La Verdad

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Podemos
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Alberto Aguirre de Cárcer | 19-10-2014 | 05:50| 0

El discurso de ‘la casta’, demagógico e injusto en su generalización pero con suficiente sustrato real, ha calado en la Región. Podemos ya dio la sorpresa en las europeas y hoy, si se celebraran autonómicas, cosecharía el 17,3% de los votos. De la nada a tercera fuerza en la Asamblea. Si sigue la tendencia incluso no es descartable que antes de mayo dé el ‘sorpasso’ a los socialistas en expectativas de voto. Según el Barómero de Otoño del Cemop, que este domingo publica ‘La Verdad’, Podemos está a un punto de distancia del PSRM, la principal víctima de su despegue. Solo la carencia de estructura orgánica y el riesgo de división interna parecen arrojar sombras sobre el futuro de un proyecto nacido de las brasas del 15M. Los casos de corrupción, la crisis, el expolio de las cajas de ahorros… han dejado tocados a los dos grandes partidos, lo que es aprovechado por Podemos para replicarse, con un discurso rupturista de aplauso fácil en las grandes cadenas de televisión, como una infección oportunista en un cuerpo social inmunodeprimido. Tener experiencia de gobierno era antes una ventaja competitiva. Ahora pasa factura. En tiempos de crisis lo mejor es carecer de pasado en un país sobresaltado cada día por una corruptela o un despilfarro. La última, el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, le viene al pelo al mantra de ‘la casta’ porque la desvergüenza exhibida por los consejeros y directivos de la caja era transversal (empresarios, políticos de todas las ideologías, sindicalistas…). Sobre esa ola de indignación cabalga Podemos, certero en muchas de sus denuncias y sin importar que sus propuestas en materia económica sean irrealizables o que otras supongan un posible retroceso en libertades y derechos en materia económica y política. Su avance no solo es mérito de sus ideólogos. Quienes en la clase política confunden el sistema con su particular pesebre le dan alas cuando minimizan la asunción de responsabilidades políticas en actuaciones de flagrante comportamiento irregular. Sin disponer siquiera de un liderazgo regional visible, Podemos arranca adhesiones incluso en desencantados del PP, partido al que no le viene mal del todo su ascenso porque el voto del miedo será un resorte para recuperar abstencionistas. Además, el grueso de los estragos se registra en la izquierda, que crece en expectativa de votos pero se atomiza. Pese a su tenaz labor de oposición y su dinamismo orgánico, el PSRM parece haberse quedado sin espacio político. Se despeña aún más y se aleja del PP, lo que puede permitir a los populares retener la mayoría absoluta gracias a la Ley D’Hondt. Aunque sigue muy distanciado de su techo, la buena noticia para el PP es que recupera cuatro puntos en estimación de voto desde la marcha de Valcárcel y frena, con el Gobierno de Garre, el batacazo de 22 puntos en las europeas de mayo respecto a las autonómicas de 2011. Un dato revelador que irrumpe en la antesala de la elección del candidato popular.

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No estábamos preparados
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Alberto Aguirre de Cárcer | 12-10-2014 | 01:08| 0

