Quince años de fracasos de la clase política para repartir el agua en España se escenificaron en las calles de Murcia en una manifestación que no pedía más canales y trasvases, sino evitar que se elimine la principal infraestructura hidráulica del país: El acueducto Tajo-Segura. Fue como un regreso a través del túnel del tiempo, cuando treinta años atrás otra manifestación recorrió las calles de Lorca y encendió las reivindicaciones de muchos pueblos murcianos para reclamar la llegada las primeras aguas del Tajo. Los políticos de la época sostenían una pancarta que resumía su impaciencia por unas obras que se eternizaban.
Llegaron aquellas aguas. Tres decenios después, ayer, se pide que no se cierre ese grifo, como consecuencia de las reclamaciones de la comunidad vecina, Castilla-La Mancha, que nunca ha digerido el Trasvase Tajo-Segura, que está cansada de dar agua (aunque sea el agua de todos) sin ver resueltos sus problemas hídricos, y que ha encontrado el momento de plantearlo en el Congreso de los Diputados mordiendo en las competencias exclusivas del Estado en la planificación hidrológica.

No se salva nadie. En la recta final de su largo mandato, Felipe González y su ministro José Borrell no encontraron los apoyos necesarios -más bien rechazos y descalabros parlamentarios- para tratar de sacar adelante el Plan Hidrológico Nacional. Los ocho años de José María Aznar tampoco proporcionaron una gota nueva de agua a la cuenca del Segura. Administró el acueducto del Tajo con la generosidad que proporcionó un ciclo húmedo de lluvias. También en la recta final se truncó su proyecto estrella, el Trasvase del Ebro, y dejó además problemas para los abastecimientos.
Aprobó Aznar un Plan Hidrológico que después cambió Rodríguez Zapatero a tijeretazo limpio para eliminar el canal del Ebro y poner en cuarentena la transfusión de agua de unos territorios a otros. Todo a cambio de la autonomía que deben proporcionar las desalinizadoras. Por ahora, no. ¿Y en Murcia qué? Demasiados años de desencuentros. Perdidos.
Los enfrentamientos territoriales que se avivaron en la época del PP se han visto reproducidos bajo el mandato del PSOE con la misma intensidad, cambiando Zaragoza por Toledo y siempre con Murcia y Valencia en la otra esquina del cuadrilátero.

Es donde ahora nos encontramos a resultas del Estatuto de Castilla-La Mancha, que según sus promotores se encuentra totalmente bloqueado por el rechazo anunciado de un puñado considerable de diputados socialistas y populares de Murcia y la Comunidad Valenciana. En un callejón sin salida, pero todavía vivo y coleando.
Mientras tanto, resulta ensordecedor el silencio del Gobierno central y del PP nacional (léase Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy) sobre el futuro del Tajo-Segura. Rajoy no repitió ayer su presencia en Murcia para defender el acueducto, como hizo en julio del 2005, sino que estuvo en la mascletá de Valencia arropando los malos momentos que atraviesa Francisco Camps, quien hizo después una fugaz visita a Murcia.
La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, se reafirmó en la reforma del Estatuto que ha puesto a su partido contra la espada y la pared y le ha dado alas a José María Barreda. Su deseo de estar en misa y repicando la llevó a declarar: «Nosotros, en Castilla-La Mancha, tenemos que defender el agua para Castilla La Mancha». Eso lo dice la secretaria general del PP.
Zapatero, por su parte, ni está ni se le espera en este asunto, puesto que lo lleva directamente la vicepresidenta Fernández de la Vega, a quien no ha sentado bien la reprobación de las Cortes Valencianas, dada su condición de diputada por esa circunscripción.

Se intuye una lucha entre trasvasistas y antitrasvasistas -por simplificar los términos- en el seno del Gobierno. Hay quienes apuestan por poner ya todas las cartas sobre la mesa para despejar el horizonte de la planificación hidrológica, pero enfrente están y se imponen los que exigen espera y silencio. Igual de clamorosa es la callada de la ministra Elena Espinosa, quien reconoció con malestar que nadie le ha consultado sobre algo tan vital como el Trasvase Tajo-Segura.
Eso explica cómo están las cosas en el Gobierno central, donde en muchos de sus ámbitos sí existe un estereotipo de Murcia que paliaría el fracaso de Karabatic: desalinizadoras y campos de golf.