El auto de Clavell tiene su miga porque sustenta la tesis de defensa de Sánchez (errores administrativos frente a ilícitos penales) y porque también está firmado por Maza Martín, el magistrado que ahora es fiscal general del Estado. Sánchez, cuya destreza política es inversamente proporcional a su pericia administrativa, tiene una acreditada capacidad para navegar por las aguas embravecidas de la política de pactos (ayer dio otra muestra con el acuerdo por el empleo de calidad), aunque sus patinazos jurídicos y los de los cercanos que dormitan en Babia no dejan de arrinconarle al borde del precipicio. El autogol del artículo 54 es para hacérselo mirar.

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Andrés
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Alberto Aguirre de Cárcer | 18-12-2016 | 06:50| 0

No hubo que rascar mucho tras la brutal agresión de un portero a un joven en Murcia para comprobar el descontrol regulatorio sobre estos profesionales, por la falta de desarrollo normativo de una ley regional desde hace cinco años

La brutal agresión de un portero de un bar de copas a un joven que hoy se encuentra en coma en la UCI de La Arrixaca ha causado consternación esta semana en la Región. No hace falta tener un hijo de esa edad para sentir escalofríos ante un acto de semejante barbarie. El vídeo grabado por un testigo no refleja toda la película de los hechos, pero muestra inequívocamente quién es el autor de esa salvajada y quién es la víctima, abandonada a su suerte en mitad de la calle por el agresor y sus acompañantes. Cualesquiera que pudieran ser los motivos o las circunstancias previas jamás justificarían ese ataque contra una persona que hoy se debate entre la vida y la muerte en la cama de un hospital. Como periodista siempre he entendido que el tratamiento informativo de la violencia, ya sea terrorista, de género o callejera, no permite la equidistancia moral con quienes agreden y con quienes son agredidos. Cuando claramente están identificados los unos y los otros, no es aceptable establecer equivalencias factuales en el relato de los verdugos y en el de las víctimas, porque de lo contrario se es cómplice de los primeros y se daña la dignidad de los segundos. La búsqueda de la verdad obliga siempre a un retrato veraz de los hechos, pero eso no implica neutralidad con las víctimas, sino todo lo contrario. Ya sean guardias civiles, como los brutalmente agredidos en Alsasua (Navarra), o un joven taxista de Alcantarilla, cuya vida pende de un hilo por el puñetazo de un portero.

Delimitar las responsabilidades penales corresponde a los jueces, mientras que la obligación de los periodistas es profundizar en los hechos sin dejarse llevar por reacciones irracionales de aplauso fácil en las redes sociales. Ni todos los porteros de los locales de noche son malas bestias de instintos violentos ni las empresas del ocio nocturno que los contratan son desalmados irresponsables. (Muy probablemente jamás habría escrito este artículo ni ningún otro si un gigantesco portero llamado Tibi no hubiera cumplido con su trabajo aquella noche de 1983, impidiéndome de buenas formas, pero taxativamente, el acceso a la discoteca Alcalá 20 a falta de una hora para su cierre).

No hubo que rascar mucho tras el suceso acaecido el pasado fin de semana en Murcia para comprobar que existe descontrol en la regulación de las funciones y criterios de selección de estos profesionales, cuya responsabilidad pública directamente recae en la Administración regional. Han pasado cinco años desde que la Comunidad aprobó la ley de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Región de Murcia. Se trata de una norma fraguada en caliente, como en otras regiones, a raíz del homicidio del joven Álvaro Ussía a manos de un portero de discoteca en Madrid. La Comunidad madrileña puso en marcha su propia norma y la desarrolló, obligando a superar unas pruebas de aptitud a quienes controlan los accesos a los locales nocturnos. Exigencias similares figuran en la normativa murciana, pero el Gobierno regional no la ha desarrollado un lustro después, lo que ha dejado sin efecto el cumplimiento de los requisitos exigibles a estos profesionales de la noche. A lo más que se ha llegado en la Región es a la apertura de 29 expedientes sancionadores a raíz de denuncias por distintos motivos. La propia Asociación de Empresas de Seguridad de la Región (Aresmur) denuncia cómo este vacío legal favorece la actividad de grupos organizados que ofrecen personal de seguridad a pubs, discotecas y prostíbulos. La consecuencia de esa dejadez normativa es que hoy, según Aresmur, solo un 10% de locales nocturnos contaría con vigilantes que han superado todo tipo de pruebas tras una formación reglada por el Ministerio del Interior. La propia Asociación Profesional de Porteros de Discoteca de la Región también alerta de los efectos negativos del actual limbo jurídico, por la existencia de esa ley que no se cumple porque falta su desarrollo. El único responsable penal de la agresión a Andrés será quien determine el juez, pero solo desde una impúdica adulación acrítica se podría pasar por alto que el Gobierno regional está incurriendo desde hace cinco años en un flagrante incumplimiento de su responsabilidad política, que es lo que debe denunciar un medio de comunicación que está al servicio de sus lectores, a fin de que la situación mejore. Ya tardan.