En febrero de 1993, las puertas del Centro de Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos (Madrid) se abrieron a un grupo de periodistas. Solo unas horas después, ese laboratorio de alta seguridad biológica iba a ser inaugurado por el ministro de Agricultura, Pedro Solbes, y a partir de entonces solo entrarían los 250 científicos que trabajarían allí bajo la dirección del virólogo murciano José Manuel Sánchez-Vizcaíno. Era un auténtico fortín. Puertas neumáticas, ventanas blindadas, sistemas dobles de filtros de aire, conducciones selladas y duchas de descontaminación para el personal. Todo para evitar la fuga de virus que habían causado daños económicos muy importantes en la ganadería española, como los virus de la peste porcina africana y la fiebre aftosa. En ese laboratorio, entonces uno de los siete en el mundo con nivel de contención biológica P3, no se iba a investigar el ébola porque no es un patógeno animal, pero aunque se hubiera querido carecía del nivel máximo de contención que exige la OMS para entrar en contacto con un virus que, siendo mucho menos contagioso, tiene alta mortalidad y carece de terapia. Veintiún años después en España no hay un laboratorio de nivel P4. Tampoco tiene hospitales con los aconsejables requisitos de bioseguridad ni profesionales sanitarios adiestrados para tratar, sin riesgo, la infección por ébola. Tras visitar el Carlos III de Madrid, el Centro de Control de Enfermades de la UE recalca que sus infraestructuras no son adecuadas para una emergencia de este tipo. Ya en los años 90, en plena explosión del sida, el Carlos III era un referente de excelencia médica. Pero no por sus equipamientos sino porque reunía a los mejores expertos en enfermedades infecciosas y tropicales. A muchos los conocí entonces por razones profesionales. A otros como paciente, cuando en 1995 ingresé por una varicela que derivó en una severa neumonía. Durante diez días ocupé una habitación de aislamiento en las plantas superiores del centro, las mismas donde permanecieron los dos religiosos fallecidos y está la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Por esas mismas fechas surgió el primer brote importante de ébola en África. Saltó la alerta en Europa porque ya en los 80 se detectó un caso sospechoso en el aeropuerto de París. La amenaza podía ser remota, pero era real, advertían los científicos. Sin embargo, en la parte asistencial se ha hecho muy poco en dos décadas para encarar una crisis sanitaria por ébola y otros virus hemorrágicos emergentes. La decisión de repatriar a los religiosos estaba justificada por razones humanitarias, aunque desde el punto de vista de la salud pública era discutible. Se corría un riesgo que solo era asumible si la preparación y el cumplimiento de protocolos se afinaban al máximo. La realidad ha sido, por desgracia, bien distinta. No ha podido ser más escandalosa la cadena de errores de organización, supervisión y seguridad.

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Camarillas, año 2101
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Alberto Aguirre de Cárcer | 05-10-2014 | 05:36| 0

Parafraseando a Josep Pla podría decirse que, en lo que respecta estrictamente al debate sobre las infraestructuras estatales, nada se parece más a un político murciano de derechas que un político murciano de izquierdas. Y viceversa. Los discursos son intercambiables en función de quién gobierne en Madrid, verbalizándose bobadas del tipo «Zapatero/Rajoy maltrata a la Región». Según el color del Gobierno central, se modulan los niveles de exigencia, se reparten los papeles de reivindicativo y sumiso, y comienza la tangana. Tan repetitiva es esta dialéctica que, quizá por eso, el periodista Julio Camba ironizó hace décadas que, de tener olor, la política española tendría el aroma del ajo. La cantinela partidista que origina siempre la Ley de Presupuestos del Estado es un ‘flatus vocis’ otoñal que se perpetuará durante años. Lo digo porque a este paso es posible que el hombre pise Marte antes de que se termine la variante de Camarillas y para lo primero queda más que mucho. Nuestro déficit histórico de infraestucturas, el propio de una Región pequeña y de insoportable levedad política en Madrid, es tan abisal que a pie de calle las inversiones prometidas siempre nos parecerán un parche. De ahí ese enquistado sentimiento de agravio. Cómo estará de interiorizado que hasta se ha oficializado en los Presupuestos del Estado de 2015, donde a la autovía Zeneta-San Javier ya se le denomina con toda naturalidad la ‘autovía del bancal’, el nombre que acuñó ‘La Verdad’ en 2010 para denunciar su abrupta parálisis frente a un bancal de limoneros. Pese a todo, este año el Gobierno regional se las prometía felices. Creía haber salvado la cara con el segundo mayor incremento territorial en inversión estatal, pero hete ahí que salen los empresarios de Croem y le afean los retrasos y las ausencias en unas cuentas del Estado que, aun siendo mejores que las de los últimos años en materia de inversión regional, son ciertamente insuficientes. Hace bien la Croem. Su función no es dar palmas a los gobernantes, cuando no hay razón para sacar pecho, sino reclamar las inversiones que garanticen la competitividad regional. El Gobierno murciano argumenta que había que priorizar y que su apuesta para 2015 es la llegada del AVE. Si actuara con habilidad debería aprovechar la fase de tramitación de enmiendas para que la partida dedicada al soterramiento incluya una cantidad para las obras de la segunda fase, lo que daría credibilidad a la promesa de Fomento de que la cubierta será integral. Más cruda es la situación del aeropuerto de Corvera, cuya apertura está en el aire. Bruselas se resiste a autorizar una ayuda pública a un aeropuerto de gestión privada, hay 36 millones que Aena exige para cerrar San Javier, que nadie quiere pagar, y luego queda el lío jurídico de la devolución de la concesión. La situación es todavía peor que hace año y medio, con 20.000 euros al día que pagan los murcianos por el interés del aval asumido por la Comunidad. Y, mientras, San Javier perdiendo pasajeros.

