La Verdad

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Cambio de reglas
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Alberto Aguirre de Cárcer | 31-08-2014 | 06:43| 0

Que repentinamente Mariano Rajoy esté dispuesto a cambiar tanto la Constitución, para reducir el número de aforados, como la ley orgánica de Régimen Electoral General, para que los alcaldes sean elegidos directamente por los votantes, solo puede explicarse por la cercanía de unas elecciones con perspectivas inciertas para el PP. Ambas medidas parecen aparentemente encaminadas a recuperar la confianza en la clase política de la ciudadanía, incluida la parte creciente del electorado popular que cuestionaba la falta de liderazgo regenerador de Rajoy. Sin embargo, el presidente se dispone a cometer un error político de primera magnitud si decide, a solo nueve meses de la cita en las urnas, cambiar las reglas de juego sin un consenso amplio con la oposición. Lejos de mejorar la calidad democrática, una reforma electoral aprobada en solitario se interpretará como una cacicada dirigida a salvar a toda costa las alcaldías de Madrid, Valencia, Sevilla y otras capitales de provincia, como Murcia. Y es que no parece discutible que existe un evidente beneficio partidista en una propuesta que podría ser aprobada legítimamente por el PP con su mayoría absoluta, pero a costa de proyectar unas formas muy poco presentables. El actual sistema, que permitió a Tierno Galván y Rita Barberá ser alcaldes de Madrid y Valencia sin el mayor porcentaje de votos, es mejorable porque ciertamente hay casos donde variopintas formaciones con escasa representación se convierten en piezas decisivas para la gobernabilidad de algunos municipios, en ocasiones por intereses bastardos que poco tienen que ver con la voluntad de los votantes. Pero, como no parece esa la principal preocupación del Gobierno, resulta difícilmente justificable plantear en solitario una modificación tan importante a menos de un año de los comicios. Así lo desaconsejan en términos generales la UE y el Consejo de Europa. No por casualidad, este debate coincide con la propuesta desvelada por ‘La Verdad’ que está en estudio por el PP para reformar la ley electoral regional. La idea de ampliar las circunscripciones, para estrechar la cercanía entre los ciudadanos y sus representantes, suscita un lógico recelo en la oposición porque beneficia fundamentalmente al PP regional, supone un cambio diametral de criterio que perjudica a las pequeñas formaciones emergentes, y surge cuando hay inquietud en las filas populares por las expectativas electorales en 2015. La ley regional es susceptible de mejora, pero ésta no debería improvisarse. Cualquier modificación antes de las elecciones solo sería admisible con un consenso mayoritario, hoy poco probable. Si quiere más cercanía con los votantes, el PP, como los demás partidos, tiene la oportunidad, de momento, de aplicar ese criterio en la selección de los integrantes de su próxima lista electoral. Así ganaría parte de una credibilidad que ya pocos están dispuestos a regalar.

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Otro roto reputacional
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Alberto Aguirre de Cárcer | 24-08-2014 | 06:01| 0