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De PISA y otras brechas
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Alberto Aguirre de Cárcer | 11-12-2016 | 06:26| 0

La Región, la única comunidad donde crecen el número de universitarios, lidera el incremento del abandono escolar temprano y tiene una de las tasas más altas de jóvenes que abandonan los estudios tras la escolarización obligatoria

Cada tres años, desde hace dieciséis, el proyecto PISA evalúa las competencias en comprensión lectora, matemáticas y ciencias de los alumnos de 15 años en 72 países. Se trata de una herramienta impulsada por la OCDE para examinar la marcha de las políticas educativas y asesorar a los Gobiernos que las implementan. No son pocos sus detractores en la comunidad educativa internacional, que alegan cómo estos ‘test’ de competencia elaborados por la empresa Pearson están reorientando los modelos y prioridades de los Gobiernos para, básicamente, salir mejor retratados en las radiografías de PISA. Gusten o no, lo cierto es que son la vara de medir utilizada internacionalmente, pese a que los modelos de enseñanza y las condiciones socioeconómicas y culturales son muy distintas en los países participantes. España mejoró en 2015 sus puntuaciones y su posición relativa, situándose en la media de los países desarrollados (EEUU, Francia, Austria, Noruega, Suecia…). Aún así no cabe la autocomplacencia porque, a diferencia de naciones como Portugal, que dio un salto histórico, España sube peldaños porque los resultados generales de la OCDE empeoran. Sumidos en el grueso del pelotón, permanecemos estancados a una distancia abismal de los países de cabeza. Midiéndose consigo misma, la Región mejora levemente en este trienio y eso es una novedad positiva. Dicho esto, no hay motivos para lanzar cohetes. Solo para seguir trabajando. La mejoría en las notas es modesta y avanzamos unos cuantos asientos, en parte por el regreso de Canarias al estudio PISA, con quien compartimos furgón de cola en el tren educativo, muy lejos de la media española y de la OCDE.

De nuevo, PISA ha revelado un gran desigualdad regional. El norte, con mayor nivel de renta, cosecha mejores puntuaciones que el sur, con Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia liderando las peores notas. Si se tiene en cuenta el llamado índice social, económico y cultural (ISEC), que refleja cuestiones como la ocupación profesional y el nivel educativo de los padres, así como los recursos disponibles en el hogar (número de libros u ordenadores), nuestra puntuación en Ciencias sería de 508 puntos, es decir, subiría 24 puntos, situándose a la altura de la media española, Francia o Nueva Zelanda, y por encima del promedio de la OCDE.

Salta a la vista que las desigualdades socioeconómicas entre la España rica y la pobre son una causa fundamental de desigualdad competitiva en materia educativa. Sin embargo, el menor nivel de renta no puede servir de excusa o de bálsamo porque inciden también otros factores, como las diferencias en inversión educativa, la ratio de alumnos por aula, la formación y apoyo al profesorado… que explican porqué, tanto en el norte como en el sur del país, algunas regiones logran mejores resultados que sus vecinas. Esgrimir el ISEC para justificar los mediocres datos regionales de PISA solo vale hasta un cierto punto.