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Dignidad
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Alberto Aguirre de Cárcer | 28-09-2014 | 05:38| 0

La última vez que vi a Alberto Ruiz Gallardón, en una comida junto a otros periodistas en Madrid, me sorprendieron algunas de sus explicaciones sobre la reforma de la ley del aborto y otras iniciativas legislativas que le habían situado en el ojo del huracán. Como después reiteraría en varias ocasiones, el exministro aseguró que el texto normativo sobre la interrupción del embarazo no era una iniciativa personal, sino un encargo del presidente del Gobierno, que respondía a una promesa electoral. En relación a la polémica política y social generada, Gallardón argumentaba que él no era ministro por voluntad popular. No habían sido los ciudadanos quienes le habían designado sino Rajoy, ante quien tenía que responder de un encargo que, como dijo el día de su adiós, sentía «no haber sabido cumplir». El detonante de la caída de quien antaño apabullaba con sus victorias electorales en Madrid, buscando el centro sociológico y con una capacidad política incuestionable, no han sido las protestas de la izquierda, ni los múltiples incendios originados por su gestión en todos los frentes de la Justicia. Ha sido la constatación de que Rajoy había tomado una decisión sin vuelta atrás: aplazar la reforma por el coste electoral que reflejaban los sondeos de Arriola, el asesor de cabecera del presidente. Gallardón enarbolaba la obediencia debida como si fuera una eximente en política e ignorando que, en ese terreno, el cálculo electoral suele prevalecer sobre los principios. Él, que era un animal político, debería saberlo. Ambicioso y con un punto de soberbia, el exministro pecó de ingenuidad. Y eso sorprende en quien siempre mostró la inteligencia necesaria para vencer en las urnas y para sobrevivir en un partido donde siempre fue un verso suelto. Si la modificación de la ley del aborto se lanzó cuando los sondeos apuntaban un desapego del electorado más conservador por la excarcelación de etarras, cabía la posibilidad de que luego otras encuestas de opinión pública pudieran arrinconar la reforma de esta ley, como ha sucedido. Que fuera una promesa programática no garantizaba nada. El propio ministro cambió la propuesta del PP sobre la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Le pregunté en esa ocasión si también en eso cumplía órdenes y cuál era la razón. Contestó sin pestañear, aunque sin resultar convincente: «Hemos constatado que las asociaciones de jueces están muy politizadas». Con todo en contra, Gallardón decidió finalmente apartarse con un aparente gesto de dignidad. Si le queda algún sinsabor, tendrá como bálsamo los 87.400 euros brutos que cobrará al año, de por vida, en el Consejo Consultivo de Madrid.

Posdata: A la vista del incidente del delegado del Gobierno con la Guardia Civil, me viene a la memoria un indubitado gesto de dignidad. El del fundador de la Benemérita, el Duque de Ahumada, que puso su dimisión encima de la mesa del presidente del Gobierno, el general Narváez, para defender a un agente que cumplía órdenes.

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El AVE y su teatrillo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 21-09-2014 | 06:17| 0

