La Verdad

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El PP pierde el oremus
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Alberto Aguirre de Cárcer | 20-07-2014 | 06:36| 0

Quienes ejercen con honestidad la política en las filas del PP regional, que son la mayoría, como en el resto de partidos, sufrieron el viernes un arrebato de indignación. Si en los países más democráticos, lo habitual es que los políticos investigados por la justicia se aparten para no dañar la reputación de sus partidos y defender su presunción de inocencia desde la esfera privada, en Murcia ha ocurrido todo lo contrario. Uno creía haberlo visto ya todo en la peculiar escena regional, pero constaté que estaba equivocado cuando nos llegó el viernes una nota del PP. Nos convocaba a su sede, donde el exconsejero Francisco Marqués, apartado aparentemente del partido desde 2006, iba a dar explicaciones de un informe del Sabadell sobre movimientos millonarios en cuentas en las que aparece vinculado. Marqués insistió en que todos esos depósitos son de Hefame, de la que fue director general entre 2006-2011, aunque su firma se asocia a otras cuentas abiertas y canceladas entre 2002 y 2004, cuando era miembro del Gobierno regional. Este interrogante y otros quedaron sin aclarar. El PP nos citó y luego Marqués vetó nuestras preguntas. Insólito, pero cierto. El exconsejero tiene derecho a defender su inocencia, a no responder y a querellarse contra cualquier medio de comunicación si cree que se ha vulnerado su honor. Pero ni él, ni nadie, podrá evitar que cumplamos con nuestro deber de informar. Con todo, lo más sorprendente del asunto es que lejos de desligarse de los problemas judiciales de quien supuestamente había dejado sus filas, el PP le dio cobijo y cobertura para escarnio de quienes en su seno apuestan por la transparencia y la ética. Me consta que fueron muchos los dirigentes y militantes que vieron con estupor cómo su sede y sus siglas se ponían al servicio de Marqués, lo que no se ha hecho con ningún imputado de ‘Novo Carthago’. ¿Por qué el partido y Marqués deciden unir sus destinos? Su presencia en la sede popular parece un aviso a navegantes. No es el primer imputado por ‘Novo Carthago’ que lanza un mensaje similar. El presunto delito investigado se remonta a su etapa como miembro de los Gobiernos de Valcárcel que impulsaron el proyecto. Si se arropa a otros excompañeros, es natural que pensara que por qué a él no. Quien autorizó la rueda de prensa, el mismo día en que el Gobierno anunciaba su estrategia de empleo, no puede ser otro que Valcárcel como máximo dirigente del partido. A Garre no solo le contraprogramaron y eclipsaron el anuncio de su principal iniciativa. Como responsable de conflictos y garantías del PP, Garre debe ahora explicar si, contrariamente a lo que todos pensaban, Marqués nunca fue expedientado y aún es militante. En el PP se ha perdido el oremus cuando empezaba a mejorar la economía, el paro y la necesidad de recortar gasto. El caso ‘Novo Carthago’ es delicado para los implicados, pero su gestión política es suicida para todos los populares. O alguien pone sensatez en el interno o la situación estalla.

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Cita crucial para el PSOE
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Alberto Aguirre de Cárcer | 13-07-2014 | 05:27| 0

