Un país que se considere “estado de bienestar” debe a sus ciudadanos que logren una pensión suficiente así como una especial atención en su entorno más cercano. De otro modo sería pobreza, abandono y fracaso de un futuro fraguado durante su época laboral, donde los problemas propios de la vida, como obligaciones, decepciones y horas de trabajo, los amortiguamos con la ilusionante jubilación.

La pensión no es ningún subsidio estatal, al menos la contributiva. Es el fruto de lo acumulado por el trabajador durante su vida laboral, aportación que se realiza a través de la empresa, así como el autónomo lo realiza directamente a la Seguridad Social.

Se trata, pues, de una hucha que rompe a la edad de la jubilación, tal como figura en los convenios regulados por la Ley. Su cuantía pensionable está en función del nivel de cotización y el tiempo que se ha mantenido. Siendo el Estado gestor y garante del fondo.

Pero dice el señor Linde, “que no se pueden garantizar en el futuro el nivel actual de pensiones, y añade, tenemos un problema demográfico con menos nacimientos y una mayor esperanza de vida”, y concluye, “eso no lo resuelve un Gobierno con una o varias leyes”.

Pues sí, señor Gobernador, con creatividad e imaginación, consenso y un debate abierto entre los interlocutores involucrados. Dice la ministra de turno, “las reformas del sistema de pensiones han de ser fruto de un pacto intergeneracional. Llevaremos el próximo mes de septiembre al Congreso el proyecto de Ley para definir el factor de sostenibilidad de las pensiones. Para que los actuales pensionistas no pierdan su capacidad adquisitiva y los próximos la garantía e ilusión de una pensión digna y suficiente”.

Y digo yo, si el fondo de la caja comienza a disminuir quizás sea por estar mal gestionado, quizás por la crisis de empleo, quizás por ser un sistema de “transferencia intergeneracional”, o quizás haber, en algún momento, utilizando los fondos para otras necesidades del Gobierno.

Y comenta el señor Montoro, “tendría que haber más gente cotizando”, y sigue, “porque lo que vamos a tener en el futuro mayor número de jubilados por la bonanza de vida”. Como si de una invasión se tratara, y sigue argumentando, “en los últimos años ha aumentado la cuantía de la pensión mínima”. Pero no indica que han bajado la cuantía de la pensión máxima, a pesar de que tenían derecho por haber cotizado a la mayor.

En resumen, unos necesitan a otros para cobrar lo ya depositado, es decir, dependen los actuales pensionistas de la entrada de nuevos trabajadores.

Este importante tema ya fue tratado y con gran éxito en el llamado, Pacto de Toledo allá por 1995. La ministra del ramo subrayó la importancia que tuvo la creación del Fondo de Reserva, usado por primera vez en 2012 y que ha permitido seguir pagando las pensiones, pese a la perdida de tres millones de cotizantes, en sí, es un claro ejemplo de previsión y responsabilidad al haber aprovechado los años de bonanza para afrontar la crisis actual. El citado Pacto en su recomendación número 11, dice, “garantizar por ley el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas con medidas que aseguren la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el futuro”.

Necesitamos crear fórmulas, ejemplo; planes de empresa que aporten al trabajador una cuota pensionable complementaria a la estatal. Con deducciones fiscales para el empleador. Empresas como Telefónica, eléctricas, bancarias y otras, incorporaron en sus convenios este sistema. Salvando al trabajador de un empobrecimiento futuro.

En definitiva, es un tema que a todos compete, si antes no fallecemos, y que está demostrado que las crisis son para inventar nuevos modelos cuando los actuales han dejado de funcionar, pero no lamentar y estancarse porque halla perturbaciones económicas y demográficas; que nacen menos y los mayores duramos más.

Murcia, 4 de diciembre de 2019