Que a estas alturas exista desacuerdo sobre el proyecto de entrada del AVE a Murcia entre el Ayuntamiento y la Comunidad no tiene disculpa posible, más aún si esta última discrepancia genera nuevas incertidumbres sobre la llegada de la alta velocidad a la Región. ¿Quién puede creer que Fomento cumplirá con la promesa de que el soterramiento, por fases, terminará siendo integral si el alcalde Cámara alimenta las dudas? Puede que sus declaraciones altisonantes de esta semana solo sean un calentón por aparecer públicamente como un cero a la izquierda en una negociación que compete a Fomento, al Ayuntamiento y a la Comunidad, que ‘sotto voce’ se ha quejado más de una vez en los últimos años de la indecisión municipal en este asunto. Al alcalde no se le puede reprochar que reclame máximas garantías a Fomento de que el convenio de 2006 se llevará a cabo, porque son numerosos los incumplimientos con la Región en materia ferroviaria. Lo cuestionable es que exprese públicamente su desacuerdo con lo que él respaldó en su reunión con Fomento, proyectando una imagen de descoordinación y desconfianza entre tres administraciones gobernadas por el mismo partido. Intranquiliza porque llueve sobre mojado. Ya asistimos a principios de año a otro episodio similar cuando, un día después de conocerse que Adif había licitado la llegada en superficie del AVE a El Carmen, ‘La Verdad’ desveló que el plan de Fomento consistía en un semisoterramiento de las vías a la altura de Santiago el Mayor, de forma que suprimiría un paso a nivel, aunque luego el tren llegaría en superficie a la vieja estación. La reacción del Ayuntamiento, que estaba en la inopia, fue de total rechazo, igual que la de la Comunidad, que creía tener un pacto con el secretario de Estado de Transportes para que el semisoterramiento llegara hasta la estación. Por eso Cámara y Valcárcel tenían los ánimos caldeados y apoyaron la masiva manifestación convocada por la Plataforma Pro Soterramiento. Lo cierto es que el proyecto ideado en diciembre y que sacó en febrero a la calle a los políticos murcianos es prácticamente el mismo que ya está concretado y será licitado en breve por Adif, como detallamos hoy en el periódico. La única diferencia sustancial es la promesa de la ministra Pastor de que el soterramiento será integral y se hará por fases, lo que habría convencido a la Comunidad, pero no parece que al alcalde y al resto de grupos municipales, y desde luego tampoco a la Plataforma Pro Soterramiento, el único actor que en este proceso ha mantenido una posición monolítica a lo largo de los años. Si el PP regional cree que ésta es la mejor solución posible, por la falta de dinero y de tiempo, debería defenderla, explicarla hasta la saciedad a los vecinos más afectados y ejecutarla con seriedad, en vez de sorprendernos con cambios de criterio. Si no vamos a disponer en 2015 de un soterramiento completo, sería muy de agradecer que nos privaran también del teatrillo político.

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El obstáculo catalán
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Alberto Aguirre de Cárcer | 14-09-2014 | 06:25| 0

La apelación del Gobierno de Rajoy al cumplimiento de la ley como respuesta al desafío independentista de Cataluña no solo es la posición más acertada. Es la única posible porque cualquier cesión a una consulta que no tiene cabida en la Constitución dejaría fuera de la legalidad al propio Ejecutivo que representa a todos los españoles. Es evidente que existe un problema de hondo calado en Cataluña. Habría que estar ciego para desdeñar el amplio respaldo social a las tesis independentistas que se hizo de nuevo visible durante la última Diada. También es cada vez más evidente que la solución solo podrá alcanzarse por la vía del diálogo y la negociación política, aunque ésta deberá estar supeditada al cumplimiento de la legalidad. Primero la ley, luego el diálogo. La consulta del 9 de noviembre no es más que un chantaje a la desesperada promovido por Artur Mas ante la que solo cabe responder con la firmeza del estado de derecho. Una vez superada esa fecha, y analizadas las fichas que muevan los partidos soberanistas (muy probablemente unas elecciones anticipadas de carácter plebiscitario), podría despejarse un escenario de negociación donde podrían debatirse todas las posiciones, desde la reforma constitucional para avanzar hacia el federalismo, la llamada ‘tercera vía’ que ofrezca un estatus especial a Cataluña o sencillamente unas mejoras de su financiación y de su autogobierno. La única certidumbre a día de hoy es que Mas y sus socios transitan por el camino equivocado. Ya no solo porque conduce a la ruina a varias generaciones de catalanes, una opinión que puede ser discutible, sino porque la senda elegida tiene un insalvable obstáculo legal, lo que constituye una certeza incontrovertible. Ese diálogo, que no puede prosperar mientras perdure la amenaza de la consulta, deberá por el contrario avanzar con celeridad pasada la fecha de marras para solventar una situación que, además, está siendo un escollo determinante para otros importantes problemas territoriales que atañen al conjunto del país. Ni el nuevo modelo de financiación autonómica ni un Plan Hidrológico Nacional podrán cuajar con garantías políticas en este contexto. Lo uno y lo otro es urgente para todos. Muy especialmente para la Región de Murcia. La firmeza en la defensa de la legalidad que, con acierto, exhibe hoy Rajoy debe transformarse en celeridad, flexibilidad y negociación para solventar todos nuestros males territoriales. Y eso será mucho más complicado de gestionar porque el peso de la iniciativa y la proactividad recaerán entonces en el Ejecutivo central. Es posible que estemos en el arranque de lo que puede ser un largo ciclo de sequía en el Sureste y lo acometido en relación al Trasvase del Tajo no despeja ni de lejos todas las incertidumbres. Hoy, la liquidez de las arcas de la Comunidad no está tan amenazada, pero la deuda pública sobrepasa los 6.300 millones de euros. Cataluña es una de nuestras grandes heridas, pero ciertamente no es la única que exige un rápido remedio.

