Cuesta cada vez más trabajo entender la política nacional del PP en
materia de agua. Su grupo parlamentario en el Congreso se ha ido
cubriendo de gloria en los últimos meses con iniciativas que rompen las
líneas de defensa de sus correligionarios murcianos. En mayo
propusieron un envío de agua del Tajo a Las Tablas de Daimiel con el
triste balance de que el 85% del caudal se perdió por el camino en
pleno estiaje manchego. Ni que decir tiene que ese desembalse de bajo
sostén técnico se hizo en menoscabo del agua que esperaban los regantes
del Trasvase Tajo-Segura. El Gobierno murciano se atrevió a calificar
aquella iniciativa de, cuanto menos, «inoportuna».

La segunda llegó
el mes pasado, cuando se presentó una enmienda a los Presupuestos del
Estado para construir el Trasvase del Ebro -en su tramo valenciano (?)-
y tres días después tuvo que ser retirada tras la bronca que
organizaron los populares aragoneses, que obtuvieron además la
confesión del portavoz Eduardo Zaplana de que el PP «no tenía voluntad
política» de insistir en sus peticiones trasvasistas.
La tercera, en
este momento, es una enmienda para que no se construya la
desalinizadora de Torrevieja que debe garantizar los regadíos del
Trasvase Tajo-Segura. Que se sepa, y así consta, esta obra fue incluida
y aprobada por el Gobierno de Aznar en el anexo de inversiones del Plan
Hidrológico.

La lectura que hace el PP es que esa desalinizadora es
una trampa porque servirá para reducir los caudales del Tajo. Si los
regantes la solicitaron, sería por algo. Por ahora, existe el
compromiso de la ministra Cristina Narbona, recogido en una entrevista
publicada en La Verdad, de que no habrá sustitución de caudales. A lo
mismo se comprometió Acuamed en sus negociaciones con los regantes. Si
el Gobierno central cambia de criterio, tendrá que responder por ello
porque con rotundidad se le recordará ese compromiso de su ministra,
pero no parece razonable que el PP se oponga de esta forma a una obra a
todas luces necesaria (producirá agua equivalente a la demanda de 1,2
millones de habitantes).

Si se acaba el Tajo-Segura no será por la
desalinizadora de Torrevieja, sino más bien por el calentamiento
global, por las directivas europeas, por las demandas de Madrid y sobre
todo por quienes exigen su eliminación: los socialistas de Barreda y
también los populares de De Cospedal, que siguen echando leña al fuego.
Otro dato: la revisión del Trasvase del Tajo también se aprobó en el
PHN de Aznar, y el PSOE la ha mantenido. Si en Madrid el PP quiere
hacer política con el agua, que no nos mande más jamones.