Miles de militantes del PSOE decidirán hoy con su voto en toda España quién será su nuevo secretario general, un saludable ejercicio de democracia interna en el que está en juego mucho más que el próximo liderazgo del partido que ha gobernado el país durante 21 años y el único que lo ha hecho en todas las Comunidades autónomas. La recuperación del PSOE es una necesidad imperiosa para la estabilidad y el progreso de la democracia española, que ha tenido uno de sus principales baluartes en la alternancia en el poder de dos propuestas políticas mayoritarias. Quienes confunden interesadamente bipartidismo con partitocracia quieren sacar tajada del debilitamiento del PSOE, en situación de alerta por la carencia de un discurso definido y renovado, incluso desde antes de la pérdida de las elecciones generales, y con un espacio político cada vez más mermado por el avance de IU y Podemos. A la vuelta del verano, el país se enfrenta a desafíos de enorme calado, como el órdago independentista de Cataluña y la cada vez más probable reforma de la Constitución. Y lo peor que puede ocurrir para la resolución de esos graves problemas de Estado es continuar con un partido socialista instalado en la nostalgia, el permanente debate orgánico y en situación de deriva por falta de un proyecto nacional coherente en todas las comunidades autónomas. Con todos sus respectivos defectos y virtudes, el avance democrático de las últimas décadas solo ha sido posible por la visión de Estado del PP y del PSOE en aquellos momentos puntuales donde supieron llegar a acuerdos en temas de largo alcance. Ambos comparten el desgaste propio de la gestión de la más dura crisis que se recuerda y una desconexión creciente con las nuevas generaciones, que exigen, además de trabajo, otra vuelta de tuerca democrática con más transparencia, ejemplaridad, tolerancia cero con la corrupción y mayor participación ciudadana. A los más jóvenes ya nos les vale con una correcta administración de lo público, sino que reclaman políticas dotadas de contenido moral en una sociedad que está saliendo de la crisis a costa de evidentes desigualdades sociales. En ese clima, las formaciones más populistas lo tienen fácil porque transitan con mochilas ligeras de herencias y sin responsabilidades de gobierno. Uno de los grandes ideólogos de la izquierda europea, el desaparecido Tony Judt, ya advertía en su obra ‘Algo va mal’ de esa difuminación de los valores que convirtieron a la socialdemocracia en uno de los pilares de la construcción del estado del bienestar. Sobre las espaldas de quien salga hoy elegido recaerá la responsabilidad de crear un nuevo proyecto político y renovar los perfiles de un partido que no tiene garantizada su relevancia y puede ser fagocitado por IU, Podemos y otras formaciones de izquierda con implantación autonómica. No es fácil el panorama para el PSOE. Son muchos cambios sustanciales que precisa con las próximas citas electorales a la vuelta ya de la esquina.

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Imputados
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Alberto Aguirre de Cárcer | 06-07-2014 | 06:14| 0

Un estudio de opinión pública elaborado por la empresa CSA para ‘La Verdad’, durante la convulsa semana marcada por las declaraciones ante el juez del caso ‘Novo Carthago’, refleja un clamoroso hastío en una sociedad que exige a todas luces una regeneración profunda de la actividad política. Un abrumador 94,1% de los encuestados es partidario de que los dirigentes imputados dejen sus cargos, aunque hay posiciones diversas sobre cuándo deben asumir responsabilidades políticas. Más de la mitad considera que la renuncia debe producirse en el mismo momento de la imputación judicial por la presunta comisión de un delito, frente a quienes abogan por que esa dimisión se sustancie cuando se abra juicio al encausado (12%1), cuando haya sentencia de culpabilidad en primera instancia (10,9%) o cuando el fallo sea definitivo (19,4%). Todos los sondeos tienen sus limitaciones metodológicas y están condicionados por el momento en el que se realizan, pero son la única vía posible para pulsar la opinión de los ciudadanos a lo largo del tiempo o en periodos puntuales. Y pocas veces se ha observado un resultado tan comprometedor para nuestros políticos, desconectados, por lo que se aprecia, de lo que se piensa en la calle. Son muchos los factores que influyen en este clima social, empezando por la convergencia de numerosos asuntos en los tribunales de la Región y del resto del país. La lentitud en la instrucción de los sumarios no ayuda, como tampoco la respuesta poco edificante de quienes en el legítimo derecho a su defensa anteponen su interés por encima del prestigio y el decoro de la institución que representan. Si lo urgente es recuperar la confianza ciudadana en sus representantes, la llamada a cerrar filas y los ataques a la independencia judicial son inútiles, reprobables y contraproducentes. Los discursos éticos no se pueden improvisar si no se han interiorizado y liderado a lo largo de los años, mirando hacia otro lado la mayoría de las veces, salvo cuando la situación resultaba escandalosa. Mantener la presunción de inocencia de quienes estaban ya condenados en primera instancia o relativizar toda supuesta irregularidad legal que no fuera meter la mano en la caja ha sido un mensaje tóxico e irresponsable que perjudica a los políticos honestos, que son la gran mayoría en todos los partidos. De aquellos polvos vienen estos lodos, que atrapan también ahora a quienes están por la labor de oxigenar la vida pública. Si de verdad hay interés en acelerar la instrucción de los sumarios para no prolongar la comprensible angustia de los dirigentes imputados, el Gobierno regional y el PP puede contribuir decisivamente ahora que hay un Ejecutivo central del mismo color. Que reclamen en Madrid más técnicos de Hacienda al servicio del TSJ y que presionen al Ministerio para lograr jueces de apoyo en los tribunales ordinarios. El ‘caso Nóos’ demuestra que, cuando hay un auténtico interés político, la Justicia actúa con celeridad. Lo demás son cortinas de humo para capear el temporal.