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Bochorno
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Alberto Aguirre de Cárcer | 07-09-2014 | 06:15| 0

Me congratula que los mandatos de los presidentes autonómicos vayan a limitarse a ocho años y que esté en proyecto un Estatuto del Cargo Público que sancione a los gestores derrochadores. Ambas iniciativas son una demanda mayoritaria de la ciudadanía y teóricamente representan un punto de ruptura con un pasado reciente donde la querencia ha sido perpetuarse ‘ad calendas graecas’ en las mieles del poder y donde en lugar de reprobarse a quien guardaba facturas en los cajones, gastaba a mansalva o presupuestaba lo que no tenía a veces incluso se le premiaba con alguna canonjía si demostraba fidelidad perruna al mando supremo (regional o municipal). Como quiera que esto último dependía del criterio discrecional aplicado desde las alturas, el destino final de los altos cargos era dispar, pero era muy raro que algún destacado militante quedase en la rúe. Para eso vienen al pelo los entes públicos, menguados sensiblemente en número pero no tanto en costes salariales (hay algún cualificado centro público que empieza a parecer un campo de refugiados políticos de alto ‘standing’). Lo dicho, es positivo que la gestión manirrota e ineficiente del dinero público sea sancionada por ley, aunque para ser sincero dudo de que tan bienintencionada iniciativa sea a la postre respetada. Hace tiempo que la existencia de una ley no asegura ni el cumplimiento de su contenido ni su desarrollo. Ahí está la Ley de Renta Básica, sin reglamento en la Región después de ser aprobada hace siete años. Y, además, de qué sirve la agenda de propuestas de regeneración política del Gobierno regional si paralelamente el PP las despoja de credibilidad al pretender reformar, de improviso, la ley electoral regional a solo nueve meses de las autonómicas. Con el único argumento de que es bueno acercar los políticos a sus representados, se baraja ampliar las cinco circunscripciones, de forma que si hubiera otras dos más la uniprovincial Región de Murcia tendría solo una menos que Andalucía, dos más que Castilla-La Mancha y seis más que Madrid. ¿Y por qué no otras cuatro más y así se aumenta todavía más la proximidad con el ciudadano? Porque hay otra motivación de fondo. Con un total de 45 diputados, como ahora, pero con más circunscripciones, las posibilidades de obtener escaño son aún mayores para el PP y serán todavía menores para IU, UPyD o Podemos. Cualquier reforma electoral de última hora que vaya en beneficio propio solo puede ser motivo de repulsa porque perpetuarse en el poder es legítimo en democracia salvo que se usen vías torticeras, ganando el partido a los pequeños adversarios achicándoles las porterías para que no marquen gol. Y todo minutos antes de comenzar la contienda, en contra del criterio de diversas instituciones europeas respecto a las reformas electorales de última hora y sin consenso. Toda la credibilidad que cree ganar el Gobierno regional en transparencia y regeneración la pierde después con estas bochornosas propuestas partidistas.