Existe, además, un fenómeno muy acusado en la Región de Murcia que lastra los resultados en PISA y alarma a la OCDE: la altísima tasa de alumnos repetidores. De los 30 alumnos que se sientan en un aula de cuarto curso de Secundaria, de cualquier instituto de la Región, como media 12 han repetido al menos un curso. Murcia tiene el segundo porcentaje más alto de España de alumnos que estudian uno, dos y hasta tres cursos por debajo del que les corresponden a sus 15 años. Y PISA examina a los alumnos de esa edad, independiente del curso que realicen. Frente a los repetidores, los alumnos murcianos que estudian en su nivel correspondiente obtienen hasta 200 puntos más en los ‘test’. Esa enorme desigualdad en comprensión lectora, matemáticas y ciencias entre los adolescentes murcianos revela otra preocupante brecha, esta vez interna. Eliminar a los repetidores de las estadísticas para tranquilizar a los padres de los estudiantes más competentes no exime a las autoridades de su responsabilidad porque los repetidores forman parte del sistema educativo. Son, de hecho, hijos de un modelo que ha conocido siete leyes en tres décadas, para desánimo de la comunidad escolar. Habrá que preguntarse si los institutos de la Región, como señala la Asociación de Directivos de Enseñanza Secundaria, ofrecen suficientes alternativas a los alumnos con dificultades, bien en Secundaria o por la vía de la Formación Profesional. Habría que al menos plantearse si repetir curso debe ser una medida más excepcional, como pide la FAPA. Algo falla clamorosamente si, a todo lo anterior, sumamos que la Región encabeza la tasa de abandono escolar temprano. Lejos de mejorar, empeora en cada estadística. En el tercer trimestre del año, el abandono escolar temprano bajó un 19,4 % en todo el país mientras que aquí se incrementó un 2,6%, la mayor subida de todas las comunidades. Murcia ostenta, por si fuera poco, uno de los porcentajes más altos de jóvenes que abandonan los estudios tras la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Nada menos que el 26,2% de los adolescentes dejan de formarse a partir de esa edad, siete puntos más que la media española.

Y, sin embargo, mientras buena parte de los campus pierden alumnos, el número de universitarios aumenta en la Región. Murcia es la única comunidad donde se mantiene al alza el número de estudiantes por el crecimiento de la UCAM y la congelación de tasas en las universidades públicas. Lo que lleva a concluir que la Región está formando a muchos universitarios de otras comunidades, a las que retornarán cuando terminen su formación. De modo que antes de lanzarse al enésimo intento de pacto educativo más valdría que los partidos aparcaran el sectarismo ideológico y analizaran a fondo cuáles son las carencias y las necesidades reales de Murcia, un paradigma de múltiples desigualdades educativas, hacia fuera y hacia dentro. Quizá lo más oportuno sería preguntar primero a los docentes. Si la Región mejoró sus puntuaciones en un contexto de mayor número de alumnos de Secundaria por aula y recortes en becas, algo habrán tenido que ver nuestros maestros.

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Politización de la justicia
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Alberto Aguirre de Cárcer | 05-12-2016 | 09:48| 0

Tras los acuerdos sobre el déficit y el salario mínimo, los populares han propuesto a los socialistas en Madrid un pacto por la justicia, que incluye la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales asuman la instrucción de los causas penales. Pero también para limitar la acusación popular en estos procesos, un asunto controvertido tras las supuestas extorsiones de Manos Limpias o por las sospechas de su utilización en no pocos sumarios de calado político como una defensa encubierta. Lo más sustancial es que PP y C’S, y puede que PSOE, parezcan de acuerdo en poner freno a la acusación popular de los partidos y sindicatos para romper con la imagen de la politización de la justicia. Como recordatorio conviene apuntar que Podemos y PSOE ejercen la acusación popular en el ‘caso Auditorio’ contra Pedro Antonio Sánchez, mientras el PP la ejerce en el ‘caso de los Ere’ contra Manuel Cháves y José Antonio Griñán. La reforma solo acertará si existe un amplio consenso político, se multiplica la plantilla de fiscales y se les garantiza su independencia.