Hay regiones en España donde el estado de ánimo colectivo es completamente opaco y otras donde no hace falta rascar demasiado para percibir el sentir de la calle. En la Región de Murcia se exteriorizan con naturalidad los sentimientos de alegría o abatimiento, y a poco que uno se relacione con el prójimo, lo habitual en una sociedad abierta y translúcida como la nuestra, puede fácilmente chequear el sentimiento general de apocamiento por el descenso del Real Murcia a manos de la Liga Profesional, ese club de clubes/sociedades anónimas que dirige un tal Javier Tebas, antiguo ultraderechista que ahora forma parte de esa casta de dirigentes directivos donde no se ponen reparos a la falta de pedigrí democrático para coger el timón de un negocio que mueve miles de millones de euros. Es natural la profunda decepción sufrida por una afición que ha estado con un pie en Primera en el terreno de juego y ahora se ve expulsada desde los despachos a Segunda B, una situación de la que hay un único responsable directo, el propietario del club, Jesús Samper, quien reiteradamente ha incumplido los plazos para el pago de la deuda de la entidad con Hacienda. Su desafortunada gestión ha conducido al club a un precipicio financiero que ha vuelto a situar a Murcia en el ojo de huracán mediático nacional durante las últimas semanas, provocando otro roto reputacional que se suma al indecoroso estigma de región incumplidora con el déficit público, la Región del aeropuerto sin aviones. Entiendo por ese motivo el malestar de otros muchos murcianos a quienes les importa una higa el fútbol pero les duele este triste episodio que transmite una imagen de la Región que no se corresponde con la realidad. Que le pregunten a los clientes de las numerosas empresas agroalimentarias de la Región si cumplen en tiempo y forma con sus compromisos o a los muchos jóvenes posdoctorales que se labran su futuro en centros de investigación de excelencia en el extranjero. El tal Tebas y compañía no han tenido la complacencia de nuestras autoridades municipales, indolentes ante el incumplimiento reiterado del convenio firmado por Samper con el Ayuntamiento, y han dejado sin fútbol profesional a una Región que indirectamente ha recibido de paso un bofetón a su crédito en la mejilla de una institución deportiva señera. Me pregunto qué van a hacer los responsables políticos para restituir tanto daño colateral en la autoestima colectiva, tanta invitación a refugiarse en el victimismo, tanta demostración de ineficacia. La actitud del Gobierno municipal ante el incierto futuro que le depara al Real Murcia debe dejar de ser contemplativa. No solo por lo que representa para miles de murcianos, vinculados sentimentalmente a unos colores y a un escudo desde hace varias generaciones, sino también por su relevancia económica para la ciudad. Es hora de aparcar las excusas y los lamentos, es hora de implicarse de verdad con una institución que debe estar a la altura de su historia.

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Mazarrón
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Alberto Aguirre de Cárcer | 17-08-2014 | 08:37| 0

Un nuevo día está a punto de empezar en Mazarrón. Son las cinco y cuarto de la mañana y algunos jóvenes apuran la noche en las terrazas. Sergio Gallego, crítico gastronómico de ‘La Verdad’, y yo nos hemos citado a esa hora para embarcarnos en un barco que se dedica a la pesca de la gamba roja en el canto de Mazarrón, el punto donde acaba la plataforma continental y se encuentran las profundas simas donde habita el preciado crustáceo. Partimos a la seis. Por suerte para nosotros, hoy hace un día de ‘calmica’, nos dice Marchena, toda una institución entre los profesionales que trabajan frente a nuestras costas. Él no vendrá. Jubilado y con las secuelas de muchos golpes de la mar en sus vértebras, está obligado a caminar un par de horas diarias por prescripción médica. A bordo viajan dos de sus hijos, Juanma y Pedro Melchor, y un primo de estos, Pedro Rodríguez ‘El carbonilla’, tres cualificados profesionales que de seis de la mañana a seis de la tarde, cuando la jornada no se prolonga por algún incidente con las artes de pesca, llevan diariamente el pan a sus casas gracias a la captura de la gamba. El más joven, Juanma (26 años), toma el puente de mando y ejerce un liderazgo que emerge de forma natural desde que salimos de puerto. Camino del canto, nos encontramos con otros pesqueros, un par de veleros solitarios y un grupo de delfines que cruzan la bahía desde las inmediaciones de Cabo Cope en dirección a Cabo Tiñoso. Llegamos al punto de destino y comienza la suelta de redes, puertas y cables para iniciar el arrastre. Los tres marineros actúan con precisión milimétrica. Lo importante es no cometer errores, me dice el patrón mientras maneja con estudiada lentitud los movimientos de la nave. A las 12, la primera recogida. Y una segunda, a las cuatro de la tarde. Cada vez que inician las maniobras de captura, Juanma se gira hacia popa y se persigna. Hasta que todas las artes y la carga de gambas estén sobre cubierta no hay distracción posible. Cualquier error complicaría la jornada. El miércoles no les fue mal. Unos 50 kilos de espléndidas gambas rojas llevaron a puerto. A lo largo del día hubo unas cuantas horas muertas. Juanma y yo hablamos largo y tendido. De su trabajo, del mío, de la crisis, de fútbol (conocemos a bordo que la Justicia ordinaria ha ordenado mantener al Real Murcia en Segunda A)… hasta de la muerte del actor Robin Williams. Y todo eso sin perder de vista las pantallas que marcan el correcto desplazamiento del arrastrero. Atlético de los de siempre, zagal de hábitos saludables que no fuma ni bebe y juega al fútbol playa, es capaz de machacarse en el gimnasio después de doce horas de meneos y sacudidas por el batir de las olas. Ni una queja salió por su boca. Pese al cansancio, abandoné reconfortado el barco. Qué buena gente, pensaba. Trabajadora, sana y llena de ilusiones. Gente de aquí, de Mazarrón, esa perla mediterránea donde otra noche estrellada, mientras escribo estas líneas estivales, está a punto de inundar la bahía con sus reflejos de luz.