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Cambio de reglas
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Alberto Aguirre de Cárcer | 31-08-2014 | 06:43| 0

Que repentinamente Mariano Rajoy esté dispuesto a cambiar tanto la Constitución, para reducir el número de aforados, como la ley orgánica de Régimen Electoral General, para que los alcaldes sean elegidos directamente por los votantes, solo puede explicarse por la cercanía de unas elecciones con perspectivas inciertas para el PP. Ambas medidas parecen aparentemente encaminadas a recuperar la confianza en la clase política de la ciudadanía, incluida la parte creciente del electorado popular que cuestionaba la falta de liderazgo regenerador de Rajoy. Sin embargo, el presidente se dispone a cometer un error político de primera magnitud si decide, a solo nueve meses de la cita en las urnas, cambiar las reglas de juego sin un consenso amplio con la oposición. Lejos de mejorar la calidad democrática, una reforma electoral aprobada en solitario se interpretará como una cacicada dirigida a salvar a toda costa las alcaldías de Madrid, Valencia, Sevilla y otras capitales de provincia, como Murcia. Y es que no parece discutible que existe un evidente beneficio partidista en una propuesta que podría ser aprobada legítimamente por el PP con su mayoría absoluta, pero a costa de proyectar unas formas muy poco presentables. El actual sistema, que permitió a Tierno Galván y Rita Barberá ser alcaldes de Madrid y Valencia sin el mayor porcentaje de votos, es mejorable porque ciertamente hay casos donde variopintas formaciones con escasa representación se convierten en piezas decisivas para la gobernabilidad de algunos municipios, en ocasiones por intereses bastardos que poco tienen que ver con la voluntad de los votantes. Pero, como no parece esa la principal preocupación del Gobierno, resulta difícilmente justificable plantear en solitario una modificación tan importante a menos de un año de los comicios. Así lo desaconsejan en términos generales la UE y el Consejo de Europa. No por casualidad, este debate coincide con la propuesta desvelada por ‘La Verdad’ que está en estudio por el PP para reformar la ley electoral regional. La idea de ampliar las circunscripciones, para estrechar la cercanía entre los ciudadanos y sus representantes, suscita un lógico recelo en la oposición porque beneficia fundamentalmente al PP regional, supone un cambio diametral de criterio que perjudica a las pequeñas formaciones emergentes, y surge cuando hay inquietud en las filas populares por las expectativas electorales en 2015. La ley regional es susceptible de mejora, pero ésta no debería improvisarse. Cualquier modificación antes de las elecciones solo sería admisible con un consenso mayoritario, hoy poco probable. Si quiere más cercanía con los votantes, el PP, como los demás partidos, tiene la oportunidad, de momento, de aplicar ese criterio en la selección de los integrantes de su próxima lista electoral. Así ganaría parte de una credibilidad que ya pocos están dispuestos a regalar.

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Otro roto reputacional
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Alberto Aguirre de Cárcer | 24-08-2014 | 06:01| 0

Hay regiones en España donde el estado de ánimo colectivo es completamente opaco y otras donde no hace falta rascar demasiado para percibir el sentir de la calle. En la Región de Murcia se exteriorizan con naturalidad los sentimientos de alegría o abatimiento, y a poco que uno se relacione con el prójimo, lo habitual en una sociedad abierta y translúcida como la nuestra, puede fácilmente chequear el sentimiento general de apocamiento por el descenso del Real Murcia a manos de la Liga Profesional, ese club de clubes/sociedades anónimas que dirige un tal Javier Tebas, antiguo ultraderechista que ahora forma parte de esa casta de dirigentes directivos donde no se ponen reparos a la falta de pedigrí democrático para coger el timón de un negocio que mueve miles de millones de euros. Es natural la profunda decepción sufrida por una afición que ha estado con un pie en Primera en el terreno de juego y ahora se ve expulsada desde los despachos a Segunda B, una situación de la que hay un único responsable directo, el propietario del club, Jesús Samper, quien reiteradamente ha incumplido los plazos para el pago de la deuda de la entidad con Hacienda. Su desafortunada gestión ha conducido al club a un precipicio financiero que ha vuelto a situar a Murcia en el ojo de huracán mediático nacional durante las últimas semanas, provocando otro roto reputacional que se suma al indecoroso estigma de región incumplidora con el déficit público, la Región del aeropuerto sin aviones. Entiendo por ese motivo el malestar de otros muchos murcianos a quienes les importa una higa el fútbol pero les duele este triste episodio que transmite una imagen de la Región que no se corresponde con la realidad. Que le pregunten a los clientes de las numerosas empresas agroalimentarias de la Región si cumplen en tiempo y forma con sus compromisos o a los muchos jóvenes posdoctorales que se labran su futuro en centros de investigación de excelencia en el extranjero. El tal Tebas y compañía no han tenido la complacencia de nuestras autoridades municipales, indolentes ante el incumplimiento reiterado del convenio firmado por Samper con el Ayuntamiento, y han dejado sin fútbol profesional a una Región que indirectamente ha recibido de paso un bofetón a su crédito en la mejilla de una institución deportiva señera. Me pregunto qué van a hacer los responsables políticos para restituir tanto daño colateral en la autoestima colectiva, tanta invitación a refugiarse en el victimismo, tanta demostración de ineficacia. La actitud del Gobierno municipal ante el incierto futuro que le depara al Real Murcia debe dejar de ser contemplativa. No solo por lo que representa para miles de murcianos, vinculados sentimentalmente a unos colores y a un escudo desde hace varias generaciones, sino también por su relevancia económica para la ciudad. Es hora de aparcar las excusas y los lamentos, es hora de implicarse de verdad con una institución que debe estar a la altura de su historia.