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PAS se prepara para resistir
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Alberto Aguirre de Cárcer | 04-12-2016 | 07:15| 0

Al presidente no se le pasa por la cabeza dimitir, lo que no significa que no pueda ocurrir si además piden imputarle por la ‘Púnica’, su situación convulsiona la política nacional y se convierte para Rajoy en un obstáculo para la gobernabilidad

No habían pasado ni dos semanas desde que la operación ‘Púnica’, ordenada por el juez Velasco, había descabezado la cúpula de la Consejería de Turismo cuando percibí en Pedro Antonio Sánchez su mayor momento de debilidad política y personal. Era la primera semana de noviembre de 2014. Inaugurábamos ‘Murcia Gastronómica’ y al acto acudieron Sánchez, consejero de Educación, y Juan Carlos Ruiz, consejero de Industria y Turismo, quien dimitiría siete meses después, solo unas horas después de conocerse que iba a ser llamado a declarar como imputado por el caso ‘Púnica’. No era este último asunto judicial (hasta entonces su nombre no había sido relacionado con la trama) lo que preocupaba al actual presidente, sino su situación política y personal por la investigación sobre su vivienda desde primeros de año en el TSJ. En público y en privado siempre mantuvo su inocencia, como ahora, pero ese día me confesó que sopesaba dimitir. Dejar el Gobierno de Garre y quedarse en el partido hasta que se aclarase el caso. PSOE e IU habían abandonado dos días antes el hemiciclo cuando él iba a intervenir, Floriano había declarado que el PP no incluiría en sus listas a encausados por corrupción y Garre no cesaba públicamente de hablar de la ‘doctrina de la generosidad’ ante cualquier novedad que afectase a dirigentes del PP imputados. La sucesión a Valcárcel estaba completamente abierta y Sánchez, aunque siempre fue el señalado, perdía su ventaja frente a Alberto Garre y Juan Carlos Ruiz.

El actual presidente ya sabía entonces cuál era y es nuestra posición: los políticos investigados por corrupción no deben ir en las listas electorales y deben dimitir en el momento de la apertura de juicio oral, salvo que su permanencia como imputados dañe a las instituciones y al interés general. Lo habíamos expresado seis meses antes en un editorial titulado ‘Así no’, donde, tras la marcha de Valcárcel, abogamos porque la presidencia no podía ser ocupada por Sánchez ni por cualquier otro político investigado por un presunto delito, obviamente sin entrar a valorar, ni entonces ni el futuro, quién debía ser el candidato de cualquier partido. En esa conversación le reiteré nuestra posición (él la recordaba porque ese editorial le ayudó bien poco) y le comenté que el periódico, por lo antes expuesto, no se había pronunciado sobre su permanencia como consejero. En clave ya personal le apunté que salir del foco público tenía ventajas e inconvenientes, sobre todo si aspiraba a ser candidato algún día a la presidencia (probablemente ese era su sueño desde que entró de becario en San Esteban). Por las razones que fueran, no dimitió y en febrero del año siguiente el caso fue archivado, a petición de la Fiscalía. Aunque no pudo documentar hasta el último euro del dúplex que compró hace años, ante la falta de evidencias inculpatorias prevaleció el principio de presunción de inocencia. Luego llegaron las elecciones y rozó la mayoría absoluta, aunque no pudo ocupar la presidencia hasta sellar voluntariamente un pacto con Ciudadanos, en virtud del cual dimitiría si era llamado a declarar como imputado por corrupción. «Si al final la Justicia dictaminara una imputación por el ‘caso Auditorio’, yo dimitiría», llegó a decir públicamente antes de firmar.

