Obama tiene 500.000 dólares en una cuenta del JP Morgan, 2,6 millones en activos del Tesoro, dos fondos de pensiones y una hipoteca de 30 años por su casa de Chicago. En 2011 pagó 160.000 dólares en impuestos federales: un 20% aproximado de los 789.674 dólares que ingresó, gracias en parte a los derechos de autor de sus libros ‘Dreams From My Father’, ‘The Audacity of Hope’ y ‘Of Thee I Sing’.
Lo sé porque lo he visto en internet. El político más poderoso del mundo ha colgado en la red su declaración de bienes sin que ninguna ley le obligue a hacerlo. En España, solo desde 2011 podemos conocer a golpe de clic el patrimonio de los diputados al Congreso y el de los senadores; sin embargo, se hace imposible saber si nuestros alcaldes y gobernantes autonómicos son ricos, pobres o mediopensionistas. No quieren decírnoslo. Los diputados regionales registran sus declaraciones de bienes e intereses en la Asamblea, pero éstas resultan inaccesibles para cualquier ciudadano curioso, si bien hay que advertir -y felicitarse por ello- que están a punto de poner fin a la opacidad: bienvenidos sean al mundo mejor de la transparencia.
Después de 35 años de democracia, una Filesa, un Naseiro, una Gürtel, un Palau, un Bárcenas, y multitud de condenas por cohecho en ayuntamientos, diputaciones, cabildos y comunidades autónomas, las declaraciones de la renta y el patrimonio se nos ofrecen como un bálsamo capaz de restañar la herida, aunque la promesa formulada el sábado por Rajoy parece alivio insuficiente. Los maldicientes (hoy, una mayoría abrumadora de españoles) ya han declinado la invitación a conformarse, conscientes de que nadie apunta cazos y comisiones en el IRPF . Desconfían de una iniciativa que por sí sola no servirá, es verdad, para descubrir latrocinios de la magnitud del que se atribuye al extesorero del PP. Pero se trata de una medida necesaria, por más que a muchos pueda parecer escasa. Lo que se busca no es pillar al ladrón (para eso está la justicia), sino proteger la honorabilidad del político honrado, devolver al personal la confianza en el sistema, y acallar una sospecha creciente que se ha extendido como un mantra, hasta dar lugar a que la prensa europea nos compare ya con la peor Italia. Conocer el patrimonio de quienes manejan el dinero público -nuestro dinero- ayudaría cuando menos a desempatar con Botswana en el puesto 30 de Transparencia Internacional.
Además, si Obama publica en internet su cuenta en JP Morgan, ¿por qué no puedo yo saber cuántas casas se ha comprado el alcalde de mi pueblo?