La Verdad

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Tórrido otoño
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Alberto Aguirre de Cárcer | 10-08-2014 | 07:02| 0

El embajador ruso en España lo advirtió en Murcia hace solo unas semanas: la imposición de sanciones económicas a Rusia por la crisis de Ucrania tendría una respuesta de Putin y ésta afectaría a las exportaciones españolas. Y así ha ocurrido. El veto durante un año a las frutas y verduras de la Región puede provocar pérdidas por valor de 120 millones de euros al sector regional, tocado ya por los efectos de la sequía en su producción de secano. La reacción del Gobierno central no ha sido precisamente tranqulizadora. Desde el Ministerio de Agricultura se habla de daños limitados e incluso Rajoy (es de suponer que por efecto de las altas temperaturas) ha llegado a decir que esto va a ser un «acicate y estímulo más para que los productores españoles sigan aportando a la recuperación económica» del país. La realidad es bien distinta, como ha denunciado el sector de la Región, al que no se pueden trasladar las consecuencias de una decisión de política exterior de la UE sin una compensación rápida y justa. Ése es el mensaje que debe transmitir con firmeza el Gobierno regional a Madrid a fin de que la UE adopte con celeridad los mecanismos previstos en la PAC para crisis de este tipo. Y, si las medidas europeas no son suficientes, el Ministerio deberá hacerse cargo de lo que corresponda. Ya ha mareado bastante la perdiz ante las reclamaciones de los agricultores por los daños de la sequía. En el trasfondo de esta actitud cicatera hay una realidad que modula todas las respuestas políticas del Gobierno central: Hacienda ha impuesto un cerrojazo a las arcas de Agricultura (no pararán de repetir extraoficialmente que no tienen fondos) y a las inversiones de Fomento, que busca en la iniciativa privada el dinero necesario para completar su plan de infraestructuras. El objetivo es centrar toda la ayuda financiera en las asfixiadas comunidades autónomas para que estén al día en el pago a proveedores y puedan mantener los servicios básicos, como la Sanidad y la Educación. Puede que sea la estrategia correcta o una de las pocas posibles, pero deja injustificadamente desamparado a un sector que hoy es fundamental para la recuperación de la actividad económica de la Región de Murcia. Si a eso se añade una aplicación arbitraria de los acuerdos que dieron lugar al Memorándum del Trasvase, como ha ocurrido esta semana con la utilización de los bancos de agua, el perjuicio puede ser mayúsculo. Quiero suponer que el Gobierno regional está vigilando la redacción del decreto que regulará los desembalses desde la cabecera del Tajo. En este asunto nadie podrá alegar que la nueva realidad le pilla por sorpresa. En los próximos meses veremos cuál es el desenlace y se podrán extraer conclusiones definitivas sobre el pacto alcanzado por las comunidades gobernadas por el PP para garantizar la disponiblidad de agua en todos los territorios afectados. El otoño seco que se avecina dará la auténtica medida de una gestión política de la que empiezan a recelar nuestros regantes.

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La UMU y la corrupción
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Alberto Aguirre de Cárcer | 03-08-2014 | 06:31| 0