Ya no es consejero por designación directa, sino presidente por la voluntad expresada en las urnas por los electores. Y eso otorga mayor fortaleza, pero también un plus de responsabilidad y ejemplaridad como máxima figura institucional de una comunidad autónoma y representante de todos sus ciudadanos. En realidad, su situación política y judicial es bien distinta a la de hace dos años. Pese a que su fragilidad vuelve a marcar máximos, esta vez no se le pasa por la cabeza dimitir. Lo que no significa que no pueda ocurrir, empujado por su propio partido si la presión de la oposición desde Madrid fuera insostenible, sobre todo si ahora otro juez pide que le investiguen también por el caso ‘Púnica’, su caso convulsiona la política nacional y se convierte en un obstáculo para la gobernabilidad de Rajoy. En ese escenario, el balance de su gestión sería un factor secundario. De manera discreta, aparentando normalidad y sin hacer dejación de sus funciones, Sánchez lleva más de un año preparándose, a todos los niveles, para este momento que, desde el punto de vista judicial, tarde o temprano, era inevitable. En sus múltiples viajes a Madrid ha logrado multiplicar su valoración en la dirección nacional de su partido, que interiorizó su relato y lo ha hecho el referente del PP para hacer frente a la asunción de responsabilidades políticas por imputaciones judiciales, más ahora tras la muerte de Barberá. Le apoyan los que de verdad mandan en Madrid, desde Cospedal a Soraya y Rajoy, que en una conversación con periodistas llegó a comentar que el fiscal superior le ha interpuesto diez querellas, cuando en realidad son dos, a raíz de sendas denuncias del PSOE. Tan notorio es ese apoyo de Madrid como el silencio en este asunto de Valcárcel, que tampoco recibió ningún respaldo explícito de Sánchez cuando la hija del expresidente popular declaró como imputada por el caso ‘Novo Carthago’. En el PP regional ya no están tan prietas las filas. Hay varios exdestacados dirigentes, desde Cámara a Bascuñana, que fueron forzados por Sánchez a irse antes de la apertura de juicio oral. Hay otros que se sienten marginados. Con Valcárcel, cualquier militante sabía que podía recibir una llamada en algún momento para asumir una responsabilidad. Ahora ya no es así, suelen decir.

La suerte judicial del caso ‘Auditorio’ también es incierta aunque ni puedo ni debo anticiparla. De partida, los indicios apuntados por el fiscal y la juez son contundentes y graves (fraude, malversación y prevaricación son delitos de corrupción, algunos penados con de 2 a 6 años de prisión). Blindado por un aforamiento al que pudo renunciar, ha estado personado en la causa y tiene ya una estrategia definida: pudo haber errores administrativos, no ilícitos penales. Salvo sorpresas, el instructor en el TSJ será Pérez Templado, el juez que archivó el ‘caso Dúplex’. Y también es probable que el fiscal jefe, que llevará el peso del Ministerio Público, ya no sea López Bernal, que aspira en las próximas semanas a renovar, en competencia con Díaz Manzanera (ideológicamente distante pero con la misma visión de la lucha contra la corrupción) y con el teniente fiscal Sánchez Lucerga.

PAS, una vez más, se prepara para resistir.

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Calvo Sotelo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 30-11-2016 | 06:50| 0

La dictadura franquista se apropió de la figura del diputado monárquico José Calvo Sotelo como hizo con las del Cid y Carlos V, a quienes, en el futuro, puede ocurrir que en Torre Pacheco o en cualquier otro municipio, algunos políticos les retiren una placa o estatua por una mezcla de ignorancia histórica y jurídica. Las leyes, todas, hay que cumplirlas o cambiarlas democráticamente. También la de Memoria Histórica, de acuerdo a su espíritu y a su letra. Asesinado días antes del 18 de julio de 1936, Calvo Sotelo fue utilizado por Franco como símbolo del llamado alzamiento cuando hoy la mayoría de los historiadores documentan que el golpe contra la República llevaba tiempo en preparación. Pero parece que da igual que no fuera víctima directa de la Guerra Civil ni que apoyara la dictadura franquista. Más que nada porque ya estaba muerto, a su pesar. Ayer lo volvieron a enterrar PSOE, PP y Ciudadanos en Torre Pacheco.

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'Posverdad'
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Alberto Aguirre de Cárcer | 27-11-2016 | 07:00| 0

Hace 29 años no existían los teléfonos móviles ni sabíamos qué era internet. Solo emitía TVE y en las redacciones de los periódicos todavía podían encontrarse viejas máquinas de escribir que los más veteranos, como si fueran chalecos salvavidas, renunciaban a tirar porque los rudimentarios ordenadores se colgaban cada dos por tres. Algunos, como los redactores de sucesos, ni siquiera usaban grabadoras de casete. Si te dedicabas a cubrir sucesos en el Madrid de finales de los 80, donde el tecnicolor de la Movida se fundió en negro con los estragos de la heroína y la delincuencia, era desaconsejable sacarla en los lugares que debías frecuentar. En su lugar, boli, libreta y memoria para las citas textuales. Me bastaron los primeros días de trabajo en la sección de Sucesos de ABC para interiorizar la esencia de un oficio que aprendí con aquellos dinosaurios del periodismo que nos lanzaban a la calle a por historias y noticias con un único consejo: «Búscate la vida, pero vuelve con algo». Lo fundamental que sé de mi trabajo, lo que soy, es producto de aquellos días.