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‘Novo Descartes’
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Alberto Aguirre de Cárcer | 29-06-2014 | 06:43| 0

El mundo moderno comenzó el 10 de noviembre de 1619 con varias pesadillas y una revelación. Esa noche, René Descartes se refugió del frío de Baviera junto a una estufa en la esquina de una habitación. Se quedó dormido y tuvo tres sueños. Los dos primeros fueron aterradores, pero el tercero resultó inspirador. Sobre una mesa había un libro de poesía y en su sueño Descartes lo abría, encontrando por azar un verso en latín de Ausonio: ‘Quod vitae sectabor iter’ (¿Qué senda tomaré en la vida?). Esa visión le inspiró un cambio vital que desembocó 18 años después en el ‘Discurso del método’, el hito que marca el inicio del predominio de la razón en la búsqueda de la verdad. Como Descartes, el PP se ha quedado dormido y alterna sueños placenteros, al calor de la incipiente recuperación económica, con pesadillas como la del caso ‘Novo Carthago’, donde en lugar de un poemario aparece un sumario en el que se imputa delitos de prevaricación a tres consejeros de gobiernos de Valcárcel. Lo último no es un desvarío onírico sino un problema real que le obliga a plantearse qué senda tomar. Lo sensato sería analizar la situación racionalmente. Seguir las cuatro reglas cartesianas a partir de las evidencias que están sobre la mesa y luego actuar con responsabilidad, pensando en el interés general. Pero parece que ese no será el camino. Ortega estaba en lo cierto cuando, tras su paso por el Parlamento, aseveró que el carácter del político se caracteriza por una gran inconsciencia. No suele prever las consecuencias de sus actos y da por hecho que el futuro peligroso, a veces con toda evidencia catastrófico, no gravita sobre él. Más que valientes, los políticos son audaces, dijo el filósofo, y «la audacia es en un 50% inconsciencia y sonambulismo». Buena prueba de que Ortega atinaba es el relato de hechos del juez sobre el proceso para recalificar como urbanizable el terreno protegido del saladar de Lo Poyo. Su último auto tiene algún pasaje sobrecogedor y múltiples lecturas. Si se examina la más benevolente, uno se tropieza con tanta inconsciencia y sonambulismo al enfrentarse a los límites fijados por la normativa estatal y regional que solo es explicable por un interés político mayúsculo en las cimas de la Administración regional y local. Lo preocupante es que el distanciamiento de la realidad perdura en un PP en estado de duermevela y que hace como que no oye el despertador de los nuevos tiempos de la ejemplaridad y la recuperación del crédito político. Prefiere enrocarse en el irracional delirio de que todo es un contubernio en su contra de fiscales, jueces, dirigentes de la oposición y periodistas, en lugar de gestionar las consecuencias políticas de una investigación del TSJ que debe llegar con celeridad hasta el final para aclarar si se vulneró, y por qué, la Ley. Lo contrario nos llevaría a la anomia. Presiento que cualquiera que sea el desenlace, el mundo de la sinrazón se abrió definitivamente paso, en algunos, el 24 de junio de 2014.

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Impuestos y votos
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-06-2014 | 08:15| 0