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Tórrido otoño
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Alberto Aguirre de Cárcer | 10-08-2014 | 07:02| 0

El embajador ruso en España lo advirtió en Murcia hace solo unas semanas: la imposición de sanciones económicas a Rusia por la crisis de Ucrania tendría una respuesta de Putin y ésta afectaría a las exportaciones españolas. Y así ha ocurrido. El veto durante un año a las frutas y verduras de la Región puede provocar pérdidas por valor de 120 millones de euros al sector regional, tocado ya por los efectos de la sequía en su producción de secano. La reacción del Gobierno central no ha sido precisamente tranqulizadora. Desde el Ministerio de Agricultura se habla de daños limitados e incluso Rajoy (es de suponer que por efecto de las altas temperaturas) ha llegado a decir que esto va a ser un «acicate y estímulo más para que los productores españoles sigan aportando a la recuperación económica» del país. La realidad es bien distinta, como ha denunciado el sector de la Región, al que no se pueden trasladar las consecuencias de una decisión de política exterior de la UE sin una compensación rápida y justa. Ése es el mensaje que debe transmitir con firmeza el Gobierno regional a Madrid a fin de que la UE adopte con celeridad los mecanismos previstos en la PAC para crisis de este tipo. Y, si las medidas europeas no son suficientes, el Ministerio deberá hacerse cargo de lo que corresponda. Ya ha mareado bastante la perdiz ante las reclamaciones de los agricultores por los daños de la sequía. En el trasfondo de esta actitud cicatera hay una realidad que modula todas las respuestas políticas del Gobierno central: Hacienda ha impuesto un cerrojazo a las arcas de Agricultura (no pararán de repetir extraoficialmente que no tienen fondos) y a las inversiones de Fomento, que busca en la iniciativa privada el dinero necesario para completar su plan de infraestructuras. El objetivo es centrar toda la ayuda financiera en las asfixiadas comunidades autónomas para que estén al día en el pago a proveedores y puedan mantener los servicios básicos, como la Sanidad y la Educación. Puede que sea la estrategia correcta o una de las pocas posibles, pero deja injustificadamente desamparado a un sector que hoy es fundamental para la recuperación de la actividad económica de la Región de Murcia. Si a eso se añade una aplicación arbitraria de los acuerdos que dieron lugar al Memorándum del Trasvase, como ha ocurrido esta semana con la utilización de los bancos de agua, el perjuicio puede ser mayúsculo. Quiero suponer que el Gobierno regional está vigilando la redacción del decreto que regulará los desembalses desde la cabecera del Tajo. En este asunto nadie podrá alegar que la nueva realidad le pilla por sorpresa. En los próximos meses veremos cuál es el desenlace y se podrán extraer conclusiones definitivas sobre el pacto alcanzado por las comunidades gobernadas por el PP para garantizar la disponiblidad de agua en todos los territorios afectados. El otoño seco que se avecina dará la auténtica medida de una gestión política de la que empiezan a recelar nuestros regantes.

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La UMU y la corrupción
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Alberto Aguirre de Cárcer | 03-08-2014 | 06:31| 0