Recuerdo especialmente el 5 de noviembre de 1987. La noche anterior, un taxista y una prostituta fueron asesinados de sendos disparos en la cabeza. En distintos puntos de la ciudad y a diferentes horas. Localicé al padre de la joven en el Anatómico Forense. Era un trabajador que emigró al cinturón urbano de Madrid. Estaba destrozado. No solo por la muerte de su hija. También porque se enteró, como sus vecinos y amigos, de que se dedicaba a la prostitución en la lujosa zona de Capitán Haya, empujada por la adicción a las drogas. Y todo porque una radio dio el nombre completo de la joven, en lugar de sus iniciales. Horas antes, en la escalera del edificio donde vivía el taxista, una de sus hijas me relató que su padre conducía sin seguro y que ya le habían atracado cerca de diez veces en los últimos meses.

Ambas conversaciones me hicieron perder el temor para siempre a cualquier otra que me deparase el futuro. Ninguna podría ser tan amarga y complicada emocionalmente como aquellas. Asumí que para acercarse a la verdad hay que profundizar en los hechos porque la esencia del periodismo no consiste en solemnizar lo obvio, sino justo en lo contrario, a través de un proceso de investigación y de rigurosa verificación de la información obtenida. Y para ello hay que estar dispuesto a pasar por situaciones difíciles, como la que viví años después junto a mis compañeros por no secundar la ‘teoría de la conspiración’ del 11M. En aquellos primeros tiempos interioricé que el cumplimiento con el derecho a la información de los ciudadanos es ineludible y, a la vez, éticamente posible sin pisotear la dignidad de las personas y causar un daño gratuito a los demás, como hizo aquella emisora. Los hechos son sagrados, pero eso no implica neutralidad. No cabe la equidistancia moral con las víctimas y sus verdugos en el tratamiento informativo de cualquier tipo de violencia. Elaborar información veraz, como exige la Constitución, es la primera, pero no la única, responsabilidad pública del periodista en un mundo donde la banalización de la verdad cotiza al alza. Resulta escalofriante para las sociedades democráticas que el Diccionario de Oxford haya elegido como palabra del año ‘Posverdad’, un término usado para «denotar circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal».

El éxito del ‘Brexit’ se cimentó en buena parte en las mentiras que, una vez ganado el referéndum, confesaron sus promotores. En la campaña electoral de EE UU, la primera seguida masivamente por las redes sociales, se ha generado un intenso debate sobre el auge de las webs de noticias falsas y su difusión por Facebook. Tres meses antes de las elecciones, la información más leída a través de Facebook aludía al apoyo del Papa a Donald Trump, una información falsa que enganchó a 960.000 lectores, cien mil más que la historia con mayor repercusión elaborada por el Washington Post en la campaña. Facebook, que como Google no elabora contenidos informativos pero se beneficia económicamente de los producidos por terceros, se ha visto obligado a anunciar que intentará extremar sus controles sobre las noticias falsas. Una tarea complicada para un gigante que hasta ahora no se ha visto impelido a asumir ninguna responsabilidad pública o jurídica, como la que pesa, afortunadamente, sobre los medios tradicionales respecto a lo que difunden en sus distintos soportes.

La política posverdad se ha instaurado también en nuestro país. En el momento populista que vive el mundo se ha erigido en una eficaz herramienta a la que recurren dirigentes de todo el espectro ideológico. Es cierto que los políticos no tienen la obligación legal de decir la verdad, pero algunos han hecho de las mentiras y las medio verdades su modus vivendi. El espectáculo de la deshumanización de la política (no hay palabras para el gesto de Podemos con el minuto de silencio de Barberá) está a la altura del espectáculo de la información política al que se han apuntado varias cadenas de TV porque es barato, genera audiencia e ingresos publicitarios. Que luego venga el popular Rafael Hernando con el cuento de que apartaron a Barberá para protegerla de las «hienas» de los medios ya es el summum del cinismo, sabiendo que lo que se protegía, en realidad, eran las expectativas de gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos.