Si el mayúsculo error económico de Zapatero fue no reconocer la crisis y demorar el recorte del gasto público como le pedían todos los organismos internacionales, el de Rajoy está siendo no encarar el creciente empobrecimiento y la desigualdad que origina el paro de larga duración y las medidas para salir de este hoyo. La OCDE aseveró esta semana que España es el segundo país miembro, tras Grecia, donde más aumentó la brecha entre ricos y pobres por la pérdida masiva de empleos, la subida de la fiscalidad y la rebaja salarial utilizada para reducir costes laborales y ganar en competitividad. En la misma dirección apunta otro informe del IVIE y la Fundación Bancaja, que señaló el jueves a la Región como uno de los territorios donde más se incrementó la pobreza. Pero antes fueron Oxfam, Cáritas… El crecimiento de las desigualdades tras la crisis financiera de 2008 es un problema global. Lo reitera a menudo el Papa y lo reconoce hasta Obama, en un país donde uno de los libros más vendidos en las últimas diez semanas, obra del economista Thomas Piketty, aborda esta cuestión. Actuar sobre los impuestos es una de las pocas vías posibles para mejorar los ingresos de las familias y generar puestos de trabajo si, como sucede en España, sigue siendo preciso controlar el déficit, un mandato de la UE y de nuestra Constitución. Hace lo correcto el Gobierno al rebajar impuestos. No solo porque lo prometió antes de las elecciones generales y luego hizo lo contrario. Incidirá en la renta disponible, mejorará el consumo y en algo favorecerá la creación de empleo. Se notará desde enero cuando las retenciones se reduzcan en la nómina de los asalariados. Sin embargo, la ambiciosa reforma tributaria anunciada se queda básicamente en una rebaja fiscal del IRPF y del impuesto de Sociedades. Lo conocido se parece poco a las recomendaciones de la ‘Comisión Lagares’, los ‘sabios’ elegidos por el Ejecutivo para repensar el sistema tributario. También dista mucho de las propuestas del FMI, el Banco de España y la Comisión Europea, que, preocupada por una relajación en la lucha contra el déficit, pedía subir el IVA y reducir cotizaciones sociales. Montoro optó por una rebaja fiscal «a todos», pero lo cierto es que no a todos beneficiará por igual. Los menos afortunados serán las clases medias (o lo que queda de ellas). Los españoles con trabajo y menos ingresos serán un poco menos pobres, pero la desigualdad perdurará porque las rentas altas también salen ganando. Si en esto queda la reforma, es muy corta en cuanto a creación de empleo, lucha contra el fraude fiscal y desde luego no acaba con la maraña tributaria, donde, en paralelo a la administración central, comunidades y ayuntamientos actúan descoordinadamente y con una dispar, pero casi siempre rampante, sobrecarga fiscal a empresas y ciudadanos. No es de extrañar la cautela general. Todo desprende un inconfundible aroma electoral en la antesala de citas en las urnas en 2015 y 2016.

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Episodios nacionales
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Alberto Aguirre de Cárcer | 15-06-2014 | 05:27| 0

Paradójico país el nuestro donde los diputados de IU, la ‘casta’ anticapitalista que goza de aforamiento, piden que el Rey pierda su inviolabilidad a partir del jueves. Era de esperar que, tras el anuncio de la abdicación de Don Juan Carlos, la estrategia de la izquierda situada más allá del PSOE consistiera en lanzar al debate público la disyuntiva entre Monarquía y República, la «cuestión batallona» que decía Pérez Galdos, bajo la errónea premisa de que la segunda es poco menos que un concepto equivalente a democracia. De la necesidad de una segunda transición para regenerar la crisis sistémica de España cada vez hay menos dudas en el conjunto de fuerzas sociales y políticas, pero invocar hoy la República como la solución es propio de quien ha perdido el sentido de la realidad e ignora la historia de su país. En un artículo publicado esta semana, el historiador Juan Pablo Fusi atinaba al alertar sobre la frivolidad del debate y al apuntar que, en la historia democrática española, la Monarquía pudo ser el problema en 1931, pero en 1975 fue la solución. Entre Ortega y Azaña, que con sus aciertos y errores tenían en la cabeza un proyecto nacional, y Cayo Lara y Pablo Iglesias, hay un abismo de dimensiones oceánicas. No existe ni un mínimo respaldo popular ni tampoco los mimbres intelectuales en nuestros líderes para semejante cambio de cesto, por mucho que se discuta formando círculos o en las redes sociales. Las aspiraciones republicanas de una parte de la población son legítimas, pero negar la evidencia de que la monarquía parlamentaria y constitucional proporcionó el más largo periodo de estabilidad democrática y, sobre todo, presentarla como un obstáculo para la necesaria regeneración de la vida pública es caer en la sinrazón por puras motivaciones oportunistas. Lara e Iglesias proponen un referéndum vinculante sin ni siquiera aclarar qué modelo de República proponen, lo que nos retrotrae al siglo XIX cuando, tras la abdicación de Amadeo de Saboya, se instauró a bote pronto la Primera República (1873-1874), de fugaz existencia por la convergencia de la guerra carlista, la revuelta cantonal de Cartagena, el independentismo catalán y la guerra de Cuba, entre otros muchos factores de inestabilidad. De todos ellos, quizá el más relevante fue la incapacidad de radicales y federalistas para ponerse de acuerdo sobre el modelo de Estado. Cómo sería la cosa que, hastiado de debates sobre el asunto, el primer presidente de la República, Estanislao Figueras, llegó a decir en un Consejo de Ministros: «Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡Estoy hasta los cojones de todos nosotros!». Poco después, Figueras salió una mañana de su despacho para dar un paseo por el Retiro, aunque lo cierto es que se dirigió a Atocha y tomó un tren que lo llevó a París. En el despacho se encontró su nota de dimisión. Tan chusco como este episodio nacional son los que nos podrían deparar las propuestas de nuestros populistas orates de hoy.