La expulsión de la exalcaldesa de Pliego como diputada de la Asamblea, avalada por los servicios jurídicos de la Cámara y adoptada de forma unánime por todos los partidos en la Comisión del Estatuto del Diputado, dejó en segundo plano asuntos colaterales que me causan estupor y que revelan una particular forma de gestionar las asuntos públicos en la Región. El punto en común es el dictamen presentado en la Asamblea por la exalcaldesa para evitar la pérdida de su escaño. Que se defendiese entra dentro de lo natural, pero lo sorprendente es que lo hiciera con un dictamen encargado por el Ayuntamiento de Pliego, a través de su secretario, para un asunto que no es de competencia municipal, sino estrictamente personal de quien, en el momento de contratar ese informe, seguía en su puesto, pero ya estaba condenada por prevaricación a nueve años de inhabilitación. Solo veo dos explicaciones a ese uso institucional de la Corporación: o una falta total de luces para ejercer cargos públicos o una ausencia clamorosa de decoro cívico, ambas inhabilitantes desde el punto de vista político. El susodicho dictamen, a la postre fallido, advertía de posibles acciones legales por prevaricación contra la letrada y los diputados de la Asamblea Regional si se consumaba la expulsión de Toledo. Suena fuerte, pero fue así. Lo más chirriante es que ese amenazador informe llevaba el aval de la Universidad de Murcia (UMU), con la firma del profesor ayudante José Muñoz Clares. Tan discutible me parece que el Ayuntamiento de Pliego pagara el dictamen como que la Universidad de Murcia haya convertido en rutinario el cobro por servicios jurídicos de defensa frente a casos de corrupción, a través de su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), para asombro del mundo de la Justicia y parte de la comunidad docente universitaria. Uno de los objetivos de la OTRI es la formalización de contratos y convenios de prestación de servicios en conocimiento y de investigación bajo demanda, de los cuales un 10% del montante es para la UMU y el resto para el profesor contratado. No tengo nada que objetar al respecto. Al contrario, para las universidades públicas debe ser una obligación trasladar los resultados de sus investigaciones a la sociedad y conseguir vías propias de financiación. Pero empieza a ser difícilmente digerible, por muy legal que sea, constatar cómo la UMU sigue recaudando, a través de contratos con la OTRI, por servicios de asesoría y defensa que realiza el catedrático de Derecho Penal, Jaime Peris, a imputados como Matías Carrillo, Higinio Pérez Mateos o Francisco Marqués, o el grupo del profesor Muñoz Clares, quien ha representado a varios imputados por el caso ‘Umbra’ e interpuso una querella fallida por prevaricación, en nombre del imputado Joaquín Peñalver, contra el fiscal Juan Pablo Lozano y el juez David Castillejos. El amenazante dictamen de Isabel Toledo a la Asamblea es el último ejemplo de esta dudosa aportación social de la UMU.

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Laberinto autonómico
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Alberto Aguirre de Cárcer | 27-07-2014 | 06:23| 0

La primera víctima de una guerra es la verdad, dijo hace un siglo el congresista estadounidense Hiram Johnson. No hay más que asomarse al horror de los conflictos de Gaza y Ucrania para ver que tenía razón. Aquella frase de Johnson también es aplicable a otro tipo de batallas menos cruentas, como la entablada entre comunidades a cuenta de la financiación del Estado. La publicación, esta semana, de las balanzas fiscales sirvió para desenmascarar una de esas solemnes mentiras que hay en todas las disputas territoriales, el «España nos roba» del ‘delfín’ de Jordi Pujol, quien vergonzantemente acaba de reconocer que ocultó dinero a Hacienda durante 34 años fuera del país. También fue útil para verificar una certeza, que la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares reciben una financiación por habitante muy inferior a la de otros muchos territorios. Pero superado este ejercicio de transparencia, sobreviven conceptos equívocos en torno a la financiación (se habla de territorios en lugar de personas) y crece el malestar de las comunidades peor tratadas. Todo, estratégicamente en la antesala de la reunión de Rajoy y Mas, para dejar todo como está porque no habrá, de momento, un nuevo modelo de financiación autonómica, pese al clamor mayoritario. A la postre, el regusto de este destape contable es frustrante porque, cifra arriba o cifra abajo, en la Región de Murcia se sabía de esa infrafinanciación y se experimentaba en carne propia. Que Montoro y Beteta nos prometan que la Comunidad no tendrá problemas de liquidez y que suavizarán las exigencias del control del déficit supone un alivio, pero que nadie olvide que los adelantos a cuenta de hoy habrá que pagarlos mañana y que la deuda regional supera con creces los 6.000 millones. El ministro alega que ni hay suficiente consenso territorial ni recaudación para aumentar el dinero a repartir. Es verdad que la Región, con su limitado peso político, lo tendría difícil en una negociación colectiva de un nuevo modelo, donde el principal condicionante sería la desactivación del problema catalán con un significativo montante de fondos. El vigente y el anterior avanzaron en la corresponsabilidad fiscal, cediendo más capacidad impositiva y recaudatoria a las comunidades. Como ocurrió al negociar las transferencias de sanidad y educación, en Murcia no se peleó lo suficiente en 2005 porque la economía regional iba como un cohete, pero hoy, superado ese espejismo cegador y con el menguado nivel de renta per capita, otra vuelta de tuerca en la corresponsabilidad fiscal agravaría los apuros financieros de la administración. En los despachos oficiales de Madrid y Murcia se fía todo al crecimiento de la economía. Si la velocidad del repunte se acelera, no habrá problemas. Pero si se estanca, volverán los recortes. Y ya hay poco donde podar sin tocar lo que nadie desea. Solo queda una salida: acentuar las políticas de estímulo y reclamar, con vigor, compensaciones a Madrid que no inflen aún más el globo de la deuda pública.