La expulsión de la exalcaldesa de Pliego como diputada de la Asamblea, avalada por los servicios jurídicos de la Cámara y adoptada de forma unánime por todos los partidos en la Comisión del Estatuto del Diputado, dejó en segundo plano asuntos colaterales que me causan estupor y que revelan una particular forma de gestionar las asuntos públicos en la Región. El punto en común es el dictamen presentado en la Asamblea por la exalcaldesa para evitar la pérdida de su escaño. Que se defendiese entra dentro de lo natural, pero lo sorprendente es que lo hiciera con un dictamen encargado por el Ayuntamiento de Pliego, a través de su secretario, para un asunto que no es de competencia municipal, sino estrictamente personal de quien, en el momento de contratar ese informe, seguía en su puesto, pero ya estaba condenada por prevaricación a nueve años de inhabilitación. Solo veo dos explicaciones a ese uso institucional de la Corporación: o una falta total de luces para ejercer cargos públicos o una ausencia clamorosa de decoro cívico, ambas inhabilitantes desde el punto de vista político. El susodicho dictamen, a la postre fallido, advertía de posibles acciones legales por prevaricación contra la letrada y los diputados de la Asamblea Regional si se consumaba la expulsión de Toledo. Suena fuerte, pero fue así. Lo más chirriante es que ese amenazador informe llevaba el aval de la Universidad de Murcia (UMU), con la firma del profesor ayudante José Muñoz Clares. Tan discutible me parece que el Ayuntamiento de Pliego pagara el dictamen como que la Universidad de Murcia haya convertido en rutinario el cobro por servicios jurídicos de defensa frente a casos de corrupción, a través de su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), para asombro del mundo de la Justicia y parte de la comunidad docente universitaria. Uno de los objetivos de la OTRI es la formalización de contratos y convenios de prestación de servicios en conocimiento y de investigación bajo demanda, de los cuales un 10% del montante es para la UMU y el resto para el profesor contratado. No tengo nada que objetar al respecto. Al contrario, para las universidades públicas debe ser una obligación trasladar los resultados de sus investigaciones a la sociedad y conseguir vías propias de financiación. Pero empieza a ser difícilmente digerible, por muy legal que sea, constatar cómo la UMU sigue recaudando, a través de contratos con la OTRI, por servicios de asesoría y defensa que realiza el catedrático de Derecho Penal, Jaime Peris, a imputados como Matías Carrillo, Higinio Pérez Mateos o Francisco Marqués, o el grupo del profesor Muñoz Clares, quien ha representado a varios imputados por el caso ‘Umbra’ e interpuso una querella fallida por prevaricación, en nombre del imputado Joaquín Peñalver, contra el fiscal Juan Pablo Lozano y el juez David Castillejos. El amenazante dictamen de Isabel Toledo a la Asamblea es el último ejemplo de esta dudosa aportación social de la UMU.

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Laberinto autonómico
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Alberto Aguirre de Cárcer | 27-07-2014 | 06:23| 0

La primera víctima de una guerra es la verdad, dijo hace un siglo el congresista estadounidense Hiram Johnson. No hay más que asomarse al horror de los conflictos de Gaza y Ucrania para ver que tenía razón. Aquella frase de Johnson también es aplicable a otro tipo de batallas menos cruentas, como la entablada entre comunidades a cuenta de la financiación del Estado. La publicación, esta semana, de las balanzas fiscales sirvió para desenmascarar una de esas solemnes mentiras que hay en todas las disputas territoriales, el «España nos roba» del ‘delfín’ de Jordi Pujol, quien vergonzantemente acaba de reconocer que ocultó dinero a Hacienda durante 34 años fuera del país. También fue útil para verificar una certeza, que la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares reciben una financiación por habitante muy inferior a la de otros muchos territorios. Pero superado este ejercicio de transparencia, sobreviven conceptos equívocos en torno a la financiación (se habla de territorios en lugar de personas) y crece el malestar de las comunidades peor tratadas. Todo, estratégicamente en la antesala de la reunión de Rajoy y Mas, para dejar todo como está porque no habrá, de momento, un nuevo modelo de financiación autonómica, pese al clamor mayoritario. A la postre, el regusto de este destape contable es frustrante porque, cifra arriba o cifra abajo, en la Región de Murcia se sabía de esa infrafinanciación y se experimentaba en carne propia. Que Montoro y Beteta nos prometan que la Comunidad no tendrá problemas de liquidez y que suavizarán las exigencias del control del déficit supone un alivio, pero que nadie olvide que los adelantos a cuenta de hoy habrá que pagarlos mañana y que la deuda regional supera con creces los 6.000 millones. El ministro alega que ni hay suficiente consenso territorial ni recaudación para aumentar el dinero a repartir. Es verdad que la Región, con su limitado peso político, lo tendría difícil en una negociación colectiva de un nuevo modelo, donde el principal condicionante sería la desactivación del problema catalán con un significativo montante de fondos. El vigente y el anterior avanzaron en la corresponsabilidad fiscal, cediendo más capacidad impositiva y recaudatoria a las comunidades. Como ocurrió al negociar las transferencias de sanidad y educación, en Murcia no se peleó lo suficiente en 2005 porque la economía regional iba como un cohete, pero hoy, superado ese espejismo cegador y con el menguado nivel de renta per capita, otra vuelta de tuerca en la corresponsabilidad fiscal agravaría los apuros financieros de la administración. En los despachos oficiales de Madrid y Murcia se fía todo al crecimiento de la economía. Si la velocidad del repunte se acelera, no habrá problemas. Pero si se estanca, volverán los recortes. Y ya hay poco donde podar sin tocar lo que nadie desea. Solo queda una salida: acentuar las políticas de estímulo y reclamar, con vigor, compensaciones a Madrid que no inflen aún más el globo de la deuda pública.

