El informe sobre escasez elaborado el pasado verano por el jefe de aguas de la Comisión Europea, sucesor de Patrick Murphy, no está en contra de los trasvases. Los contempla como una fórmula posible en última instancia, en aquellas zonas que han agotado todos los sistemas previos y que pese a todo no pueden resolver la falta de agua.

Tampoco es para alegrarse o decepcionarse, ya que considera los trasvases pocos sostenibles desde el punto de vista de los conflictos territoriales que genera. En cuanto a las desalinizadoras, propone llevar cuidado porque no se conocen los efectos a medio y largo plazo.

La
vicepresidenta se comprometió a que no cambien las reglas del Trasvase
Tajo-Segura en la próxima legislatura. Subrayó a los miembros del
Comité de Crisis que no es contraria a los trasvases, pero sí que se
opone sólo a uno, que es el del Ebro. Precisamente un río que ha vuelto
a demostrar, en el tercer año de sequía, que tiene excedentes en la
desembocadura para derivar a otras cuencas.
En los despachos de
Madrid está funcionando lo que el socialista Pedro Saura llama «la red
del murcianismo exigente», que tiene ahora a otro valedor en el
ministro de Justicia y cabeza de lista por Murcia, Mariano Fernández
Bermejo, que empuja a favor de la Región en las reuniones del Consejo
de Ministros.

MILAGRO: HAY TRASVASE
Elecciones a la vista

Muy
pocos o nadie esperaba que el Consejo de Ministros autorizara el
viernes un desembalse del Tajo para los regadíos, aunque fuera un
chorrico de 11 hectómetros cúbicos, como lo define el PP murciano. A
decir verdad, no lo esperaban ni los regantes, a la vista de la crítica
situación de los embalses de Guadalajara y Cuenca, con 322 hectómetros
almacenados.

¿Cómo van a sobrevivir los regantes hasta el próximo
mes de octubre? En contra de lo que parece, han empezado este año
hidrológico con más envíos del Tajo que el ejercicio anterior. Con el
desembalse aprobado el viernes, el Consejo de Ministros les ha
concedido ya 42, 5 hectómetros. Y con la cabecera temblando, puesto que
si no llueve pronto se rozará la línea roja no trasvasable. El
presidente del Sindicato Central, Francisco del Amor, ha echado cuentas
y espera reunir este año hidrológico 120 hectómetros cúbicos: 50 de la
cabecera del Tajo, 20 de los pozos concedidos por la Confederación
Hidrográfica del Segura, otros 20 que les devolverá Canales del
Taibilla para saldar la deuda y 30 que esperan comprar a Estremeras
(Madrid), como en los dos años anteriores.

El Gobierno de Zapatero
ha aprobado el último desembalse antes de las próximas elecciones de
marzo, ya que la Comisión de Explotación del Acueducto se reúne cada
tres meses y la siguiente no toca hasta después de los comicios
generales. El guiño político parece claro. Ahora no importa tanto la
cantidad concedida -técnicamente no se puede enviar más sin comprometer
los abastecimientos- sino lo que significa cualitativamente: El
Trasvase Tajo-Segura sigue vivo.

¡MECACHIS EN LA MAR!
¡Qué mala es el agua “desalá”!

El
Gobierno regional, a través de la campaña Agua para Todos, está
promocionando un anuncio en contra del agua desalinizada. Por boca de
una niña se dice que estos caudales no sirven para beber ni para regar,
ya que hay que mezclarlos antes con agua de río. La conclusión, según
la niña, es que las cosas son más sencillas trayendo agua directamente
de otros ríos de donde sobra.
Quitando problemas puntuales de
concentración de boro, el agua desalinizada se consume desde hace años
para beber y regar una vez tratada; y si se mezcla es precisamente para
reducir su coste, que es elevado. Una cosa es la controversia técnica y
económica, y otra meter el miedo en el cuerpo. Además, ¿no promueve el
Gobierno murciano su propia desalinizadora en Escombreras?

La segunda llegó
el mes pasado, cuando se presentó una enmienda a los Presupuestos del
Estado para construir el Trasvase del Ebro -en su tramo valenciano (?)-
y tres días después tuvo que ser retirada tras la bronca que
organizaron los populares aragoneses, que obtuvieron además la
confesión del portavoz Eduardo Zaplana de que el PP «no tenía voluntad
política» de insistir en sus peticiones trasvasistas.
La tercera, en
este momento, es una enmienda para que no se construya la
desalinizadora de Torrevieja que debe garantizar los regadíos del
Trasvase Tajo-Segura. Que se sepa, y así consta, esta obra fue incluida
y aprobada por el Gobierno de Aznar en el anexo de inversiones del Plan
Hidrológico.