En ‘La Verdad’, que defiende el cumplimiento de la legalidad sin excepciones, hemos sostenido que los políticos imputados/investigados por delitos no deberían ir en las listas electorales. Y que lo más juicioso es que los cargos electos que resulten imputados renuncien en el momento de la apertura de juicio oral. Salvo que se trate de un delito flagrante o se dañe a las instituciones porque en paralelo a las responsabilidades penales están las políticas, aquellas que nos afectan a todos. PP y Ciudadanos firmaron voluntariamente un acuerdo más exigente (dimisión en el momento de imputación por corrupción) al que puede verse encarado Pedro Antonio Sánchez si, como todo parece indicar, una juez pide al TSJ que lo investigue por el ‘caso Auditorio’. El presidente se enfrenta a un grave problema que este diario, como es su obligación, ni ha escondido ni esconderá a sus lectores. Igual que hacemos con sus aciertos. En lo personal le deseo la mejor de las suertes, pero como director de ‘La Verdad’ mi responsabilidad será exigirle, sin menoscabo de su presunción de inocencia, todas las explicaciones públicas que hasta ahora no ha ofrecido, confrontando sus palabras y compromisos con los hechos. Eso es lo que aprendí y da sentido a treinta años volcado con una profesión. Siete de ellos en un periódico llamado ‘La Verdad’.

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Trump, un elefante en la cacharrería del clima
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-11-2016 | 21:36| 0

Que Noam Chomsky haya calificado al partido republicano de Estados Unidos como la «organización más peligrosa en la historia del mundo», porque controlará las dos Cámaras, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo, suena directamente a una exageración que es producto de la preocupación generalizada por la victoria del magnate populista Donald Trump. Pero Chomsky, uno de los referentes intelectuales de EE UU, en realidad no hace más que expresar con rotundidad buena parte de los temores de una inmensa mayoría de la comunidad científica, especialmente en el ámbito de la lucha contra el calentamiento global.

Desde que Donald Trump dijo en Twitter en 2012 que el cambio climático era una invención de China para erosionar la industria de Estados Unidos, todas las manifestaciones públicas del presidente electo, sobre todo en la campaña a la Casa Blanca, han ido claramente en una misma dirección: poner en duda la actividad humana como acelerador de la subida de temperaturas (un debate ya cerrado hace tiempo) para dar un giro a la política medioambiental impulsada por Obama. De hecho, Trump prometió que en sus primeros cien días de gobierno retiraría a Estados Unidos del acuerdo del cambio climático de París y suavizaría la normativa adoptada en los últimos años por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), incluyendo el ‘Clean Power Plan’ creado para reducir las emisiones de las contaminantes plantas de carbón.

Los primeros movimientos de Trump no han contribuido a calmar los ánimos. Al frente del equipo que gestionará el relevo en la EPA ha situado a Myron Ebell, un destacado escéptico del cambio climático que, al frente de un ‘think tank’ conservador, se había ya significado por tildar de «alarmistas» las consecuencias de la subida de temperaturas y por señalar que era «ilegal» ese plan adoptado en 2015 para reducir las emisiones de las plantas más contaminantes.

El compromiso de Estados Unidos con los acuerdos internacionales del clima incluye una reducción de los gases de efecto invernadero que sería del 28% en 2025, respecto a los niveles emitidos por el gigante norteamericano en 2005. Dado que esos acuerdos ya están firmados, Trump no puede incumplirlos de manera inmediata, aunque podría hacerlo en 2020. En el peor de los escenarios, no se descarta una opción más drástica: el envío de una notificación, una vez en posesión del cargo, a la secretaría general de Naciones Unidas comunicando la salida de EE UU de la Convención del Cambio Climático. Una retirada que tendría efecto al cabo de un año y que tiraría por tierra los acuerdos internacionales iniciados en Kioto. Sin EE UU, perderían gran parte de su efecto real y nunca llegarían los 800 millones prometidos por la Administración Obama a las naciones en vías de desarrollo para adaptarse al cambio climático.

