El peliagudo enfrentamiento que el PP y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mantienen en la Región pone en entredicho la observancia -que debería ser escrupulosa- de la separación de poderes, un pilar de la democracia que no está en riesgo (hasta ahí podríamos llegar), pero sí parece sostenerse sobre palos y cañas. Que el partido del Gobierno acuse al Ministerio Público de parcialidad en sus resoluciones y de querer influir en las candidaturas electorales, y que la Junta de Fiscales le responda, por escrito y sin pelos en la lengua, con una exhortación contra «la injerencia política» en su labor es una prueba palmaria de que el respeto mutuo entre los poderes del Estado se queda a veces en una declaración peligrosamente retórica.