Ayer, paseando por la calle, escuché a una señora mayor exclamar, entre un grupo de pensionistas: “¡Odio a los ricos!”. Ignoro el contexto de aquella conversación y dónde situaba el umbral de la riqueza, pero me quedé con ganas de preguntarle: ¿por qué odiar a quienes han alcanzado honradamente una situación económica desahogada?

La sanidad, la educación pública, las pensiones y las prestaciones sociales son grandes conquistas colectivas. Defenderlas debería unirnos y no ser motivo de discordia. Pero conviene recordar que no son gratuitas para la sociedad: alguien debe financiarlas. ¿Sabemos cuánto cuestan y de dónde proceden sus recursos?

La solidaridad necesita una economía próspera
Un estudio de FEDEA ilustra el efecto redistributivo de nuestro sistema fiscal y de prestaciones: el 60 % de los hogares de menor renta recibe, en promedio, más de lo que aporta a través de los impuestos analizados. En el 20 % de menores ingresos, el saldo favorable ronda los 10.600 euros anuales por hogar; en el 1 % de mayor renta, la contribución neta se aproxima a 94.000 euros. Son promedios, pero muestran la importancia de disponer de suficientes contribuyentes netos.

Cuestiones diferentes son, por una parte,  el punto de vista de estos últimos, que pueden considerar altos e incluso confiscatorios los tributos que pagan y, por otra, el uso que hacen las Administraciones Públicas de estos recursos. El FMI sitúa a España como líder de las economías avanzadas en aumento de gasto de la Administración desde 2018, advirtiendo del considerable margen de mejora en la eficiencia del gasto público.

Existe cierta tendencia a hablar de riqueza como si fuese una cantidad fija, de la que unos se apropian en perjuicio de otros. Por supuesto, no todas las fortunas se obtienen legítimamente, ni todas las desigualdades son justificables. El fraude, la corrupción, los privilegios injustos y la explotación merecen el rechazo de cualquier sociedad democrática. Pero la riqueza también se crea cuando un emprendedor invierte y genera empleo; cuando una empresa innova, exporta o aumenta su productividad o cuando un investigador desarrolla una tecnología útil.

Una sociedad próspera necesita crear riqueza para proteger el bienestar de todas las generaciones. Por eso convendría escuchar más a empresarios, autónomos y trabajadores antes de adoptar medidas que afecten a la competitividad, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Y exigir, al mismo tiempo, que las administraciones gestionen con rigor los recursos que reciben.

Pensiones: mirar más allá de las próximas elecciones

El envejecimiento de España y la jubilación progresiva de la generación del baby boom plantean un desafío ineludible. En septiembre de 2026 se abonaban 10,55 millones de pensiones, con una nómina mensual de 14.498 millones de euros.

La AIReF recuerda que cumplir formalmente la regla de gasto no equivale a garantizar la sostenibilidad futura. Y las cuentas merecen una explicación clara: según el Banco de España, la deuda de la Seguridad Social alcanzó los 136.177 millones de euros el pasado mes de agosto, cuya Tesorería recibió en 2025 cerca de 53.000 millones en transferencias públicas. Estas aportaciones son legales y pueden financiar prestaciones que no corresponde cubrir con cotizaciones, pero evidencian la dependencia del sistema respecto de los recursos generales del Estado.

No se trata de alarmar a quienes ya están jubilados —entre los que me incluyo— ni de cuestionar derechos adquiridos. Se trata de preguntarnos cómo cumplir estos compromisos durante décadas, sin trasladar cargas desproporcionadas a nuestros hijos y nietos. ¿No merecería una cuestión tan trascendental un pacto de Estado basado en proyecciones independientes, transparencia y compromisos verificables en vez de convertirla en un arma electoral?

La sostenibilidad del Estado del Bienestar no es una preocupación exclusivamente española. También Alemania, tradicional referente europeo de prosperidad y protección social, afronta importantes debates sobre el envejecimiento, las pensiones y el crecimiento económico.

El divulgador económico Marc Vidal aborda estas cuestiones en el siguiente vídeo (20 minutos). Aunque algunas de sus conclusiones pueden resultar discutibles, considero que su análisis invita a una reflexión necesaria: cómo preservar nuestros derechos sociales sin comprometer las oportunidades de las próximas generaciones.

Gastar mejor también es defender el bienestar
Crear riqueza es imprescindible, pero no suficiente. Cada euro público debería traducirse en resultados útiles y evaluables. Evitar duplicidades, burocracia innecesaria y subvenciones ineficaces no significa debilitar los servicios esenciales; al contrario, puede ayudar a protegerlos. También conviene valorar la colaboración público-privada por sus resultados, sin prejuicios ideológicos y con garantías de universalidad, calidad y equidad.

Ni recortar supuestos despilfarros resolverá por sí solo el problema de las pensiones ni subir indefinidamente los impuestos garantizará su financiación. Necesitamos productividad, empleo de calidad, gestión eficiente, menos polarización social, más concordia  y acuerdos que resistan los ciclos electorales.

El mejor Estado del Bienestar no es el que más promete, sino el que puede cumplir sus compromisos con las generaciones presentes y futuras.

Web del autor

Artículos relacionados

El Gobierno de los peores

Como ciudadanos tenemos derecho a disponer de los mejores gobernantes posibles y los partidos deben sentir el deber de aportarlos