“Que lo público funcione bien le interesa a los funcionarios y a los políticos, pero sobre todo, al conjunto de los ciudadanos” (Carlos Mas, Presidente de PwC España)

“En qué hay que transformar la Administración Pública española” es un interesante documento de la consultora PwC,  coordinado por Jordi Sevilla, de obligada lectura para todos los interesados en los cambios que debe afrontar el sector público,  necesarios, entre otras razones, porque “el escenario es diferente y en el siglo XXI no encajan modelos de otras épocas” y porque “si seguimos como hasta ahora, las cuentas no salen”.

Desde hace décadas se viene manejando  vocablos como reformar, renovar, reinventar, modernizar o transformar,  aplicados al cambio que deben experimentar las Administraciones Públicas. Personalmente, prefiero usar  transformación para designar  este proceso disruptivo, centrado en los ciudadanos,  que debería  marcar un antes y un después en el devenir del modelo de servicios públicos vigente.

Aunque también hay expertos que consideran sinónimos todos estos términos, como se puede apreciar en el video de la conferencia magistral titulada: “Los empleados públicos ante la nueva Administración” , impartida en Murcia hace 2 años por una autoridad en la materia como  Manuel Arenilla, quien,  disquisiciones semánticas aparte,  deslizó muchas ideas que merecen ser analizadas con detenimiento.

Entresaco alguna de las frases que más me llamaron la atención:

• Necesitamos una Administración creativa e innovadora. La transformación de las Administraciones Públicas debe ser un proceso continuo, orientado a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.
• A los ciudadanos les molesta mucho la descoordinación entre las instituciones. ”Organícense ustedes como quieran pero no me trasladen a mí la complejidad administrativa y del ordenamiento jurídico”
• Las AAPP colaboran y se coordinan muy bien cuando quieren. Por ejemplo; para cobrar impuestos o multas.
• Los ciudadanos son cada vez más exigentes y, a veces, más inconscientes. Todos, como ciudadanos, debemos mentalizarnos para hacer un uso racional de los servicios y recursos públicos. Las Administraciones deben hacer una labor educadora  en este sentido
• ¿Cómo que el chico no va a clase o no estudia? Todos los alumnos de los centros públicos tienen beca. El coste real de un alumno universitario es de 10.000€ por curso. En el peor de los casos, los padres abonan sólo el 15% de este coste.

Con respecto a la labor educadora y de sensibilización del coste de los servicios públicos,  a la que aludió Arenilla en su intervención, es de destacar una iniciativa innovadora de la Agencia Tributaria poco conocida y quizá por eso, menos realzada: el Portal de Educación Cívico-Tributaria, que contiene un interesante material educativo para alumnos de ESO.

Otra iniciativa notable de transparencia con efectos bidireccionales (conocer en qué se gasta el dinero público, pero también en qué medida contribuye cada ciudadano) es la de Presupuestos Abiertos del Gobierno de Aragón, incluida en su portal de Open Data.

En la sección “¿Qué aporto yo?” se puede visualizar el desglose de las aportaciones personales que realiza cada contribuyente aragonés a los presupuestos públicos de su  Comunidad Autónoma en función de sus ingresos.

• Una persona que gane 30.000€ al año paga 9.507€ (31.6%) de impuestos, de los que aporta 4.838€ (16%) a las arcas regionales, de los cuales, 1.462€ se aplican a Sanidad, 817€ a Educación ó 25€ a sufragar la Alta Dirección autonómica.
• Un contribuyente que declare 100.000€ brutos anuales pagaría 44.716€ (44.7%) de impuestos, aportando  a los presupuestos regionales 21.694€ (22%),  de los cuales se destinarían a Sanidad 6.559€,  3.665€ a Educación ó 111€ a la Alta Dirección.

Obviamente, el coste de los servicios públicos no se afronta a título individual, por lo que cabe exigir mesura y corresponsabilidad en el uso de los mismos por parte de todos. A título orientativo citaremos algunos datos de interés:

• Un alumno de la enseñanza pública cuesta más de 4.500€ anuales en colegio de primaria, más de 6.500€ por cada curso de la ESO, y más de 9.000€ por cada curso de Bachillerato.
• Por lo que respecta a la sanidad pública, 1 día de estancia en un hospital tiene un coste de 700€
• Una consulta de urgencias cuesta 136€
• Una operación de apendicitis, 3.000€
• Una cesárea, 3.028€, mientras que un parto normal cuesta 1.870€
• Un trasplante de hígado o de corazón supera los 100.000€.
• 1 Km de autovía cuesta entre 3 y 5 M€ dependiendo de la orografía.

En el próximo y último post de esta serie, por el momento,  dedicada a la transformación de la Administración Pública abordaremos temas controvertidos como los relativos al modelo del Estado del Bienestar y su sostenibilidad, al exceso de burocracia, al tamaño de las Administraciones Públicas o a la propia condición de funcionario vitalicio.

Y lo haremos sin complejos,  con mentalidad abierta, aportando opiniones y experiencias que buscan defender lo público,  por encima de ideologías o de otro tipo de intereses, pensando siempre en lo más conveniente para los ciudadanos, que somos los que pagamos….y mandamos.