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El estado de ánimo de la Región
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Alberto Aguirre de Cárcer | 08-06-2014 | 06:26| 0

Ligeramente más optimistas que el resto de los españoles sobre la situación y las perspectivas económicas y políticas. Y más preocupados por la gestión de nuestros políticos, aunque menos por la corrupción y el fraude que en el resto de las comunidades. En vísperas del Día de la Región, el Barómetro de Primavera del Cemop ofrece hoy en nuestras páginas una foto fija del estado de ánimo de los murcianos, que sigue enmarcado en un sentimiento colectivo todavía sombrío. Con mucha diferencia, la principal preocupación es el paro. Aunque están en evolución positiva desde hace meses, las cifras de empleo registrado y de afiliación a la Seguridad Social son aún claramente insatisfactorias, lo que a nadie puede extrañar porque venimos de tasas de paro escalofriantes, especialmente entre los jóvenes. La situación no está para tirar cohetes sino para seguir remando con contención del gasto público que sea superfluo e impulsando políticas activas de empleo para una recuperación que se presume lenta y con riesgo de que no restañe la brecha de la desigualdad. La información que hoy aportamos sobre el nivel de riqueza de los murcianos, a partir de la última radiografía disponible del IRPF, muestra un empobrecimiento de decenas de miles de familias a lo largo de la crisis. En los últimos meses se aprecia un ligero repunte de la actividad económica en ciertos sectores y eso explicaría la percepción menos pesimista. El pasado viernes, el Gobierno autonómico ofrecía un indicador de que la economía empieza a moverse: los ingresos en las arcas públicas crecieron un 14% hasta mayo. Pero ese dato esperanzador para evitar más recortes tiene que ver también con la presión fiscal sobre los asalariados con nómina, en una Región donde otros se abonan al fraude y a la economía sumergida, lastrando la lucha por la equidad y el mantenimiento de los servicios básicos. Ya apuntamos el pasado domingo que Murcia tiene el tipo autonómico más alto en el impuesto de sucesiones junto a Andalucía, lo que produjo 700 renuncias a herencias en un año. Y según un estudio del Consejo General de Economistas que hoy detallamos, y del que discrepa el Gobierno regional, Murcia también es la segunda región donde más se paga por hipoteca de vivienda nueva, la tercera con el impuesto de Patrimonio más alto en algunos tramos y la cuarta que más grava las donaciones. Una de cada cuatro familias murcianas, de acuerdo con el INE, llega a duras penas a fin de mes y a ello contribuye la lenta recuperación del mercado de trabajo, la rebaja general de salarios, la presión tributaria de las tres administraciones y los copagos. En menos de dos semanas, el Gobierno regional presentará su quinto plan de reequilibrio de las cuentas públicas y un plan de estímulo económico. Ambos deben cumplir con las expectativas. La caída del pesimismo en la sociedad murciana es un hecho positivo, pero no debe llevar a la parálisis en la enorme tarea que queda por delante.