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El PP pierde el oremus
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Alberto Aguirre de Cárcer | 20-07-2014 | 06:36| 0

Quienes ejercen con honestidad la política en las filas del PP regional, que son la mayoría, como en el resto de partidos, sufrieron el viernes un arrebato de indignación. Si en los países más democráticos, lo habitual es que los políticos investigados por la justicia se aparten para no dañar la reputación de sus partidos y defender su presunción de inocencia desde la esfera privada, en Murcia ha ocurrido todo lo contrario. Uno creía haberlo visto ya todo en la peculiar escena regional, pero constaté que estaba equivocado cuando nos llegó el viernes una nota del PP. Nos convocaba a su sede, donde el exconsejero Francisco Marqués, apartado aparentemente del partido desde 2006, iba a dar explicaciones de un informe del Sabadell sobre movimientos millonarios en cuentas en las que aparece vinculado. Marqués insistió en que todos esos depósitos son de Hefame, de la que fue director general entre 2006-2011, aunque su firma se asocia a otras cuentas abiertas y canceladas entre 2002 y 2004, cuando era miembro del Gobierno regional. Este interrogante y otros quedaron sin aclarar. El PP nos citó y luego Marqués vetó nuestras preguntas. Insólito, pero cierto. El exconsejero tiene derecho a defender su inocencia, a no responder y a querellarse contra cualquier medio de comunicación si cree que se ha vulnerado su honor. Pero ni él, ni nadie, podrá evitar que cumplamos con nuestro deber de informar. Con todo, lo más sorprendente del asunto es que lejos de desligarse de los problemas judiciales de quien supuestamente había dejado sus filas, el PP le dio cobijo y cobertura para escarnio de quienes en su seno apuestan por la transparencia y la ética. Me consta que fueron muchos los dirigentes y militantes que vieron con estupor cómo su sede y sus siglas se ponían al servicio de Marqués, lo que no se ha hecho con ningún imputado de ‘Novo Carthago’. ¿Por qué el partido y Marqués deciden unir sus destinos? Su presencia en la sede popular parece un aviso a navegantes. No es el primer imputado por ‘Novo Carthago’ que lanza un mensaje similar. El presunto delito investigado se remonta a su etapa como miembro de los Gobiernos de Valcárcel que impulsaron el proyecto. Si se arropa a otros excompañeros, es natural que pensara que por qué a él no. Quien autorizó la rueda de prensa, el mismo día en que el Gobierno anunciaba su estrategia de empleo, no puede ser otro que Valcárcel como máximo dirigente del partido. A Garre no solo le contraprogramaron y eclipsaron el anuncio de su principal iniciativa. Como responsable de conflictos y garantías del PP, Garre debe ahora explicar si, contrariamente a lo que todos pensaban, Marqués nunca fue expedientado y aún es militante. En el PP se ha perdido el oremus cuando empezaba a mejorar la economía, el paro y la necesidad de recortar gasto. El caso ‘Novo Carthago’ es delicado para los implicados, pero su gestión política es suicida para todos los populares. O alguien pone sensatez en el interno o la situación estalla.

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Cita crucial para el PSOE
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Alberto Aguirre de Cárcer | 13-07-2014 | 05:27| 0