La lectura que hace el PP es que esa desalinizadora es
una trampa porque servirá para reducir los caudales del Tajo. Si los
regantes la solicitaron, sería por algo. Por ahora, existe el
compromiso de la ministra Cristina Narbona, recogido en una entrevista
publicada en La Verdad, de que no habrá sustitución de caudales. A lo
mismo se comprometió Acuamed en sus negociaciones con los regantes. Si
el Gobierno central cambia de criterio, tendrá que responder por ello
porque con rotundidad se le recordará ese compromiso de su ministra,
pero no parece razonable que el PP se oponga de esta forma a una obra a
todas luces necesaria (producirá agua equivalente a la demanda de 1,2
millones de habitantes).

Si se acaba el Tajo-Segura no será por la
desalinizadora de Torrevieja, sino más bien por el calentamiento
global, por las directivas europeas, por las demandas de Madrid y sobre
todo por quienes exigen su eliminación: los socialistas de Barreda y
también los populares de De Cospedal, que siguen echando leña al fuego.
Otro dato: la revisión del Trasvase del Tajo también se aprobó en el
PHN de Aznar, y el PSOE la ha mantenido. Si en Madrid el PP quiere
hacer política con el agua, que no nos mande más jamones.

Fue el vice portavoz del Partido Popular, Vicente Martínez-Pujalte -quien con toda probabilidad figuarará en la lista al Congreso por Murcia- quien el lunes por la mañana presentó una corrección a la enmienda anterior (la número 2.389) que cambiaba el título. En lugar de figurar Trasvase del Ebro a las cuencas del Júcar y Segura, debía poner Trasvase Júcar-Vinalopó en la Comunidad Valenciana.
Andrés Ayala, que lideró la rueda de prensa en Murcia el viernes pasado, no acierta a explicar lo que había sucedido. Las claves van llegando desde Zaragoza, y tampoco dejan en buen lugar el hilo argumental del PP en torno al Trasvase del Ebro. Más bien revela las profundas discrepancias que existe dentro de este partido a nivel territorial, y que llevan a la cúpula nacional a oficiar como un bombero cada vez que se organiza un revuelo como la de ahora. Esta labor de apagafuegos introduce más confusión en el mensaje nacional del PP sobre el agua y los trasvases. Ya apuntamos hace año y medio el giro que tomaron los dirigentes de la calle de Génova -y en concreto Mariano Rajoy– cuando se diluyó la contundencia mostrada hasta ese momento sobre la ejecución del Trasvase del Ebro cuando el PP recuperara el poder.

El Trasvase del Ebro es una opción técnica factible desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica y tan defendible como la desalinización gran escala, pero a la hora de defender sus posiciones fueron algunos dirigentes nacionales del PP quienes se movieron de la foto presionados por sus correligionarios de Aragón y de Castilla-La Mancha.

A partir de ahí la reivindicación del acueducto del Ebro desde las comunidades de Murcia y Valencia se ha convertido en un músculo electoral que tiene más valor como discurso político que como realidad en un plazo determinado. La prueba del algodón la dará Rajoy si gana las elecciones, puesto que esas discrepancias territoriales se podrían multiplicar y puede que no en beneficio de Murcia. Si la cúpula del PP ha cedido ante Aragón, ¿cómo podrá plantear de nuevo la ejecución de este trasvase? ¿Si gana Rajoy, va a resucitar este proyecto con la misma rapidez con la que lo derogó Zapatero? Frente a eso, el PSOE y el Gobierno de Zapatero han armado en ersta legislatura una política más coherente, guste más o menos, de desterrar el Ebro y apostar por la desalinización. Aunque estuvieran equivocados en sus planeamientos, al menos no transmiten confusión.

La explicación que ofreció la oficina del portavoz Eduardo Zaplana a la enmienda trasvasista tampoco es tranquilizadora. Explicaron que esta propuesta se presenta año tras año cuando llegan los Presupuestos, pero que en este ejercicio se traspaleló por error, «se colocó en el montón y nadie se dio cuenta de quitarla». Es decir, que para el próximo año electoral no tocaba reivindicar el Ebro.