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El último servicio a España
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Alberto Aguirre de Cárcer | 03-06-2014 | 06:55| 0

No estamos ante un simple relevo sino ante un cambio trascendental para abrir una etapa en la institución monárquica con un decidido impulso regenerador

Los momentos de tensión e incertidumbre vividos mientras el cohete Ariane ascendía al espacio desde la selva de la Guayana francesa acabaron con un estallido de alegría en la Sala Júpiter del centro espacial de Kourou. A las 8.22 hora local, la 1.22 de la madrugada en España del 11 de septiembre de 1992, el jefe de operaciones acaba de anunciar la puesta en órbita del primer satélite español, el ‘Hispasat 1A’. Los enviados especiales transmitimos las crónicas a nuestros periódicos y nos dirigimos a la sala de prensa para recabar las declaraciones del ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, y de la secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado. La sorpresa llegó cuando Borrell compareció acompañado por el Príncipe de Asturias, que encabezaba la delegación española, alrededor de un centenar de representantes de la Administración y la industria española. Era la primera vez que Don Felipe respondía directamente a preguntas de un grupo de periodistas, como aquella noche nos recordó, con mucho énfasis, Carmen Enríquez, la periodista de RTVE que seguía la actividad diaria de la Casa del Rey. Y Don Felipe lo hizo con una madurez y seguridad impropia de un joven de solo 24 años. Solo unas semanas antes, había sido el abanderado del equipo español en los Juegos de Barcelona, el gran hito de 1992 junto a la Expo de Sevilla. El lanzamiento del ‘Hispasat’ no hacía sino coronar un año mágico para España, un año en el que la proyección de Don Felipe adquirió una dimensión hasta entonces desconocida.
Veintidós años después, en unas circunstancias políticas, sociales y económicas diametralmente opuestas, el primogénito de Don Juan Carlos encara ahora el momento crucial para el que se ha preparado durante las últimas décadas. En un último servicio a España, el Rey hizo ayer de nuevo historia al anunciar que abdica en su hijo para garantizar la «estabilidad», «seña de identidad de la institución monárquica». Mermado por su debilitada salud, cumplidos ya los 76 años, Don Juan Carlos pone fin a un reinado donde son muchos más abundantes los aciertos que los errores. Y lo hace con una decisión regida por los mismos principios de servicio a España y a la Corona que inspiraron a Don Juan de Borbón cuando en 1997 renunció oficialmente a sus derechos dinásticos en favor de su hijo Juan Carlos. No se equivoca el Rey cuando, en la peor crisis social del país en décadas, también para la institución monárquica, decide dar paso a Don Felipe y con él a una generación más joven y decidida -como dijo Don Juan Carlos- «a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando».
Se podrá cuestionar el momento preciso del relevo, en pleno desafío independentista catalán y con la preocupante crisis política acentuada por el retroceso electoral de los grandes partidos. Sin duda, estamos ante uno de los momentos más delicados de la democracia española. Pero por ese mismo motivo, y así lo habría entendido el Rey, resultaba urgente reforzar la Monarquía parlamentaria ante un horizonte incierto, una tarea que solo podía culminarse con la abdicación. De ahí la insistencia de Don Juan Carlos en su mensaje televisado de que el Príncipe de Asturias representa «estabilidad» para la Corona y para el país. Es la misma opción escogida por otras monarquías constitucionales europeas, como Holanda y Bélgica, en parecidas tesituras.