Miles de militantes del PSOE decidirán hoy con su voto en toda España quién será su nuevo secretario general, un saludable ejercicio de democracia interna en el que está en juego mucho más que el próximo liderazgo del partido que ha gobernado el país durante 21 años y el único que lo ha hecho en todas las Comunidades autónomas. La recuperación del PSOE es una necesidad imperiosa para la estabilidad y el progreso de la democracia española, que ha tenido uno de sus principales baluartes en la alternancia en el poder de dos propuestas políticas mayoritarias. Quienes confunden interesadamente bipartidismo con partitocracia quieren sacar tajada del debilitamiento del PSOE, en situación de alerta por la carencia de un discurso definido y renovado, incluso desde antes de la pérdida de las elecciones generales, y con un espacio político cada vez más mermado por el avance de IU y Podemos. A la vuelta del verano, el país se enfrenta a desafíos de enorme calado, como el órdago independentista de Cataluña y la cada vez más probable reforma de la Constitución. Y lo peor que puede ocurrir para la resolución de esos graves problemas de Estado es continuar con un partido socialista instalado en la nostalgia, el permanente debate orgánico y en situación de deriva por falta de un proyecto nacional coherente en todas las comunidades autónomas. Con todos sus respectivos defectos y virtudes, el avance democrático de las últimas décadas solo ha sido posible por la visión de Estado del PP y del PSOE en aquellos momentos puntuales donde supieron llegar a acuerdos en temas de largo alcance. Ambos comparten el desgaste propio de la gestión de la más dura crisis que se recuerda y una desconexión creciente con las nuevas generaciones, que exigen, además de trabajo, otra vuelta de tuerca democrática con más transparencia, ejemplaridad, tolerancia cero con la corrupción y mayor participación ciudadana. A los más jóvenes ya nos les vale con una correcta administración de lo público, sino que reclaman políticas dotadas de contenido moral en una sociedad que está saliendo de la crisis a costa de evidentes desigualdades sociales. En ese clima, las formaciones más populistas lo tienen fácil porque transitan con mochilas ligeras de herencias y sin responsabilidades de gobierno. Uno de los grandes ideólogos de la izquierda europea, el desaparecido Tony Judt, ya advertía en su obra ‘Algo va mal’ de esa difuminación de los valores que convirtieron a la socialdemocracia en uno de los pilares de la construcción del estado del bienestar. Sobre las espaldas de quien salga hoy elegido recaerá la responsabilidad de crear un nuevo proyecto político y renovar los perfiles de un partido que no tiene garantizada su relevancia y puede ser fagocitado por IU, Podemos y otras formaciones de izquierda con implantación autonómica. No es fácil el panorama para el PSOE. Son muchos cambios sustanciales que precisa con las próximas citas electorales a la vuelta ya de la esquina.

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Imputados
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Alberto Aguirre de Cárcer | 06-07-2014 | 06:14| 0

Un estudio de opinión pública elaborado por la empresa CSA para ‘La Verdad’, durante la convulsa semana marcada por las declaraciones ante el juez del caso ‘Novo Carthago’, refleja un clamoroso hastío en una sociedad que exige a todas luces una regeneración profunda de la actividad política. Un abrumador 94,1% de los encuestados es partidario de que los dirigentes imputados dejen sus cargos, aunque hay posiciones diversas sobre cuándo deben asumir responsabilidades políticas. Más de la mitad considera que la renuncia debe producirse en el mismo momento de la imputación judicial por la presunta comisión de un delito, frente a quienes abogan por que esa dimisión se sustancie cuando se abra juicio al encausado (12%1), cuando haya sentencia de culpabilidad en primera instancia (10,9%) o cuando el fallo sea definitivo (19,4%). Todos los sondeos tienen sus limitaciones metodológicas y están condicionados por el momento en el que se realizan, pero son la única vía posible para pulsar la opinión de los ciudadanos a lo largo del tiempo o en periodos puntuales. Y pocas veces se ha observado un resultado tan comprometedor para nuestros políticos, desconectados, por lo que se aprecia, de lo que se piensa en la calle. Son muchos los factores que influyen en este clima social, empezando por la convergencia de numerosos asuntos en los tribunales de la Región y del resto del país. La lentitud en la instrucción de los sumarios no ayuda, como tampoco la respuesta poco edificante de quienes en el legítimo derecho a su defensa anteponen su interés por encima del prestigio y el decoro de la institución que representan. Si lo urgente es recuperar la confianza ciudadana en sus representantes, la llamada a cerrar filas y los ataques a la independencia judicial son inútiles, reprobables y contraproducentes. Los discursos éticos no se pueden improvisar si no se han interiorizado y liderado a lo largo de los años, mirando hacia otro lado la mayoría de las veces, salvo cuando la situación resultaba escandalosa. Mantener la presunción de inocencia de quienes estaban ya condenados en primera instancia o relativizar toda supuesta irregularidad legal que no fuera meter la mano en la caja ha sido un mensaje tóxico e irresponsable que perjudica a los políticos honestos, que son la gran mayoría en todos los partidos. De aquellos polvos vienen estos lodos, que atrapan también ahora a quienes están por la labor de oxigenar la vida pública. Si de verdad hay interés en acelerar la instrucción de los sumarios para no prolongar la comprensible angustia de los dirigentes imputados, el Gobierno regional y el PP puede contribuir decisivamente ahora que hay un Ejecutivo central del mismo color. Que reclamen en Madrid más técnicos de Hacienda al servicio del TSJ y que presionen al Ministerio para lograr jueces de apoyo en los tribunales ordinarios. El ‘caso Nóos’ demuestra que, cuando hay un auténtico interés político, la Justicia actúa con celeridad. Lo demás son cortinas de humo para capear el temporal.