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El PP pierde el oremus
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Alberto Aguirre de Cárcer | 20-07-2014 | 06:36| 0

Quienes ejercen con honestidad la política en las filas del PP regional, que son la mayoría, como en el resto de partidos, sufrieron el viernes un arrebato de indignación. Si en los países más democráticos, lo habitual es que los políticos investigados por la justicia se aparten para no dañar la reputación de sus partidos y defender su presunción de inocencia desde la esfera privada, en Murcia ha ocurrido todo lo contrario. Uno creía haberlo visto ya todo en la peculiar escena regional, pero constaté que estaba equivocado cuando nos llegó el viernes una nota del PP. Nos convocaba a su sede, donde el exconsejero Francisco Marqués, apartado aparentemente del partido desde 2006, iba a dar explicaciones de un informe del Sabadell sobre movimientos millonarios en cuentas en las que aparece vinculado. Marqués insistió en que todos esos depósitos son de Hefame, de la que fue director general entre 2006-2011, aunque su firma se asocia a otras cuentas abiertas y canceladas entre 2002 y 2004, cuando era miembro del Gobierno regional. Este interrogante y otros quedaron sin aclarar. El PP nos citó y luego Marqués vetó nuestras preguntas. Insólito, pero cierto. El exconsejero tiene derecho a defender su inocencia, a no responder y a querellarse contra cualquier medio de comunicación si cree que se ha vulnerado su honor. Pero ni él, ni nadie, podrá evitar que cumplamos con nuestro deber de informar. Con todo, lo más sorprendente del asunto es que lejos de desligarse de los problemas judiciales de quien supuestamente había dejado sus filas, el PP le dio cobijo y cobertura para escarnio de quienes en su seno apuestan por la transparencia y la ética. Me consta que fueron muchos los dirigentes y militantes que vieron con estupor cómo su sede y sus siglas se ponían al servicio de Marqués, lo que no se ha hecho con ningún imputado de ‘Novo Carthago’. ¿Por qué el partido y Marqués deciden unir sus destinos? Su presencia en la sede popular parece un aviso a navegantes. No es el primer imputado por ‘Novo Carthago’ que lanza un mensaje similar. El presunto delito investigado se remonta a su etapa como miembro de los Gobiernos de Valcárcel que impulsaron el proyecto. Si se arropa a otros excompañeros, es natural que pensara que por qué a él no. Quien autorizó la rueda de prensa, el mismo día en que el Gobierno anunciaba su estrategia de empleo, no puede ser otro que Valcárcel como máximo dirigente del partido. A Garre no solo le contraprogramaron y eclipsaron el anuncio de su principal iniciativa. Como responsable de conflictos y garantías del PP, Garre debe ahora explicar si, contrariamente a lo que todos pensaban, Marqués nunca fue expedientado y aún es militante. En el PP se ha perdido el oremus cuando empezaba a mejorar la economía, el paro y la necesidad de recortar gasto. El caso ‘Novo Carthago’ es delicado para los implicados, pero su gestión política es suicida para todos los populares. O alguien pone sensatez en el interno o la situación estalla.

