A Antonio Ibáñez no le tembló el pulso al teclear en su antigua máquina la exigencia de que le explicaran “cuáles fueron las causas que motivaron para esa empresa despedir al personal de tramoya y electricidad”. Era el tal Ibáñez secretario de la Sociedad de Servicio Escénico, que allá por el año 1927 gestionaba el Teatro Romea. Y su carta, que acabó en el Gobierno Civil, no tendría mayor trascendencia de no ser porque se conserva en la Generalitat catalana. Allí fue enviada por error. Y allí se ha mantenido durante décadas hasta que a un salmantino, Policarpo Sánchez, se le ocurrió reclamar esos documentos que, en su opinión, se custodian de forma ilícita.