Haber postergado esta decisión a después de las elecciones generales de 2015 habría sido enfrentarse al vértigo de un Parlamento posiblemente muy dividido, si continúan o se agudizan las tendencias electorales que lastran a los dos principales partidos del Parlamento. No estamos ante una decisión improvisada. Don Juan Carlos dijo ayer que empezó a sopesar la abdicación en enero pasado, a la vista de las complicaciones limitantes surgidas tras las distintas operaciones a la que había sido sometido. Ya el año pasado, justo cuando arreciaba el ‘caso Noos’ por la imputación de Iñaki Urdangarin y la llamada a declarar de la infanta Doña Cristina, hubo indicios de que la renuncia al trono era una de las salidas más plausibles para la incuestionable crisis originada por la reprobable conducta del yerno del Rey. Es indiscutible la trascendencia y el impacto de la noticia transmitida en directo desde Zarzuela por Rajoy, pero todo indica que el relevo en la Corona se hará con tranquilidad y normalidad democrática.
El debate entre Monarquía y República, suscitado por IU y otras formaciones a la izquierda del PSOE, es tan legítimo como inoportuno. Suficientes problemas reales atraviesa el país en esta etapa crítica de nuestra vida en común. La monarquía parlamentaria y constitucional es la opción de países tan democráticos como el Reino Unido o los países nórdicos, donde pervive no por razones de tradición, sino de utilidad. En el marco constitucional español, la jefatura del Estado reúne en la figura del Rey todas las garantías precisas para blindar a la más alta institución del juego de intereses partidistas. Don Felipe, muy pronto Felipe VI, estará a la altura de las circunstancias históricas, que exigen de un impulso en todas las instancias del Estado para avanzar en cuantas reformas políticas y económicas sean necesarias para mejorar la calidad de nuestra democracia. El Príncipe es garantía de futuro y de estabilidad. Aquel joven que ya representaba brillantemente a España hace 22 años lo hará ahora con la experiencia y la madurez acumulada en las últimas dos décadas, relanzando nuestra proyección en la comunidad internacional. Felipe VI será un rey adaptado a los nuevos tiempos. No lo tendrá fácil. El ‘caso Urdangarin’ está cerca de la fase de apertura de juicio oral y el futuro procesal de su hermana Cristina aún está en el aire. Se le va a exigir mucho al futuro Rey por una ciudadanía muy sensibilizada, que le exigirá ejemplaridad en el comportamiento y mucha transparencia en las cuentas de Zarzuela.
Por todo ello, no estamos ante un simple relevo sino ante un cambio trascendental que debe abrir una nueva etapa en la institución monárquica, necesitada de profundas reformas. como el resto de las instituciones fundamentales del Estado. Con la abdicación de Don Juan Carlos se cierra definitivamente la Transición, cuyo penúltimo capítulo habría sido la muerte hace escasos meses del expresidente Adolfo Suárez. La dimensión histórica del Rey que deja el trono acabará poniendo en su sitio las innumerables luces de la mayor parte de su largo reinado y las contadas sombras de un ocaso accidentado. Don Juan Carlos no ha dicho adiós de manera protocolaria sino plenamente consciente, como lo reflejó nítidamente en su mensaje, de los anhelos de la sociedad española por una renovación y una profundización en las reformas democráticas. Un Rey que pidió públicamente perdón por su polémico viaje a Bostwana también ha sido capaz de asumir con generosidad la necesidad de ceder paso a su hijo, que encarna la España moderna y suficientemente preparada para impulsar en la buena dirección los huracanados vientos de cambio que recorren España. Don Juan Carlos abdica, pero con su marcha voluntaria la Monarquía constitucional pervive como garantía de estabilidad para el país.
En esta jornada para la historia es de justicia reconocerle a Don Juan Carlos que ha sido el Rey de todos los españoles. Los murcianos y alicantinos lo sabemos bien. Acompañado en muchas ocasiones por Doña Sofía, el Rey ha estado cerca de nosotros cuando las catástrofes naturales han azotado el Sureste, pero también en los momentos de alegría y conmemoración. Su estrecho vínculo con la Academia General del Aire de San Javier, la Armada en Cartagena y la base aérea de Alcantarilla le han unido estrechamente a la Región de Murcia, donde es respetado y querido. Nos queda una imborrable huella, de la que han sido testigos ‘La Verdad’ y sus lectores durante 39 años.