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Cita crucial para el PSOE
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Alberto Aguirre de Cárcer | 13-07-2014 | 05:27| 0

Miles de militantes del PSOE decidirán hoy con su voto en toda España quién será su nuevo secretario general, un saludable ejercicio de democracia interna en el que está en juego mucho más que el próximo liderazgo del partido que ha gobernado el país durante 21 años y el único que lo ha hecho en todas las Comunidades autónomas. La recuperación del PSOE es una necesidad imperiosa para la estabilidad y el progreso de la democracia española, que ha tenido uno de sus principales baluartes en la alternancia en el poder de dos propuestas políticas mayoritarias. Quienes confunden interesadamente bipartidismo con partitocracia quieren sacar tajada del debilitamiento del PSOE, en situación de alerta por la carencia de un discurso definido y renovado, incluso desde antes de la pérdida de las elecciones generales, y con un espacio político cada vez más mermado por el avance de IU y Podemos. A la vuelta del verano, el país se enfrenta a desafíos de enorme calado, como el órdago independentista de Cataluña y la cada vez más probable reforma de la Constitución. Y lo peor que puede ocurrir para la resolución de esos graves problemas de Estado es continuar con un partido socialista instalado en la nostalgia, el permanente debate orgánico y en situación de deriva por falta de un proyecto nacional coherente en todas las comunidades autónomas. Con todos sus respectivos defectos y virtudes, el avance democrático de las últimas décadas solo ha sido posible por la visión de Estado del PP y del PSOE en aquellos momentos puntuales donde supieron llegar a acuerdos en temas de largo alcance. Ambos comparten el desgaste propio de la gestión de la más dura crisis que se recuerda y una desconexión creciente con las nuevas generaciones, que exigen, además de trabajo, otra vuelta de tuerca democrática con más transparencia, ejemplaridad, tolerancia cero con la corrupción y mayor participación ciudadana. A los más jóvenes ya nos les vale con una correcta administración de lo público, sino que reclaman políticas dotadas de contenido moral en una sociedad que está saliendo de la crisis a costa de evidentes desigualdades sociales. En ese clima, las formaciones más populistas lo tienen fácil porque transitan con mochilas ligeras de herencias y sin responsabilidades de gobierno. Uno de los grandes ideólogos de la izquierda europea, el desaparecido Tony Judt, ya advertía en su obra ‘Algo va mal’ de esa difuminación de los valores que convirtieron a la socialdemocracia en uno de los pilares de la construcción del estado del bienestar. Sobre las espaldas de quien salga hoy elegido recaerá la responsabilidad de crear un nuevo proyecto político y renovar los perfiles de un partido que no tiene garantizada su relevancia y puede ser fagocitado por IU, Podemos y otras formaciones de izquierda con implantación autonómica. No es fácil el panorama para el PSOE. Son muchos cambios sustanciales que precisa con las próximas citas electorales a la vuelta ya de la esquina.

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Imputados
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Alberto Aguirre de Cárcer | 06-07-2014 | 06:14| 0

Un estudio de opinión pública elaborado por la empresa CSA para ‘La Verdad’, durante la convulsa semana marcada por las declaraciones ante el juez del caso ‘Novo Carthago’, refleja un clamoroso hastío en una sociedad que exige a todas luces una regeneración profunda de la actividad política. Un abrumador 94,1% de los encuestados es partidario de que los dirigentes imputados dejen sus cargos, aunque hay posiciones diversas sobre cuándo deben asumir responsabilidades políticas. Más de la mitad considera que la renuncia debe producirse en el mismo momento de la imputación judicial por la presunta comisión de un delito, frente a quienes abogan por que esa dimisión se sustancie cuando se abra juicio al encausado (12%1), cuando haya sentencia de culpabilidad en primera instancia (10,9%) o cuando el fallo sea definitivo (19,4%). Todos los sondeos tienen sus limitaciones metodológicas y están condicionados por el momento en el que se realizan, pero son la única vía posible para pulsar la opinión de los ciudadanos a lo largo del tiempo o en periodos puntuales. Y pocas veces se ha observado un resultado tan comprometedor para nuestros políticos, desconectados, por lo que se aprecia, de lo que se piensa en la calle. Son muchos los factores que influyen en este clima social, empezando por la convergencia de numerosos asuntos en los tribunales de la Región y del resto del país. La lentitud en la instrucción de los sumarios no ayuda, como tampoco la respuesta poco edificante de quienes en el legítimo derecho a su defensa anteponen su interés por encima del prestigio y el decoro de la institución que representan. Si lo urgente es recuperar la confianza ciudadana en sus representantes, la llamada a cerrar filas y los ataques a la independencia judicial son inútiles, reprobables y contraproducentes. Los discursos éticos no se pueden improvisar si no se han interiorizado y liderado a lo largo de los años, mirando hacia otro lado la mayoría de las veces, salvo cuando la situación resultaba escandalosa. Mantener la presunción de inocencia de quienes estaban ya condenados en primera instancia o relativizar toda supuesta irregularidad legal que no fuera meter la mano en la caja ha sido un mensaje tóxico e irresponsable que perjudica a los políticos honestos, que son la gran mayoría en todos los partidos. De aquellos polvos vienen estos lodos, que atrapan también ahora a quienes están por la labor de oxigenar la vida pública. Si de verdad hay interés en acelerar la instrucción de los sumarios para no prolongar la comprensible angustia de los dirigentes imputados, el Gobierno regional y el PP puede contribuir decisivamente ahora que hay un Ejecutivo central del mismo color. Que reclamen en Madrid más técnicos de Hacienda al servicio del TSJ y que presionen al Ministerio para lograr jueces de apoyo en los tribunales ordinarios. El ‘caso Nóos’ demuestra que, cuando hay un auténtico interés político, la Justicia actúa con celeridad. Lo demás son cortinas de humo para capear el temporal.