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'Novo Descartes'
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Alberto Aguirre de Cárcer | 29-06-2014 | 06:43| 0

El mundo moderno comenzó el 10 de noviembre de 1619 con varias pesadillas y una revelación. Esa noche, René Descartes se refugió del frío de Baviera junto a una estufa en la esquina de una habitación. Se quedó dormido y tuvo tres sueños. Los dos primeros fueron aterradores, pero el tercero resultó inspirador. Sobre una mesa había un libro de poesía y en su sueño Descartes lo abría, encontrando por azar un verso en latín de Ausonio: ‘Quod vitae sectabor iter’ (¿Qué senda tomaré en la vida?). Esa visión le inspiró un cambio vital que desembocó 18 años después en el ‘Discurso del método’, el hito que marca el inicio del predominio de la razón en la búsqueda de la verdad. Como Descartes, el PP se ha quedado dormido y alterna sueños placenteros, al calor de la incipiente recuperación económica, con pesadillas como la del caso ‘Novo Carthago’, donde en lugar de un poemario aparece un sumario en el que se imputa delitos de prevaricación a tres consejeros de gobiernos de Valcárcel. Lo último no es un desvarío onírico sino un problema real que le obliga a plantearse qué senda tomar. Lo sensato sería analizar la situación racionalmente. Seguir las cuatro reglas cartesianas a partir de las evidencias que están sobre la mesa y luego actuar con responsabilidad, pensando en el interés general. Pero parece que ese no será el camino. Ortega estaba en lo cierto cuando, tras su paso por el Parlamento, aseveró que el carácter del político se caracteriza por una gran inconsciencia. No suele prever las consecuencias de sus actos y da por hecho que el futuro peligroso, a veces con toda evidencia catastrófico, no gravita sobre él. Más que valientes, los políticos son audaces, dijo el filósofo, y «la audacia es en un 50% inconsciencia y sonambulismo». Buena prueba de que Ortega atinaba es el relato de hechos del juez sobre el proceso para recalificar como urbanizable el terreno protegido del saladar de Lo Poyo. Su último auto tiene algún pasaje sobrecogedor y múltiples lecturas. Si se examina la más benevolente, uno se tropieza con tanta inconsciencia y sonambulismo al enfrentarse a los límites fijados por la normativa estatal y regional que solo es explicable por un interés político mayúsculo en las cimas de la Administración regional y local. Lo preocupante es que el distanciamiento de la realidad perdura en un PP en estado de duermevela y que hace como que no oye el despertador de los nuevos tiempos de la ejemplaridad y la recuperación del crédito político. Prefiere enrocarse en el irracional delirio de que todo es un contubernio en su contra de fiscales, jueces, dirigentes de la oposición y periodistas, en lugar de gestionar las consecuencias políticas de una investigación del TSJ que debe llegar con celeridad hasta el final para aclarar si se vulneró, y por qué, la Ley. Lo contrario nos llevaría a la anomia. Presiento que cualquiera que sea el desenlace, el mundo de la sinrazón se abrió definitivamente paso, en algunos, el 24 de junio de 2014.