Abundando en lo mismo, el Heraldo de Aragón reprodujo ayer unas declaraciones atribuidas a Eduardo Zaplana, quien le comentó al líder de los populares aragoneses, Gustavo Alcalde, que el Grupo del PP en el Congreso «no tenía voluntad política» de insistir en sus peticiones trasvasistas. Valcárcel trató del año pasado de recomponer un mínimo consenso dentro de su partido con la cumbre de barones en Madrid, bajo el postulado general de transferir agua de las cuencas excedentarias a las deficitarias. El problema llega cuando se quieren ponen nombres y apellidos.

Unido a
esto, ha bajado el consumo medio por habitante y día. Ahora se sitúa en
161 litros, uno menos que en el año 2006. La Región de Murcia está por
debajo del consumo medio nacional. Hay que hacer la precisión de que
los datos del INE corresponden al año 2005. Y desde entonces ya llovido
algo, por lo que las cifras hay que tomarlas con cautela. Cierto es que
el recibo del agua sube en Murcia más que en ninguna otra comunidad
autónoma. Y también es verdad que se ha contenido el consumo medio por
habitante, según la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Por ejemplo,
el consumo fue el pasado verano similar al del anterior. Las regiones
cuyos habitantes más agua gastan son Andalucía y Cantabria. A nivel
nacional, el consumo de agua para abastecimientos ronda los 2.700
hectómetros. Los regadíos, por su parte, consumen otros 17.000. Sobre
las fugas, ya se sabe que entre el 15 y el 20% del agua se pierde en
las redes de suministro, pero varía mucho por ciudades.
La
Universidad de Murcia, por cierto, ha convocado un concurso para
instalar dispositivos de ahorro de agua en sus centros. El presupuesto
es de 120.000 euros.

El informe realizado por la patronal Croem, basándose en datos del INE, refleja que Murcia es la región que menos agua consume por habitante, y sin embargo el precio ha crecido cuatro veces más que la media nacional. Y eso que las desalinizadoras no están a tope…

LLUEVE MÁS EN EL ESTE
Los registro
de lluvias de la Confederación Hidrográfica del Segura indican que las
mayores precipitaciones se han producido este mes en la franja oriental
de la Región, principalmente en el Altiplano, Abanilla, Fortuna, Murcia
y Orihuela. Así figura en el mapa de la izquierda. Donde menos agua ha
caído hasta ahora ha sido en la zona de Mazarrón y el límite con
Almería. No están registradas las lluvias del martes. Esta tarde se
esperan chubascos débiles y moderados en el litoral. Por cierto, los
pantanos del Segura siguen por los suelos. Sólo almacean el 13,1% de su
capacidad (148 hm3 sobre un total de 1.129 hm3).

ARANJUEZ SE “AMOTINA”

El
Pleno municipal de Aranjuez ha aprobado por unanimidad una declaración
institucional contra la venta de derechos de agua del Tajo al Segura.
Los regantes del Canal de las Aves han realizado dos ventas al
Taibilla, que están respaldadas jurídicamente por decreto, el cual
sigue vigente. Ha sido una especie de motín del agua, que traerá
consecuencias en el año 2015 con la obligación de aumentar los caudales
ecológicos de los ríos.

Lo que antecede nos puede llevar
a la conclusión de que en las circunstancias actuales -en que existen
sobrantes- se está pagando hasta tres veces por el mismo agua. En tanto
que hubiera excedentes, se habría tenido que trasvasar para regar la
parte correspondiente, sin saltarse el envío de primavera, como se ha
hecho. En resumen, se paga el doble y además se resta de lo legalmente
trasvasable…, cuando debía tratarse de un volumen extra, que además
viene muy bien.

Es cierto que un mínimo principio de prudencia exige
asegurar los abastecimientos a la población. Si se quiere, a seis meses
vista. Pero también lo es que, según el Ministerio, en la cabecera
quedarán unas reservas de 386 hectómetros al día 1 de octubre; casi 150
por encima de la línea roja. Qué más garantías.

Asimismo, hay otros
hechos consumados que son discutibles. Por un lado los 240 hectómetros
por debajo de los cuales no se puede trasvasar no son intocables, sino
que están ahí precisamente para garantizar que toda la cuenca alta del
Tajo, desde Sacedón hasta Aranjuez, pueda recurrir a ese agua cuando
tenga problemas. En segundo lugar, ¿por qué se tienen que computar
también como trasvasables los caudales enviados a Daimiel, restándolos
de las asignaciones al Segura? Las Tablas, además, no están en la
cuenca del Tajo, sino en la del Guadiana; que por cierto, en su zona
oriental tiene los pantanos al 63% de capacidad. Añadir asimismo que,
esa derivación, que será al final de 50 hectómetros anuales, nace de un
real decreto que se antepone sobre una ley.