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'Novo Descartes'
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Alberto Aguirre de Cárcer | 29-06-2014 | 06:43| 0

El mundo moderno comenzó el 10 de noviembre de 1619 con varias pesadillas y una revelación. Esa noche, René Descartes se refugió del frío de Baviera junto a una estufa en la esquina de una habitación. Se quedó dormido y tuvo tres sueños. Los dos primeros fueron aterradores, pero el tercero resultó inspirador. Sobre una mesa había un libro de poesía y en su sueño Descartes lo abría, encontrando por azar un verso en latín de Ausonio: ‘Quod vitae sectabor iter’ (¿Qué senda tomaré en la vida?). Esa visión le inspiró un cambio vital que desembocó 18 años después en el ‘Discurso del método’, el hito que marca el inicio del predominio de la razón en la búsqueda de la verdad. Como Descartes, el PP se ha quedado dormido y alterna sueños placenteros, al calor de la incipiente recuperación económica, con pesadillas como la del caso ‘Novo Carthago’, donde en lugar de un poemario aparece un sumario en el que se imputa delitos de prevaricación a tres consejeros de gobiernos de Valcárcel. Lo último no es un desvarío onírico sino un problema real que le obliga a plantearse qué senda tomar. Lo sensato sería analizar la situación racionalmente. Seguir las cuatro reglas cartesianas a partir de las evidencias que están sobre la mesa y luego actuar con responsabilidad, pensando en el interés general. Pero parece que ese no será el camino. Ortega estaba en lo cierto cuando, tras su paso por el Parlamento, aseveró que el carácter del político se caracteriza por una gran inconsciencia. No suele prever las consecuencias de sus actos y da por hecho que el futuro peligroso, a veces con toda evidencia catastrófico, no gravita sobre él. Más que valientes, los políticos son audaces, dijo el filósofo, y «la audacia es en un 50% inconsciencia y sonambulismo». Buena prueba de que Ortega atinaba es el relato de hechos del juez sobre el proceso para recalificar como urbanizable el terreno protegido del saladar de Lo Poyo. Su último auto tiene algún pasaje sobrecogedor y múltiples lecturas. Si se examina la más benevolente, uno se tropieza con tanta inconsciencia y sonambulismo al enfrentarse a los límites fijados por la normativa estatal y regional que solo es explicable por un interés político mayúsculo en las cimas de la Administración regional y local. Lo preocupante es que el distanciamiento de la realidad perdura en un PP en estado de duermevela y que hace como que no oye el despertador de los nuevos tiempos de la ejemplaridad y la recuperación del crédito político. Prefiere enrocarse en el irracional delirio de que todo es un contubernio en su contra de fiscales, jueces, dirigentes de la oposición y periodistas, en lugar de gestionar las consecuencias políticas de una investigación del TSJ que debe llegar con celeridad hasta el final para aclarar si se vulneró, y por qué, la Ley. Lo contrario nos llevaría a la anomia. Presiento que cualquiera que sea el desenlace, el mundo de la sinrazón se abrió definitivamente paso, en algunos, el 24 de junio de 2014.

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