La ofensiva de los rectores de las universidades públicas españolas ha sido noticiable la pasada semana  y llama la atención que sea ahora en estos momentos de cierre de curso  cuando muestran su oposición a las normas que han recortado y apuntalado de los pies a la cabeza, todo el actual andamiaje universitario. El miércoles 30 de abril, se leyó  en todas las universidades públicas un manifiesto para, de forma simultánea reclamar el fin de las medidas de ajuste y austeridad que  fueron impuestas por el Gobierno y a las que se les etiquetó como “excepcionales”. El comunicado leído en todos los centros y amplificado con más o menos fuerza, según cada comunidad universitaria, alerta de forma clara y directa del impacto de los recortes en el estudio, la docencia y la investigación. Los promotores de la iniciativa consideran que los efectos del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes que ahora piden derogar se agravaron con los presupuestos aprobados después y “han afectado a los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos los empleados públicos y, por tanto, también a los de las universidades”.  Es un hecho constatable que los campus públicos han perdido cerca del 9% de su plantilla desde 2008 que traducido en docentes, significa cerca de 6.000 profesores menos, según se desprendía del Boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas del pasado agosto, que elabora periódicamente el Ministerio de Hacienda.  Por ejemplo, la Complutense, el campus presencial más grande de España, ha perdido unos 350 docentes desde 2008 (5,3%) y alertaba ya en julio del aumento de la precariedad de su plantilla.

 Al mismo tiempo, muchas universidades tienen que hacer frente a la demanda de títulos que se gestaron con aquella “esperanza boloñesa” de cambio, pero que  se ha quedado al borde del camino, entre parches y retales que enturbian el día a día y desconcierta al alumnado en su mayoría y también a muchos docentes que ven cómo la incertidumbre y el desánimo va en aumento. En muchas facultades el cómputo de profesores asociados supera al de profesorado a tiempo completo y, además hay que subrayarlo se  barajan nóminas cercanas a los 300 euros mensuales de aquellos con jornada parcial, pero que tiene que responsabilizarse de grupos numerosos y de diversas asignaturas, a la vez, un mal remedio para una universidad que pregona la excelencia y la competitividad.

Los responsables de las universidades consideran que es tiempo de reivindicar, no callar y expresar el malestar por los efectos que se tienen  sobre los salarios, los derechos laborales y las expectativas profesionales de los empleados públicos y, así mismo, denuncian que las becas «han cambiado su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan». Creo que los rectores hacen bien hablando fuerte, la calle necesita que levanten la voz y no callen.