Por último, queda poco
elegante que el Gobierno central dé esperanzas a los regantes (reunión
pre electoral y de tregua con De la Vega, Narbona y Espinosa), y sin
embargo al final les manden 20 hectómetros justitos. En cuanto al
Partido Popular y su proposición a favor de Las Tablas, el favor está
hecho. Eramos pocos…

Después
de sucesivos trasvases cero, según la nomenclatura acuñada por el PP
murciano, los regantes tenían ahora la oportunidad de recibir un
desembalse de agua en condiciones desde la cabecera del Tajo, en lugar
de un raquítico riego de socorro destilado desde la escasez de las
reservas. La tregua del Tajo pactada para dejar de lado el conflicto en
plena campaña electoral hacía pensar en la generosidad del próximo
envío para regar.

De una forma inexplicable, se ha metido por medio
una iniciativa del Partido Popular, apoyada de forma entusiasta en el
Congreso por los parlamentarios de Castilla-La Mancha, para pedir que
se envíe agua del Tajo a Las Tablas de Daimiel. Si se cumple, los
regantes se quedarían de nuevo casi a dos velas.

La oportunidad de esta
propuesta, avalada por Eduardo Zaplana, roza el chiste malo si se tiene
en cuenta que la presentó en el Congreso justo cuando La Mancha sufría
graves inundaciones. Ni siquiera se reparó en retirar la iniciativa del
orden del día a la espera de evaluar la situación (el parque nacional
ha pasado de 15 a 70 hectáreas encharcadas). Como era de esperar,
Barreda exige ahora que se cumpla lo acordado.

El PP, además,
pretendía que las derivaciones de agua a Daimiel se ejecutaran de forma
permanente por parte del Gobierno central. De esta forma, la faena
habría sido completa, ya que todo lo que se derive a Daimiel va en
detrimento de las necesidades de Murcia. El secretario de la Comisión
de Medio Ambiente -donde se aprobó este desaguisado para los intereses
murcianos- el diputado del PP Alberto Garre, no pudo estar al quite
porque ese mismo día debía defender la gala ¡Murcia qué hermosa eres!
que TVE ha eliminado de la parrilla.

Probablemente el PP consideró que
en ese momento era más importante la gala de marras que las penurias de
los regantes, a los que tanto dice defender. En aplicación de las
reglas de explotación, que también aprobó el PP, no hay agua suficiente
para satisfacer a la población, a Las Tablas y a los regantes. Vamos a
suponer que Las Tablas pueden esperar, o que el Consejo de Ministros
será mucho más generoso.

Cómo matar el trasvase
Lo que hay detrás del Estatuto

Que el Congreso de los Diputados mantenga o no la fecha en cuestión no es demasiado trascendental, puesto que el verdadero peligro está en el pretendido control de Castilla-La Mancha de las aguas del Tajo a través de la fijación de un caudal ecológico mínimo que dejaría sin excedentes trasvasables a Entrepeñas y Buendía; amen de sus informes preceptivos y determinantes sobre cualquier trasvase; de la prohibición de cualquier transferencia de agua  que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha dentro de las cuencas hidrográficas que afectan a su territorio, entre la que se incluye la del Segura; de su participación en el nuevo Plan de Cuenca que debe estar terminado en el 2009, y que será confeccionado con los patrones diseñados por José María Barreda y María Dolores De Cospedal.
También quiere decidir la comunidad vecina el establecimiento de los caudales futuros para sus necesidades; la disposición efectiva de las reservas almacenadas en sus pantanos; y controlar los futuros bancos de agua, que deberán ser autorizados por el Gobierno de Toledo, entre otras competencias.
Con todo esto, ríanse de la fecha del 2015. Sólo con que Castilla-La Mancha consiga la mitad de todas estas prerrogativas, de las que apenas se habla, el Trasvase Tajo-Segura estará liquidado. 