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Mazarrón
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Alberto Aguirre de Cárcer | 17-08-2014 | 08:37| 0

Un nuevo día está a punto de empezar en Mazarrón. Son las cinco y cuarto de la mañana y algunos jóvenes apuran la noche en las terrazas. Sergio Gallego, crítico gastronómico de ‘La Verdad’, y yo nos hemos citado a esa hora para embarcarnos en un barco que se dedica a la pesca de la gamba roja en el canto de Mazarrón, el punto donde acaba la plataforma continental y se encuentran las profundas simas donde habita el preciado crustáceo. Partimos a la seis. Por suerte para nosotros, hoy hace un día de ‘calmica’, nos dice Marchena, toda una institución entre los profesionales que trabajan frente a nuestras costas. Él no vendrá. Jubilado y con las secuelas de muchos golpes de la mar en sus vértebras, está obligado a caminar un par de horas diarias por prescripción médica. A bordo viajan dos de sus hijos, Juanma y Pedro Melchor, y un primo de estos, Pedro Rodríguez ‘El carbonilla’, tres cualificados profesionales que de seis de la mañana a seis de la tarde, cuando la jornada no se prolonga por algún incidente con las artes de pesca, llevan diariamente el pan a sus casas gracias a la captura de la gamba. El más joven, Juanma (26 años), toma el puente de mando y ejerce un liderazgo que emerge de forma natural desde que salimos de puerto. Camino del canto, nos encontramos con otros pesqueros, un par de veleros solitarios y un grupo de delfines que cruzan la bahía desde las inmediaciones de Cabo Cope en dirección a Cabo Tiñoso. Llegamos al punto de destino y comienza la suelta de redes, puertas y cables para iniciar el arrastre. Los tres marineros actúan con precisión milimétrica. Lo importante es no cometer errores, me dice el patrón mientras maneja con estudiada lentitud los movimientos de la nave. A las 12, la primera recogida. Y una segunda, a las cuatro de la tarde. Cada vez que inician las maniobras de captura, Juanma se gira hacia popa y se persigna. Hasta que todas las artes y la carga de gambas estén sobre cubierta no hay distracción posible. Cualquier error complicaría la jornada. El miércoles no les fue mal. Unos 50 kilos de espléndidas gambas rojas llevaron a puerto. A lo largo del día hubo unas cuantas horas muertas. Juanma y yo hablamos largo y tendido. De su trabajo, del mío, de la crisis, de fútbol (conocemos a bordo que la Justicia ordinaria ha ordenado mantener al Real Murcia en Segunda A)… hasta de la muerte del actor Robin Williams. Y todo eso sin perder de vista las pantallas que marcan el correcto desplazamiento del arrastrero. Atlético de los de siempre, zagal de hábitos saludables que no fuma ni bebe y juega al fútbol playa, es capaz de machacarse en el gimnasio después de doce horas de meneos y sacudidas por el batir de las olas. Ni una queja salió por su boca. Pese al cansancio, abandoné reconfortado el barco. Qué buena gente, pensaba. Trabajadora, sana y llena de ilusiones. Gente de aquí, de Mazarrón, esa perla mediterránea donde otra noche estrellada, mientras escribo estas líneas estivales, está a punto de inundar la bahía con sus reflejos de luz.

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