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Impuestos y votos
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-06-2014 | 05:43| 0

Si el mayúsculo error económico de Zapatero fue no reconocer la crisis y demorar el recorte del gasto público como le pedían todos los organismos internacionales, el de Rajoy está siendo no encarar el creciente empobrecimiento y la desigualdad que origina el paro de larga duración y las medidas para salir de este hoyo. La OCDE aseveró esta semana que España es el segundo país miembro, tras Grecia, donde más aumentó la brecha entre ricos y pobres por la pérdida masiva de empleos, la subida de la fiscalidad y la rebaja salarial utilizada para reducir costes laborales y ganar en competitividad. En la misma dirección apunta otro informe del IVIE y la Fundación Bancaja, que señaló el jueves a la Región como uno de los territorios donde más se incrementó la pobreza. Pero antes fueron Oxfam, Cáritas… El crecimiento de las desigualdades tras la crisis financiera de 2008 es un problema global. Lo reitera a menudo el Papa y lo reconoce hasta Obama, en un país donde uno de los libros más vendidos en las últimas diez semanas, obra del economista Thomas Piketty, aborda esta cuestión. Actuar sobre los impuestos es una de las pocas vías posibles para mejorar los ingresos de las familias y generar puestos de trabajo si, como sucede en España, sigue siendo preciso controlar el déficit, un mandato de la UE y de nuestra Constitución. Hace lo correcto el Gobierno al rebajar impuestos. No solo porque lo prometió antes de las elecciones generales y luego hizo lo contrario. Incidirá en la renta disponible, mejorará el consumo y en algo favorecerá la creación de empleo. Se notará desde enero cuando las retenciones se reduzcan en la nómina de los asalariados. Sin embargo, la ambiciosa reforma tributaria anunciada se queda básicamente en una rebaja fiscal del IRPF y del impuesto de Sociedades. Lo conocido se parece poco a las recomendaciones de la ‘Comisión Lagares’, los ‘sabios’ elegidos por el Ejecutivo para repensar el sistema tributario. También dista mucho de las propuestas del FMI, el Banco de España y la Comisión Europea, que, preocupada por una relajación en la lucha contra el déficit, pedía subir el IVA y reducir cotizaciones sociales. Montoro optó por una rebaja fiscal «a todos», pero lo cierto es que no a todos beneficiará por igual. Los menos afortunados serán las clases medias (o lo que queda de ellas). Los españoles con trabajo y menos ingresos serán un poco menos pobres, pero la desigualdad perdurará porque las rentas altas también salen ganando. Si en esto queda la reforma, es muy corta en cuanto a creación de empleo, lucha contra el fraude fiscal y desde luego no acaba con la maraña tributaria, donde, en paralelo a la administración central, comunidades y ayuntamientos actúan descoordinadamente y con una dispar, pero casi siempre rampante, sobrecarga fiscal a empresas y ciudadanos. No es de extrañar la cautela general. Todo desprende un inconfundible aroma electoral en la antesala de citas en las urnas en 2015 y 2016.

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Episodios nacionales
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Alberto Aguirre de Cárcer | 15-06-2014 | 05:27| 0

Paradójico país el nuestro donde los diputados de IU, la ‘casta’ anticapitalista que goza de aforamiento, piden que el Rey pierda su inviolabilidad a partir del jueves. Era de esperar que, tras el anuncio de la abdicación de Don Juan Carlos, la estrategia de la izquierda situada más allá del PSOE consistiera en lanzar al debate público la disyuntiva entre Monarquía y República, la «cuestión batallona» que decía Pérez Galdos, bajo la errónea premisa de que la segunda es poco menos que un concepto equivalente a democracia. De la necesidad de una segunda transición para regenerar la crisis sistémica de España cada vez hay menos dudas en el conjunto de fuerzas sociales y políticas, pero invocar hoy la República como la solución es propio de quien ha perdido el sentido de la realidad e ignora la historia de su país. En un artículo publicado esta semana, el historiador Juan Pablo Fusi atinaba al alertar sobre la frivolidad del debate y al apuntar que, en la historia democrática española, la Monarquía pudo ser el problema en 1931, pero en 1975 fue la solución. Entre Ortega y Azaña, que con sus aciertos y errores tenían en la cabeza un proyecto nacional, y Cayo Lara y Pablo Iglesias, hay un abismo de dimensiones oceánicas. No existe ni un mínimo respaldo popular ni tampoco los mimbres intelectuales en nuestros líderes para semejante cambio de cesto, por mucho que se discuta formando círculos o en las redes sociales. Las aspiraciones republicanas de una parte de la población son legítimas, pero negar la evidencia de que la monarquía parlamentaria y constitucional proporcionó el más largo periodo de estabilidad democrática y, sobre todo, presentarla como un obstáculo para la necesaria regeneración de la vida pública es caer en la sinrazón por puras motivaciones oportunistas. Lara e Iglesias proponen un referéndum vinculante sin ni siquiera aclarar qué modelo de República proponen, lo que nos retrotrae al siglo XIX cuando, tras la abdicación de Amadeo de Saboya, se instauró a bote pronto la Primera República (1873-1874), de fugaz existencia por la convergencia de la guerra carlista, la revuelta cantonal de Cartagena, el independentismo catalán y la guerra de Cuba, entre otros muchos factores de inestabilidad. De todos ellos, quizá el más relevante fue la incapacidad de radicales y federalistas para ponerse de acuerdo sobre el modelo de Estado. Cómo sería la cosa que, hastiado de debates sobre el asunto, el primer presidente de la República, Estanislao Figueras, llegó a decir en un Consejo de Ministros: «Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡Estoy hasta los cojones de todos nosotros!». Poco después, Figueras salió una mañana de su despacho para dar un paseo por el Retiro, aunque lo cierto es que se dirigió a Atocha y tomó un tren que lo llevó a París. En el despacho se encontró su nota de dimisión. Tan chusco como este episodio nacional son los que nos podrían deparar las propuestas de nuestros populistas orates de hoy.