¿La rendición del Estado?
Blanco y Palop, comprensivos

En el Gobierno de la nación anida el convencimiento de que «algo hay que darle a Castilla-La Mancha»; ya que se guía por la máxima de hacer compatible el interés territorial con el general. Por un lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y la ministra de Medio Ambiente, María Teresa Fernández de la Vega y Cristina Narbona, respectivamente, subrayan que no hay prevista ninguna fecha de caducidad del Tajo-Segura. Aunque no despejan la Espada de Damocles que pende sobre el Tajo-Segura para la próxima legislatura, según viene recogido en la ley del Plan Hidrológico. 
Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, se inclina hacia algunos postulados de Castilla-La Mancha, después de que el pasado lunes declarara que los ciudadanos de muchos territorios de esta comunidad «están viendo pasar el agua» sin poder abastecerse de ella. ¿A qué le suena eso?
Más claramente ayer, el director general del Agua, Jaime Palop,  mostró en Zaragoza una comprensión hacia las exigencias autonomistas que rozan la  rendición del Estado. Cabe interpretar además de sus palabras la suerte de Murcia por tener el mar al lado para desalinizar «un recurso infinito».
Los antecedentes de los estatutos de Cataluña y Andalucía, y en menor medida de Aragón -que está en trámite en el Congreso- permiten vislumbrar hasta dónde puede llegar el Estado en la cesión de sus competencias sobre agua. En el caso de Castilla-La Mancha, son tantas las líneas abiertas contra el Tajo-Segura en el texto estatutario que es imposible predecir su alcance real.

Artículos ‘letales’
¿De quién es el agua?

En las competencias sobre la Política del Agua, el nuevo Estatuto indica que corresponde a los poderes públicos de esta comunidad «velar para evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas» que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha. Aquí no se alude directamente al Trasvase Tajo-Segura, pero está literalmente implícito por cuanto la cuenca del Segura ocupa buena parte  de Albacete.
 Asimismo, estipula que la Junta de Comunidades participará con el resto de poderes públicos en la planificación de los recursos; que deben garantizar  agua para todos los proyectos que garanticen su crecimiento, sobre la base de que la cuenca cedente tiene «derecho al uso preferente». Algo que nadie discute; aunque se redacta de tal forma que no establece los mecanismos que deben justificar unas nuevas demandas que se antojan infinitas.
Al establecer sus nuevas competencias sobre las cuencas intercomunitarias -aquí incluye a los ríos Tajo, Júcar, Guadiana, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero-, la Junta también pretende intervenir en el proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas. De esta forma, participará «en las decisiones de asignación o reserva  de los recursos hídricos disponibles a las demandas planteadas». Supone esto que reclama algo más que voz y voto en la redacción del nuevo Plan de Cuenca del Tajo.

Co-decidir sobre siete ríos
Informes «determinantes»

En cuanto a los trasvases, cesiones de derecho y futuros bancos de agua, el Estatuto señala literalmente que «la Junta de Comunidades emitirá un informe previo, preceptivo y determinante -no dice vinculante- ante cualquier trasvase, cesión, transferencia, transacción o cualquier otro modo de intercambio de aguas tanto públicas como privadas -ojo- dentro de una misma cuenca hidrográfica o entre cuencas hidrográficas de la Comunidad Autónoma que se plantee y que afecte a los cauces, recursos o infraestructuras que discurran total o parcialmente dentro de su territorio». Traducido: Del Tajo al Segura.
Se trata de una redacción hábil, puesto que no habla de trasvases entre comunidades autónomas, sino entre cuencas hidrográficas, como marca la ley. Pero la gran extensión de Castilla-La Mancha hace que su territorio se vea afectado nada menos que por siete demarcaciones hidrográficas. Llevado a su extremo, podría incluso decidir (o co decidir) sobre hipotéticos trasvases del Ebro y del Duero, llegado el caso.

La puntilla
Empezar a recortar los envíos

Queda además una extensa disposición transitoria dedicada exclusivamente a la extinción a plazos del Trasvase Tajo-Segura, que debe iniciarse inexorablemente en cuanto se apruebe el nuevo Estatuto, hasta su liquidación en el año 2015. Antes que eso, el nuevo Plan de Cuenca del Tajo deberá «fijar la dotación suficiente para las necesidades y derechos reconocidos a favor de Castilla-La Mancha» en el año 2009. Igualmente, se deberá aumentar el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez y Toledo, principalmente, lo que supone reducir drásticamente los excedentes trasvasables hacia Murcia, Alicante y Almería.
Los regantes del Tajo-Segura no piensan quedarse de brazos cruzados y encargarán por su cuenta un estudio para comprobar los efectos que tendría un incremento del caudal ecológico en Aranjuez, ahora de 6 metros cúbicos por segundo mínimo.
 Como se puede comprobar, la fecha es lo de menos, ya que cuando llegue el 2015 las transferencias del Tajo al Segura casi habrán desaparecido. O cuanto menos habrá trasvases de socorro, pero sólo para la población.