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Partitocracia y populismo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 01-06-2014 | 05:18| 0

En todos los partidos políticos hay un núcleo duro, un reducido número de dirigentes que dominan la vida interna y marcan el rumbo en torno a la figura de un líder. En ese ‘círculo interno’ o ‘coalición dominante’, como lo llamaban los politólogos Maurice Duverger y Angelo Panebianco, el líder mantiene la cohesión con incentivos colectivos y selectivos. Si el partido está dirigido por un hiperlíder, a éste le basta con avivar las expectativas de futuro de cada miembro para mantener la unidad y la concordia. Legitimado por sucesivas victorias en las que rompía el techo electoral del PP, Valcárcel supo manejar como pocos ese juego de incentivos y expectativas hasta que llegó su proceso de sucesión y su dedo, previamente orientado hacia una terna, apuntó finalmente fuera del ‘círculo interno’, para desconcierto de parte de sus cuadros intermedios, militantes y en general de la sociedad murciana, que no entendió nada. Y casi sin solución de continuidad llega el 25M y el PP, con Valcárcel volcado en la campaña, vence con holgura, pero con el peor resultado desde 1991, un desplome de 24 puntos en las urnas. En cualquier otra formación, el candidato habría pasado un mal trago ante los suyos, pero el PP regional empieza a ser un caso singular digno de estudio. En la pasada Junta Directiva, donde se congregaron unos 300 dirigentes regionales y locales, no hubo atisbo de autocrítica por parte de la cúpula. Y cuando los alcaldes y pedáneos pidieron más conexión con la calle y mejor comunicación política, lo que sobrevino fue una clara advertencia de Valcárcel de que no tolerará disensiones. Visto lo ocurrido con Juan Bernal, los presentes captaron el mensaje. Desde fuera, esa llamada a apretar filas y a callar la boca, evoca a las filípicas de los entrenadores que controlan ferreamente el vestuario. Pero eso no cambia la realidad: el 25M ha sido un claro aviso al PP regional. Ganó el partido por la debilidad contumaz del principal rival, pero sin un esquema de juego ni proyecto definido de futuro, con casi 130.000 adeptos que le han dado la espalda y ofreciendo espectáculo donde no debe, con nombramientos frustrados o inverosímiles para recolocar a excompañeros de viaje, mantener pequeños privilegios terrenales o adquirir blindajes judiciales. Al PP regional le está pasando como al Real Madrid de Mou, que vence sin convencer y con el riesgo de generar antipatía incluso en sus votantes tradicionales. Y todo ello en medio de una oleada de hastío ciudadano con la clase política y su creciente deriva partitocrática, que es lo que reflejaban los barómetros del CIS y ahora la suma de la abstención con el voto de castigo a los dos grandes. Los partidos políticos son un instrumento imprescindible para la democracia pero, como señaló hace un siglo el sociólogo Robert Michels, son parodójicamente instituciones poco democráticas en su funcionamiento interno. Si no se regeneran con rapidez, irán en retroceso y avanzarán las formaciones populistas y radicales.

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Victoria amarga del PP
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Alberto Aguirre de Cárcer | 26-05-2014 | 09:35| 0
Triunfo amargo para el PP en la Región de Murcia. Se consumó el avance de las pequeñas formaciones, la fragmentación del voto y el duro revés para el bipartidismo, producto del desafecto político, aunque fueron los populares quienes sufrieron anoche el castigo más duro. Desde 1991, el partido liderado por Valcárcel no había obtenido un respaldo tan bajo en las urnas. Del 61,5% en las europeas de 2009 ha pasado al 37%. Respecto a las autonómicas de 2011, la caída del PP es de más de 21 puntos. Ahora, la brecha con el PSOE queda reducida a  17 puntos, lo que puede hacer saltar las alarmas entre los populares de cara a unas autonómicas en las que tendrán un nuevo cabeza de cartel. El único elemento de tranquilidad para los populares es que el PSOE no sube sino que baja cuando ellos sufren el peor de sus resultados en dos décadas. Es más, los socialistas murcianos sacan su peor porcentaje de votos desde el inicio de la democracia.
Valcárcel se va a Europa con sabor agridulce. Se volcó en la Región durante la campaña como si fueran unas autonómicas y el resultado debe resultarle decepcionante. La abstención puede haber influido, pero también la fuga de buena parte de sus votantes hacia UPyD, Vox y Ciudadanos. Todo ello tendrá lecturas internas en un PP regional, cuyo tránsito hacia un nuevo liderazgo está resultando cuanto menos turbulento. La máquina de ganar elecciones muestra por primera vez una debilidad preocupante y cobra fuerza la posible pérdida de la mayoría absoluta en la Asamblea en 2015.
Los grandes ganadores de la jornada fueron los partidos pequeños, con IU y UPyD triplicando sus resultados de hace cinco años. La atomización del voto resultó mucho mayor de la esperada. Casi la mitad de las papeletas fueron para formaciones de pequeño tamaño. En línea con lo sucedido a nivel nacional, destaca la irrupción de Podemos, el nuevo partido liderado por Pablo Iglesias, que se convierte en la quinta formación a nivel regional con el 7,59% de los votos.
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