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El estado de ánimo de la Región
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Alberto Aguirre de Cárcer | 08-06-2014 | 06:26| 0

Ligeramente más optimistas que el resto de los españoles sobre la situación y las perspectivas económicas y políticas. Y más preocupados por la gestión de nuestros políticos, aunque menos por la corrupción y el fraude que en el resto de las comunidades. En vísperas del Día de la Región, el Barómetro de Primavera del Cemop ofrece hoy en nuestras páginas una foto fija del estado de ánimo de los murcianos, que sigue enmarcado en un sentimiento colectivo todavía sombrío. Con mucha diferencia, la principal preocupación es el paro. Aunque están en evolución positiva desde hace meses, las cifras de empleo registrado y de afiliación a la Seguridad Social son aún claramente insatisfactorias, lo que a nadie puede extrañar porque venimos de tasas de paro escalofriantes, especialmente entre los jóvenes. La situación no está para tirar cohetes sino para seguir remando con contención del gasto público que sea superfluo e impulsando políticas activas de empleo para una recuperación que se presume lenta y con riesgo de que no restañe la brecha de la desigualdad. La información que hoy aportamos sobre el nivel de riqueza de los murcianos, a partir de la última radiografía disponible del IRPF, muestra un empobrecimiento de decenas de miles de familias a lo largo de la crisis. En los últimos meses se aprecia un ligero repunte de la actividad económica en ciertos sectores y eso explicaría la percepción menos pesimista. El pasado viernes, el Gobierno autonómico ofrecía un indicador de que la economía empieza a moverse: los ingresos en las arcas públicas crecieron un 14% hasta mayo. Pero ese dato esperanzador para evitar más recortes tiene que ver también con la presión fiscal sobre los asalariados con nómina, en una Región donde otros se abonan al fraude y a la economía sumergida, lastrando la lucha por la equidad y el mantenimiento de los servicios básicos. Ya apuntamos el pasado domingo que Murcia tiene el tipo autonómico más alto en el impuesto de sucesiones junto a Andalucía, lo que produjo 700 renuncias a herencias en un año. Y según un estudio del Consejo General de Economistas que hoy detallamos, y del que discrepa el Gobierno regional, Murcia también es la segunda región donde más se paga por hipoteca de vivienda nueva, la tercera con el impuesto de Patrimonio más alto en algunos tramos y la cuarta que más grava las donaciones. Una de cada cuatro familias murcianas, de acuerdo con el INE, llega a duras penas a fin de mes y a ello contribuye la lenta recuperación del mercado de trabajo, la rebaja general de salarios, la presión tributaria de las tres administraciones y los copagos. En menos de dos semanas, el Gobierno regional presentará su quinto plan de reequilibrio de las cuentas públicas y un plan de estímulo económico. Ambos deben cumplir con las expectativas. La caída del pesimismo en la sociedad murciana es un hecho positivo, pero no debe llevar a la parálisis en la enorme tarea que queda por delante.

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