La fecha del 2015
Importa otro objetivo

El Gobierno de José María Barreda tiene más que asumido que el texto será modificado en el Congreso. Y también intuye que la fecha del 2015 -esa precisión lejana a los usos legislativos- será eliminada. Ofrecerá la resistencia justa, ya que lo que realmente le importa  a Barreda es que el Estatuto mantenga el nervio principal de su política hidráulica. Esto es, que se reconozca que el Acueducto Tajo-Segura es una hipoteca sobre el desarrollo de Castilla-La Mancha y debe desaparecer tarde o temprano. Las armas para conseguirlo, indirectamente, es que se consagre (otra vez) la preferencia de la cuenca cedente para unos usos en aumento que se beberán todos los excedentes habidos y por haber en Entrepeñas y Buendía. Y en segundo lugar, que se aplique a rajatabla la Directiva de Aguas de al UE sobre los caudales ecológicos, lo cual aumentaría los volúmenes del Tajo a su paso por Aranjuez y Toledo. Lógicamente, a costa de mermar los excedentes para el regadío murciano. A Barreda la basta con controlar el nuevo Plan de Cuenca del Tajo para conseguir sus principales objetivos

¿Por qué esa fecha?
Los cálculos de Barreda

El año 2015 responde a dos criterios. Por un lado  marca la entrada plena en vigor de la Directiva Europea. Por otro lado, es el tiempo que estima el Ejecutivo de José María Barreda para que puedan estar construidas todas las plantas desalinizadoras que necesita la cuenca del Segura para garantizar los abastecimientos en su integridad.

¿Y para beber?
El grifo seguirá abierto

Barreda no se opondrá a ningún desembalse para los abastecimientos mientras sean necesarios. Ni ahora ni en el futuro. También deberá justificar para qué quiere todos los excedentes del Tajo. La opción que da Barreda a los regadíos del Segura es que se abastezcan también de agua desalinizada. Si no pueden pagarla, tendrán que ir mermando y desapareciendo. Es la única opción que ofrece, aplicando criterios puramente economicistas. 

La Espada de Damocles
Más control de la cuenca

Si el Gobierno central y el PSOE  mantienen en el Congreso la misma pauta que con Estatutos anteriores, el texto de Castilla-La Mancha se igualará a los de Cataluña, Andalucía y Valencia que le han precedido. Basta que Zapatero y Narbona cumplan con lo que viene prometiendo y haciendo. Los trasvases quedarán bajo la gestión del Gobierno central, así como todas las competencias intercuencas. La fecha de caducidad desaparecería; pero queda la Espada de Damocles de la ley del PHN, que permite reducir los envíos de agua al Segura en la próxima legislatura. Es seguro que se mermarán, ¿pero cuánto?
Lo que sí conseguirá Barreda es mayor voz y voto en los órganos de gestión del Tajo-Segura. Los informes que emita su Gobierno serán preceptivos, pero no vinculantes, como en Cataluña.  Por otra parte, tiene asegurado el acueducto a Ciudad Real.

Iturbe y las desalinizadoras
Habla uno de los expertos

El profesor de Ciencias Ambientales de la Universidad de Princeton (EE UU), Ignacio Rodríguez -Iturbe, quien participó en la elaboración del Informe Berkeley favorable al Trasvase del Ebro, declaró el domingo en el diario Las provincias que «no conozco ningún caso en el mundo en el que se hagan desalinizadoras para regadío».  Rodríguez-Iturbe defendió a capa y espada en Bruselas el Informe Berkeley en la comisión técnica convocada por la anterior comisaria Margot Wallström. En el caso de las desalinizadoras, y en alusión a la de Torrevieja, éste debió precisar que no es un planta sólo para regadíos, sino que una parte de su producción, unos 20 hectómetros, va para los abastecimientos. Tampoco son exclusivas para regadíos las plantas de Águilas, Valdelentisco y Carboneras. En todas hay uso urbano, lo cual permite a la postre asumir ciertos costes. Amén de que el agua desalinizada para regadíos  cuenta con tarifas subvencionadas. Con el Ebro podía suceder otro tanto: el agua de boca podía ser más cara llegado el caso para abaratar el coste para los regadíos. En fin, pequeños matices.