La gran esperanza para diluir todos esos sombríos planes está depositada en estados como California, cuyo gobernador, Jerry Brown, ha manifestado que seguirán adelante con sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En términos de Producto Interior Bruto, California es la sexta economía del mundo y el segundo estado norteamericano con mayor volumen de emisiones. El estado de Nueva York, cuya población es ligeramente inferior a la de Australia, también seguiría comprometida con los acuerdos de París. Solo en la acción decidida de esos grandes estados, junto a la rebelión de las voces más responsables del partido republicano, podría estar la clave para que los planes de Trump se atemperen o incluso sean repensados.

No solo es sombrío el panorama para el medio ambiente. También para la ciencia. El hecho de que Trump haya tenido encuentros durante su campaña con destacados postulantes del desacreditado vínculo entre las vacunas y el autismo ha dejado perplejos a los científicos. Como las minorías raciales, los investigadores de todo el país se han puesto en guardia. En las última semanas, no falta cada día una voz destacada de la comunidad científica estadounidense que abogue por la necesidad de estar vigilantes ante las primeras medidas del presidente electo. Ya no solo por el posible recorte de fondos a las agencias gubernamentales y a la financiación de la investigación, sino también por la posibilidad real de interferencias políticas en la toma de decisiones en materia de salud y medio ambiente, que hasta la fecha se adoptaban en base a evidencias científicas. Muy pronto los estadounidenses saldrán de dudas.

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Una fecha para el AVE
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Alberto Aguirre de Cárcer | 21-11-2016 | 06:33| 0

No me gustan los políticos que alegremente ponen fechas a las grandes infraestructuras, más aún si no dependen de ellos. Pero estando las obras del AVE a las puertas de Murcia, de la reunión entre el ministro de Fomento y el presidente regional hoy debe salir una fecha concreta para la llegada de la alta velocidad. Una fecha que comprometa al Ministerio y le obligue a cumplir después de tanto retraso acumulado. En privado, el anterior ministro aludía a mayo de 2017, la Consejería prefiere hablar del primer semestre y la Croem opta por pensar que será en el segundo. Esa fecha concreta es lo mínimo exigible cuando aún no sabemos cómo el AVE afectará a las cercanías con Alicante, cuánto tiempo llegará provisionalmente en superficie y cuándo comenzará el soterramiento de la estación de El Carmen.

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Pacto energético
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Alberto Aguirre de Cárcer | 20-11-2016 | 06:48| 0

El acto celebrado ayer por la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), castigados en los últimos años por el impuesto al autoconsumo eléctrico y la inseguridad jurídica que produjeron los sucesivos recortes retroactivos a las primas, fue una demostración palpable de la urgente necesidad de transitar, con la mayor celeridad y consenso, hacia un nuevo modelo energético que priorice el uso de energías renovables, limpias y cada vez más baratas. Un modelo que acelere el ritmo de reducción de combustibles fósiles, no ponga trabas al autoconsumo, sea equitativo en el reparto de costes, garantice el suministro y reduzca nuestra dependencia de terceros países y que, siendo financieramente sostenible, impida dejar al margen de la cobertura energética a las personas más vulnerables. Con el argumento tan discutible de la reducción del déficit de tarifa, los últimos gobiernos nacionales han propinado gigantescos varapalos a los inversores y productores fotovoltaicos, muchos de ellos en la Región de Murcia, que tan falta está de agua como sobrada de horas de sol. Con matices, pero aparentemente unidos en lo esencial, los partidos murcianos y todos los agentes sociales y económicos están comprometidos con el impulso de las energías renovables, fundamentalmente la solar, por las oportunidades económicas y laborales en una región con todas las condiciones propicias para liderar ese tránsito hacia un nuevo modelo energético. No solo disponemos de energía solar en abundancia. También contamos con el conocimiento tecnológico y el espíritu emprendedor suficiente para catapultar el sector fotovoltaico como se hizo con la depuración de aguas y el sector agroalimentario. La eliminación por el Gobierno regional del peaje al autoconsumo eléctrico, anunciada ayer, es una buena noticia para miles de particulares y empresas, aunque sorprende que se haga sin esperar a que el Constitucional, que ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio, se pronuncie sobre el fondo del recurso del Gobierno central. Tan importante como eliminar el ‘impuesto al sol’ es acabar con la inseguridad jurídica.

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